Olga Gomez Rodriguez

Expediente 1136/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1136/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
22/02/2021

Partes del expediente

  • Olga Gomez Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante Circulares CAP/2/2020 y CAP/3/2020, signadas por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, signadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo de conocimiento que la Comisión Especial decretó la suspensión de plazos y términos procesales en este Circuito -con las salvedades ahí apuntadas-, durante el periodo comprendido del diecinueve de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno. Con base en lo expuesto, las medidas que debieron adoptarse en ese periodo, de manera destacada, son las siguientes: 1. Regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Esto implicó dar trámite a los escritos iniciales que se calificaron como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y dar seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. Asimismo, recibir y tramitar los casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones. Para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales, con la salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia. Asimismo, cabe precisar que a través de la Circular SECNO/10/2021, de trece de febrero del año en curso, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se establecieron las medidas especiales a adoptarse del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil veintiuno, entre las que destacan las marcadas con los números 16 y 17, que indican: 16. A partir del 18 de febrero de 2021 el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/20202 y 37/2020. 17. Se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 15 de marzo de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. Atento a lo anterior, se reanudan plazos y términos procesales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en los términos contemplados en el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia se amplió por los diversos 25/2020 y 37/2020. En consecuencia, a efecto de dar seguridad y certeza jurídica a las partes en el asunto en que se actúa, se reanuda el presente procedimiento en la etapa en que se encontraba. Así, agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido electrónicamente por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 946/2020-I, orden 953/2020, del índice de este órgano jurisdiccional, remitido para notificar a la parte quejosa el auto del dieciséis de diciembre de dos mil veinte, emitido en el presente sumario, quedando el suscrito impuesto de su contenido para los efectos legales conducentes. Dese de baja la comunicación que se recibe y háganse las anotaciones correspondientes en el sistema de seguimiento de expedientes y en el libro de gobierno. Sin que haya lugar a confirmar su recepción por no solicitarlo el juez oficiante.

  2. Principal

    Por recibido el oficio 37342/2020, signado por el secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al que acompaña el juicio de amparo indirecto 1005/2020, promovido por Olga Gómez Rodríguez, en razón que por determinación de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, determinó carecer de competencia legal para conocer del asunto. Así, con fundamento en el artículo 35 de la Ley de Amparo vigente y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Número 13/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, este juzgado se avoca al conocimiento del asunto, Acúsese recibo. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1136/2020-I, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo y escrito de desahogo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, toda vez que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide que el operador jurídico sustenta consideraciones profundas o de gran amplitud. Ahora, de la demanda de amparo, se desprende en lo que aquí nos interesa, que la quejosa reclama: La aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en específico de los artículos 1, 2, fracciones I y IV, 3, fracciones VIII, XXIII y XXV, 4, 9, fracción I, 32, 33, fracción II, 34, 35, segundo párrafo, 46, 47, 48 y 49. La aplicación del Acuerdo pronunciado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de septiembre de 2019, en el cual se da a conocer el formato para llevar a cabo la declaración de situación y de intereses, conforme a lo previsto en los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La aplicación del Acuerdo publicado el 24 de diciembre de 2019, donde se da a conocer que los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses son técnicamente operables con el Sistema de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses de la Plataforma Digital Nacional, así como el inicio de la obligación de los servidores públicos de presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El Acuerdo de 22 de abril de 2020 en el que se amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en el 2020, emitido por la Secretaría de la Función Pública. El oficio No. UEPPCI/317/DRPI/OT/137, de 6 de julio de 2020, emitido por la Dirección de Registro Patrimonial y de Intereses de Subsecretaría de Combate a la Impunidad de la Secretaría de la Función Pública, mediante el cual señala que no