Olga Lilia Martínez Álvarez

Expediente 1288/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1288/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
17/01/2023

Partes del expediente

  • Olga Lilia Martínez Álvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo, que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo. SE ORDENA ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente II-1288/2022, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la ley de amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cincuenta minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el juicio de amparo II-1288/2022, promovido por Olga Lilia Martínez Álvarez u Olga Lydia Martínez Álvarez, por conducto de su apoderada Claudia Ortega Gutiérrez, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. De igual manera, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por:  La Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el periodo de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, un legajo de copias certificadas del juicio ordinario laboral 3A-2986/2016, con el que se ordenó formar un tomo de pruebas por separado; medios de convicción que se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Al no existir más pruebas por desahogar, se declara abierto el periodo de alegatos. Secretario dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente los formuló el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito mediante alegato constitucional 613/2022. EL JUEZ: Se tienen por rendidos los alegatos del representante social adscrito y por perdido el derecho al resto de las partes, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo II-1288/2022, promovido por Olga Lilia Martínez Álvarez u Olga Lydia Martínez Álvarez, por conducto de su apoderada Claudia Ortega Gutiérrez, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. En escrito presentado el dieciocho de noviembre del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional, por razón de turno, el mismo día, Olga Lilia Martínez Álvarez u Olga Lydia Martínez Álvarez, por conducto de su apoderada Claudia Ortega Gutiérrez, promovió demanda de amparo indirecto contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE ESTIMÓ VIOLADOS. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. En auto de veintidós de noviembre del año que transcurre, se admitió la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por la autoridad señalada como responsable, registrándose la misma con el número de expediente II-1288/2022; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por territorio, materia y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto -omisivo- de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia mixta este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en: ? La omisión de emitir el laudo correspondiente en el juicio ordinario laboral 3A 2986/2016 del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO.- Inexistencia de la omisión reclamada. La autoridad responsable al rendir su informe justificado aceptó la existencia de la omisión que la parte quejosa le atribuyó. Aunque para ello precisó que efectivamente ha omitido dictar el laudo en el expediente laboral de origen, porque aún quedan pruebas pendientes de desahogar consistentes en el informe ofrecido por la demandada y solicitado mediante oficio 2290/2019 y la respuesta al exhorto 1508/2020, recibido por la misma parte actora para su diligenciación en la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en Zamora, Michoacán para el desahogo de las pruebas testimonial, confesional, inspección ocular y reinstalación, esto es, que el expediente aún no se encuentra en estado para dictar laudo, por lo que niega la violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, no obstante las manifestaciones realizadas por la autoridad responsable, este Juzgado de Distrito, de las constancias adjuntas al informe justificado advierta la inexistencia de la omisión alegada por la parte quejosa. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Lo anterior es así, dado que si bien la parte quejosa reclamó en su escrito inicial que desde el tres de noviembre de dos mil veintiuno, quedó concluido el desahogo de pruebas, sin que a la fecha se hubiere emitido el laudo correspondiente, la autoridad responsable ha sido omisa en emitir el laudo dentro del juicio laboral 3A-2986/2016; lo cierto es que de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que: 1)Olga Lilia Martínez Álvarez u Olga Lydia Martínez Álvarez demandó en la vía ordinaria laboral a las personas o responsables de la fuente de trabajo "Seguros y Ajustes" ubicada en avenida Michoacán, número 2013, letra "B", de La Piedad, Michoacán, en la que dijo prestaba sus servicios laborales a Alfonso Ramírez Olivares y Erick Ramírez Basurto, solicitando la reinstalación en el trabajo que desempeñaba como ejecutiva de ventas; pago de salarios caídos, vacaciones, aguinaldo, servicios extraordinario, entre otras prestaciones 1 . 2)Mediante auto de siete de diciembre de dos mil dieciséis, se radicó el asunto ante la junta responsable registrándose como juicio ordinario laboral 3A-2986/2016 . 3)Seguida la secuela procesal los apoderados de la parte actora presentaron escritos el tres de noviembre de dos mil veintiuno y cinco de enero de dos mil veintidós, por medio de los cuales manifestaron que desde el cuatro 1 de octubre de dos mil diecinueve el juicio natural se encontraba paralizado o inactivo en contravención a lo dispuesto por el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que solicitaron la activación en el sentido de que si quedara prueba pendiente de desahogo, se desistían de ésta y, por ende, se concediera término de alegatos renunciando a ese derecho, y se declarara cerrada la instrucción para que se dictada el laudo correspondiente. 