Olga Leticia Valdez Leyva

Expediente 158/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 16 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
158/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
01/10/2019

Partes del expediente

  • Olga Leticia Valdez Leyva
  • Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Culiacan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no realizó alguna manifestación respecto al acuerdo de veintinueve de agosto del año en curso, mediante el cual se declaró que la sentencia de amparo quedó cumplida; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Pues bien, en atención a la certificación secretarial de cuenta y acorde a la fracción IV del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, pues mediante resolución de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa. En ese contexto, deberán conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, el cual deberá resguardarlos, y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. De acuerdo a lo anterior, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Por otro lado, del análisis de este asunto se advierte que no obra algún documento original por no haberlo exhibido las partes, que no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, pues ingresó en este juzgado federal el quince de marzo de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente ni la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. Por último, una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar donde se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este juzgado.

  2. Principal

    Visto el escrito de cuenta, suscrito por la quejosa Olga Leticia Valdez Leyva, mediante el cual desahoga la vista otorgada en auto de trece de agosto del presente año, y hace diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable; agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales. Ahora bien, este Juzgado de Distrito analiza si se dió cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable Director de Vialidad y Transportes del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar debe indicarse que por resolución emitida el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, en cuanto a los actos reclamados a las autoridades responsables Gobernador Constitucional y Secretario de Gobierno, ambos del Estado de Sinaloa, se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa y por lo que hace a la diversa autoridad Director de Vialidad y Transportes del Estado Sinaloa se concedió el Amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para el efecto de que la responsable en comento, en el plazo de tres días, otorgara respuesta completa a la petición de la quejosa Olga Leticia Valdez Leyva contenida en el escrito de treinta de junio de dos mil dieciocho, e hiciera de su conocimiento la respuesta que recaiga a la misma. En el entendido, que el efecto de la concesión del amparo, no implica que la autoridad emita su respuesta precisamente en el sentido pretendido por la parte quejosa, pues tal derecho sólo la obliga a recibir y contestar en breve término y de manera congruente, por escrito, las solicitudes o promociones que se le presenten; así como a hacerla saber al promovente. Cierto, el considerando séptimo atinente al estudio de fondo del juicio de amparo partió de la premisa de la existencia de la omisión de la autoridad en dar repuesta al escrito de treinta de junio de dos mil dieciséis; en la sentencia se puntualizó que el Director de Vialidad y Transporte del Estado de la Secretaría General del Constitucional del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, debía emitir un acuerdo que resolviera la cuestión planteada de manera completa y coherente. En este contexto, la concesión del juicio de amparo partió de la premisa de que no se le otorgó respuesta. Pues bien, el escrito cuya omisión se reclama es elsiguiente: En este tenor, del escrito presentado por la quejosa se desprende que solicitó a la responsable se le otorgara una concesión de tres permisos para prestar el servicio de transporte público de pasajeros y cosas (segunda clase), en la ruta denominada NUEVO SAN MIGUEL -LOS MOCHIS Y P.I. San Miguel Zapotitlán, Gabriel Leyva Solano y Flor Azul, pertenecientes al Municipio de Ahome, Sinaloa. Por su parte, la autoridad responsable Director de Vialidad y Transportes del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, a través del oficio sin número recibido en la oficialía de partes de este juzgado el nueve de agosto del año en curso, comunicó: "Se hace del conocimiento de ese H. Juzgado que está autoridad administrativa procedió a constituirse en el domicilio ubicado en Calle Tamarindo No. 143 interior D, Col. Ignacio Allende, en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, mismo que fue señalado por el quejoso en su escrito de fecha 30 de junio de 2016, por medio del cual se le informa que su solicitud de concesión con 03 (tres) permisos para prestar el servicio público de transporte de pasajeros y carga segunda foráneo en la ruta denominada: Nuevo San Miguel - Los Mochis y puntos intermedios; San Miguel Zapotitlán, Gabriel Leyva Solano y Flor Azul, pertenecientes todos al municipio de Ahorne, Sinaloa, bajo el expediente administrativo número 083/2016 se encuentra en la hipótesis prevista por el articulo 232 segundo párrafo de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa y 231 de su Reglamento General; manifestando que en el domicilio antes indicado no conocen a la C. Olga Leticia Valdez Leyva, lo que se hace constar en el acta circunstanciada que para tal efecto se anexa al presente. En este sentido, de la respuesta otorgada por la responsable se desprende que el expediente administrativo número 083/2016 se encuentra en la hipótesis prevista por el artículo 232 segundo párrafo de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa y 231 de su Reglamento General. En el entendido de que el numeral 232 de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa prevé lo siguiente: "ARTÍCULO 232. No podrá otorgarse concesión, permiso de ruta o zona, sin la previa realización de los estudios socioeconómicos y técnicos que fundamenten la resolución correspondiente. En el otorgamiento de concesiones nuevas se contará con la opinión favorable del órgano técnico a que se refiere el Artículo 4 de la presente Ley.". Por su parte el diverso precepto 231 del reglamento general de la ley de tránsito y transportes del estado de Sinaloa, establece: "Artículo 231. Practicado el estudio socioeconómico y técnico de la ruta o zona, se resolverá de plano concediendo o negando las pretensiones del o los solicitantes y declarando o no fundadas, en todo o en parte, las oposiciones presentadas. En caso de negativa, corresponderá a la Secretaría General de Gobierno y a la Dirección General, extender la resolución respectiva. 