Olga Guadalupe Ritz Sánchez
Expediente 428/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 428/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 06/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Olga Guadalupe Ritz Sánchez
- Segunda Sala con Competencia en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, por el Módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mismo que contiene anexa firma criptográfica, en el que aparece inserto el proveído de cuatro de septiembre del año en curso, dictado en el amparo en revisión *****, a través del cual el Magistrado Presidente de dicho Tribunal Colegiado admitió el recurso hecho valer por la parte quejosa, en contra del proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 428/2023-I-C, asimismo recibe los autos originales del citado juicio y sus anexos.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por la parte quejosa *****, mediante el cual, interpone recurso de revisión contra del acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el citado medio de impugnación, intégrese debidamente el expediente electrónico y en su oportunidad remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito en turno, con residencia en Mazatlán, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán. Asimismo, se comisiona al actuario de la adscripción que notifique según corresponda el presente proveído y corra traslado a las demás partes con copia del escrito de agravios. Se instruye al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este Juzgado, a fin de que realice las gestiones correspondientes en dicho sistema, con el propósito de que el expediente electrónico del presente juicio de amparo sea vinculado al Tribunal de Alzada, para su debida integración a las actuaciones del amparo en revisión que corresponda. CUADERNO DE ANTECEDENTES Fórmese cuaderno de antecedentes que supla este expediente.
- Principal
Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad. CUADERNO AUXILIAR Atento a que la autoridad responsable, acompaña un tomo en copia certificada de las constancias del expediente del cual deriva el acto reclamado, a fin de facilitar la consulta e inclusive evitar cambiar el folio con el que cuenta, fórmese por separado el cuaderno auxiliar II, con la debida identificación, mismo que dependerá del principal y se tendrá a la vista de las partes en la secretaría de este Juzgado, así como al momento de resolver el presente juicio de amparo; lo anterior de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; constancias que serán devueltas al momento en que se archive el presente juicio de amparo. Ahora, toda vez que del escrito de inicial de demanda, se advierte que el acto reclamado es la resolución de cinco de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación *********, en la que se ordenó la reposición del procedimiento para el efecto de que el juez "prístino" emitiera un auto en el que previniera a la actora ******************, para que ampliara su demanda en contra de *********************, con la finalidad de que compareciera al mismo, a deducir sus derechos, apercibiéndolo que de no hacerlo, le parará perjuicio la sentencia que se dicte en ese proceso. Lo anterior, en el entendido que si la persona mencionada no comparecía a juicio a ampliar la demanda instaurada, debía corrérsele traslado al citado litisconsorte para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Con la precisión de que la reposición del procedimiento no se ordenaba en relación con todos los demandados, ya que las actuaciones hasta antes de la sentencia de primera instancia, quedaron subsistentes tanto para la parte actora como para la demandada ******************, así como las consecuencias jurídicas derivados de esa resolución. Reclamados, a la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, y a la Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, respectivamente. Sobre esa base, este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo que son del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De lo que se sigue que el juicio de amparo indirecto no procede cuando la improcedencia resulte de alguna disposición como de las que se hace referencia. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la citada Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De tales preceptos se observa que el juicio de amparo resulta improcedente cuando, además de las causas de improcedencia que señala el propio artículo 61, alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, prevea la inejercitabilidad de la acción de tutela federal, lo que evidencia la voluntad del legislador en el sentido de que las causas establecidas en las veintidós fracciones previas del citado artículo, fueran únicamente de carácter enunciativo, mas no limitativo; así, en caso de que la Carta Magna o la norma reglamentaria citada prevengan algún motivo de improcedencia diverso, habrá que estarse a lo en ellas dispuesto en torno a la procedencia del juicio de derechos fundamentales. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de la Nación estableció como actos de imposible reparación aquéllos que no producen afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por los derechos humanos, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora, por regla general, el juicio de amparo es improcedente en contra de la resolución que ordena reponer el procedimiento, ya que no puede considerarse como un acto dentro de juicio que tenga una imposible reparación; sin embargo, debe examinarse si las consecuencias de la resolución reclamada son o no de imposible reparación para, de esa manera, resolver si el juicio de amparo indirecto es o no procedente. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra de la sentencia de segunda instancia que deja insubsistente la de primer grado y ordena la reposición del procedimiento, debe determinarse si las consecuencias de la insubsistencia del fallo y de la reposición, son o no de imposible reparación, tal como se desprende de la jurisprudencia con registro 205810, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, que se transcribe a continuación: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo". Cabe precisar que dicho criterio fue reiterado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2015, en sesión del quince de junio de dos mil dieciséis, en la que esencialmente sostuvo que la sola resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento no puede actualizar por sí misma la improcedencia del juicio de amparo, sino que deben analizarse los efectos concretos y específicos que produce tal reposición, para determinar si efectivamente se actualiza una violación de derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo, tal como se despende de la jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a.), con registro digital 2012245, de la citada Sala, de rubro y texto siguientes: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva." Ahora bien, dado que ninguna de las jurisprudencias transcritas establece en qué casos podría considerarse que la resolución de segunda instancia actualiza una imposible reparación, debe atenderse a las premisas establecidas la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 63/2003-PS, en sesión del ocho de septiembre de dos mil cuatro, de la cual emanó la jurisprudencia, con número de registro 179548, de rubro y texto siguientes: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La resolución de segunda instancia que deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer el procedimiento de un juicio natural, para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, no es un acto definitivo contra el que procede el amparo en la vía directa, porque no pone fin al juicio, de manera que su impugnación sólo podría efectuarse en la vía indirecta. Para ello, sin embargo, se requiere que dicho acto satisfaga el atributo de ser de imposible reparación. Y en efecto, constituye un acto procesal equiparable a los de imposible reparación, contra el cual procede el amparo en la vía indirecta, porque afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues por virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente aquel fallo, para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorcio pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, a la postre, ser inútil. Además, atendiendo a los efectos concretos que en cada caso resulten de la reposición del procedimiento, podrían existir consecuencias de imposible reparación que también hagan mérito para la procedencia del amparo indirecto, tales como 1) el que por virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta (piénsese, por ejemplo, en el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos), o 2) los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento." (Énfasis añadido por este órgano jurisdiccional) En la jurisprudencia transcrita, se sostuvo la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido por quien obtuvo sentencia favorable y se inconformó con ésta, en contra la resolución de segunda instancia que deja insubsistente la de primer grado y ordena reponer el procedimiento, cuando tal determinación constituya un acto procesal de imposible reparación, lo que ocurre en los supuestos siguientes: 1) Que con motivo de la reposición se nulifiquen actuaciones procesales, como el desahogo de pruebas, que para el nuevo curso del juicio podría ser imposible desahogar nuevamente, por ejemplo, ante el fallecimiento de testigos o de personas que tengan que rendir declaración judicial ?siempre que se hubieren desahogado?, o que se hubieren destruido documentos respecto de los cuales se tuviera que desahogar algún medio de convicción como su reconocimiento o peritaje sobre éstos. 2) Que tal reposición tenga como consecuencia realizar requerimientos bajo apercibimientos graves desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento. En relación con las hipótesis precisadas, debe destacarse que las cargas procesales para acreditarlos, tiene un origen diverso, pues, respecto de la primera, corresponde a la parte interesada en la subsistencia de la sentencia definitiva quejoso, acreditar la imposibilidad para desahogar nuevamente las pruebas nulificadas con motivo de la reposición del procedimiento; en tanto que la segunda hipótesis, puede desprenderse de constancias, por lo que corresponde al Juez de amparo analizarla. En el caso, de las constancias originales remitidas por la Superioridad atinentes al toca ******, de su contenido se advierte que la resolución reclamada a la Sala responsable, se hizo consistir en aquella en la que se ordenó reponer el procedimiento del juicio civil hipotecario ***** del índice del juzgado responsable, para los efectos siguientes: ... Pero a su vez, la resolutora de segunda instancia precisó: ... Lo trascrito advierte, que las actuaciones que ya se desahogaron y en las que tuvo intervención la aquí quejosa como parte demandada en el juicio de origen, quedaron incólumes, de modo tal que no existe afectación a los derechos sustantivo de ésta. Esto pone de manifiesto que la ejecución de la resolución reclamada que ordenó reponer el procedimiento, carece de efectos que sean de imposible reparación a la parte quejosa, pues, lo único que sucederá es que se recaben los medios de convicción que considere el juez responsable y a la postre, se dicte sentencia definitiva, tan es así, que por