Olga Margarita Bañales Gómez
Expediente 486/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 486/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/10/2022
Partes del expediente
- Olga Margarita Bañales Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
El diez de octubre de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, diez de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra el auto dictado el treinta de agosto de dos mil veintidós, en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo octavo, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran más de tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General; lo anterior, a partir once de octubre de dos mil veinticinco.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos de los actos reclamados. El artículo y la fracción aludidos prevén lo siguiente: De la transcripción que antecede, se colige que el juicio de amparo es improcedente en relación con aquellos actos cuyos efectos hayan cesado, para lo cual no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal actuación, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si la autoridad no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del actuar de la responsable, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, invocada con anterioridad en esta sentencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: Asimismo, cabe señalar que dicha causa de improcedencia, necesariamente tiene el carácter de superveniente, pues cuando el juicio de amparo se promueve en contra de un acto existente hasta ese momento, evidentemente todavía no se ha dejado insubsistente sino que, en todo caso, ocurrirá durante la tramitación del juicio de amparo. Sentado lo anterior, precisa destacar que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en este juicio constitucional, se hizo consistir en la omisión del Juez responsable de acordar los escritos presentados por el autorizado de la aquí quejosa, en el juicio ejecutivo mercantil 10/2019, de su índice, mediante los cuales solicitó la reinscripción del acta de embargo que obra en dicho asunto; así como en la omisión de hacerle entrega del oficio correspondiente para poder realizar los trámites necesarios ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado. Sobre lo cual, la autoridad señalada como responsable, Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, durante el trámite del presente juicio, rindió su informe justificado al que adjuntó copia certificada de diversas constancias del juicio ejecutivo mercantil 10/2019-E, de su índice; constancias de las que se advierte que mediante proveído de diez de junio de dos mil veintidós, la citada responsable se pronunció respecto al escrito presentado por el autorizado de la aquí quejosa, y de acuerdo a su solicitud, ordenó girar nuevamente oficio al Registro Público de la Propiedad y de Comercio en esta ciudad, a efecto de que se procediera a realizar la anotación relativa a la prórroga de dos años más de la inscripción preventiva del acta de embargo que obra en dicho asunto, en los términos que ahí se precisaron. Asimismo, con la finalidad de que la parte interesada estuviera en condiciones de realizar los trámites relativos, el Juez responsable ordenó la entrega del comunicado y anexos conducentes, para que los hiciera llegar a la autoridad registral, dejándolos a su disposición en la secretaría del Juzgado responsable. De igual manera, se obtiene que en constancia secretarial de seis de julio de dos mil veintidós, se hizo constar que en esa misma fecha, se entregó del oficio precisado en el párrafo que antecede, a Roberto Rodríguez Castañeda, en su carácter de autorizado de la parte actora, aquí quejosa; esto es, en fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo -veintitrés de junio del año en curso-. Documentales que merecen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Sin que la parte quejosa haya realizado manifestación alguna al respecto, no obstante que en su momento se impuso del contenido de dicho informe y constancias anexas. Así las cosas, si bien la peticionaria del amparo en su momento reclamó la omisión del Juez responsable de acordar los escritos presentados por el autorizado de la aquí quejosa, en el juicio ejecutivo mercantil 10/2019, de su índice, mediante los cuales solicitó la reinscripción del acta de embargo que obra en dicho asunto; así como la omisión de hacerle entrega del oficio correspondiente para poder realizar los trámites necesarios ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado; lo cierto es que, como se vio, con las documentales que allegó la citada responsable, se advierte que en fecha diez de junio de dos mil veintidós, se dictó un acuerdo en el cual se pronunció en relación con la solicitud formulada por la aquí quejosa, en tanto que el seis de julio de dos mil veintidós, se entregó del oficio relativo a Roberto Rodríguez Castañeda, en su carácter de autorizado de la parte actora, aquí quejosa. Por tanto, resulta palmario que dejaron de materializarse los actos tildados de inconstitucionales, pues sus efectos desaparecieron o se destruyeron en forma inmediata, total, incondicional y material, por lo que la quejosa fue restituida en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica. Es aplicable al caso concreto, la tesis P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, página 71, registro digital 197367, de rubro y texto siguiente: La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales condiciones, resulta inconcuso que operó la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; de este modo, con motivo de su actualización, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la legislación en cita, se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, once de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por la quejosa Olga Margarita Bañales Gómez, y en atención a su contenido, téngasele revocando el domicilio señalado en autos para oír y recibir toda clase de notificaciones, así como al autorizado Daniel Eduardo López Hernández. Asimismo, solicita que las notificaciones se realicen vía electrónica, autorizando para tal efecto a los usuarios "robertorc93" y "margarita5710", mismos que se encuentran dados de alta en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 35, 36, 37 y 55 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena las notificaciones de lo que se resuelva en el presente juicio vía electrónica, en el entendido de que la parte quejosa queda obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III, del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envío electrónico que de notificaciones haga este Órgano Jurisdiccional; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrán por hechas las notificaciones que por dicha vía se hayan emitido, de conformidad con lo dispuesto en la última parte de la fracción II, del artículo 30 ya citado. En el entendido de que, las notificaciones se realizarán únicamente por dicha vía, por así haberlo manifestado. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto de los usuarios "robertorc93" y "margarita5710", únicamente en el juicio de amparo en que se actúa. De igual forma, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene a la parte quejosa proporcionando direcciones de correo electrónico a fin de establecer comunicación con este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la audiencia constitucional está señalada para el día de hoy; sin embargo, se encuentra transcurriendo el término de ocho días otorgado a las partes en proveído de veintidós de julio de dos mil veintidós, a fin de que se impongan del contenido del informe justificado rendido por la responsable Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y manifiesten lo que a su interés legal convenga. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las once horas con veinte minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Notifíquese.Así lo acordó y firma electrónicamente, el licenciado Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por la licenciada María Elizabeth Reyes Moreno, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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