Olga Lidia Flores Romero

Expediente 974/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
974/2016
Año
2016
Actuaciones
18
Última actuación
27/10/2016

Partes del expediente

  • Olga Lidia Flores Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Incidental

    Toluca, Estado de México; veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.Visto el auto dictado en esta fecha en el cuaderno principal del cual deriva la presente incidencia, en que se declaró ejecutoriada la sentencia que negó el amparo solicitado en el juicio constitucional promovido por Olga Lidia Flores Romero, por propio derecho, contra actos del Juez Civil de Cuantía Menor del Distrito Judicial de Zinacantepec, Estado de México y otra autoridad; por tanto, procede declarar sin materia este incidente de suspensión y dejar sin efecto las medidas decretadas en el mismo.Notifíquese.Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6258/2016, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.Visto lo asentado en la cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera la sentencia de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, en la cual se negó el amparo y protección de la justicia federal; con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes.Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno, glósese únicamente el original del incidente de suspensión.Devuélvanse al Juez Civil de Cuantía Menor de Zinacantepec, Estado de México, las documentales que exhibió en el presente juicio, de las cuales deberá acusar el recibo correspondiente, apercibido que de ser omiso se impondrá una multa a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y 237, fracción I, así como 238, de la Ley de Amparo.En ese orden, después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente cuaderno se advierte que no existe promoción o diligencia por practicar, por tanto, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido.De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto:a) En acatamiento al punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica.b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en el que se negó la protección federal solicitada, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes.c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada.d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, junto con el original del incidente de suspensión, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional.e) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, resguárdese para los fines descritos.Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.Notifíquese.Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6258/2016, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    SE RESUELVE: ÚNICO: SE NIEGA EL AMPARO...