una parte no existe un apercibimiento grave como lo sería uno que tuviera como consecuencia el desechamiento de la contestación de la demanda, ni se ordenó que se dejaran insubsistentes las actuaciones en las que intervino, tanto la parte actora como la demandada aquí quejosa en el juicio de origen, tal como se evidencia a continuación: ... En ese sentido, la determinación reclamada no puede considerarse como un acto de imposible reparación que afecte los derechos sustantivos del quejoso, pues a pesar de que se ordenó reponer el procedimiento para los efectos arriba precisados, ello no define de modo alguno el rumbo del asunto, pues, en la resolución de alzada reclamada de ninguna manera se estableció la forma en que se deba resolver el juicio; por lo que este órgano jurisdiccional estima que dicha determinación carece de una consecuencia grave que afecte derechos sustantivos del promovente del juicio de amparo. Es decir, los efectos de la resolución reclamada, están encaminados a que la integración del juicio esté completa para así llegado el momento procesal oportuno, se dicte sentencia en la que se decidirán todas las situaciones relacionadas en el juicio; y, en el caso de que no esté conforme con el fallo, estará en posibilidad de impugnar ello a través del medio ordinario o extraordinario respectivo; de ahí, como se dijo, el acto reclamado no afecta los derechos sustantivos del promovente del juicio de amparo. Además, este órgano jurisdiccional considera que en la especie, no se actualiza ninguno de los casos de excepción establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia transcrita en líneas anteriores, para que el juicio sea procedente respecto de sentencias de segunda instancia que ordenen reponer el procedimiento en el juicio de origen, pues como ya se mencionó en párrafos precedentes, la reposición tiene como efecto recabar los medios de convicción suficientes y emitir la sentencia que seguida la secuela procesal respectiva se dicte. En esas condiciones, es patente que la reposición del procedimiento decretada en la resolución reclamada, no puede considerarse como un acto de imposible reparación para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues, como ha quedado precisado, sus efectos no vulneran de modo directo e inmediato derechos sustantivos del quejoso previstos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, dado que una vez agotada la secuela procesal, puede obtener un fallo favorable acorde con sus intereses que repare la violación procesal que, en su caso, se le hubiere causado. Finalmente, no pasa inadvertido que la reposición del procedimiento también implica, en mayor o menor grado, una dilación para resolver el juicio de origen; sin embargo, ello tampoco actualiza la procedencia del juicio de amparo, si se pondera que el fin que se persigue con dicha reposición del procedimiento es la culminación del mismo hasta el dictado de una sentencia definitiva en el que se resuelvan todas las prestaciones reclamadas. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con registro 2005917, de la Primera Sala del más Alto Tribunal del país, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." (Lo subrayado es propio) Sin embargo, como se dijo, el acto reclamado consistente en la resolución de cinco de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 108/2021, en la que se ordenó la reposición del procedimiento para el efecto de que el juez "prístino" emitiera un auto en el que previniera a la actora Comercializadora de Granos Patrón, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que ampliara su demanda en contra de Jorge Alejandro Beltrán Ritz, con la finalidad de que compareciera al mismo, a deducir sus derechos, apercibiéndolo que de no hacerlo, le parará perjuicio la sentencia que se dicte en ese proceso. Lo anterior, en el entendido que si la persona mencionada no comparecía a juicio a ampliar la demanda instaurada, debía corrérsele traslado al citado litisconsorte para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Con la precisión de que la reposición del procedimiento no se ordenaba en relación con todos los demandados, ya que las actuaciones hasta antes de la sentencia de primera instancia, quedaron subsistentes tanto para la parte actora como para la demandada Olga Guadalupe Ritz Sánchez, así como las consecuencias jurídicas derivados de esa resolución. Reclamados, a la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, y a la Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, respectivamente. De acuerdo a lo expuesto con antelación, el suscrito determina que ya que dichos actos que se reclaman no son de imposible reparación, por ello, PROCEDE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO, en términos de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. En relación con lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J.10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado a la Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por no reclamarse por vicios propios, sino como una consecuencia de la resolución de segunda instancia cuya improcedencia se decretó. Apoya lo expuesto la tesis, Séptima Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 163-168, Primera Parte, página 134 con registro digital 232437 de contenido: "SOBRESEIMIENTO, RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE POR LOS ACTOS DE LAS EJECUTORAS SI NO SE COMBATEN ESTOS POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto de los de las autoridades que tienen el carácter de ejecutoras, ya que no se puede examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". En virtud de lo expuesto, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS.
