Olga Lizeth Rodriguez

Expediente 802/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
802/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
29/01/2021

Partes del expediente

  • Olga Lizeth Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Promoción electrónica. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda la promoción electrónica remitida por *****, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que no señala nombre de la persona a otorgar acceso electrónico, para el registro correspondiente. Estado de autos. Por otro lado, vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha les transcurrió a las partes el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión en contra del proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes hayan hecho uso de ese derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Incidente. No se ordenó su apertura. Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a nueve de diciembre de dos mil veinte. Oficio. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Subsecretario Jurídico del Estado en representación del Gobernador del Estado de Baja California, mediante el cual se apersona al presente juicio; en atención a su contenido, agréguese a los presentes autos sin mayor trámite, virtud que en uno de diciembre de esta anualidad, se acordó lo conducente al mismo.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a uno de diciembre de dos mil veinte. Tercero interesado. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Subsecretario Jurídico del Estado, en representación del Gobernador del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, misiva mediante la cual se apersona al presente juicio en su carácter de tercero interesado. En atención al contenido del escrito de referencia, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, téngasele por apersonado al presente juicio constitucional. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el oficio de cuenta, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. Delegados. Conforme con el arábigo 9° de la legislación aplicable, ténganse como delegados a las personas indicadas para ello en el oficio de mérito. Notifíquese.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, ténganse por ofrecidas las probanzas documentales que reseña en dicho informe. Domicilio. No señaló. Delegados. No designó. Manifestaciones. Por otra parte, téngase por hechas las manifestaciones de la autoridad oficiante consistentes en que, virtud la situación que atraviesa Baja California frente a la pandemia por Covid-19, ese Tribunal adopto como medida preventiva suspender labores durante el periodo comprendido del dieciocho de marzo al siete de agosto del presente año, por tal motivo, no corrieron plazos ni términos procesales, y quedó suspendida toda audiencia señalada en esos días. Correo electrónico personal y número telefónico. Asimismo, la autoridad oficiante de trato, proporciona una cuenta de correo electrónico y un número de teléfono como medios de contacto, por ende, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 2, fracción XIX, del "Acuerdo General 21/2020, que regula las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19", téngase a la responsable en cuestión, proporcionando: a) la siguiente cuenta de correo electrónico (tae.amp.indirecto@gmail.com y, b) el número de teléfono (686) 841 42 90 extensión 8861. Lo anterior, única y exclusivamente con el fin de establecer contacto con este órgano jurisdiccional, no así para recibir notificaciones por dichos medios de comunicación privada. Sin que en el presente contradictorio sea necesario poner a la vista de las partes el medio de convicción de cuenta, por las consideraciones siguientes. Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie como lo establece la autoridad responsable se actualiza la causa de sobreseimiento contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. [.] De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. [.] La parte quejosa se duele de la omisión por parte del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, de pronunciarse respecto al señalamiento de fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral 96/2020-VI; sin embargo, de las constancias remitidas por el Tribunal responsable, documentales que, por cierto, tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que mediante auto de seis de noviembre de dos mil veinte, ese tribunal emitió acuerdo, en el que señaló las diez horas con treinta minutos del tres de diciembre de esta anualidad, para que tenga verificativo, dentro del juicio de origen, la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Consecuentemente, si la parte quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, de dictar acuerdo relativo al señalamiento de la audiencia trifásica dentro del juicio natural, y esto ya aconteció, es, evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. [.] Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las doce horas con treinta minutos del cuatro de diciembre de dos mil veinte. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente.

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