podría vincularse derechos de índole laboral de los trabajadores de los Centros Públicos de Investigación, como un supuesto de excepción para la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en virtud de que el régimen laboral es independiente del ámbito administrativo. Todas las consecuencias que de hecho y de derecho se deriven de la indebida aplicación de los acuerdos pronunciados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de septiembre de 2019 y 24 de diciembre de 2019 y el Acuerdo publicado el 22 de abril de 2020, en el que se amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en el 2020. El oficio número UTPA/120/078/2020, de fecha 23 de octubre del 2020 (notificado el día 29 de octubre del 2020), y firmado por la Maestra Dalia C. Acosta Pimentel, en su carácter de Titular de la Unidad e Transparencia y Políticas Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública, el cual fue dirigido al Secretario General del Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados, del cual soy afiliado como trabajador sindicalizado. Bajo esas circunstancias, se considera que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." El precepto establece la improcedencia del juicio de amparo contra normas generales o actos consentidos tácitamente, definidos como aquéllos contra los que no se promueva amparo dentro de los plazos enunciados en el numeral 17 de la ley de la materia. El consentimiento como causa de improcedencia busca cumplir el principio de seguridad jurídica y evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de su conducta externada de manera libre y espontánea, que patentiza su conformidad con los efectos del acto o norma general reclamada, por no presentar la acción de amparo dentro de los plazos previstos en la ley. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde la séptima época identificó los elementos que deben concurrir para que exista Del precepto anterior, a fin de identificar el consentimiento tácito de las normas o actos reclamados, se desprenden los siguientes requisitos: Existencia del acto o norma general reclamados. Al respecto, su existencia es necesaria, ya que no puede manifestarse la conformidad o consentimiento de un acto que no se conoce y que, por tanto, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Como se mencionó anteriormente, la demanda de amparo debe presentarse dentro de los plazos establecidos en la ley, por lo que, respecto de las normas generales autoaplicativas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que el momento para impugnarlas es a partir de su entrada en vigor. Expuesto lo anterior, en el caso se reclama, en su carácter de norma autoaplicativa, la emisión de los siguientes artículos. Artículo de la norma impugnada de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Fecha de publicación. Entrada en vigor. Conforme a los transitorios. 1. DOF 18 de julio de 2016 Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto 2, fracciones I y IV. DOF 18 de julio de 2016 Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto 3, fracciones VIII, XXIII y XXV. DOF 18 de julio de 2016 Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto 4. DOF 18 de julio de 2016 Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto 9, fracción I. 32. DOF 18 de julio de 2016 Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto 33, fracción II. DOF 18 de julio de 2016 Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto 34. DOF 18 de julio de 2016 Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto 35, segundo párrafo. DOF 18 de julio de 2016 Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto 46. DOF 18 de julio de 2016 Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto 47. DOF 18 de julio de 2016 Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto 48 DOF 18 de julio de 2016 Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto 49. DOF 19 de noviembre de 2019. Se reforman las fracciones VIII, IX y X. Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, se debe precisar que de acuerdo con el tercero transitorio del decreto que promulga la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, en tanto entra en vigor la Ley, continuará aplicándose la legislación en materia de Responsabilidades Administrativas, en el ámbito federal y de las entidades federativas, que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. El cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una vez que ésta entre en vigor, serán exigibles, en lo que resulte aplicable, hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con la ley de la materia, emita los lineamientos, criterios y demás resoluciones conducentes de su competencia. Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales y locales con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. A la fecha de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las menciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos previstas en las leyes federales y locales así como en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Una vez en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determina los formatos para la presentación de las declaraciones patrimonial y de intereses, los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno presentarán sus declaraciones en los formatos que a la entrada en vigor de la referida Ley General, se utilicen en el ámbito federal. Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedarán abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarán los Títulos Primero, Tercero y Cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, en lo que interesa la rendición de cuentas patrimonial y de intereses, conforme a las disposiciones normativas, que estima violan sus derechos fundamentales, entrarán en vigor una vez hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, emita los lineamientos, criterios y demás resoluciones conducentes de su competencia. Así, en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se publicó el Acuerdo por el que se modifican los Anexos Primero y Segundo del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación, que se reclama por la quejosa. Acuerdo que contienen los formatos de declaraciones: de situación patrimonial y de intereses, y las normas e instructivo para su llenado y presentación, respectivamente, en los términos que ordenan los artículos 29, 34 y 48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y que conforme a su primer artículo transitorio la vigencia determinada en ese acuerdo es a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esto es, a partir del veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en que está vigente el acuerdo impugnado por la quejosa. En igual sentido, el veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer que los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses son técnicamente operables con el Sistema de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses de la Plataforma Digital Nacional, así como el inicio de la obligación de los servidores públicos de presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Que conforme a su primer artículo transitorio la vigencia determinada en ese acuerdo es a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esto es, a partir del veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, en que está vigente el acuerdo impugnado por la quejosa. A su vez, el veintidós de abril de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en el año 2020, con motivo de las medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19). Acuerdo en lo que interesa estableció: "PRIMERO. Se amplía el plazo para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación en términos de la fracción II del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, hasta el 31 de julio de 2020, para todas las personas servidoras públicas de la Administración Pública Federal, incluidas aquellas que deberán presentarlas por primera vez en términos del artículo SEGUNDO del "ACUERDO por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer que los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses son técnicamenteoperables con el Sistema de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses de la Plataforma Digital Nacional, así como el inicio de la obligación de los servidores públicos de presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas". Lo anterior, sin perjuicio de las determinaciones que la autoridad sanitaria establezca para mitigar y controlar los riesgos para la salud que implica la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). SEGUNDO. Las declaraciones patrimoniales y de intereses en su modalidad de inicio y conclusión, en la Administración Pública Federal, se seguirán presentando en los plazos que prevé el artículo 33, fracciones I y III de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que su cómputo se reanudará cuando concluya la suspensión de plazos y términos existente en los asuntos competencia de la Secretaría de la Función Pública." Disposiciones que conforme al artículo primero transitorio entrarían en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, que lo es el veintitrés de abril de dos mil veinte. Por tanto, este Juzgado de Distrito considera que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el referido numeral 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por considerar que la presentación de la demanda de garantías fue hecha en forma extemporánea. Al respecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Los preceptos legales antes transcritos prevén que el término para promover la demanda de amparo cuando se reclame una norma general autoaplicativa, será de treinta días, el que se contará, a partir del día de su entrada en vigor. Ahora, si bien de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló que la norma general la impugnaba en su carácter de autoaplicativa, pues del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que a la fecha no existe un acto concreto de aplicación, pues lo que pretende con la promoción del juicio constitucional es paralizar los efectos y consecuencias de la ley y acuerdos reclamados, por la indebida adecuación de los formatos e inaplicación para realizar su declaración patrimonial y de intereses. Esto es, la quejosa promovió el presente juicio constitucional con la finalidad de impugnar la obligación de presentar su declaración patrimonial con base en los lineamientos establecidos para tal efecto en el "Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer que los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses son técnicamente operables con el Sistema