Olga Lidia Hernández Contreras

Expediente 446/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
446/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • Olga Lidia Hernández Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, el que informa la admisión del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de veinticuatro de abril del año en curso dictada en el presente juicio de amparo y se estará a la espera de lo que resuelva la superioridad. Notifíquese.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo dictado por este juzgado el veinticuatro de abril del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo en vigor, intégrese a estos autos una de las copias exhibidas y remítase el aludido recurso de queja al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, residente en Mazatlán. De igual forma, de conformidad con el artículo 101 de la Ley de Amparo en vigor, ríndase el informe respectivo sobre la materia del recurso de queja interpuesto. Notifíquese.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados y página electrónica a la parte quejosa. En Culiacán, Sinaloa, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. I. Desahogo prevención. Visto el escrito de cuenta signado por la parte quejosa Olga Lidia Hernández Contreras, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado el dieciocho de abril del año en curso; fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno; de igual forma, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. II. III. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta desechar de plano la demanda de garantías al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En principio, el numeral 61, fracción XXlll, en relación con el ordinal 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXlll.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan al archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. De los preceptos legales trascritos, se advierte que cuando se trate de actos de ejecución de sentencia el amparo se pedirá una vez que se haya dictado la última resolución dentro del procedimiento correspondiente, pudiéndose reclamar de manera conjunta las violaciones cometidas que hubiesen dejado sin defensa al interesado y trascendido en el resultado de la resolución correspondiente. El propio precepto señala que la última resolución en el procedimiento de ejecución es la que aprueba o reconoce incumplimiento a la sentencia o declara la imposibilidad jurídica o material de cumplimiento u ordene el archivo del expediente. En tanto que el procedimiento de remate que se aprueba en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura o la entrega de los bienes rematados Por tanto, el juicio de amparo será improcedente si se trata de actos en ejecución de sentencia o de remate y no se trate de la última resolución. Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que excepcionalmente durante la etapa de ejecución de sentencia, procede el juicio de garantías en la vía indirecta cuando exista afectación a los derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Así lo determinó la Jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página doscientos treinta, Tomo XXXIII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de dos mil once, Novena Época, cuyo rubro y texto son: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. En el caso, la parte quejosa reclama la resolución de diez de marzo del año en curso en la que la autoridad responsable ordenó la reposición del procedimiento de ejecución a efecto de que se presentara plantilla de liquidación en el cuadernillo de destitución 97/2021 de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, respecto del aquí quejoso; cabe destacar que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la sentencia de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento ante el juez de instrucción involucra aspectos solamente procesales, sin afectar derechos sustantivos. De tal manera, como bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo el legislador ordinario determinó que el juicio de garantías indirecto resulta procedente contra actos en juicio que sólo involucre derechos sustantivos, con ello se abandonó el criterio de considerar para la procedencia del juicio de garantía las violaciones procesales que producen afectación en grado predominante o superior, como anteriormente conforme la abrogada Ley de Amparo; de ahí que conforme las reglas de la actual Ley de Amparo el juicio de garantías es improcedente contra la sentencia de segundo grado que ordena reponer el procedimiento del juicio natural. Por tanto, si como se dijo, la parte quejosa reclama en esencia la determinación de diez de marzo del año en curso en la que la autoridad responsable ordenó la reposición del procedimiento de ejecución a efecto de que se presentara plantilla de liquidación en el cuadernillo de destitución 97/2021 de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Así entonces, es dable sostener que dicho acto reclamado involucra únicamente derechos procesales de la parte amparista, sin inmiscuir derechos de naturaleza sustantiva, pues únicamente se advierte que se ordenó reponer el procedimiento a fin que se presentara la planilla de liquidación respectiva, sin que dicha circunstancia afecte derechos sustantivos de éste. En efecto, como se indicó en el marco jurídico expuesto al inicio de este apartado, es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la resolución de segundo grado que ordena reponer el procedimiento es un acto en juicio que eventualmente solo trasgrede derechos procesales, no sustantivos; si bien, como ya se precisó, durante la vigencia de la abrogada Ley de Amparo se estimó que produce a las partes afectación en grado predominante y superior, ese criterio se abandonó en la vigente Ley de Amparo para determinar la procedencia del juicio de garantías indirecto, pues éste solo procede contra actos en juicio con efectos de ejecución irreparable, lo cual solo se producen cuando se afectar derechos sustantivos, no procesales. Bajo ese contexto, es dable precisar que el referido acto reclamado, se dictó en ejecución de sentencia, el cual no es la última resolución dictada en ese período conforme a los lineamientos expuestos anteriormente, porque aun cuando ese acto tuvo verificativo en la etapa de ejecución, en momento alguno se señaló o reconoció el cumplimiento total de lo sentenciado o, en su defecto, la imposibilidad jurídica para poder