Olga Josefina Araujo Zubiria
Expediente 686/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 686/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Olga Josefina Araujo Zubiria
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO EL ACUERDO POR EL CUAL SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO.
- Principal
Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por derecho propio, contra actos del Congreso del Estado de Durango y otras autoridades. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 686/2023. III. Decisión sobre la instancia. En términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte promovente y así proveer lo que en derecho corresponda, acorde al contenido de la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 192097 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000, página 32 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." Así, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Lo anterior es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En cumplimiento a lo anterior, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, toda vez que de su estudio integral, este juzgado federal advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: Del escrito de demanda de amparo se desprende que el acto reclamado en el presente asunto se hace consistir esencialmente en lo siguiente: a) El proceso legislativo origen de los artículos 13 al 18 Bis de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, que regula el impuesto para el Fomento de la Educación Pública en el Estado, así como de los artículos 44 octies al 44 octies 4 de la propia Ley de Hacienda del Estado de Durango, que prevé el impuesto por la obtención de ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles; y, b) El acto concreto de aplicación -implícito- de dichas disposiciones normativas, materializado en el recibo de pago con número de transacción 2023-3411960 de fecha diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Esto es, el reclamo de dichas disposiciones normativas se hace de matera heteroaplicativa. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en virtud de que en la fecha que se presentó la demanda, ésta era extemporánea, tomando en consideración que tuvo conocimiento de los actos que ahora reclama, el diecisiete de abril de dos mil veintitrés. En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, interpretado estos últimos en sentido contrario. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (...)" Del precepto normativo transcrito, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente, contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I.- Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II.- Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III.- Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV.- Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". El primer párrafo del numeral transcrito en primer término, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, excepto cuando se reclame: a) Una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición (treinta días); b) La sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión (hasta ocho años); c) Actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal (siete años); y, d) Impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (cualquier tiempo). En la especie, el acto reclamado no encuadra en alguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17 que constituyen el supuesto de excepción, pues se trata de: a) El proceso legislativo origen de los artículos 13 al 18 Bis de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, que regula el impuesto para el Fomento de la Educación Pública en el Estado, así como de los artículos 44 octies al 44 octies 4 de la propia Ley de Hacienda del Estado de Durango, que prevé el impuesto por la obtención de ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles; y, b) El acto concreto de aplicación -implícito- de dichas disposiciones normativas, materializado en el recibo de pago con número de transacción 2023-3411960 de fecha diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Esto es, el reclamo de dichas disposiciones normativas se hace de matera heteroaplicativa. Por ende, debe atenderse a la regla general señalada en el primer párrafo de dicho artículo; es decir, la persona quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de juicio constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo. Por otra parte, el segundo de los numerales, establece la forma de computar los plazos anteriores, a saber, al día siguiente de: a) Al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; b) Que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Tales supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquellos supuestos; no por ello debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado. En efecto, el inicio del cómputo para promover la demanda de amparo, es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de esas hipótesis, por lo que no cabe duda que el creador de la ley distinguió entre un supuesto y otro, porque de lo contrario habría bastado con que señalara que el término empezaría a contar a partir del día siguiente al en que el quejoso se enterara, por cualquier medio, del acto reclamado. Por tanto, como se establecen tres distintas hipótesis, siempre debe tomarse en consideración, para estimar a partir de cuándo empieza a correr el término para la presentación de la demanda de amparo, la posición de la persona quejosa respecto del acto que reclame, toda vez que puede darse el caso de que se actualice la notificación, el conocimiento o la confesión, para que el promovente se haga sabedor del acto reclamado, por lo que se trata de medios indistintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, que obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado. En el caso que nos ocupa, se estima que se actualiza la causa de improcedencia de referencia, toda vez que la persona quejosa exhibió adjunto a su demanda de amparo indirecto el recibo de pago con número de transacción 2023-3411960 de fecha diecisiete de abril de dos mil veintitrés, expedido a su favor