- Principal
En virtud de no haberse presentado la promovente, o alguno de sus autorizados, a notificarse personalmente del auto de diecinueve de julio del dos mil veintitrés, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo citatorio que se les dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se les notifica por medio de lista que se fija en los tableros del Juzgado, el auto que en lo conducente dice: Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad. CUADERNO AUXILIAR Atento a que la autoridad responsable, acompaña un tomo en copia certificada de las constancias del expediente del cual deriva el acto reclamado, a fin de facilitar la consulta e inclusive evitar cambiar el folio con el que cuenta, fórmese por separado el cuaderno auxiliar II, con la debida identificación, mismo que dependerá del principal y se tendrá a la vista de las partes en la secretaría de este Juzgado, así como al momento de resolver el presente juicio de amparo; lo anterior de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; constancias que serán devueltas al momento en que se archive el presente juicio de amparo. Ahora, toda vez que del escrito de inicial de demanda, se advierte que el acto reclamado es la resolución de cinco de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación *********, en la que se ordenó la reposición del procedimiento para el efecto de que el juez "prístino" emitiera un auto en el que previniera a la actora ******************, para que ampliara su demanda en contra de *********************, con la finalidad de que compareciera al mismo, a deducir sus derechos, apercibiéndolo que de no hacerlo, le parará perjuicio la sentencia que se dicte en ese proceso. Lo anterior, en el entendido que si la persona mencionada no comparecía a juicio a ampliar la demanda instaurada, debía corrérsele traslado al citado litisconsorte para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Con la precisión de que la reposición del procedimiento no se ordenaba en relación con todos los demandados, ya que las actuaciones hasta antes de la sentencia de primera instancia, quedaron subsistentes tanto para la parte actora como para la demandada ******************, así como las consecuencias jurídicas derivados de esa resolución. Reclamados, a la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, y a la Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, respectivamente. Sobre esa base, este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo que son del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De lo que se sigue que el juicio de amparo indirecto no procede cuando la improcedencia resulte de alguna disposición como de las que se hace referencia. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la citada Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De tales preceptos se observa que el juicio de amparo resulta improcedente cuando, además de las causas de improcedencia que señala el propio artículo 61, alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, prevea la inejercitabilidad de la acción de tutela federal, lo que evidencia la voluntad del legislador en el sentido de que las causas establecidas en las veintidós fracciones previas del citado artículo, fueran únicamente de carácter enunciativo, mas no limitativo; así, en caso de que la Carta Magna o la norma reglamentaria citada prevengan algún motivo de improcedencia diverso, habrá que estarse a lo en ellas dispuesto en torno a la procedencia del juicio de derechos fundamentales. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de la Nación estableció como actos de imposible reparación aquéllos que no producen afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por los derechos humanos, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora, por regla general, el juicio de amparo es improcedente en contra de la resolución que ordena reponer el procedimiento, ya que no puede considerarse como un acto dentro de juicio que tenga una imposible reparación; sin embargo, debe examinarse si las consecuencias de la resolución reclamada son o no de imposible reparación para, de esa manera, resolver si el juicio de amparo indirecto es o no procedente. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra de la sentencia de segunda instancia que deja insubsistente la de primer grado y ordena la reposición del procedimiento, debe determinarse si las consecuencias de la insubsistencia del fallo y de la reposición, son o no de imposible reparación, tal como se desprende de la jurisprudencia con registro 205810, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, que se transcribe a continuación: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo". Cabe precisar que dicho criterio fue reiterado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2015, en sesión del quince de junio de dos mil dieciséis, en la que esencialmente sostuvo que la sola resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento no puede actualizar por sí misma la improcedencia del juicio de amparo, sino que deben analizarse los efectos concretos y específicos que produce tal reposición, para determinar si efectivamente se actualiza una violación de derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo, tal