Olga Lucia Loredo Hernandez
Expediente 957/2017 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 957/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Olga Lucia Loredo Hernandez
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en los artículos 27, Fracción I y 29 de la Ley de Amparo, y como esta ordenado en el auto de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, se notifica a la quejosa Olga Lucía Loredo Hernández, el auto de cuatro de octubre dos mil diecisiete, por lista de acuerdos con efectos de notificación personal, cuyo proveído dice: Visto el estado de autos y advirtiéndose de la razón de cuenta que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la promovente hubiera recurrido el auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, en el que se desechó su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capitulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
Con fundamento en los artículos 27, Fracción I y 29 de la Ley de Amparo, y como esta ordenado en el auto de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, se notifica a la parte parte quejosa Olga Lucía Loredo Hernández, los autos de diecinueve y veintidós de septiembre dos mil diecisiete, por lista de acuerdos con efectos de notificación personal, cuyas síntesis dicen: El primero: Vista la demanda de garantías promovida por OLGA LUCÍA LOREDO HERNÁNDEZ, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia Familiar, residente en Altamira, Tamaulipas. Regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con la partida 957/2017-D-7. DESECHAMIENTO Previamente al estudio de la demanda en cuestión es menester señalar que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Con fundamento en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XIV, y 17, todos de la Ley de Amparo, no ha lugar a admitir ni tramitar la demanda de garantías, puesto que habrá de desecharse de plano, al advertirse la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, cuyo estudio y observancia debe hacerse de oficio, atenta su naturaleza de orden público y según lo establece el mismo precepto 61 en cita, en su parte final. En efecto, el suscrito determina que en el presente asunto se actualiza la invocada causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el precepto 17, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, toda vez que la promovente de amparo OLGA LUCÍA LOREDO HERNÁNDEZ, señala como acto reclamado la falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Rita Castro Morales y Arnulfo Loredo Martínez, número 916/2009, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar, residente en Altamira, Tamaulipas. Lo anterior es así, pues la promovente en su escrito de demanda manifiesta que tuvo conocimiento de los hechos narrados en su escrito de demanda desde el mes de enero de dos mil diecisiete, pues manifiesta que es hija del finado Arnulfo Loredo Martínez, y media hermana de Arnulfo, María Elena, Alfredo, María Esther y Elvia Laura de apellidos Loredo Castro, así como de Eduardo Marcelino y Margarita de apellidos Loredo Alvarado, quienes promovieron el referido juicio sucesorio, sin que le mencionaran que lo iban a tramitar. De esta manera, los actos que ahora se reclaman deben considerarse consentidos tácitamente, al no haberse promovido la acción constitucional dentro del término legal que para ello concede la ley de la materia, según se pasa a exponer. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: " Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)" El precepto transcrito prevé como causal de improcedencia del juicio de amparo aquél que se intente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de garantías dentro de los términos que, señala el artículo 17 de la ley de la materia, que es del tenor siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De igual forma, resulta necesario citar el diverso numeral 18 de la propia Ley de la Materia, el cual textualmente dice: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte, los citados preceptos legales, adminiculados entre sí, claramente establecen que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el promovente se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al inconforme de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. De la interpretación del indicado artículo, puede advertirse que en su texto se hacen tres distinciones para el cómputo del término de quince días dentro de los cuales se debe presentar la demanda de amparo; además, los supuestos mencionados, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador, fue la de establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquellos supuestos; no obstante, no por ello debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado. En efecto, el legislador tuvo la intención de establecer que el inicio del cómputo para interponer la demanda de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de esas hipótesis, por lo que no cabe duda que el creador de la ley distinguió entre un supuesto y otro, porque de lo contrario habría bastado con que señalara que el término empezaría a contar a partir del día siguiente al en que el quejoso se enterara por cualquier medio, del acto reclamado. Así la primera hipótesis, necesariamente requiere la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de garantías, mientras tanto el quejoso no combate su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable (distinto a la notificación), de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleva a la certeza de que éste "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; más tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario del amparo conoció de manera directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera íntegra, lo anterior, al así haberlo establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que aparece publicada en el Apéndice 1917-1995, Quinta Época, Tomo VI, página 6, que