de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses de la Plataforma Digital Nacional, así como el inicio de la obligación de los servidores públicos de presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas", publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve; no así, la temporalidad del plazo para su presentación. Que se concatena con en el acuerdo por el que se modifican los Anexos Primero y Segundo del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Por tanto, es evidente la naturaleza autoaplicativa del citado Acuerdo, pues a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, nació la obligación de presentar su declaración bajo ese esquema. En efecto, si la parte quejosa sostiene que de conformidad con el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y los acuerdos en cita, tiene la obligación de presentar su declaración, como lo refiere la quejosa con vencimiento al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, es inconcuso que la normativa impugnada no la reclama con motivo del primer acto de aplicación, sino de su sola entrada en vigor ante su pretendida aplicación. Por tanto, es el veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, que debe tenerse a la parte promovente como sabedor de la existencia de las normas reclamadas, en virtud de que la publicación en esa fecha, en el Diario Oficial de la Federación, tuvo por objeto dar publicidad del Acuerdo que tilda de inconstitucional en que se aplica, en parte las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por lo que si la parte quejosa estuvo en posibilidad de inconformarse de tal cuerpo normativo a partir del día siguiente en que se publicaron los acuerdos del que se duele, esto es, el veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, a ser la última fecha, resulta evidente que el término de treinta días con el que contó la parte promovente para presentar juicio de amparo transcurrió a partir del día siguiente a fecha en la cual entraron en vigor los decretos que por esta vía reclama. Por lo anterior, es claro que la presentación de la demanda que nos ocupa, efectuada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, según se desprende de la boleta de turno generada por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se realizó fuera del término de treinta días que al efecto prevén los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, lo que resulta, que transcurrió en exceso el plazo de los treinta días hábiles con el que legalmente contaba para la presentación de la demanda de amparo, por lo que la misma fue hecha en forma extemporánea. Como se estableció, los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo disponen que el plazo general para promover el juicio de amparo es de quince días salvo, entre otras excepciones, cuando se promueve contra una norma general autoaplicativa, pues en ese caso, el plazo es de treinta días que se computará a partir del día de su entrada en vigor, a menos que éste sea inhábil. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Mayo de 1998, página 461, que establece: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de garantías contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: dentro de los treinta días hábiles contados desde que entra en vigor, y dentro de los quince días a partir del siguiente en que tiene lugar el primer acto de aplicación, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 209, visible en la página 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORÁNEAMENTE EN RELACIÓN CON EL TÉRMINO DE 30 DÍAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACIÓN.". Ahora bien, tratándose de la primera hipótesis, el cómputo del plazo señalado inicia desde el día de su vigencia a las cero horas, porque resultaría incongruente que si la ley de esta naturaleza causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezara a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día; de ahí que el legislador estableciera en el artículo 22, fracción I, una regla diferente a la prevista por el artículo 21 de la ley de la materia para los casos en que sean reclamables las leyes autoaplicativas en la vía de amparo, pues debe promoverse en el plazo de treinta días a partir de que producen efectos jurídicos. La circunstancia de que en algunos de los textos de las tesis emitidas por el Pleno y Sala de este Alto Tribunal se precise que una "ley sólo puede ser impugnada de inconstitucional como tal, esto es, dentro del término de 30 días siguientes al de su entrada en vigor, a que se refiere el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo", no significa que el cómputo se inicie al día siguiente de aquel en que comenzó su vigencia, sino a partir del día en que entró en vigor, pues el término "siguientes", que se refiere a los días posteriores a aquellos en que se inició la vigencia de la ley, debe entenderse que se utilizó considerando que normalmente se precisa en los ordenamientos normativos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación." También es aplicable, la tesis aislada P. CIX/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, Diciembre de 1998, página 261, de texto: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de garantías contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: dentro de los treinta días hábiles contados desde