Olga Eugenia Amezcua Suarez

Expediente 1011/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1011/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
30/08/2021

Partes del expediente

  • Olga Eugenia Amezcua Suarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la resolución emitida por este Juzgado Federal el catorce de julio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A ÉSTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DENTRO DEL PLAZO QUE SE LE CONFIRIÓ EN EL AVISO DE FECHA VEINTE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, LE NOTIFICO LA SENTENCIA DE CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN EL LOCAL DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.- DOY FE. SENTENCIA Visto para resolver en el juicio de amparo 1011/2020, promovido por *********, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales ********, contra actos de la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Este juzgado estima oportuno precisar en este apartado, que tomando en cuenta que en el juicio del que derivó el acto aquí reclamado se encuentran involucrados menores de edad, debe reservarse la información en cuanto a sus nombres o características, en acatamiento de la regla 8.1, de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, conocidas como "Reglas de Beijing", adoptadas por la Asamblea General en su resolución *******, de veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, que al tenor dice: "8. Protección de la intimidad.-8.1 Para evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación perjudiquen a los menores, se respetará en todas las etapas el derecho de los menores a la intimidad." En virtud de lo anterior, los nombres de los menores quejosos, serán sustituidos por las siglas ***** SEGUNDO. Demanda. ******, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales **********, presentó dos demandas de amparo el once de noviembre de dos mil veinte, en el buzón judicial, las cuales recibió el mismo día la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y fueron turnadas al día hábil siguiente a este Juzgado Séptimo de Distrito, solicitando el amparo y protección de la justicia federal contra el mismo acto reclamado y la misma autoridad responsable.. TERCERO. Trámite. En auto de trece de noviembre de dos mil veinte, se registraron las demandas de amparo bajo los expedientes 1011/2020 y 1013/2020, por lo que se ordenó la acumulación del último juicio al expediente 1011/2020; asimismo se requirió a la parte promovente para que manifestara bajo protesta de decir verdad si solicitaba la apertura del incidente de suspensión y para qué efectos, y exhibiera tres copias de su escrito aclaratorio, con el apercibimiento que no hacerlo se admitiría la demanda de amparo sin la apertura del incidente de suspensión. En auto de tres de marzo de dos mil veintiuno, se certificó que la parte quejosa no cumplió con la prevención formulada en autos, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de trece de noviembre de dos mil veinte, esto es, se admitió la demanda de amparo sin la apertura del incidente de suspensión, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, primer párrafo, y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, en virtud que el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, de la demanda y de las constancias que obran en autos se desprende que la quejosa reclama de la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, el auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, dictado dentro del incidente de reclamación, derivado del expediente ***********, en el que se tuvo a la demandada incidentista, aquí quejosa, por desinteresada de la prueba de informe de autoridad a cargo de Mercado Libre México. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le reclama; asimismo remitió copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente **********, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los preceptos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causal de improcedencia fundada. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud que previo a la promoción de este juicio constitucional, la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Para mayor claridad de lo aquí señalado, conviene reproducir el contenido del invocado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Del artículo trascrito se advierte la obligación de agotar los recursos ordinarios antes de acudir al juicio de amparo que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por los órganos competentes. El agotar los recursos ordinarios previos a la promoción del juicio de amparo implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción constitucional. Además, al gobernado se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios antes de acceder al juicio de amparo porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente los derechos que se hayan vulnerado en el acto o resolución combatida. Si la regla de la definitividad exige legítimamente que se agoten los recursos ordinarios antes de acudir a la jurisdicción constitucional, será necesario que dichos medios cumplan con determinados requisitos para que su exigencia sea legítima y deba acatarse. Esos requisitos tienen que ver con la existencia, idoneidad, efectividad, oportunidad de los recursos y, con ellos, deberá analizarse la conducta procesal tanto de las autoridades como de las partes en los procedimientos judiciales ordinarios. El recurso previo debe existir, esto es, tendrá que estar contemplado y regulado por la ley ordinaria. Además, deberá ser adecuado y eficaz. Un recurso es adecuado si su función dentro del sistema del derecho interno es idónea para proteger la situación jurídica infringida; esto es, debe ser aplicable en la circunstancia específica; es eficaz si tiene la capacidad de producir el resultado para el que ha sido concebido. Además, las autoridades deberán permitir que los justiciables impugnen ante los órganos superiores las decisiones que les afecten, así como garantizar que dichos recursos sean capaces de producir una decisión dentro de un plazo razonable y que se desahoguen con la debida diligencia. Así, en términos de la aludida fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, para que se surta la improcedencia del juicio de amparo es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. En el caso, como el acto reclamado se hace consistir en el auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, dictado por la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos dentro del incidente de reclamación, derivado del expediente **********, en el que se tuvo a la demandada incidentista, aquí quejosa, por desinteresada de la prueba de informe de autoridad a cargo de Mercado Libre México; debe decirse que dicho acto que reclama es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación previsto en los artículos 566 y 567 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, que dicen: "Artículo 566.- PROCEDENCIA DE LA REVOCACIÓN. Los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso.". "Artículo 567.- REGLAS PARA LA TRAMITACIÓN DE LA REVOCACIÓN. Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de revocación: I. El recurso deberá hacerse valer dentro de los tres días siguientes al de la notificación de la resolución respectiva; II. La petición de revocación deberá hacerse mediante escrito o verbalmente en el acto de la notificación del auto o proveído y deberá contener la expresión de los hechos y fundamentos legales procedentes; III. No se concederá término de prueba para substanciar la revocación y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalen al pedirla, y IV. La revocación no suspende el curso del juicio y se resolverá, bien de plano o mandándolo substanciar con vista de la contraparte por el término de tres días, según el juez lo estime oportuno. La resolución que se dicte no es recurrible. En los juicios que se tramitan oralmente, la revocación se decidirá siempre de plano.". De manera que ante la procedencia de un medio de defensa ordinario previsto en la legislación adjetiva familiar para la modificación o revocación del acto reclamado - recurso de revocación en la especie -, es de colegir que la impetrante de amparo debió agotar el citado medio de impugnación, previo a acudir al juicio constitucional. En otros términos, acorde con el principio de definitividad contenido en el citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo - antes explicado -, la parte quejosa debió interponer el recurso de revocación contra el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veinte, antes de promover el juicio de amparo indirecto; por tanto, al no haberlo hecho así, el juicio constitucional resulta improcedente. Además, debe destacarse que en el caso no se actualiza ninguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad consignado en el aludido artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en la medida que: La naturaleza del acto reclamado no corresponde a la de los actos enunciados en los incisos a), b) y d)1 del citado artículo y fracción de la Ley de Amparo, que se refieren a actos que importen directamente peligro de privación de la vida, a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, actos prohibidos el artículos 22 de la Constitución Federal, así como diversos actos dictados en procesos penales. La parte quejosa no puede ostentarse - ni pretende hacerlo - como tercera extraña al procedimiento, en la medida que de autos queda acreditado que la misma forma parte en la contienda de origen en la que, incluso, funge como parte actora e iniciadora del proceso, y El recurso de revocación, como medio ordinario de defensa, se encuentra suficientemente regulado en los artículos 566 y 567 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos y su procedencia es clara contra los acuerdos dictados por los jueces de lo familiar, bajo la única condicionante de que contra los mismos no proceda diverso medio de impugnación - lo que en la especie no acontece -. Ahora, igualmente es menester precisar que no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que el acto reclamado tiene la naturaleza de un acto de ejecución irreparable, por involucrar aspectos relativos a una prueba tendente a demostrar la capacidad económica del progenitor para el pago de la pensión alimenticia fijada a sus menores hijos. Sin embargo, lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado criterio expreso relativo a que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad constituyen dos presupuestos distintos y autónomos entre sí, que deben observarse -ambos -, para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello así porque, como se dijo, el principio de definitividad encuentra sustento en el carácter extraordinario del juicio de amparo, conforme al cual deben agotarse todos los medios ordinarios previstos en la ley para revocar o nulificar el acto que se reclame, mientras que la irreparabilidad del acto tiene su origen precisamente en la naturaleza del acto que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, de manera que la transgresión al derecho sustantivo afectado no sea susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a los intereses del peticionario de amparo. De otra manera, los citados presupuestos - irreparabilidad del acto y definitividad - se sustentan en razones distintas, así como también persiguen fines diversos y, por lo tanto, ambos elementos deben atenderse de manera independiente a fin de decidir la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta. Criterio último que, además, definió el Alto Tribunal, debe observarse aun cuando en la contienda de origen se encuentren involucrados intereses o derechos de menores de edad, pues incluso el interés superior de menor - sin perjuicio del reconocimiento de su trascendencia -, no puede constituir justificación válida para inobservar los requisitos de procedencia del juicio de amparo, los que, como todo presupuesto procesal, persiguen el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica de todos los gobernados. El criterio anterior se contiene en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro 2017117, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.". Así como en la diversa jurisprudencia de la Primera Sala del Alto Tribunal con registro 2005039, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo.". Bajo esa tesitura, al no ser definitivo el acto reclamado, no es susceptible de impugnarse por medio del juicio de amparo pues, como quedó visto, en su contra procede un medio de defensa legal a través del cual puede ser modificado o revocado, razón por la cual en términos del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio constitucional, lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la citada ley de la materia. En ese sentido, al decretarse el sobreseimiento en esta controversia constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, toda vez que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo, atento al criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." QUINTO. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 73, 74, 75, 119 y 124 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, así como en los numerales 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales*******por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente, privilegiando el uso de las herramientas tecnológicas disponibles. Así lo resolvió y firma en forma electrónica, de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General 22/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades jurisdiccionales en el contexto de la contingencia por el virus COVID-19, José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Ana Laura Coutiño Mendoza, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, catorce de julio de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado, permitieron concluir su engrose. La suscrita licenciada Ana Laura Coutiño Mendoza, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, hago constar que la presente foja corresponde a la parte final de la sentencia dictada el catorce de julio de dos mil veintiuno, en autos del juicio de amparo 1011/2020; asimismo, que en cumplimiento al oficio STCCNNO/1255/2018, de tres de diciembre de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en esta fecha revisé y constaté personalmente la captura de los datos aquí contenidos, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Conste.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo en que se actúa, de los que se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las diez horas con cuarenta y dos minutos del diecisiete de junio de dos mil veintiuno, sin embargo, toda vez que en dicha fecha el titular de este Juzgado se encuentra de licencia autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto y toda vez que la Secretaria Encargada del Despacho, únicamente está facultada para practicar diligencias y dictar las providencias de trámite, y resoluciones de carácter urgente; en consecuencia, no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada en autos, por lo que se difiere anticipadamente y en su lugar se fijan las diez horas con veintidós minuto del trece de julio de dos mil veintiuno, para su celebración.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que en proveído de diez de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el informe justificado del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad; por lo que, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, a la fecha se encuentra transcurriendo el término de ocho días a efecto de que las partes se impongan del informe de cuenta, por lo que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar, se fijan las diez horas con cuarenta y dos minutos del diecisiete de junio de dos mil veintiuno, para su celebración.

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