35 Tratándose del otorgamiento de concesiones a que alude el párrafo segundo del Artículo 232 de la Ley, y de resultar positivos los estudios socioeconómico y técnico, estos serán turnados al Consejo para que emita su opinión en torno al expediente en trámite.". Ahora bien, si la petición de la quejosa partió de la premisa de solicitar se le otorgue una concesión con tres permiso para prestar el servicio de transporte público y la respuesta fue en el sentido de que acorde con los artículos 232 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa y 231 de su Reglamento General, es necesario la opinión del Consejo Estatal Técnico de Vialidad y Transportes y que una vez emitida dicha resolución se resolvería en sentido positivo o negativo. Por su parte, la quejosa argumenta que es un trámite que puede realizar a la autoridad responsable; sin embargo, el acto reclamado no es la omisión de emitir la opinión del Consejo Estatal Técnico de Vialidad y Transportes, sino que, la concesión del amparo se delimitó en que la autoridad responsable Director de Vialidad y Transporte del Estado de Sinaloa, atendiera de manera completa y coherente la petición de treinta de junio de dos mil dieciséis. En el entendido, de que se estima que es completa por que la quejosa solicitó la concesión de tres permisos y, la respuesta es tendente a que una vez que se tenga el procedimiento completo, esto es, la opinión del Consejo Estatal Técnico de Vialidad y Transportes, se resolverá lo conducente; es coherente, porque si la petición fue en el sentido de solicitar una concesión y la respuesta es relativa a que una vez que se cumplan las formalidades y el procedimiento respectivo se estará en aptitud de resolver es inconcuso que la responsable atendió la petición de la quejosa; reiterando que la concesión fue en términos del artículo 8 de la Constitución política de los estados unidos Mexicanos y no en términos del Constitucional, de ahí que, la concesión del amparo no fue para culminar un procedimiento sino para atender una petición; y, en caso de no estar conforme con la respuesta, tiene expedito su derecho para hacer valer los recursos ordinarios contra dicha resolución. Asimismo, la emisora del acto reclamado puntualiza que el siete de agosto de dos mil diecinueve, se constituyó en el domicilio ubicado en calle Tamarindo número 143 interior D, colonia Ignacio Allende en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, mismo que fue señalado por la quejosa en su escrito de treinta de junio de dos mi dieciséis, para hacer del conocimiento de la impetrante el estado en el que se encuentra su solicitud. Ahora bien, cabe destacar que este Juzgado cuenta con las más amplias facultades para determinar oficiosamente si el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, de lo dispuesto en el artículo 77 fracciones I y II, de la Ley de Amparo se advierte que el fin último de la sentencia amparadora es el de restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban antes de la trasgresión, cuando se trate de actos que impliquen un hacer positivo de la autoridad; o bien, el de obligar a la responsable a actuar en apego a la garantía que se estime infringida, en caso de que el acto reclamado haya consistido en una negativa o en un actuar u omisión por parte de esta. De tal modo que la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debe realizar aquellos actos que abonen a la consecución del fin último de la sentencia amparadora. Se ha dicho que existe defecto en la ejecución cuando la autoridad responsable no se ciñe estrictamente a los términos de la ejecutoria de amparo, esto es, cuando su actuación es parcial o incompleta, en la medida que no obedece de manera cabal lo mandado. Existe exceso, en cambio, cuando la autoridad responsable sobrepasa lo que manda la sentencia de amparo, extralimitándose en su ejecución. Así las cosas, el amparo se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable, en observancia del derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución de la República, dieran respuesta a la solicitud elevada por la quejosa mediante escrito de treinta de junio de dos mil dieciséis, y lo hiciera del conocimiento de la parte quejosa. Si bien, el derecho de petición no constituye un derecho a la obtención de una repuesta favorable a los intereses de la peticionaria, sino solamente a obtener una respuesta por escrito, tampoco puede la autoridad contestar de cualquier forma, sino tendrá que hacerlo de manera congruente con lo solicitado Como se puede apreciar, la responsable estableció que la solicitud de la quejosa se encuentra en la hipótesis prevista por el artículo 232 segundo párrafo de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa y 231 de su Reglamento General, esto es, se encuentra en la espera de que el Consejo Técnico emita su opinión favorable. En ese sentido, es conveniente aclarar que el efecto de la sentencia constitucional no fue que se emitiera respuesta en tal o cual sentido; ni se culminara con un procedimiento para ello, es dable precisar que para la garantía de audiencia solo tiene que existir respuesta congruente con lo solicitado, no en el sentido de la respuesta. Motivos por los cuales se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, restituyéndose a la impetrante en el pleno goce de sus garantías violadas, en términos de lo que establecen los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido las autoridades responsables en exceso o defectos. Lo anterior es así, ya que para la garantía de audiencia solo tiene que existir respuesta congruente con lo solicitado pero no en el sentido de la respuesta.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por el Director de Vialidad y Transportes del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, mediante el cual informa el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo y remite las documentales para sustentarlo; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa con el oficio y documentales de cuenta para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad responsable.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, se advierte que en sentencia de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo, y por otra, se concedió la protección constitucional a la quejosa contra actos del Director de Vialidad y Transportes del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán. Mediante acuerdo de dos de julio del año en curso, dicha resolución causó ejecutoria al no ser recurrida por las partes, y se requirió a la autoridad responsable Director de Vialidad y Transportes del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, a fin de que otorgara cumplimiento a la sentencia constitucional; asimismo, el veintidós de julio de dos mil diecinueve, se requirió de nueva cuenta a la responsable para el efecto indicado; no obstante, hasta la fecha la citada autoridad responsable ha sido omisa en otorgar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director de Vialidad y Transportes del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, para que en el término de tres días contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, otorgue cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En el entendido de que la concesión del amparo fue para el efecto de que la responsable en cita otorgue respuesta completa a la petición de la quejosa Olga Leticia Valdez Leyva contenida en el escrito de treinta de junio de dos mil dieciocho, haciendo de su conocimiento la respuesta que recaiga a la misma. Por último, se apercibe a la responsable que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria dentro del plazo indicado, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, acorde a lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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