Olga Lidia López Belman
Expediente 834/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 834/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Olga Lidia López Belman
Actuaciones
- Principal
Vista la razón de entrega de documentos, se advierte que el siete de los actuales *********, en su calidad de autorizado de la quejosa, compareció ante este órgano jurisdiccional a recoger la carta factura emitida por ********* a favor de la quejosa *********, respecto de un vehículo de motor; lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de dos de octubre del año en curso. En ese sentido, hágase lo anterior del conocimiento del Analista Jurídico para que haga las anotaciones correspondientes.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte que la promovente del amparo allegó al presente expediente un documento original que se encuentra pendiente de devolver; por tanto, con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se previene a la citada promovente para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recogerlo, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de dieciocho de septiembre del año en curso por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *************, por su propio derecho, contra actos de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Robo de Vehículos adscrita a la Subprocuraduría de Investigación Especializada (SIE) de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato, capital, y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 834/2019-II. Ahora bien del estudio integral de la demanda, se desprende que la quejosa acude a esta instancia constitucional, reclamando: La orden de cateo y su ejecución llevada a cabo en el predio ubicado en la calle *************, número *************, letra *************, de la Comunidad de *************, municipio de esta ciudad. El aseguramiento del bien inmueble descrito en el punto anterior y del vehículo de motor marca *************, línea *************, modelo *************, con número de serie *************, motor hecho en *************, color *************, los cuales derivaron del cateo reclamado. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XIV- de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. De lo anterior se sigue que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para presentar la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que la parte quejosa se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso b) es necesario que esté acreditado que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos de los que se duele, pues sólo de esta manera el término de quince días para presentar la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que conoció. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, es necesario apuntar que de las manifestaciones vertidas por la propia quejosa en su inicial de demanda, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se desprende que la misma refiere que: "Señalo la circunstancia de que en fecha 22 de agosto del 2019 fui informada por parte deL Ministerio Publico (sic) mi velador ************* que ingresaron elementos de la Agencia de Investigación criminal así como Agentes del Ministerio Publico a mi inmueble anteriormente descrito que llevaban una supuesta orden de cateo la cual hasta este momento nunca la he visto ya que comenta el ministerio público que está en sigilo, comentando que fu el martes ************* de ************* del ************* aproximadamente a las ************* horas tocaron a la puerta por lo que dice mi velador que atendió al llamado desde la caseta que tiene en la puerta de ingreso, comentando a la autoridad que le dieran unos minutos en lo que iba por las llaves de la puerta de acceso a la oficina, sin embargo gritaron "haste a un lado cabrón" y fue que de manera violenta pegaron a la puesta de acceso e ingresaron de manera violenta al inmueble y sin mediar palabra lo sometieron y lo esposaron afuera de la oficina que se encuentra a varios metros de la puerta de acceso, y todo esto lo pude constatar ya que en dicho lugar cuento con cámaras de videograbación y fue que vi en los videos los que sucedió." (.) "Así las cosas; en fecha jueves 22 del mes de agosto del año en curso, fue que solicite asistencia de un abogado particular, quien me hizo favor de comunicarse con diversas autoridades, hasta que supimos que la Agencia del Ministerio Público que atendió el cateo fue la Especializada en Robo de vehículos adscrita a SIE, motivo por el cual me desplace con la finalidad de acreditar la propiedad de mi vehículo de motor, una vez que estaba en dicha oficina puede establecer contacto con el Agente del Ministerio Publico, de nombre ************* me indico que presentara la documental para acreditar la legal procedencia de mis camioneta ante ello fue que exhibí la documental idónea, y fue ahí en ese momento cuando me dio que mi vehículo se encontraba asegurada y que esa orden la había dictado el, y que por tanto no me la podía entregar. Es decir, de sus propias manifestaciones se desprende que la solicitante del amparo tuvo conocimiento de los actos que reclama desde el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, fecha en la que fue informada por su velador **********, de los hechos que motivaron a los actos aquí reclamados. Circunstancia que no deja lugar a dudas que la quejosa se hizo sabedora de los actos que reclama en esta instancia constitucional, con dieciséis días de anticipación a la presentación del presente juicio de amparo; por lo que, el término de quince días que establece el mencionado artículo 17 de la Ley de Amparo, para instar el juicio constitucional, transcurrió sin que lo haya hecho. De lo anterior se advierte que en el caso concreto, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto ante el Juez de Distrito competente, comenzó para la quejosa a partir del día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados, esto es, a partir del veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, y le feneció el doce de septiembre del mismo año, descontándose los días veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de agosto, así como el uno, siete y ocho de septiembre de la presente anualidad por ser inhábiles. De ahí que si la quejosa presentó la demanda que se analiza el trece de septiembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, los actos reclamados por la parte quejosa fueron consentido tácitamente por la recurrente. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********, en virtud de obrar sus cedulas profesionales números ********* registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral **********, por no encontrarse sus cedulas profesionales registradas en el sistema computarizado citado. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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