Olga Lidia Ronquido y Otros.
Expediente 176/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 176/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jair Escutia Maldonado
- Olga Lidia Ronquido y Otros.
- Olga Lidia Ronquido
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la ley de la materia, se declara que el auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Jair Escutia Maldonado en su carácter de representante común de los diversos quejosos, ****** por su propio derecho, en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes.Por tanto, háganse las anotaciones en el Libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, acorde a lo señalado en el numeral 214 de la Ley de Amparo.En atención a lo anterior, se estima que este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional tuvo por no presentada la demanda de amparo. En términos del artículo 15 del citado Acuerdo, se considera que el presente asunto no es de relevancia documental.
- Principal
Visto estado procesal de los autos, así como la primera certificación de cuenta se advierte que al día del dictado del presente proveído ******************** en su carácter de representante común de los diversos quejosos, ****** no compareció ante este juzgado de Distrito a fin de reconocer la firma que calza el escrito donde intentó desahogar la prevención formulada médiate proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, registrado con el folio 2789. En tales circunstancias, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído de dos de marzo de dos mil veintitrés, y se tiene por no presentado el escrito de referencia, por otro lado se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés; por lo que, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional tiene POR NO PRESENTADA, la demanda de amparo promovida por****** en su carácter de representante común de los diversos quejosos.
- Principal
téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado aparentemente por********en su carácter de representante común de los diversos quejosos, ******* por medio del cual aduce desahogar la prevención formulada mediante proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Ahora bien, toda vez que la firma que calza el escrito de mérito, difiere visiblemente con la estampada en la demanda de amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de tres días posteriores a la legal notificación de este acuerdo, comparezca en el local de este juzgado federal, a fin de que ratifique el contenido y firma del ocurso en cuestión; asimismo, en el acto de la diligencia, deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, si la firma que calza el escrito de mérito es de su autoría. Lo anterior, en virtud de que la firma es una formalidad indispensable para que se dé curso a cualquier promoción judicial, ya que imprime de autenticidad al propio ocurso y sirve para determinar en un momento dado, los derechos y obligaciones que adquiera la signante; además, de que constituye una manifestación de voluntad que entraña conformidad con lo que ahí se asienta y por ende, quien reconoce como suya la firma que aparece en un documento, implícitamente reconoce el texto del mismo. Asimismo, se apercibe a la promovente que en términos del artículo 247, del Código Penal Federal, a quien declara con falsedad ante una autoridad judicial, se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión. Finalmente, se apercibe a la promovente, para el caso de no comparecer a ratificar el escrito de cuenta, dentro del plazo otorgado para tal efecto, se tendrá por no presentado el mismo.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo promovida por los quejosos ***** todos por propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y otra autoridad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 176/2023-III. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. DESECHAMIENTO.Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Al respecto, este Juzgado considera que respecto de la demanda de amparo que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal. Lo anterior es así, en razón de que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo referido con anterioridad, es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales del quejoso. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3, 6 y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma autógrafa del promovente o de optarse por la vía electrónica deberá contener la evidencia criptográfica de la parte promovente. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que, es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que se revele la voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa de la parte interesada o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital, o como ya se dijo, la evidencia criptográfica al enviarse por medio electrónico. En la especie, la revisión que se hace a la demanda de amparo presentada presuntamente por lo que respecta únicamente a Fernando de la Serna Luna, por propio derecho, se observa que carece de su firma autógrafa, lo cual además así fue destacado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, pues en el sello de recepción se asentó la leyenda "sin una firma". De esta manera, no se advierte la manifestación de voluntad del promovente de acudir a la presente instancia constitucional; pues tratándose del juicio el amparo que se pretende promover, con la firma autógrafa las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley, circunstancia que en el caso concreto no acontece debido a que el escrito de demanda no contiene firma autógrafa. Sirve de apoyo a lo anterior, en sentido contrario, el criterio que sostiene la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la décima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro IV, tomo 4, página tres mil seiscientos treinta y dos, enero de dos mil doce, que establece: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." De igual forma, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de la octava época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo X, octubre de mil novecientos noventa y dos, página trescientos quince, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTOGRAFA". Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." Bajo la exposición que antecede, es inconcuso que no se le puede otorgar valor alguno a la demanda de cuenta, por haber sido presentada sin firma autógrafa de la parte quejosa Fernando de la Serna Luna, pues al no contar con ésta, no contiene una manifestación de la voluntad del suscriptor, es decir, es equiparable a una copia simple, la cual no tiene ningún valor alguno, al no estar avalada por la firma de quien promueve no puede decirse que exista voluntad de ejercitar acción constitucional en vía indirecta, particularidad por la cual este órgano de control de constitucionalidad se encuentra impedido para acordar lo que en derecho corresponda respecto de su contenido. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo presuntamente promovida por Fernando de la Serna Luna, por propio derecho. Ahora bien, en otro tópico se procede a pronunciarse respecto de los diversos quejosos Jair Escutia Maldonado, Olga Lidia Ronquillo, Humberto Brayan Benítez Alonso, Jorge Eduardo Villanueva Cortés, Óscar Daniel Serrano Ramírez, Armando Guzmán Villegas, Roberto Castañeda Olmos, Doryan Martínez Pescador, Ramón Castañeda Olmos, Iván Moreno Mondragón, Nancy Rosalba Velasco Ariste, Natalia López Martínez, Michel Guadalupe García Alonso y Ángel Emmanuel Ochoa Cassa. PREVENCIÓN. Ahora, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente: IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De lo antes transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1.- Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2.- Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, VIII. Los conceptos de violación." 3.- No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4.- No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5.- No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Precisado lo anterior y con apoyo en lo previsto en el artículo 114, en relación con el 108, ambos de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a la promovente Jair Escutia Maldonado, Olga Lidia Ronquillo, Humberto Brayan Benítez Alonso, Jorge Eduardo Villanueva Cortés, Óscar Daniel Serrano Ramírez, Armando Guzmán Villegas, Roberto Castañeda Olmos, Doryan Martínez Pescador, Ramón Castañeda Olmos, Iván Moreno Mondragón, Nancy Rosalba Velasco Ariste, Natalia López Martínez, Michel Guadalupe García Alonso y Ángel Emmanuel Ochoa Cassa, para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: 1. Deberán precisar correctamente cuál es el acto o actos reclamados, los cuales en específico deberán señalar los artículos que les causan perjuicio a cada una de los promoventes. Esto es así, toda vez que en el capítulo correspondiente precisan que reclama la emisión, firma expedición y publicación del "Decreto para reformar las disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco", publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, misma que entró en vigor el quince de enero de dos mil veintitrés, toda vez que refieren ser administradores de tiendas de abarrotes y la determinación de " exhibición directa" y colocación de productos de tabaco a través de estantes, mostradores y exhibidores en general, les causa perjuicio. Asimismo, especifican que les causa agravio los artículos 1, 2, fracciones VI bis, y VI ter, 33, fracciones II Y II bis, 40 fracciones II, IV,IX,XII, XVI, XVIII Y XXI, 50 y 50 bis. Sin embargo del capítulo al que denominaron IV. ACTOS RECLAMADOS, trascriben otros artículos y fracciones como lo son 51, 53, 55, 59, 60 y 65 Bis, entre otros del Reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco. Pero, de los artículos descritos se advierte que dichas reformas tienen como objeto proteger los derechos de los no fumadores; pues implementan reglas como el hecho de que los establecimientos cuenten con espacios cien por ciento libres de humo de tabaco, así como espacios al aire libre para las personas fumadoras, mismos que deberán estar físicamente separadas e incomunicadas de los espacios cien por ciento libres de humo de tabaco y emisiones, en términos de las distancias y superficie establecidas y contar con las señalizaciones correspondientes; así como proteger a menores de edad y otras personas vulnerables de sufrir mayor afectación al estar expuestas al humo del tabaco, por lo que no se refiere a la exhibición directa de cajetillas de tabaco en algún establecimiento como lo son las tiendas de abarrotes. Lo que causa confusión para este juzgador, a saber cuáles son los artículos que les causan perjuicio y que en esta instancia reclaman. 2.- De igual forma, tendrá que exhibir cuatro copias de su escrito de desahogo, con el fin de correr traslado a cada una de las partes. Ello, puesto que son necesarias las copias mencionadas, a fin de correr traslado a las partes, esto es, dos para las autoridades responsables, una para el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y una más para formar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión. a exhibición de las copias del desahogo, es con la finalidad de correr traslado a las partes, ya que este supuesto procesal no es cuestión que únicamente incumba a la promovente y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda, incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer, que acto se reclama, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver el conflicto, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 110 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde a la propia quejosa. En ese sentido, se apercibe a los promoventes que de no desahogar la prevención, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención antes precisada deberá provenir directamente por los promoventes del amparo, pues los directos quejosos, son los únicos legitimados para manifestar el acto reclamado, los antecedentes del acto reclamado que les causa perjuicio, bajo protesta de decir verdad, puesto que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, al ser los titulares de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los actos que impugna, al ser un acto personalísimo. Ello, ya que la persona directamente agraviada por mandato de la ley es quien debe solicitar el amparo; consecuentemente, también deberá ocuparse del desahogo del mismo, como se aprecia, por analogía, del contenido de la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, publicada en la página 68, tomo XXXIII, junio de dos mil once, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." DOMICILIO, AUTORIZADOS Y CONSULTA ELECTRÓNICA DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, toda vez que los promoventes proporcionaron los usuarios Ckayertrueba", "SERGIOFABELA", "adominguezprado", "neestorpineda" "jibarram" y "YARELIGARAY", en términos de lo dispuesto por los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet y notificaciones electrónicas relativas al presente asunto; por tanto, instrúyase a la Oficial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), para que realice las gestiones necesarias. Sin que en el caso sea dable tener como domicilio para ese mismo efecto, el diverso físico que señala, toda vez que no pueden subsistir ambos, a fin de dar seguridad jurídica a las partes, en tanto que ya se han autorizado las notificaciones electrónicas. Asimismo, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente a Christian Kaye Trueba y Jessica Lizeth Ibarra Martínez, ya que su cédula profesional que los acredita para ejercer la profesión de licenciado en Derecho, se encuentra debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y por lo que hace a la diversa personas que señala para los mismo efectos, se le tiene únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, hasta en tanto, acrediten tener su cédula profesional registrada en el aludido sistema. De igual manera, la parte quejosa proporciona el correo electrónico sfabela@ktamx.com; para estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17 constitucional; sin que esto implique que dichos medios se tenga para oír y recibir notificaciones, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el artículo 13 de la legislación de la materia, se tiene como representante común de los quejosos a Jair Escutia Maldonado, sin perjuicio de que durante el trámite del asunto pueda ser substituido por los diversos quejosos. CONTINUACIÓN DE JUICIO EN LÍNEA. En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcionen un correo electrónico y número telefónico para establecer contacto en caso de ser necesario. También, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Óscar Duran Valdés, a saber 5553870500, extensión 1391, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 30 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, de conformidad con el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Así mismo se hace de su conocimiento que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como por lo establecido en el Acuerdo General el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y reformado mediante el diverso acuerdo publicado el veintiséis de marzo de dos mil veinte, con relación a la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial.
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