Olga García Medina
Expediente 1228/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1228/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/09/2018
Partes del expediente
- Olga García Medina
Actuaciones
- Principal
I) Toluca, Estado de México; veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Presidente de la Segunda Sala Civil de Toluca, Estado de México, por medio del cual acusa recibo de las constancias que se le devolvieron, mediante proveído de once de septiembre del año en curso. Notifíquese.
- Principal
I) Toluca, Estado de México; once de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de quince de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por ..., sin que ésta lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Por otra parte, devuélvanse las constancias que anexó como complemento a su informe justificado al Presidente de la Segunda sala Civil de Toluca, México (un legajo de copias certificadas del Toca de Apelación 354/2018 y cuatro legajos de copias certificadas del expediente 1336/2015), solicitándole para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de aquel en que surta efectos la notificación de éste proveído, acuse el recibo correspondiente, de conformidad en lo previsto en la fracción II, del artículo 297 de la legislación común antes referida. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Ahora bien, de autos se advierte que el cuatro de septiembre del año en curso, se reservó acordar lo relativo al escrito suscrito por ..., y toda vez que en párrafos precedentes causó estado el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese agréguense únicamente para que obre como corresponda. Finalmente, el estado procesal del presente asunto, así como la certificación de cuenta evidencia que la quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Toluca, Estado de México, dentro del plazo de tres días otorgado en proveído de quince de agosto de dos mil dieciocho (fojas 23 a 29); por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con el cual se le conminó y con fundamento en el artículo 26, fracción III, 27, fracción II, y 29, de la ley de la materia, practíquensele las subsecuentes notificaciones, aun las que deban ser de carácter personal, por medio de lista que se fija en lugar visible de este juzgado. Notifíquese.
- Principal
I) Toluca, Estado de México; cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes el oficio, suscrito por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite el escrito suscrito por Mónico Mendoza Escamilla, por medio del cual da contestación a la demanda interpuesta por la quejosa ********************. Ahora bien, toda vez que el presente juicio de amparo se desechó de plano mediante proveído de quince de agosto del año en curso, resérvese acordar lo conducente en el momento procesal oportuno. Notifíquese.
- Principal
I) Toluca, Estado de México; quince de agosto de dos mil dieciocho. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Por recibido el oficio signado por el Actuario Judicial del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo directo 572/2018, de su índice estadístico en el que se advierte la determinación de trece de agosto de dos mil dieciocho, por el cual dicha la Superioridad, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Olga García Medina, contra actos de la Segunda Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otra autoridad, por tanto, remite el juicio antes indicado y los anexos que se adjuntan al mismo. Atento a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se acepta la competencia planteada por la Superioridad oficiante, acúsese el recibo correspondiente; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1228/2018-I. CONSTANCIAS REMITIDAS. Dada la voluminosidad y la naturaleza de las constancias remitida por el Tribunal oficiante, consérvense por separado con caratula respectiva para su debida identificación. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En principio, conviene señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el Juez Federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por manifiesto, según lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en la especie, se acredita la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que la sentencia de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, emitida en el toca de apelación 354/2018, del índice de la Segunda Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la cual declaró infundado el recurso de apelación hecho valer por la ahora quejosa, contra el auto de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, emitido por la Juez Civil de Primera del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México en el expediente 1336/2015, en el que refiere que dicha juez no tomó en consideración las pruebas supervinientes ofrecidas en el juicio de origen, aspecto sobre el cual versa en esencia el acto que se tilda de inconstitucional, pues éste no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:- - - V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora, del escrito de demanda se aprecia que la parte quejosa reclama la sentencia de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, emitida en el toca de apelación 354/2018, del índice de la Segunda Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la cual declaró infundado el recurso de apelación hecho valer por la ahora quejosa, contra el auto de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, emitido por la Juez Civil de Primera del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México. Tal precisión se realiza en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Y la tesis VI/2004, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, del contenido siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen obscuridad o confusión. Estos es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De acuerdo con el precepto legal transcrito, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso se reclama la sentencia de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, emitida en el toca de apelación 354/2018, del índice de la Segunda Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la cual declaró infundado el recurso de apelación hecho valer por la ahora quejosa, contra el auto de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, emitido por la Juez Civil de Primera del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México en el expediente 1336/2015, en el que refiere que dicha juez no tomó en consideración las pruebas supervinientes ofrecidas en el juicio de origen; no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso se considera que se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de obtener sentencia favorable, en el expediente de origen de donde emana el acto reclamado, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener un fallo adverso) al combatirse la sentencia definitiva; ello conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que la ahora quejosa no obtenga sentencia favorable, toda vez que la materia del acto reclamado consiste en esencia, en que la Juez de Primera Instancia no tomó en consideración las pruebas supervinientes ofrecidas por la ahora quejosa en el juicio de origen, aspecto sobre el cual versa en esencia el acto que se tilda de inconstitucional, pues éste no tiene una ejecución de imposible reparación. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Es aplicable la jurisprudencia 607, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete - septiembre dos mil once, Octava Época, con número de registro 1002673, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Es aplicable la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, se trata esencialmente de que la Juzgadora de Primera Instancia no tomó en consideración las pruebas supervinientes ofrecidas por la ahora quejosa en el juicio de origen, y como consecuencia de ello una posible violación a las leyes del procedimiento la cual puede reclamarse en caso de que sea desfavorable la sentencia que se llegue a dictar a través del juicio de amparo directo, conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia P./J. 6/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 13, del Tomo 76, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de abril de mil novecientos noventa y cuatro, con número de registro 205484, que establece: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Finalmente, es aplicable por las razones que la sustentan, la tesis IV.3o.111 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la pagina 489, del Tomo XV-2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, con número de registro 208717, que establece: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio." En consecuencia, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Olga García Medina, contra actos de la Segunda Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otra autoridad, por notoriamente improcedente. AUTORIZADOS. En otro orden, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Carlos Guzmán Alcántara, por tener registrada su patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. DOMICILIO PROCESAL. Es pertinente indicar que el domicilio señalado por la quejosa para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado y el auto que desecha una demanda, se considera como una circunstancia de trascendencia en el asunto. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), 27, fracción II y 116, párrafo segundo de la ley de la materia, así como los diversos 282 y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley referida, gírese atento exhorto al Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, para que realice lo siguiente: Con copia autorizada de presente auto notifique de manera personal a la quejosa Olga García Medina, en el domicilio ubicado en domicilio Avenida Andrés Molina Enríquez, número 1113-B, Colonia Centro, en Jilotepec, Estado de México Asimismo, la requiera para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación practicada, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca, Estado de México, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fija en el local que ocupa este juzgado de conformidad con la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo, sin necesidad de ulterior acuerdo. En tal virtud, se requiere al Juez de Primera Instancia, que con independencia de la fecha en que reciba el exhorto lleve a cabo la diligencia encomendada en los términos anteriormente estipulados; en el entendido de que la diligencia encomendada deberá efectuarse conforme a las reglas previstas en el artículo 27 de la Ley de Amparo. La autoridad deberá acusar recibo vía telegráfica y remitir las constancias respectivas en el plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, apercibida que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 237, fracción I, 238 y 239, de la ley de la materia, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se faculta al Juzgado en cita para que ordene se realice la diligencia encomendada incluso en días y horas inhábiles, de conformidad en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. No obstante, para el caso de que la parte quejosa comparezca en este recinto constitucional, se comisiona al Actuario adscrito para que realice la notificación de la presente determinación, sin perjuicio de lo ordenado con antelación. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia número 2ª./J.24/2004, consultable en la página 321, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2004, Tomo XIX, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE ORDENA ACLARARLA DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE, AUN CUANDO EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES SE ENCUENTRE FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL CONOCIMIENTO. De lo dispuesto en los artículos 146 y 178, en relación con los numerales 28, fracción II, último párrafo y 29, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se advierte que el proveído por el que se manda aclarar la demanda de garantías debe notificarse en forma personal, a fin de que pueda subsanar las irregularidades de su escrito, aun cuando haya señalado un domicilio para recibir notificaciones fuera del lugar de residencia del órgano jurisdiccional del conocimiento. Lo anterior es así, toda vez que la obligación de señalar domicilio convencional en el lugar del juicio constituye un requisito de la demanda, cuya omisión no puede originar su sanción inmediata, sino el requerimiento previo en el sentido de que, en caso de no cumplir con dicha obligación procesal, las subsecuentes notificaciones, aun las personales, se harán por medio de lista. Además, el auto por el que se manda aclarar una demanda de amparo es de tal trascendencia, que su falta de conocimiento oportuno puede llevar a tenerla por no interpuesta, por lo que debe garantizarse plenamente al quejoso la posibilidad material, no sólo formal, de subsanar las irregularidades de su escrito inicial, pues de lo contrario carecerían de toda eficacia jurídica los requerimientos y apercibimientos contenidos en la prevención, y se atentaría contra el derecho de acción de quien acude al amparo." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa en términos de la presente determinación.
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