4)A los escritos anteriores, recayó el auto el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en el que, en cuanto a su primera petición, tuvo a la parte actora desistiéndose en su perjuicio, si lo hubiera, de la prueba de informe ofrecida con el número 4 y ordenada en el punto V del auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. En el mismo proveído determinó que respecto a su segunda petición, no había lugar a conceder el término para alegar, toda vez que aún quedaban pruebas pendientes por desahogar consistentes en el informe ofrecido por la demandada, y solicitando mediante oficio 2290/2019, así como la respuesta al exhorto número 1508/2020, recibido por la misma parte actora para su debida diligencia en la Junta Especial Número Seis del Estado, con sede en Zamora, Michoacán, para el desahogo de las pruebas testimonial, confesional, inspección ocular y reinstalación. Por lo que giro el oficio recordatorio al Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad a efecto de solicitarle información requerida por la parte demandada, así como como al Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación Arbitraje en el Estado, con sede en Zamora, Michoacán. En tales circunstancias, es evidente que el proceso de origen aún no se encuentra en estado de emitir el laudo correspondiente porque sigue en etapa probatoria, por lo que se considera que no existe la obligación previa de la Junta responsable de dictar laudo, por ende, tampoco la omisión alegada. De igual manera, se advierte que entre tal proveído y la presentación de la demanda tampoco existe una dilación procesal en tal expediente laboral de origen, se explica. El juicio de amparo procede contra dilaciones excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir el siguiente criterio jurisprudencial: "Época: Décima Época Registro: 2019400 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 01 de marzo de 2019 10:04 h Materia(s): (Común, Laboral) Tesis: 2a./J. 33/2019 (10a.) AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En el caso, se advierte que aún no ha transcurrido la temporalidad de cuarenta y cinco días que precisó la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, para considerar que en el proceso exista una abierta dilación procesal, porque contrario a lo señalado por la parte quejosa, la autoridad responsable en el proceso laboral de origen 3A-2986/2016, dictó el último acuerdo el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en el que no proveyó de conformidad la petición de la parte actora, toda vez que aún quedaban pruebas pendientes por desahogar, y giró los oficios recordatorios correspondientes para tal efecto. En ese contexto, si la demanda de amparo se promovió el dieciocho de noviembre del mismo año, esto es, menos de un mes de la última actuación de la autoridad, es evidente que aún no transcurre la temporalidad precisada en el párrafo anterior. Ello porque para tener por acreditada la existencia de los actos reclamados, este Órgano Jurisdiccional debe ceñirse a la fecha de la presentación de la demanda. Por esas razones se advierte que, por estas últimas razones, tampoco existe la abierta dilación procesal alegada por la parte quejosa. En ese sentido, ante la inexistencia de la omisión y dilación procesal reclamadas por la parte quejosa a la autoridad responsable, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de amparo. Al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia número 1028, que dispone: "Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente.". Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye solo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio2 : 2 La tesis de la Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Octubre de 1995, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 576. "MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Olga Lilia Martínez Álvarez u Olga Lydia Martínez Álvarez, por conducto de su apoderada, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto en el tercer considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de diciembre de dos mil veintidós. REMITE INFORME JUSTIFICADO Con vista a las partes agréguese a los presentes autos la primer promoción de cuenta consistente en el oficio suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza la documental que las autoridades responsables envían como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. SE FORMA TOMO DE PRUEBAS. Con el legajo de copias certificadas del juicio ordinario laboral 3A-2986/2016, que contiene el acto reclamado, fórmese un tomo de pruebas por separado. PEDIMENTO MINISTERIAL Asimismo, glósese a los presentes autos la segunda promoción de cuenta relativa al pedimento, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintidós.********************AUTO DE RADICACIÓN.********************Fórmese expediente con el escrito de cuenta.********************Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado.********************SE RECONOCE EL CARÁCTER QUE OSTENTAN.********************Vista la demanda de amparo que promueve Claudia Ortega Gutiérrez, quien se ostenta apoderada de Olga Lilia Martínez Álvarez, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. ********************Con apoyo en el artículo 10 de la Ley de la Materia y en términos de las constancias que se anexa a la demanda de amparo, se reconoce a Claudia Ortega Gutiérrez, el carácter de apoderada de Olga Lilia Martínez Álvarez, con el que comparece a gestionar en esta instancia constitucional.********************ADMISIÓN DE LA DEMANDA. ********************Admítase la demanda de amparo promovida por Claudia Ortega Gutiérrez, apoderada de Olga Lilia Martínez Álvarez, contra actos del Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en términos de lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo.********************FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.