como se despende de la jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a.), con registro digital 2012245, de la citada Sala, de rubro y texto siguientes: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva." Ahora bien, dado que ninguna de las jurisprudencias transcritas establece en qué casos podría considerarse que la resolución de segunda instancia actualiza una imposible reparación, debe atenderse a las premisas establecidas la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 63/2003-PS, en sesión del ocho de septiembre de dos mil cuatro, de la cual emanó la jurisprudencia, con número de registro 179548, de rubro y texto siguientes: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La resolución de segunda instancia que deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer el procedimiento de un juicio natural, para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, no es un acto definitivo contra el que procede el amparo en la vía directa, porque no pone fin al juicio, de manera que su impugnación sólo podría efectuarse en la vía indirecta. Para ello, sin embargo, se requiere que dicho acto satisfaga el atributo de ser de imposible reparación. Y en efecto, constituye un acto procesal equiparable a los de imposible reparación, contra el cual procede el amparo en la vía indirecta, porque afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues por virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente aquel fallo, para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorcio pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, a la postre, ser inútil. Además, atendiendo a los efectos concretos que en cada caso resulten de la reposición del procedimiento, podrían existir consecuencias de imposible reparación que también hagan mérito para la procedencia del amparo indirecto, tales como 1) el que por virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta (piénsese, por ejemplo, en el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos), o 2) los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento." (Énfasis añadido por este órgano jurisdiccional) En la jurisprudencia transcrita, se sostuvo la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido por quien obtuvo sentencia favorable y se inconformó con ésta, en contra la resolución de segunda instancia que deja insubsistente la de primer grado y ordena reponer el procedimiento, cuando tal determinación constituya un acto procesal de imposible reparación, lo que ocurre en los supuestos siguientes: 1) Que con motivo de la reposición se nulifiquen actuaciones procesales, como el desahogo de pruebas, que para el nuevo curso del juicio podría ser imposible desahogar nuevamente, por ejemplo, ante el fallecimiento de testigos o de personas que tengan que rendir declaración judicial ?siempre que se hubieren desahogado?, o que se hubieren destruido documentos respecto de los cuales se tuviera que desahogar algún medio de convicción como su reconocimiento o peritaje sobre éstos. 2) Que tal reposición tenga como consecuencia realizar requerimientos bajo apercibimientos graves desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento. En relación con las hipótesis precisadas, debe destacarse que las cargas procesales para acreditarlos, tiene un origen diverso, pues, respecto de la primera, corresponde a la parte interesada en la subsistencia de la sentencia definitiva quejoso, acreditar la imposibilidad para desahogar nuevamente las pruebas nulificadas con motivo de la reposición del procedimiento; en tanto que la segunda hipótesis, puede desprenderse de constancias, por lo que corresponde al Juez de amparo analizarla. En el caso, de las constancias originales remitidas por la Superioridad atinentes al toca ******, de su contenido se advierte que la resolución reclamada a la Sala responsable, se hizo consistir en aquella en la que se ordenó reponer el procedimiento del juicio civil hipotecario ***** del índice del juzgado responsable, para los efectos siguientes: ... Pero a su vez, la resolutora de segunda instancia precisó: ... Lo trascrito advierte, que las actuaciones que ya se desahogaron y en las que tuvo intervención la aquí quejosa como parte demandada en el juicio de origen, quedaron incólumes, de modo tal que no existe afectación a los derechos sustantivo de ésta. Esto pone de manifiesto que la ejecución de la resolución reclamada que ordenó reponer el procedimiento, carece de efectos que sean de imposible reparación a la parte quejosa, pues, lo único que sucederá es que se recaben los medios de convicción que considere el juez responsable y a la postre, se dicte sentencia definitiva, tan es así, que por una parte no existe un apercibimiento grave como lo sería uno que tuviera como consecuencia el desechamiento de la contestación de la demanda, ni se ordenó que se dejaran insubsistentes las actuaciones en las que intervino, tanto la parte actora como la demandada aquí quejosa en el juicio de origen, tal como se evidencia a continuación: ... En ese sentido, la determinación reclamada no puede considerarse como un acto de imposible reparación que afecte los derechos sustantivos del quejoso, pues a pesar de que se ordenó reponer