que entra en vigor, y dentro de los quince días a partir del siguiente en que tiene lugar el primer acto de aplicación, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 209, visible en la página 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORÁNEAMENTE EN RELACIÓN CON EL TÉRMINO DE 30 DÍAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACIÓN.". Ahora bien, tratándose de la primera hipótesis, el cómputo del plazo señalado inicia desde el día de su vigencia a las cero horas, porque resultaría incongruente que si la ley de esta naturaleza causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezara a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día; de ahí que el legislador estableciera en el artículo 22, fracción I, una regla diferente a la prevista por el artículo 21 de la ley de la materia para los casos en que sean reclamables las leyes autoaplicativas en la vía de amparo, pues debe promoverse en el plazo de treinta días a partir de que producen efectos jurídicos. La circunstancia de que en algunos de los textos de las tesis emitidas por el Pleno y las Salas de este Alto Tribunal se precise que una "ley sólo puede ser impugnada de inconstitucional como tal, esto es, dentro del término de 30 días siguientes al de su entrada en vigor, a que se refiere el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo", no significa que el cómputo se inicie al día siguiente de aquel en que comenzó su vigencia, sino a partir del día en que entró en vigor, pues el término "siguientes", que se refiere a los días posteriores a aquellos en que se inició la vigencia de la ley, debe entenderse que se utilizó considerando que normalmente se precisa en los ordenamientos normativos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Por tanto, el plazo comenzó el veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve al seis de febrero de dos mil veinte, y la presentación de la demanda fue el diecinueve de noviembre de dos mil veinte; en consecuencia, se presentó fuera del término que establece el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la quejosa refiera reclamar el diverso acuerdo por el que se amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en el año 2020, con motivo de las medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veinte. Sin embargo, de su contenido de forma alguna no se desprende la obligación para presentar su declaración patrimonial, sino únicamente el plazo para ello, pues se insiste, la obligación relativa nació a la vida jurídica desde el veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación del "Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer que los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses son técnicamente operables con el Sistema de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses de la Plataforma Digital Nacional, así como el inicio de la obligación de los servidores públicos de presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas". Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la resolución reclamada se trata de un acto derivado de otro consentido. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales (.)". En efecto, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados, la interpretación que haga de las leyes, debe ser considerada como obligatoria para las demás autoridades judiciales de México, ya que se tiene el deber derivado de la Ley de Amparo, de acatar y obedecer la interpretación que haga, de las diversas leyes cuya aplicación origina un sin número de controversias que se dirimen a través del juicio de amparo. En ese sentido, el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, determinó jurisprudencialmente que el amparo es improcedente cuando se endereza en contra de actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos. Conforme a dicho precepto, el amparo es improcedente cuando se reclama un acto consentido expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañan ese consentimiento; en ese sentido, la acción de amparo es improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos. Ahora, para que se actualice la improcedencia referida, se necesita que los actos reclamados sean consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos, siempre y cuando entre el acto reclamado y el anterior que se estima consentido, exista una relación de causa efecto, es decir, debe existir una dependencia entre ambos actos de autoridad, que haga patente que el segundo acto que se reclama en el amparo, no surge autónomamente y desligado del primero para afectar la esfera jurídica del gobernado, sino que su existencia deriva fáctica e ineludiblemente de la existencia del primer acto que se considera consentido. Tal como lo establece la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, Primera Parte, página 9, del siguiente tenor: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." En el caso, la invocada causal de improcedencia se actualiza, ya que el acto reclamado consiste en el acuerdo por el que se amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en el año 2020, con motivo de las medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veinte. Orienta el criterio del suscrito, la tesis aislada IV.1o.P.C.11 K, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 961, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. LA