literalmente dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Por su parte, en la tercera forma contenida en el artículo 17 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ". al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva del promovente a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta confesión expresa que puede estimarse entraña una por parte del afectado respecto de la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda. Así, cuando el promovente de amparo se manifiesta sabedor en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que, además, se exija que conoció en forma plena, directa, y completa el acto reclamado, toda vez que ello se encuentra inmerso al ostentarse sabedor del mismo, de tal manera que basta con que, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedor del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador de amparo contabilice el término de la presentación de la demanda a partir de la fecha en que el promovente se hizo sabedor del acto reclamado. Lo anterior, tiene sustento en lo establecido por la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 193-198, Primera Parte, visible en la página setenta y uno, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Asimismo, resulta aplicable a lo expuesto, la Tesis Aislada sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página: 215, del Semanario Judicial de la Federación, II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Época, que señala: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DE LA. CORRE DESDE QUE EL QUEJOSO SE OSTENTA SABEDOR DE LA RESOLUCION RECLAMADA AUN CUANDO LA MISMA SE HAYA NOTIFICADO PERSONALMENTE CON POSTERIORIDAD. Si al solicitar copia de una resolución, el solicitante se manifestó inconforme con ésta y anunció que la reclamaría mediante el juicio de amparo, como en efecto lo hizo; el término para la presentación de su demanda de garantías empezó a correr en aquella fecha en que se ostentó sabedor de la resolución reclamada, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Amparo, aun cuando con posterioridad se le haya notificado personalmente dicha resolución, porque para los efectos del término, la manifestación del quejoso, ostentándose sabedor del fallo en cuestión, hizo intrascendente esa notificación." De lo anterior, se advierte que la promovente del amparo OLGA LUCÍA LOREDO HERNÁNDEZ, se encuentra en el caso del inciso b), en razón de que tratándose de los supuestos precisados en los incisos a) y c), su actualización implica que el acto reclamado sea una resolución o acuerdo que haya sido notificada conforme a la ley de la materia, o bien que, al promover la demanda de garantías se ostente sabedora de los actos reclamados, lo que en el caso no acontece debido a que el acto reclamado como se precisó se trata de la falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Rita Castro Morales y Arnulfo Loredo Martínez, número 916/2009, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar, residente en Altamira, Tamaulipas, juicio que tuvo conocimiento desde el mes de enero de dos mil diecisiete, pues manifiesta que es hija del finado Arnulfo Loredo Martínez, y media hermana de Arnulfo, María Elena, Alfredo, María Esther y Elvia Laura de apellidos Loredo Castro, así como de Eduardo Marcelino y Margarita de apellidos Loredo Alvarado, quienes promovieron el referido juicio sucesorio, sin que le mencionaran que lo iban a tramitar; lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que la agraviada tuvo conocimiento de los actos que considera le causan agravios, por lo que, en el caso, es claro que la promovente consintió tácitamente los actos reclamados, al no haber promovido el juicio de amparo dentro del plazo legal de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página doscientos noventa y uno, tomo II, Agosto de mil novecientos noventa y cinco, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Lo anterior es así, toda vez que la promovente OLGA LUCÍA LOREDO HERNÁNDEZ, en su escrito de demanda, manifiesta que desde el mes de enero de dos mil diecisiete, tuvo conocimiento de la radicación del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Rita Castro Morales y Arnulfo Loredo Martínez, número 916/2009, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar, residente en Altamira, Tamaulipas, promovido por sus medios hermanos Arnulfo, María Elena, Alfredo, María Esther y Elvia Laura de apellidos Loredo Castro, así como de Eduardo Marcelino y Margarita de apellidos Loredo Alvarado. De donde se observa claramente que la promovente tuvo conocimiento de los actos que por esta vía constitucional combate desde el mes de enero de dos mil diecisiete, por lo que es dable concluir que a la fecha ha fenecido en exceso el plazo que concede la ley de la materia para promover la demanda de garantías que ahora se intenta. En efecto, en el caso particular, se observa lo siguiente: a). Que desde el mes de enero de dos mil diecisiete, la promovente tuvo conocimiento de los actos reclamados, pues según su propio dicho en ese mes se enteró de la existencia del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Rita Castro Morales y Arnulfo Loredo Martínez, número 916/2009, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar, residente en Altamira, Tamaulipas. b). Que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para instar la acción constitucional, ha transcurrido en exceso, pues desde el mes de enero de dos mil diecisietes, (fecha en que tuvo conocimiento de la existencia del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Rita Castro Morales y Arnulfo Loredo Martínez, número 916/2009, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar, residente en Altamira, Tamaulipas, al dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, (fecha en que se presentó la demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en esta ciudad), había transcurrido en exceso el término de quince días