Olga Leticia Huesca Flores
Expediente 1355/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1355/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 26/10/2022
Partes del expediente
- Olga Leticia Huesca Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (...)" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Autoridad remite constancias. El Auxiliar en funciones del Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado Puebla, en atención a lo requerido en autos, remite copia certificada del acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral D-6/417/2015, así como la constancia de notificación a la parte demandada [tercera interesada], respecto del acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el referido juicio. Se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por presentada la prueba documental que se adjunta al oficio de cuenta. Sobreseimiento fuera de audiencia Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Sobre esa base, se precisa que en el presente juicio de amparo la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de notificar a la parte demandada, Grupo Beny Come, sociedad anónima de capital variable [tercera interesada], el auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral D-6/417/2015, de su índice, por el que se ordenó dar vista a las partes con los oficios 229001410100/DL/36608/2021 y 229001410100/DL/36609/2021, emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla. La omisión de acordar el escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral D-6/417/2015, por el que desahogó la vista concedida en auto del dieciocho de octubre del mismo año. Ahora bien, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que respecto de ambos actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable durante la tramitación del presente juicio, se advierte lo siguiente: Mediante proveído del siete de septiembre de dos mil veintidós, se acordó lo conducente respecto del escrito presentado por la parte quejosa el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral D-6/417/2015, por el que desahogó la vista concedida en auto del dieciocho de octubre del mismo año. El siete de septiembre de dos mil veintidós, se notificó y corrió traslado a la parte demandada Grupo Beny Come, sociedad anónima de capital variable [tercera interesada], con el auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral D-6/417/2015, y los oficios 229001410100/DL/36608/2021 y 229001410100/DL/36609/2021, emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla. Sin que pase inadvertido para esta autoridad que de la copia certificada de la cédula de notificación personal, se desprende que las constancias de mérito se entregaron a "Lic. Luz María González Gondorrilla quien dijo ser apoderada legal de la parte actora"; no obstante, de las constancias que integran el presente juicio, se advierte que dicha profesionista ostenta el carácter de apoderada legal de la parte demandada [tercera interesado] en el juicio de origen. Por tanto, lo anterior únicamente constituye un mero error mecanográfico, el cual se subsana para los efectos legales correspondientes. En ese orden, dado que han cesado las omisiones de las que se duele la parte quejosa, los efectos de los actos reclamados desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Es aplicable, por analogía, la tesis de contenido siguiente. "ACTO RECLAMADO, CESACION DE LOS EFECTOS DEL, TRATANDOSE DE LA OMISION DE RESOLVER UN RECURSO ADMINISTRATIVO. El acto reclamado consistente en la omisión de resolver dentro de los plazos legales un recurso administrativo cesa en sus efectos con el dictado del fallo respectivo, sin que para así estimarlo obste el hecho de que se alegue que no se notificó al interesado el sentido de ese fallo. En efecto, la omisión que se analiza no se traduce en la falta de respuesta a un ocurso elevado por un particular a la autoridad administrativa, sino en no haberse dictado una resolución dentro del término que señala la ley; por lo que hay que entender que la violación que se impugna atañe a la garantía consagrada por el artículo 17 de la Constitución General de la República y no al derecho de petición establecido por el artículo 8o. de la Carta Magna." Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, número de registro 184572, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las nueve horas con cincuenta minutos del veinte de octubre de dos mil veintidós. Por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Promueve incidente de inejecución, ya se dio trámite. Agréguese a los autos el escrito de ... -autorizada en términos amplios de la parte quejosa-, por medio del cual realiza diversas manifestaciones y promueve incidente de inejecución de sentencia; sin embargo, no se realiza mayor pronunciamiento, toda vez que mediante auto de diecisiete de junio, se ordenó remitir el expediente original del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución. Asimismo, mediante auto de veintidós de julio se tuvo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, informando que admitió a trámite el incidente de inejecución planteado mediante auto de quince de junio del año en curso. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Se requiere cumplimiento. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintidós, se requirió a la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para dar cumplimiento a lo siguiente: 1. En tres días, acredite la remisión del exhorto girado a fin de emplazar a la demandada ***, al juicio laboral D-2/658/2018; 2. Informe su resultado; y, 3. Envíe copia certificada de las constancias respectivas. Sin que a la fecha haya acreditado el cumplimiento a la sentencia; en ese sentido, requiérase nuevamente a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días dé cumplimiento a lo señalado en el párrafo que antecede. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
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