Olga Esther Leon Poot
Expediente 2854/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2854/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Olga Esther Leon Poot
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de veinte de diciembre de dos mil veintidós, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/5781/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de diciembre de dos mil veintidós.Vista la demanda de amparo promovida por Olga Esther León Poot, contra el acto que reclama de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en Ticul-Dzan, se provee: regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 2854/2022-IV que le corresponda.En consecuencia, se procede a proveer en relación con su admisión, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.Atento al contenido de la demanda de amparo de que se trata, analizada en su integridad, se aprecia que la promovente señala como actos reclamados, el corte de suministro de energía eléctrica de fecha veinticinco de noviembre del presente año, en el local comercial sin número, del tianguis ubicado en la calle cincuenta, entre la calle cincuenta y uno, a un costado del mercado y a un lado del Kiosko del Centro del Municipio de Tekax, Yucatán, a nombre de la quejosa León Poot.En el caso particular, se advierte la actualización de la causa de improcedencia que se deduce de la intelección de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, aplicada en sentido contrario y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados no provienen de autoridad que tenga tal carácter para los efectos del juicio de amparo, sino que emanan de una relación de particulares.Lo citados preceptos legales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas."El primer numeral invocado, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando ello resulte de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, los dos últimos numerales, en lo que interesa, ponen de relieve que el juicio de amparo procede contra actos u omisiones de autoridades que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, disponen que la autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, aquella a quien la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del gobernado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales. Esto es, las autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal facultad.Así, para determinar tal carácter, la relación jurídica debe ubicarse dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación las derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal. De ese modo, la Suprema Corte ha determinado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.Tienen aplicación, los criterios siguientes:"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.""AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades."En este contexto, a fin de establecer si a quien se atribuye los actos reclamados, es autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe atender ante todo a la norma legal para examinar si la faculta o no para tomar decisiones o dictar resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica de la parte quejosa. Así, el criterio que debe servir de norma para definir en qué casos se está en presencia de un acto de autoridad, debe referirse a la naturaleza misma de esos actos, los que pueden ser, una resolución que afecte a los particulares o actos de ejecución con esa misma característica, provenientes de órgano del Estado, dentro y fuera de las órbitas de sus atribuciones legales.En este sentido, se tiene que en el caso concreto, la parte quejosa señala como acto reclamado el corte de suministro de energía eléctrica de fecha veinticinco de noviembre del presente año, en el local comercial sin número del tianguis ubicado en la calle cincuenta, entre cincuenta y uno, a un costado del mercado y a un lado del Kiosko del Centro del Municipio de Tekax, Yucatán, a nombre de la quejosa León Poot; actos que esta Juzgadora estima son de naturaleza comercial derivados de una relación que existe entre particulares, por las siguientes razones. Es pertinente recordar que la Teoría General del Derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materia de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado. Por ello, es indispensable que la autoridad a quien se le pretende atribuir el carácter de responsable en el juicio de amparo indirecto, lleve a cabo actos que tengan características de imperatividad y unilateralidad, y que tengan como fin la afectación del gobernado en determinado sentido; pero, no en una relación de coordinación, como acontece en el presente asunto, en el que los entes a quien se señala como autoridad responsable actúan como prestadores de servicios.De este modo, se estima que los actos que aquí se reclaman derivan de una relación entre particulares, correspondiente a una relación de coordinación, en el cual el origen de dicha actuación es un acuerdo de voluntades, donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones recíprocas, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la referida relación.Para una mejor comprensión, es menester citar el artículo 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán: ..II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado;Así como, el numeral 1049, en relación con el 75, fracciones V y XXV, ambos del Código de Comercio, en que se dispone textualmente lo siguiente:"Artículo 1049.- Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales.""Artículo 75.- La ley reputa actos de comercio:V.- Las empresas de abastecimientos y suministros;XXV.- Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código.." De lo antes expuesto, se advierte que de la interpretación armónica de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los jueces y tribunales del orden común. Esto es así, ya que de conformidad con los artículos 2, 3, 7, 118 y primero y tercero transitorios de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y 2, 4, primer párrafo, 7, 8, párrafo II, 47 y transitorios II, párrafo segundo, de la Ley de la Industria Eléctrica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto del dos mil catorce, se modificó la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Electricidad la cual dejó de ser un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, para ser una empresa productiva del Estado, a partir del catorce de octubre de dos mil catorce, de conformidad con los artículos 2 y primero, segundo y tercero transitorio de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Luego entonces, se debe considerar que los actos emitidos por la Comisión Federal de Electricidad, con sede en la carretera Ticul-Dzan, no tiene el carácter de autoridad ya que, como se dijo, al convertirse en una empresa productiva del Estado, la cual se ubica dentro de un procedimiento de comercialización de la energía eléctrica, es obvio concluir, que las actividades que desempeña ya no son exclusiva del Estado por disposición constitucional, sino de naturaleza mercantil entre particulares de acuerdo al nuevo marco jurídico vigente antes mencionado.Es aplicable al caso, la tesis aislada 2a. XLII/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación, página 1071, del rubro siguiente:"COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]."Razón por la que, dada la naturaleza de los actos reclamados, no le resulta a la Comisión Federal de Electricidad, con sede en la carretera Ticul-Dzan, el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues como se ha dejado visto, en la actualidad, constituye una empresa productiva del Estado, la cual guarda una relación jurídica de coordinación entre particulares en materia de derecho mercantil, que requiere de la intervención de un tribunal ordinario para dirimir las controversias derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste.Máxime que no se está ante un acto que carezca de fundamentación y motivación, para que este Juzgado se avoque a su estudio, habida cuenta que de la documental que anexa a la demanda de amparo, se advierte que el original del recibo de luz correspondiente al periodo facturado del mes de octubre del año en curso, con número de servicio 786170700671, a nombre de la quejosa, refiere el periodo facturado, y que la falta de su pago, sería a partir del ocho de octubre del año en curso, por lo que no carece de fundamentación y motivación como lo aduce la impetrante de amparo, de ahí que sea improcedente el acto que por esta vía reclama. En esas condiciones, procede desechar de plano la demanda promovida por Olga Esther León Poot, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 1º, fracción I, aplicada en sentido contrario, y 5º, fracción II, todo del citado ordenamiento legal. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de esta Juzgadora, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal efecto en su demanda de amparo, y como autorizados a las personas que señala en los términos en ella plasmados. Ahora bien, en cuanto a que se otorgue el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio, formular promociones y se le notifiquen los acuerdos aún los de carácter personal, proporcionando para ello sus nombres de usuarios, que son "Josran81" y "Cesy22", relativo al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento en el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a los citados usuarios, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, para consultar, promover y que le sea notificado en el mismo con sus nombres de usuario "Josran81" y "Cesy22", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan. Comuníquese lo anterior al oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente del referido usuario en el presente juicio de amparo. De igual manera, se ordena notificar a la parte quejosa el presente acuerdo y las subsecuentes que sean mediante el correo electrónico que proporcionó la parte quejosa en la boleta anexa a su demanda de amparo, siempre y cuando no sea factible hacerlo a través de los usuarios señalados, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado, que autoriza y da fe. Doy fe.
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