SIMPLE EXPRESIÓN DE INCONFORMIDAD NO DESVIRTÚA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RELATIVA. Si el quejoso alega no haber consentido el acto antecedente del que reclama en amparo, porque a través de diversos escritos expuso ante la autoridad responsable su inconformidad, debe decirse que una simple manifestación de inconformidad no tiene el carácter de medio de impugnación de los actos procesales, que permita estimar no consentido el acto respectivo. El consentimiento existe por el inejercicio del derecho de impugnación destinado a promover la revisión del acto, es decir, por la falta de interposición de los recursos previstos en la ley, o en su caso del juicio de garantías, toda vez que son éstos los que legalmente pueden impedir la firmeza de aquellos actos, ya que constituyen los medios jurídicamente eficaces para revocarlos, modificarlos o dejarlos insubsistentes, y por la misma razón, es solamente la interposición de tales recursos o medios de defensa, la que sirve como expresión objetiva de la inconformidad del interesado, susceptible de ser tomada en cuenta como demostración de la falta de consentimiento." La justificación de esta causa de improcedencia radica en que el juicio de amparo no puede ser el remedio extraordinario para analizar la constitucionalidad de un acto de autoridad, cuyo antecedente necesario no fue impugnado por el gobernado. Suponer lo contrario, implicaría dejar la posibilidad de promover el amparo en contra del acto posterior, cuando su situación jurídica que le perjudica deriva de otro que consintió y hace que sea la misma que frente al segundo acto del procedimiento. Sustenta a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 70 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, página 116, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos.". En consecuencia, la demanda de mérito resulta extemporánea, por no haber sido presentada dentro del término de treinta días que al efecto establecen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, y que, por tanto, da lugar a que se actualice de manera notoria e indudable la improcedencia del juicio en términos del multicitado artículo 113 de la Ley de Amparo. Asimismo, es aplicable al caso, por analogía, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno que aparece en la página 652, Primera Parte, precedentes, del Apéndice en consulta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." Por consiguiente, y al actualizarse una causa notoria y manifiesta de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los artículos 17, 18 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Olga Gómez Rodríguez, en contra de las disposiciones normativas en cita. Por otra parte, en cuanto al acto que se reclama consistente en el oficio número UTPA/120/078/2020, de veintitrés de octubre de dos mil veinte, firmado por Dalia C. Acosta Pimentel, en su carácter de Titular de la Unidad e Transparencia y Políticas Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública, el cual fue dirigido al Secretario General del Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados. Al respecto, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, los cuales constituyen un reflejo de lo dispuesto por el dispositivo 107, fracción I, del Pacto Federal, prevén quién puede promover el juicio de amparo, de acuerdo con la titularidad del derecho que ostente, y en consecuencia, precisa quién tiene legitimación en la causa para acudir al juicio de amparo, cuya ausencia da lugar a una causa de improcedencia, ante la falta de una de las exigencias previstas en la ley para ello. Los preceptos citados, son del tener siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (. "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley". Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa [.]. De los artículos transcritos, se advierte que para ser considerado parte quejosa en el juicio de amparo, se requiere ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo y, que el acto reclamado que se combate transgreda derechos fundamentales, produciendo una afectación real a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Del marco jurídico expuesto se desprende que, quien tiene la legitimación para promover el juicio de amparo es aquella persona que tenga la titularidad de un derecho a quien afecte el acto reclamado, de acuerdo con el interés que la propia ley prevé, se requiere para acudir al juicio de amparo, respecto de lo que se establece una distinción: I) Para la promoción del amparo indirecto -tratándose de actos o resoluciones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo-, deberá acudir la parte agraviada, pudiendo ser: a) El titular de un derecho; o b) El titular de un interés legítimo, individual o colectivo, ya sea que se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y II) Para efecto de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se requiere la exigencia de la titularidad de un derecho subjetivo. Ahora bien, es necesario precisar que la legitimación a que se refiere el artículo 6 citado, es la facultad legal de acudir a un órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de una instancia procesal; la cual, puede presentarse como ad causam o ad procesum. Para explicar lo anterior, resulta pertinente la jurisprudencia 2a./J. 