  4. Principal

    EN RAZÓN DE CITATORIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 974/2016 DEL TENOR SIGUIENTE: VISTOS, para resolver, los autos de juicio de amparo indirecto 974/2016; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Datos y presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, Olga Lidia Flores Romero, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto y autoridades que a continuación se precisan: ". III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: [.] COMO AUTORIDAD ORDENADORA: JUEZ CIVIL DE CUANTÍA MENOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZINACANTEPEC DEL ESTADO DE MÉXICO. COMO AUTORIDAD EJECUTORA: C. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUANTÍA MENOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZINACANTEPEC DEL ESTADO DE MÉXICO IV. ACTO RECLAMADO: LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA EL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2016 POR EL JUZGADO CIVIL DE CUANTÍA MENOR DE ZINACANTEPEC DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 130/2014 EMITIDOS POR LA AUTORIDAD ORDENADORA Y EJECUTORA SEÑALADAS.".[Fojas 2 a 7]. SEGUNDO. Derechos humanos violados. La quejosa estimó violados los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite. Recibida la demanda por este Juzgado de Distrito, el veintinueve de junio de dos mil dieciséis, se admitió a trámite, registrándose con el número 974/2016, se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver del presente juicio de garantías con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33 fracción IV, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al reclamarse una determinación mercantil, dictada después de concluido el juicio, emitida autoridad que tiene residencia dentro del territorio en donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que en el presente juicio los actos reclamados consisten en: La resolución interlocutoria de seis de junio de dos mil dieciséis, que resolvió el incidente de liquidación de intereses moratorios, derivada del juicio ejecutivo mercantil 130/2014, del índice del Juzgado Civil de Cuantía Menor de Zinacantepec, Estado de México. TERCERO. Antecedentes. De las constancias de autos se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1.- Gabriel Alejandro Chávez Díaz, por conducto de sus endosatarios en procuración Salvador Rojas Martínez y César Aguilar Urbina, demandó en la vía ejecutiva mercantil de la hoy quejosa Olga Lidia Flores Romero, el pago de diversas prestaciones (fojas 2 y 3 del anexo 1). 2.- El veintisiete de enero de dos mil catorce, la Jueza Interina Civil de Cuantía Menor de Zinacantepec, Estado de México, admitió a trámite la demanda interpuesta ante ella, registrándola con el número 130/2014 (fojas 4 a 7 anexo 1). 3.- Substanciado que fue el procedimiento el veinte de agosto de dos mil catorce, se emitió sentencia la cual en sus puntos resolutivos señaló: "PRIMERO.- Ha sido procedente la Vía Ejecutiva Mercantil en la que el actor GABRIEL ALEJANDRO CHÁVEZ DÍAZ a través de sus endosatarios en procuración SALVADOR ROJAS MARTÍNEZ y CÉSAR AGUILAR URBINA, probó sus pretensiones y OLGA LIDIA FLORES ROMERO no justificó lo manifestado en su contestación de demanda. SEGUNDO.- Se condena a OLGA LIDIA FLORES ROMERO, al pago de la cantidad de $6,600.00 (seis mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de suerte principal, lo que deberá hacer dentro del plazo de ocho días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de la presente resolución. TERCERO.- De igual forma se condena a la ejecutada al pago de los intereses moratorios reclamados a razón del 10% por ciento mensual respecto de la suerte principal, computados a partir del veintiuno de diciembre de dos mil trece y hasta la total solución del adeudo; intereses que se regularán en ejecución de sentencia, en el incidente respectivo. CUARTO.- Se condena a la enjuiciada al pago de costas en esta instancia, previa su regulación en el incidente correspondiente. QUINTO. En caso de no cumplirse voluntariamente con esta sentencia, para obtener el pago de las prestaciones a que ha sido condenada la sentenciada, procédase al trance y remate de los bienes embargados y con su producto páguese al actor sentenciado SEXTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE." (fojas 1 a 10 del anexo 2). 4.- Resolución que causó ejecutoria por ministerio de ley. 5.- Posteriormente, la parte actora por conducto de sus endosatarios en procuración promovió incidente de liquidación de intereses moratorios, el cual se admitió a trámite el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis (foja 4 del anexo 3). 6.- Finalmente, el seis de junio de dos mil dieciséis, la autoridad responsable resolvió el aludido incidente (fojas 12 a 15 del anexo 3), en los siguientes términos: ". PRIMERO.- Ha sido tramitado en sus términos el incidente de liquidación de intereses, promovido por GABRIEL ALEJANDRO CHÁVEZ DÍAZ por conducto de su endosatario en procuración SALVADOR ROJAS MARTÍNEZ, en consecuencia: SEGUNDO.- Se aprueba la planilla de liquidación, presentada por el prenombrado actor, por la cantidad de $19,140.00 (DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 60/100 M.N), [sic] en términos del considerando segundo de esta resolución; cantidad que deberá ser tomada en consideración para la ejecución del fallo definitivo y con la cual quedarán pagados los intereses moratorios indicados en esta resolución. TERCERO.- No se hace condena en costas por la tramitación del presente incidente. CUARTO.- Notifíquese personalmente.". (fojas 12 a 15 del anexo 3) Resolución esta última que constituye el acto reclamado. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Juez Civil de Cuantía Menor de Zinacantepec, Estado de México y la Ejecutora adscrita al Juzgado Civil de Cuantía Menor de Zinacantepec, Estado de México (fojas 19 y 20), al rendir sus informes con justificación, si bien no afirmaron o negaron la existencia del acto reclamado, lo cierto es que de sus propias manifestaciones se advierte la existencia del mismo. Lo que se corrobora con las constancias que remitió la autoridad citada en primer término como apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente ejecutivo mercantil número 130/2014, así como las relativas al incidente de liquidación de intereses, las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que se trata, de documentos expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. QUINTO. Estudio de causas de improcedencia. Ahora, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor, las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo o en caso de que las partes invoque alguna de las establecidas en el numeral 61 de la ley de la materia; en consecuencia, toda vez que las partes no hicieron valer causal alguna, y este Juzgador no advierte de oficio que se actualice diversa, resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que esta autoridad constitucional tenga la obligación de analizar todas las causas de improcedencia que hipotéticamente prevé el precepto mencionado en último término. SEXTO. Conceptos de violación y estudio de fondo del asunto. No se hace transcripción de los conceptos de violación alegados, por no existir precepto legal alguno que así obligue a este juzgador. