OLGA LIDIA ARELLANES GOMEZ y Otros.

Expediente 397/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
397/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
18/05/2016

Partes del expediente

  • OLGA LIDIA ARELLANES GOMEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    "...VISTOS LOS AUTOS...SE DECLARA QUE DICHA DETERMINACIÓN HA CAUSADO ESTADO...ARCHIVESE EL PRESENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO." MESA V

  2. Principal

    En quince de marzo de dos mil dieciséis, la Secretaria da cuenta, con la demanda de amparo promovida por Olga Lidia Arellanes Gómez, a través de quien dice ser su endosatario en procuración José Ángel Díaz Hernández, sin acreditarlo, contra actos del Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial del Centro, residente en esta ciudad y otras autoridades; presentada el once del actual, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, y ayer en este Juzgado, con registro 8170. Conste. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quince de marzo de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Olga Lidia Arellanes Gómez, a través de quien dice ser su endosatario en procuración José Ángel Díaz Hernández, sin acreditarlo, contra actos del Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial del Centro, residente en esta ciudad y otras autoridades; presentada el once del actual, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, y ayer en este Juzgado. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 397/2016. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el normativo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone que el juicio de amparo es improcedente, contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Excepto en los casos siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En relación con el principio de definitividad contenido en el precepto 61 fracción XVIII, de la Ley de la materia, existe el criterio siguiente, que no contraviene a la nueva Ley de Amparo: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". (Jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página novecientos dos, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). Según se ve, el principio de definitividad, que rige al juicio de garantías en materia aencuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. En la especie, el acto reclamado consiste en el auto de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 861/2009, del índice del Juzgado Cuarto Civil de esta ciudad; donde la citada autoridad determinó negar la adjudicación directa del bien inmueble embargado, solicitada por la parte actora hoy quejosa; y, también requirió a ésta, para que cumpliera con las publicaciones respectivas en términos de ley. Contra dicho acto, previo a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar el principio de definitividad, mediante la interposición del recurso de revocación previsto en los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, a través del cual puede revocar, modificar o confirmar la determinación que le agravia. Lo anterior, tomando en cuenta que dicho auto es de aquellos que no son apelables, luego, por exclusión procede el recurso de revocación; determinación que puede emitir el juez responsable. Por tanto, al no haberlo efectuado así, la demanda que se provee resulta improcedente. Máxime que la justiciable no se ubica en ninguno de los casos de excepción que refiere el invocado numeral 61 fracción XVIII, de la Ley de la materia, pues el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. No se trata de orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, tampoco de resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Quien promueve no es persona extraña al procedimiento de donde deriva el acto reclamado, pues como lo afirma, es parte actora que obtuvo sentencia favorable en el mismo, donde además embargo el bien inmueble, cuya adjudicación directa se le negó, por ende, está en aptitud de combatirlo, vía el citado recurso, previo al juicio constitucional. Finalmente, la procedencia del recurso aludido no está sujeto a interpretación adicional. En esa tesitura, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el diverso 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA, la demanda de garantías. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica y por autorizadas para tal efecto a la persona que menciona. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias, contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV, del artículo 13 de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.PREVIO AVISO MESA V

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