el procedimiento para los efectos arriba precisados, ello no define de modo alguno el rumbo del asunto, pues, en la resolución de alzada reclamada de ninguna manera se estableció la forma en que se deba resolver el juicio; por lo que este órgano jurisdiccional estima que dicha determinación carece de una consecuencia grave que afecte derechos sustantivos del promovente del juicio de amparo. Es decir, los efectos de la resolución reclamada, están encaminados a que la integración del juicio esté completa para así llegado el momento procesal oportuno, se dicte sentencia en la que se decidirán todas las situaciones relacionadas en el juicio; y, en el caso de que no esté conforme con el fallo, estará en posibilidad de impugnar ello a través del medio ordinario o extraordinario respectivo; de ahí, como se dijo, el acto reclamado no afecta los derechos sustantivos del promovente del juicio de amparo. Además, este órgano jurisdiccional considera que en la especie, no se actualiza ninguno de los casos de excepción establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia transcrita en líneas anteriores, para que el juicio sea procedente respecto de sentencias de segunda instancia que ordenen reponer el procedimiento en el juicio de origen, pues como ya se mencionó en párrafos precedentes, la reposición tiene como efecto recabar los medios de convicción suficientes y emitir la sentencia que seguida la secuela procesal respectiva se dicte. En esas condiciones, es patente que la reposición del procedimiento decretada en la resolución reclamada, no puede considerarse como un acto de imposible reparación para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues, como ha quedado precisado, sus efectos no vulneran de modo directo e inmediato derechos sustantivos del quejoso previstos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, dado que una vez agotada la secuela procesal, puede obtener un fallo favorable acorde con sus intereses que repare la violación procesal que, en su caso, se le hubiere causado. Finalmente, no pasa inadvertido que la reposición del procedimiento también implica, en mayor o menor grado, una dilación para resolver el juicio de origen; sin embargo, ello tampoco actualiza la procedencia del juicio de amparo, si se pondera que el fin que se persigue con dicha reposición del procedimiento es la culminación del mismo hasta el dictado de una sentencia definitiva en el que se resuelvan todas las prestaciones reclamadas. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con registro 2005917, de la Primera Sala del más Alto Tribunal del país, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." (Lo subrayado es propio) Sin embargo, como se dijo, el acto reclamado consistente en la resolución de cinco de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 108/2021, en la que se ordenó la reposición del procedimiento para el efecto de que el juez "prístino" emitiera un auto en el que previniera a la actora Comercializadora de Granos Patrón, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que ampliara su demanda en contra de Jorge Alejandro Beltrán Ritz, con la finalidad de que compareciera al mismo, a deducir sus derechos, apercibiéndolo que de no hacerlo, le parará perjuicio la sentencia que se dicte en ese proceso. Lo anterior, en el entendido que si la persona mencionada no comparecía a juicio a ampliar la demanda instaurada, debía corrérsele traslado al citado litisconsorte para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Con la precisión de que la reposición del procedimiento no se ordenaba en relación con todos los demandados, ya que las actuaciones hasta antes de la sentencia de primera instancia, quedaron subsistentes tanto para la parte actora como para la demandada Olga Guadalupe Ritz Sánchez, así como las consecuencias jurídicas derivados de esa resolución. Reclamados, a la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, y a la Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, respectivamente. De acuerdo a lo expuesto con antelación, el suscrito determina que ya que dichos actos que se reclaman no son de imposible reparación, por ello, PROCEDE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO, en términos de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. En relación con lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J.10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado a la Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por no reclamarse por vicios propios, sino como una consecuencia de la resolución de segunda instancia cuya improcedencia se decretó. Apoya lo expuesto la tesis, Séptima Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 163-168, Primera Parte, página 134 con registro digital 232437 de contenido: "SOBRESEIMIENTO, RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE POR LOS ACTOS DE LAS EJECUTORAS SI NO SE COMBATEN ESTOS POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto de los de las autoridades que tienen el carácter de ejecutoras, ya que no se puede examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". En virtud de lo expuesto, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS.
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