cumplimentarlo y, de igual manera, tampoco se indicó que el asunto ya estuviera terminado, o en su caso, que se hubiera enviado el expediente al archivo como asunto concluido. Por tanto, el acto reclamado es intermedio, ya que el acuerdo combatido no puede considerarse que sea la última resolución que ponga fin al período de ejecución en el expediente de origen, pues esto sólo acontecerá hasta en tanto haya una resolución que declare cumplido en forma total la sentencia dictada; se reconozca la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, o, se ordene el archivo del expediente y en el caso, aún no se dicta esa resolución. En las relacionadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXlll, en relación con el ordinal 107, fracción IV, interpretando en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 113, del ordenamiento en cita, procede desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. Al caso es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 23/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Mayo de 2005, página 231, Novena Época, Materia Común, registro digital 178441, de rubro y texto: INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA ETAPA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del incidente aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, la resolución dictada en un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa. Máxime que en el caso la reposición del procedimiento tiene como único efecto que se presente la planilla de liquidación. Se cita por analogía al presente asunto el criterio jurisprudencial 2a.L/2015, visible a foja 1069, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales. Asimismo, la medida de destitución de la autoridad que ha incumplido con el cumplimiento de la sentencia dictada en primera instancia, tampoco causa perjuicio al aquí quejoso, pues tal medida, en su caso, solo sería una consecuencia de su omisión, es decir, sería una medida disciplinaria para la autoridad y sería a ésta a quien le causaría perjuicio y no a la parte quejos en esta demanda. Por tanto, lo que se impugna no son de aquellas que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que no causan un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues en su caso existe la posibilidad de que la parte promovente obtenga una resolución favorable a sus intereses y, en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama; luego, que el presente juicio de garantías resulta improcedente. En las relacionadas condiciones, como la determinación reclamada que nos ocupa no constituye acto de imposible reparación para efectos del juicio de amparo indirecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento en cita, procede desechar de plano la demanda de amparo por manifiesta y notoria improcedencia. III. Transparencia y acceso a la información. Cabe precisar que cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos, conforme a la ley de la materia. Notifíquese de manera personal a la parte quejosa. Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido del licenciado Ramón Gustavo Grajeda Tello, Secretario que da fe.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados y página electrónica a la parte quejosa. Culiacán, Sinaloa,dieciocho de abril de dos mil veintitrés. I. Promovente. Olga Lida Hernández Contreras. Visto el escrito de demanda signada por Olga Lida Hernández Contreras; fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno; de igual forma, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. En el caso en que un asunto se inicie y tramite a través de documentos físicos, los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. La firma electrónica FIREL, e.firma dará certeza y validez jurídica de la integridad del expediente electrónico. II. Prevención. Con fundamento en el artículo 114, fracción IV, en relación con el diverso numeral 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que en el término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale lo siguiente: Manifestar bajo protestar de decir verdad los antecedentes del acto reclamado y la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado; lo anterior, a fin de fijar debidamente la litis constitucional. Lo que deberá manifestar bajo protesta de decir verdad; sabedor de las penas en que incurre quien afirma hechos falsos al formular una demanda de garantías; pues de incurrir en falsedad, la parte quejosa, su abogado o ambos, podrían hacerse acreedores a pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientos días de salario, tal como lo establece el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo: 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.] Se apercibe a la parte quejosa, que de no dar cumplimiento en el plazo que se señala, se tendrá por no presentada su demanda, con base en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 114 penúltimo párrafo de la ley de la materia. Al respecto, se hace del conocimiento de la parte quejosa que el desahogo de la presente prevención constituye un acto personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo para instar y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, en contra de determinados actos atribuidos a las autoridades responsables que se señalen, debiendo manifestar hechos propios, cuestiones que se rigen por el principio de instancia de parte agraviada y solamente el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado de dichas autoridades puede hacerlo. En consecuencia, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, no se encuentra facultado para desahogar la prevención del que se habla, ya que de autorizarse se traduciría en que dicha persona ejerciera un derecho en la vía constitucional que sólo le corresponde al quejoso, y no a un mandatario judicial. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, agosto de 2014, Tomo I, de rubro y texto siguientes: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. III. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el numeral 21 de la citada legislación, se habilitan días y horas a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. IV. Domicilio y autorizados. Se tienen como domicilio procesal y autorizados a las personas que refiere en los términos precisados. V. Transparencia y acceso a la información. Cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos conforme a la ley de la materia. Notifíquese personalmente.

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