********************Se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio.********************SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO.********************Pídase informe justificado a la autoridad responsable, de conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, que deberá rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicite.********************Deberá acompañar en el término señalado las constancias necesarias para apoyar su informe en copia certificada completa y legible, en términos del arábigo 260, fracción II de la ley de la materia, así como remitir archivo electrónico del acto reclamado, esto último conforme la circular 5/1995 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.********************Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse ciertos los actos reclamados, se impondrá a la omisa una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. ********************Se autoriza el envío del informe solicitado vía fax, al número 01 44 33 22 69 60 extensión 1152, con la precisión que de hacerlo por este medio, será innecesario se remita vía postal, excepto cuando se deban enviar constancias que sustenten el acto reclamado. ********************Requiérase a la autoridad responsable para que informe si la parte quejosa, ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del acto reclamado dentro del expediente de origen, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa en los términos de los párrafos precedentes, en relación a los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo.********************INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA.********************Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo.********************SE AUTORIZA LA CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA.********************Además, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza al fiscal del expediente en que se actúa vía electrónica, bajo el usuario que corresponda; por tanto, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias.********************NO HA LUGAR A EMPLAZAR A TERCERO INTERESADO.********************Sin que haya lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, toda vez que no encuadra en ninguno de los supuestos que refiere el artículo 5°, fracción III de la ley de la materia, tomando en consideración que de la lectura íntegra de la demanda no se obtiene que tenga un interés contrario al de la parte quejosa; aunado a que su llamamiento a juicio sólo retardaría el procedimiento, sin pasar por alto que el acto reclamado en la presente instancia constitucional es de carácter omisivo.********************CONSIDERACIÓN RESPECTO DE LA APLICABILIDAD DE JURISPRUDENCIA.********************No pasa inadvertido para el suscrito juzgador la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ********************"Época: Décima Época ********************Registro: 2011580 ********************Instancia: Segunda Sala ********************Tipo de Tesis: Jurisprudencia ********************Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación ********************Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II ********************Materia(s): Constitucional, Común ********************Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) ********************Página: 1086 ********************AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.********************Criterio transcrito que de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo resulta de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional; sin embargo, de los antecedentes narrados por la parte quejosa, se obtiene indiciariamente que se estaría en presencia del caso de excepción que prevé dicha jurisprudencia, ello en atención a que como lo refiere la promovente bajo protesta de decir verdad, que desde el tres de noviembre de dos mil veintidós, quedó concluido el desahogo de pruebas, sin que a la fecha se hubiere emitido el laudo correspondiente, es decir, a la fecha han transcurrido alrededor de más de un año aproximadamente; de ahí que el suscrito considera que posiblemente exista una dilación en el juicio de origen. ********************Lo anterior, sin prejuzgar sobre la posible actualización de la misma ni sobre las cuestiones relativas al fondo del asunto que permitan medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla el juicio laboral del que emana el acto reclamado.********************INCIDENTE DE SUSPENSIÓN.********************Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión por duplicado y cuerda separada, por no haberlo solicitado la parte quejosa.********************DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA.********************Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta.********************DESIGNA AUTORIZADOS********************Asimismo, téngasele designando como autorizados de su parte a las personas que señala en su ocurso de cuenta, con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, dada la naturaleza del acto reclamado.********************REQUERIMIENTO A LAS PARTES.********************Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible.********************NOTIFICACIÓN A LA RESPONSABLE.********************Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.".********************HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO.********************Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia.********************AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES********************Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. ********************MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES.********************Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia.********************Notifíquese.******************** Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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