75/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable". Del criterio reproducido, puede advertirse que la legitimación en la causa implica tener la titularidad del derecho cuestionado en el juicio. Entonces, la legitimación procesal para acceder al amparo sólo la tiene la persona directamente agraviada por la ley o acto que se estime violatorio de derechos, no así, por quien indirectamente pudiera resentir un perjuicio o una afectación mediata con motivo del acto de autoridad. Sin embargo, para acreditar que se cuenta con legitimación para acudir al amparo, a veces resulta necesario verificar que promueve en vía constitucional, ostente un interés jurídico, esto es, que sean titulares de un derecho subjetivo y que sufran una afectación directa e inmediata en su esfera jurídica. En esta línea, la Segunda Sala del máximo Tribunal de Alzada, definió que existen elementos constitutivos del interés jurídico e interés legítimo que deben ser concordantes para que el juicio sea procedente, lo cual quedó establecido en la tesis 2a. LXXX/2013, de título y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". De este criterio se destaca que los elementos constitutivos del interés jurídico son: a) La existencia de un derecho subjetivo que se dice vulnerado y; b) Que la autoridad afecte ese derecho. Al respecto, resulta conveniente precisar lo que debe entenderse por derecho subjetivo, el cual es la facultad consignada por el derecho objetivo mediante una norma jurídica que permite exigir a un sujeto el cumplimiento de una obligación. En ese sentido, se precisa que existen dos clases de derechos subjetivos, los privados y los públicos, los primeros, tienen como característica que el sujeto obligado es un particular, mientras que, en los segundos, el sujeto compelido al cumplimiento es cualquier órgano del Estado. Así, la titularidad y la afectación a los referidos derechos subjetivos públicos se traducen en el interés jurídico necesario para acudir al juicio de amparo, tratándose de actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; de modo que en estos casos, sólo puede promover el juicio de amparo quien demuestre contar con la titularidad del derecho subjetivo y resulte perjudicado por el acto reclamado (legitimación), puesto que ello se traducirá, precisamente en el interés jurídico, en términos de los artículos 5o., fracción I, y 6o., de la Ley de Amparo, ya que de no ser así, será improcedente el proceso de control constitucional. En el caso, la quejosa reclama el oficio número UTPA/120/078/2020, de veintitrés de octubre de dos mil veinte, firmado por Dalia C. Acosta Pimentel, en su carácter de Titular de la Unidad e Transparencia y Políticas Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública, el cual fue dirigido al Secretario General del Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados. Lo que se relaciona con el hecho marcado con el número diecinueve de su demanda de amparo, en que se desprende que Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados, solicitó a la Secretaría de la Función Pública, se modificara la modificación del formato de declaración patrimonial como personal operativo, no en razón del ingreso que perciben, pero por oficio número UTPA/120/078/2020, de veintitrés de octubre de dos mil veinte, esa Secretaría informó que no estaba facultada para ello, que correspondía al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Así, el artículo 77, fracción IV, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece como obligación de los sindicatos el patrocinar y representar a sus miembros ante las autoridades. En ese sentido, si el Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados, solicitó a la Secretaría de la Función Pública, es quien enderezó la petición a la Secretaría de la Función Pública, y es a quien corresponde representar a sus agremiados, la quejosa carece de legitimación para impugnar ese oficio. Ello pues, el sindicato actúa por conducto de sus representantes y a través de ellos ejerce y adquiere obligaciones, poniendo en sus manos, no solo el patrimonio del ente gremial, sino también al defensa de sus agremiados, e inclusive la suerte de sus intereses, motivo por el cual, sus agremiados solo tiene la obligación de denunciar y oponerse a los actos y acuerdos contrarios a sus estatutos, mediante un medio extraordinario interno de vigilancia que les permite ejercer tales acciones, como pudiera ser un consejo de vigilancia u otro similar; empero, ello no confiere a un trabajador legitimación para acudir al juicio de amparo o significa que puedan oponerse a actos de autoridad. Dicha consideración, fue emitida por la Segunda Sala del máximo Tribunal de Alzada, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 366/2009, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 252/2009, la cual, se considera aplicable analógicamente al caso concreto, de título y texto: "TOMA DE NOTA DEL CAMBIO DE LA DIRECTIVA SINDICAL. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN I, DE LOS ESTATUTOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, NO CONFIERE LEGITIMACIÓN A LOS TRABAJADORES EN LO INDIVIDUAL PARA IMPUGNARLA EN EL JUICIO DE AMPARO. Aunque el artículo 376 de la Ley Federal del Trabajo dispone que la representación del sindicato puede ejercerla la persona que se designe en los estatutos, del artículo 49, fracción I, de los Estatutos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, al establecer que son obligaciones de los socios en general, "conocer, interpretar, cumplir y hacer cumplir el Acta Constitutiva y los presentes Estatutos, así como los Reglamentos Interiores y denunciar ante quien corresponda el incumplimiento de los mismos; oponiéndose a cualquier acuerdo que contravenga nuestras disposiciones estatutarias.", no deriva que los trabajadores en lo individual estén legitimados para promover juicio de amparo contra la toma de nota del cambio de la directiva sindical, pues dicha disposición estatutaria es insuficiente para considerar que un trabajador pueda acudir en representación del interés colectivo. Lo anterior es así, porque conforme a los artículos 356, 357, 359, 364 a 366, 368, 371, 374 y 376 de la Ley Federal del Trabajo, el sindicato actúa por conducto de sus representantes y a través de ellos ejerce derechos y adquiere obligaciones, de ahí la importancia del registro y la toma de nota del cambio de la directiva sindical, pues pone en manos de quien o quienes en su beneficio la reciben, no sólo el patrimonio del sindicato, sino también la defensa de sus agremiados y aun la suerte de los intereses sindicales, de manera que la mencionada norma estatutaria no otorga la representación del ente colectivo, sino más bien impone la obligación (y el derecho) de los socios para denunciar y oponerse a los actos y acuerdos contrarios a los estatutos, en tanto sólo refleja que los socios instrumentaron un medio extraordinario interno de vigilancia que les permite ejercer acciones entre ellos ante las instancias ordinarias para denunciar u oponerse respecto de los actos contrarios a los estatutos, sobre todo ante las autoridades del propio sindicato, como pudiera ser un consejo de vigilancia u otro similar, pero no confiere a un trabajador legitimación para acudir al juicio de amparo o significa que pueda oponerse a actos de autoridad. En consecuencia, los trabajadores individualmente considerados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana carecen de legitimación para reclamar un acto cuya conexión jurídica sólo existe entre la autoridad responsable y el sindicato o la sección sindical, como lo es la toma de nota del cambio de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional o Local de una de sus Secciones, pues dicho acto no afecta derechos individuales de los socios sino que se encuentra vinculado con los derechos colectivos de la organización sindical; luego, en caso de que el acto de la elección adolezca de vicios de legalidad, la afectación sería en perjuicio de dicha organización, por lo que únicamente los representantes del sindicato reconocidos por la ley están legitimados para controvertir las cuestiones inherentes a tal registro." Bajo esta premisa, es patente que la quejosa carece de legitimación para promover el presente juicio biinstancial, y con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción i, del pacto federal, se desecha de plano la demanda de amparo, por el acto que se alude en este apartado. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones domicilio fuera de la residencia de este juzgado de Distrito, con apoyo en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, se le practicarán las subsecuentes aún las de carácter personal por lista, hasta en tanto subsane dicha omisión. No obstante lo anterior, dado el sentido de la presente determinación, se ordena por única ocasión la práctica de la notificación personal del quejoso del presente auto en el domicilio que señala en el proemio de la demanda. Dada la naturaleza de esta determinación, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en la materia, líbrese exhorto a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, notifique a la parte quejosa, el contenido de esta determinación, en el inmueble situado en calle Montecito, número 38, (WTC Ciudad de México), piso 28, oficinas 12 y 16, Alcaldía Benito Juárez, colonia Nápoles, código postal 03810, en la Ciudad de México; asimismo, en el acto de la diligencia lo requiera, para que en el plazo de tres días contado a partir de la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado federal, bajo el apercibimiento de no hacerlo, se le tendrán las listas que se fijan en los estrados de este juzgado, como domicilio para oír y recibir notificaciones, en términos de la fracción III, del artículo 26 de la ley de la materia. Se faculta a la autoridad exhortada, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, habilitar horas y días inhábiles al actuario judicial de su adscripción, así como a realizar todas las diligencias que sean necesarias a fin de dar cumplimiento a lo solicitado en líneas que anteceden. tendrá como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley en la materia, a los licenciados que acrediten tener registrada su cédula profesional de abogados en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, de lo contrario solo tendrán las facultades a que alude la última parte del segundo párrafo del numeral mencionado, esto es, solamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, como en la especie acontece. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación.

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