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para "cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante lo anterior, sustancialmente en sus conceptos de violación la quejosa hace valer lo siguiente: El acto reclamado resulta contrario a la legislación mercantil vigente en el Estado de México, ya que el artículo 362 de dicha legislación [sic] señala que el único interés legítimo para operaciones mercantiles es del seis por ciento anual (6%); en tanto, el interés pactado en el documento base de la acción correspondiente al diez por ciento (10%) mensual, resulta excesivo y consecuentemente es improcedente su cobro, ya que si se calculan los intereses la deuda se cuadruplica. De tal manera que el cálculo de los intereses moratorios efectuado en el incidente impugnado resulta mayor a la cantidad condenada como suerte principal, además el cálculo de tales intereses no solo se realiza por este periodo, sino hasta que la parte actora lo desee. Los anteriores motivos de inconformidad son infundados, por los razonamientos que enseguida se exponen: En efecto, en el juicio ejecutivo mercantil 130/2014, el veinte de agosto de dos mil catorce, el Juez Civil de Cuantía Menor Zinacantepec, Estado de México, dictó sentencia definitiva en la que condenó a la quejosa al pago de la suerte principal en cantidad de $6,600.00 (seis mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), así como al pago de intereses a razón del diez por ciento mensual sobre la suerte principal y a cubrir a la accionante el pago de gastos y costas; resolución que tiene la calidad de cosa juzgada. En ese contexto, es menester señalar que la institución de la cosa juzgada debe entenderse como la inmutabilidad de lo resuelto en sentencias firmes, sin que pueda admitirse su modificación por circunstancias posteriores, ya que en dicha figura descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica. Asimismo, es preciso apuntar que en el sistema jurídico mexicano, la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada, también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de nuestra carta magna, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra solo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del mismo numeral, pues dentro de aquella se encuentra no solo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. De ahí que la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la jurisprudencia P./J. 85/2008, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 589, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra solo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquella se encuentra no solo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales. No se soslaya la existencia de la jurisprudencia 46/2014 (10a.), derivada de la contradicción de tesis 350/2013, aprobada por la Primera Sala del Alto Tribunal, en sesión de veintiuno de mayo de dos mil catorce, cuyo rubro, dispone. "PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1ª./J. 132/2012 (10ª) Y DE LA TESIS AISLADA 1ª.CCLXIV/2012 (10ª)], en la que el Máximo Tribunal de este país determinó que para el caso de que el interés pactado en un pagaré genere convicción en el juzgador de que es notoriamente excesivo y usurario acorde con las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, aquél debe proceder de oficio a inhibir esa condición usuraria apartándose del contenido del interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente que no resulte excesiva, mediante la apreciación de oficio y de forma razonada y motivada de las mismas circunstancias particulares del caso y de las constancias de actuaciones que válidamente tenga a la vista el juzgador al momento de resolver. Sin embargo, la facultad a que alude; es decir, de reducir prudencialmente de oficio, la tasa de interés, sólo la puede ejercer la autoridad jurisdiccional al momento en que se emite la sentencia definitiva en el controvertido de origen, no así en la etapa de ejecución de sentencia o en la interlocutoria que resuelva el incidente de liquidación de intereses, ya que en estos dos últimos casos, la referida sentencia ya tiene la categoría de cosa juzgada y por ende, no puede ser modificada por las razones antes mencionadas. De ahí que la interlocutoria de liquidación de intereses no genera derechos u obligaciones diferentes a los declarados en las consideraciones y puntos resolutivos de la sentencia firme, porque sostener lo contrario equivaldría a inobservar la autoridad de cosa juzgada, como principio esencial de la seguridad jurídica. En esas condiciones, como legalmente lo consideró la autoridad responsable en la resolución que se reclama, la tasa de interés para cuantificar en el incidente de liquidación de los intereses moratorios a que fue condenada la quejosa, ya fue materia de la litis en el juicio natural que concluyó con una sentencia definitiva y que tiene la categoría de cosa juzgada; y por tanto, como legalmente lo consideró la autoridad responsable no está facultada para abordarla de nueva cuenta en el incidente de referencia, ya que lo determinado en este no puede modificar, rebasar o anular lo decidido en la referida sentencia definitiva; de ahí lo infundado de los conceptos de violación expuestos por la quejosa. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la tesis I.3o.C.20 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2167, del Libro XIX, abril de 2013, tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: INTERLOCUTORIA DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. NO GENERA DERECHOS DIFERENTES A LOS DECLARADOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, PORQUE ELLO EQUIVALDRÍA A INOBSERVAR EL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA. El respeto a las consecuencias de la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, según lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 85/2008, de rubro: 'COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS'. Ahora bien, el Máximo Tribunal desde la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación ha sostenido que existe un principio esencial en el estudio de toda sentencia, consistente en que los considerandos rigen a los resolutivos y sirven para interpretarlos. De lo anterior se desprende que la cosa juzgada en una sentencia es lo razonado en sus considerandos, los cuales deben servir para interpretar el sentido de sus resolutivos. Lo anterior encuentra sustento en la doctrina procesal moderna, la cual reconoce que la parte resolutiva del fallo es producto de un análisis cuya trayectoria queda expuesta en las consideraciones o motivaciones que la anteceden. Esto último cobra especial relevancia al resolver el incidente de liquidación, porque dicho procedimiento tiene como finalidad que el Juez cuantifique la condena decretada en sentencia firme. Luego, debe entenderse que la actividad del Juez no puede ir más allá de lo establecido en la parte considerativa del fallo definitivo, porque la materia del juicio (cosa juzgada) ya fue resuelta. Por tanto, la interlocutoria de liquidación de sentencia no genera derechos diferentes a los efectivamente declarados en las consideraciones de la sentencia firme, porque ello equivaldría a inobservar la autoridad de la cosa juzgada, como principio esencial de la seguridad jurídica. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia I.11o.C. J/10, sustentada por el Decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2381, tomo XXVI, septiembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe y contenido siguientes: INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. NO PUEDE DESCONOCER UN DERECHO YA RECONOCIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. Los incidentes de liquidación, aun cuando tienen objeto y contenido propios, como conflictos jurisdiccionales de cognición, solo tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar la sentencia en detalles que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, pues ello sería antijurídico e ilegal, porque atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, ya que en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural el juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general; en consecuencia, el incidente no tiene como finalidad desconocer un derecho ya decidido en la sentencia definitiva sino, en su caso, solo la liquidación respectiva de lo que fue materia del juicio. En las relatadas circunstancias, al resultar infundado el concepto de violación expuesto por la inconforme y no encontrándose el caso en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 79 de la ley de la materia, procede negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se; RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a Olga Lidia Flores Romero, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, hasta hoy treinta de septiembre de dos mil dieciséis, por así haberlo permitido las labores de este órgano jurisdiccional, quien actúa asistido de la licenciada Eloísa Salinas Juárez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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