previsto en el invocado numeral 17 para combatir los actos que ahora reclama el impetrante. De igual forma, es aplicable al caso, el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asequible en la página seiscientos cincuenta y ocho, Tomo XLI, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORÁNEA. Si la demanda se presenta después de quince días de que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, debe sobreseerse en el juicio." A lo anterior, se suma la circunstancia que la promovente de amparo mediante escrito identificado con el folio 17032, presentado en este Juzgado el treinta y uno de julio del año en curso, promovió demanda de amparo contra el Juez Quinto de Primera Instancia Familiar, residente en Altamira, Tamaulipas, por la ausencia de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Rita Castro Morales y Arnulfo Loredo Martínez, número 916/2009, del índice de l a citada autoridad; lo que deja en claro que Olga Lucía Loredo Hernández, tenía pleno conocimiento de la instauración del referido juicio sucesorio, como se acredita con las copias que como hecho notorio se traen a la vista, en concordancia a la Jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, del mes de junio de 2007, página 285, cuyo texto es el siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE." En las relatadas circunstancias, al haber quedado plenamente demostrado que en el caso particular se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia del juicio de garantías antes analizada, lo procedente es, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA promovida por OLGA LUCÍA LOREDO HERNÁNDEZ. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o por manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte quejosa o a sus autorizados, se realizarán las notificaciones aun las que tengan el carácter de personal, por lista de acuerdos; lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ARTURO BAZALDUA GUARDIOLA, NORMA MEDINA DAMIÁN Y ELIZABETH LOREDO HERNÁNDEZ, con cédula profesional debidamente inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con el acuerdo general 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a CARLA GARCIA, en términos del citado artículo 12, parte final del segundo párrafo, de la ley de la materia, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en virtud de no acreditar ante este Juzgado, estar legalmente autorizada para e jercer la profesión de licenciada en derecho, pues no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de referencia. En otro orden, se autoriza a la parte quejosa y a sus autorizados a imponerse de los autos que integran el expediente en que se actúa, por medio de cámaras, grabadoras, dispositivos ópticos y teléfonos celulares; en consecuencia, como lo solicita y con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase al promovente y a su autorizada imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras, dispositivos ópticos y teléfonos celulares, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a la parte quejosa y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que el promovente o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Bajo ese contexto, la autorización que se solicita tendrá efectos exclusivamente en el presente asunto. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. Conforme a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente electrónico. TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES En otro orden, hágase del conocimiento a las partes que el presente expediente queda supeditado a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este asunto, se sujetarán a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y VII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación antes indicada, además de que dichos datos serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación general citada, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita los lineamientos sobre protección de datos a que se refiere el artículo Séptimo Transitorio de la ley general indicada. Consecuentemente, atento a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como el diverso numeral 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación y el de las Entidades Federativas, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público; asimismo, hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales. Además, se informa a las partes del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa implica la oposición a la publicación de sus datos. El Segundo: Visto; agréguese a estos autos la razón actuarial de cuenta, en la que el Actuario adscrito a este Juzgado hizo constar que no fue posible notificar personalmente a la quejosa el auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete; en ese contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese por lista de acuerdos con efectos de notificación personal el proveído de que se trata y las subsecuentes actuaciones que se generen en este asunto, hasta en tanto señale nuevo domicilio para tal efecto.
- Principal
Visto lo de cuenta; agréguese a estos autos el oficio ****, signado por la autoridad oficiante, mediante el cual comunica el acuerdo de Presidencia de trece de septiembre del presente año, donde se admitió el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable, en contra de la sentencia, dictada en el juicio de amparo de donde proviene el presente cuaderno de antecedentes.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 13,945 expedientes
- Olga Lidia Castillo Aguillon1120/2015
- Olga Lidia Chávez García875/2020
- Olga Lidia Fernandez Perez533/2023
- Olga Lidia García Chávez876/2020
- Olga Lidia Merino Garcia1049/2013
- Olga Lucia Loredo Hernandez799/2017
- Olga Luisa Silva Rodriguez1437/2021
- Olga Luisa Silva Rodriguez1400/2021
- Olga Luisa Silva Rodríguez926/2022
- Olga Montes Lopez754/2018
- Olga Nidia Lucio Sánchez1212/2022
- Olga Nidia Lucio Sánchez1273/2022