Olga Lidia Hermosillo Pérez

Expediente 2352/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2352/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Olga Lidia Hermosillo Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales conducente, el escrito signado por Shurave Elizabeth Ledesma Fernández en su carácter de autorizada de la parte quejosa y en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se autoriza la expedición de las copias certificadas que solicita, previo recibo y toma de razón que se deje en el expediente para constancia y por conducto de las personas que autoriza para tal efecto. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese en autos para que surtan sus efectos legales procedentes el comunicado de cuenta firmado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, por medio del cual remite copia autorizada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión 715/2023 de su índice, asimismo, remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 385/2023 del índice de este Juzgado; glósese el cuaderno de antecedentes respectivo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y acúsese recibo de estilo a la Superioridad. Hágase saber a las partes que el Tribunal de referencia en el amparo en revisión resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Quedan intocados la determinación de causal de improcedencia del Gobernador Constitucional y Director General de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas ambos del Estado de Nayarit, y la concesión de amparo respecto a los actos reclamados al Gobernador Constitucional, Congreso y Director General de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas todos del Estado de Nayarit; al igual que el no pronunciamiento respecto del pago por concepto de aportación a la Cruz Roja realizado por la parte quejosa. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida". TERCERO. La Justicia Federal ampara y protege a la parte quejosa José Guadalupe Parra Zúñiga, respecto de los actos reclamados al Director General de Ingresos y el Recaudador de Rentas de la Secretaria de Administración y Finanzas ambos del Gobierno del Estado de Nayarit, por los motivos y para los efectos precisados en el séptimo considerando de la resolución impugnada". Consecuentemente, tomando en consideración que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a JOSÉ GUADALUPE PARRA ZÚÑIGA, contra los actos reclamados al Congreso del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, Director General de Ingresos, y al Recaudador de Rentas, todos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit; para que: 1.- Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso JOSÉ GUADALUPE PARRA ZÚÑIGA, lo previsto en los artículos 22, fracción XXIII, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a la parte quejosa, en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, en tanto no se modifiquen dichas normativas 2.- Para que el Director General de Ingresos y el Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelvan a JOSÉ GUADALUPE PARRA ZÚÑIGA. -Unica y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $8,478.56 (ocho mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 56/100 moneda nacional), respecto de la suma de $14,776.00 (catorce mil setecientos setenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), que pagó el siete de marzo de dos mil veintidós, correspondiente al permiso de alcoholes número 97006442, el cual deberá estar debidamente actualizado Luego, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase únicamente al Director General de Ingresos y al Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que queden legalmente notificadas del presente proveído, informen con constancias debidamente certificadas sobre el cumplimiento que dé a la sentencia dictada en este juicio de amparo, apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el citado 192, en relación con el numeral 258 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa por la cantidad de cien Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que sea el caso de requerir por el cumplimiento al fallo protector a las autoridades legislativas que intervinieron en la creación de la norma declarada inconstitucional, toda vez que quedan exentas para ello atento al principio de relatividad de las sentencias contra leyes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. CXXXVII/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, del Tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de 'LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN' y 'LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN', se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general". Finalmente, tomando en consideración que es necesario economizar espacio en el área destinada para el archivo de este Juzgado Federal, procédase a su destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, y agréguense a los autos únicamente las actuaciones originales realizadas en dicho cuaderno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE.

  3. Principal

    EN TERMINOS DEL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta Ciudad, derivado de la ejecutoria pronunciada en los autos del amparo en revisión 783/2023, al que adjunta los autos originales del juicio de amparo indirecto 536/2023 del índice de este Juzgado, por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y glósese el cuaderno de antecedentes (únicamente las constancias originales) que se formó con motivo del citado medio de impugnación. Hágase saber a las partes que el mencionado Tribunal, en la ejecutoria de referencia, en sus puntos resolutivos concluyó: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Néstor Padilla López en contra del acto reclamado al Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, para los efectos puntualizados en la sentencia recurrida." Luego, dado el estado que guardan los presentes autos, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86, ambos de la Ley de Amparo, y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la sentencia dictada en el presente juicio CAUSA EJECUTORIA para todos sus efectos legales procedentes. Ahora, tomando en consideración que en los presentes autos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días, contados a partir del en que queden legalmente notificadas del presente proveído, procedan a dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les aplicará multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a lo que prevé la fracción II del artículo 260 de la Ley de la Materia, en relación con los ordinales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido, que conforme al decreto constitucional mencionado, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto.

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