Olga Gloria Martínez Garza
Expediente 436/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 436/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 17/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Olga Gloria Martínez Garza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo; por ende, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales, según su arábigo 2°, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo ha causado ejecutoria. No representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo correspondientes a los oficios de notificación girados a las autoridades responsables foráneas, mediante los cuales se les notifica la sentencia dictada en este expediente, puesto que al haberse sobreseído en el juicio de amparo, es a la parte quejosa a quien pudo afectar el sentido del fallo en cuestión, y por ende, la única legitimada para recurrirlo, no así a las autoridades responsables, conforme lo dispone el numeral 87 de la invocada ley. Tiene aplicación al caso en concreto la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo siete, junio de mil novecientos noventa y ocho, visible en la página setecientos seis, cuyos título y texto son: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Así también, es aplicable por analogía jurídica sustancial la tesis jurisprudencial publicada en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo seis, Parte TCC, visible en la página cuatrocientos treinta y cuatro, que reza: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente." Se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Desde otro aspecto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo quinto, artículos vigésimo, fracción III, vigésimo primero, fracciones II y III, vigésimo cuarto y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el juicio de amparo carece de relevancia documental; por tanto, éste y los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción en los plazos siguientes: El duplicado del incidente de suspensión, transcurridos más de seis meses contados a partir de que se dictó la resolución interlocutoria correspondiente. El expediente principal y el original del incidente de suspensión, una vez que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos. Antes de proceder a la destrucción de dicho expediente, se deberán generar los siguientes documentos por duplicado: * Acta y relación de expedientes judiciales, depurados o destruidos firmada por el titular de este tribunal y el secretario designado para dar fe. Lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, posteriormente, deberá remitirse el original del acta de depuración y de los listados de los expedientes respectivos al Centro de Documentación y Análisis y del expediente al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, en términos de lo dispuesto en los puntos décimo primero, último párrafo y vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, se deja a disposición de la parte quejosa los documentos que exhibió en este asunto, previniéndola que de no acudir a recogerlos dentro de un término de noventa días transcurridos a partir de que surta efectos la legal notificación de este proveído, dichos instrumentos podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, el auto de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, a la parte quejosa, en el presente juicio de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, la sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho, a la parte quejosa, en el presente juicio de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
SENTENCIA: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Olga Gloria Martínez Garza, por propio derecho, en contra de la iniciativa, discusión, aprobación, expedición, promulgación, y orden de publicación (según corresponda) así como su ejecución o aplicación del Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, en específico de sus artículos 1, punto 1, subcapítulo 01; 25, fracción X; 28, fracción XXXI, inciso b), punto 1) y 166, y del Código Fiscal de la Federación, particularmente de sus artículos 17-K y 28, fracciones III y IV.
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