por la Dirección de Recaudación de Rentas dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Durango. Documental a la cual se le otorga valor probatorio pleno en términos de los numerales 197 y 210-A, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tratarse de impresión electrónica que contiene sello digital, de la que se observa la existencia de los pagos de los tributos aquí controvertidos. Bajo este contexto, se colige que el término de quince días, para interponer el juicio de amparo, comenzó a partir del día siguiente en que se tuvo conocimiento del acto reclamado. Por tanto, tomando en consideración la fecha en que se materializó la aplicación de las disposiciones normativas que ahora controvierte la persona quejosa, esto es, el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, se concluye que estuvo en aptitud de impugnar dichas disposiciones normativas y su acto de aplicación, a partir del día siguiente en que se autoaplicó dichas disposiciones normativas; sin embargo, no ocurrió en la especie, como se aprecia del sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, pues la demanda de amparo fue presentada el once de mayo de dos mil veintitrés, cuando ya había fenecido el plazo de quince días para interponerla. En efecto, es dable afirmar que la demanda de amparo se promovió de manera extemporánea, habida cuenta que el plazo para promover la misma, transcurrió del dieciocho de abril al diez de mayo de dos mil veintitrés, descontando los sábados y domingos que mediaron en ese periodo, así como el uno y cinco de mayo del año en curso, por ser inhábiles en conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Consecuentemente, si la persona quejosa combatió las disposiciones normativas destacadas con anterioridad con motivo de su primer acto de aplicación, pero la demanda resultó extemporánea respecto del acto de aplicación, entonces también resulta improcedente el juicio de amparo por lo que hace a la ley reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, por mayoría de razón, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 177265 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 95/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 328 Tipo: Jurisprudencia LEYES AUTOAPLICATIVAS COMBATIDAS CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. CUANDO LA DEMANDA ES EXTEMPORÁNEA RESPECTO DE ÉSTE, TAMBIÉN LO ES EN RELACIÓN CON LA LEY, AUN CUANDO NO HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 30 DÍAS PARA SU IMPUGNACIÓN. Conforme a los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, una ley autoaplicativa puede ser combatida en dos diferentes momentos: a) dentro de los 30 días a partir de su entrada en vigor, y b) dentro de los 15 días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, o al en que haya tenido conocimiento de ellos. Ahora bien, la existencia de estos dos plazos para combatir la ley no significa que simultáneamente puedan coexistir, pues tal circunstancia provocaría inseguridad jurídica. Por ello, si el quejoso impugna la ley a partir de su entrada en vigor, el plazo será el de 30 días, pero si la combate con motivo de su primer acto de aplicación, el plazo será de 15 días en los términos destacados. En ese tenor, si el quejoso combate la ley con motivo de su primer acto de aplicación, pero la demanda la presenta fuera del plazo de 15 días aludido, el juicio de garantías resulta improcedente por lo que hace al acto de aplicación y, consecuentemente, también lo será por lo que respecta a la ley, sin que resulte válido pretender que en relación con esta última se aplique el plazo de 30 días por tratarse de una ley autoaplicativa, pues aun cuando tenga este carácter, el quejoso la combatió a través de su primer acto de aplicación. Contradicción de tesis 27/2005-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 27 de mayo de 2005. Mayoría de tres votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Estela Jasso Figueroa. Tesis de jurisprudencia 95/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de agosto de dos mil cinco." En consecuencia, si la persona quejosa presentó su demanda en forma extemporánea -once de mayo de dos mil veintitrés-, lo que procede es desechar de plano por improcedente la demanda de amparo, al actualizarse un motivo manifiesto e indudable, en términos de los artículos 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, éstos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. IV. Autorizados. a. Se tienen como autorizados para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de los autos, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ******* y ******* y únicamente para oír y recibir notificaciones a ****** toda vez que no cuenta con cedula profesional de abogado debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. b. Acceso al expediente electrónico. Como lo solicita la persona quejosa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 21, 35 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio con el usuario "romero"; así como que las notificaciones se hagan a través de ese medio, por así solicitarlo expresamente. c. Solicitud de tramitación del juicio en línea. De conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, lo que incluye a las autoridades responsables, para continuar con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). V. Transparencia En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VI. Firma. El presente acuerdo, así como las determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". VII. Digitalización e incorporación de constancias físicas al expediente electrónico. En términos del artículo 263, fracciones II y V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los documentos recibidos físicamente deberán ser digitalizados e incorporados al expediente electrónico mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) por la persona funcionaria pública a la que sea encomendada esa labor; en el entendido que las constancias físicas deberán coincidir con las integradas al expediente electrónico. Notifíquese personalmente a la persona quejosa.
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