Olga Elizabeth Valle Vidals y Otros.

Expediente 1007/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1007/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
20/08/2019

Partes del expediente

  • Olga Elizabeth Valle Vidals y Otros.
  • JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se desprende que las partes no se inconformaron contra el auto de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, que declaró cumplida la sentencia dictada en este expediente; en consecuencia, se declara firme tal auto; por tanto, previas las anotaciones que se hagan en el libro respectivo de este juzgado así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente juicio de amparo como asunto concluido. En tales condiciones, el presente asunto es susceptible de depuración, en atención a que carece de relevancia documental e histórica.

  2. Principal

    Agréguese a autos, el escrito de **********, en su carácter de mandatario general para pleitos y cobranzas del quejoso **********, por medio del cual en respuesta a la prevención realizada el veinte de junio de dos mil diecinueve, refiere ampliar su demanda de amparo en contra de la Directora General Adjunta adscrita a la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público únicamente respecto a conceptos de violación en torno al acto reclamado, pese a que se le previno que precisara cuál es el acto novedoso reclamado e dicha autoridad. Al respecto, éste órgano de control constitucional advierte que por una parte el quejoso amplía su demanda de amparo en contra de una nueva autoridad responsable (Directora General Adjunta adscrita a la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público); sin embargo, no le reclama un acto en particular, y únicamente solicita se tenga por ampliada por conceptos de violación. Al respecto, no procede la ampliación de la demanda de amparo de mérito, pues en el caso no se cumplen los requisitos previstos en el artículo 111 de la Ley de Amparo. Asimismo, en la ejecutoria de la que derivó dicha jurisprudencia la Segunda Sala del Alto Tribunal estableció que la ampliación de la demanda de amparo indirecto es una institución jurídica acorde con los derechos fundamentales de acceso a la justicia y defensa adecuada, porque le otorga a la parte quejosa la oportunidad de argumentar en torno a lo que la autoridad responsable exponga en su informe justificado, así como de ofrecer las pruebas que estime idóneas para acreditar sus afirmaciones o desacreditar las que contraríen sus intereses. Además, el Máximo Tribunal sostuvo que la ampliación de la demanda permite formular nuevos conceptos de violación para plantear una litis constitucional completa, integrada por los actos reclamados inicialmente y por los novedosos que se encuentren relacionados con ellos, ya sea que se conozcan mediante el informe justificado o por cualquier otro medio; al tiempo que permite al órgano jurisdiccional analizar la constitucionalidad de las actuaciones impugnadas y, en ese orden, estar en posibilidad de dictar una resolución sobre la totalidad de la pretensión de la parte quejosa. En el caso particular, por cuanto hace a la autoridad responsable respecto de la Directora General Adjunta adscrita a la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como ya se mencionó el quejoso señaló como responsable a esta nueva autoridad, pero no le reclamó un acto en específico, pese a que en auto de veinte de junio de dos mil diecinueve, se previno que señalara cuál es el acto reclamado en concreto a esa nueva autoridad; sin embargo, en el escrito de cuenta únicamente solicita tener por ampliada su demanda únicamente por conceptos de violación, sin atribuirle algún acto en específico, lo cual no se ajusta a lo establecido por el artículo 111 de la Ley de Amparo, y por ende no se trata de un acto novedoso; por lo tanto, no es procedente formular nuevos conceptos de violación, sin que se le reclame un acto en particular, de ahí que sea improcedente la ampliación de demanda que se acuerda, pues de permitir que formule nuevos conceptos de violación en contra de una nueva autoridad, implicaría ampliar el plazo de quince días que tiene el quejoso para controvertirlo la norma ya reclamada. En tales condiciones, no ha lugar a tener por ampliada su demanda de amparo respecto de la autoridad que señala (Directora General Adjunta adscrita a la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público). Por cuanto hace a la diversa autoridad responsable Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, igualmente no procede la ampliación de la demanda de amparo de mérito, pues no se cumplen los requisitos previstos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, antes transcrito. Ello es así, pues los actos que le reclama, consistentes en: 1. La aplicación de diversas normas generales en el Acuerdo 28/2019. 2. La falta de notificación del Acuerdo 28/2019. 3. "Todo lo actuado" dentro del citado acuerdo 28/2019. Tales actos derivan directamente del acuerdo 28/2019, emitido por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual ya fue impugnado mediante el escrito de ampliación de demanda presentado el veintidós de abril de este año, y admitida en auto de veintitrés de abril de ese año, por lo que desde esa fecha ya tenía conocimiento del acuerdo en mención, por lo que, los actos que ahora pretende reclamar como novedosos, son en realidad aspectos inherentes a tal acuerdo, como lo son su contenido y emisión. Por lo tanto, no se trata algún aspecto novedoso puesto que incluso ya amplió su demanda de amparo en contra del acuerdo 28/2019 (como se dijo en el párrafo precedente) de ahí que sea improcedente la ampliación de demanda que se acuerda, pues de permitirlo implicaría la formulación de nuevos conceptos de violación en su contra, y con ello ampliar el plazo de quince días que tiene el quejoso para controvertir el acto ya reclamado. En tales condiciones, no ha lugar a tener por ampliada su demanda de amparo en los términos que señala.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexo del Actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por el cual devuelve el expediente en que se actúa y remite testimonio de la ejecutoria pronunciada dentro del amparo en revisión **** de su índice; en ese orden, dese a conocer a las partes la devolución de estos autos que se encontraban en revisión e infórmeseles que la superioridad confirmó la sentencia recurrida y sobreseyó el presente juicio de amparo. En tales condiciones, acúsese recibo del expediente y testimonio, glósense al juicio que se recibe las constancias originales del expedientillo de antecedentes que obra en el juzgado, anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención a que carece de relevancia documental e histórica y, al sentido de la resolución pronunciada en el mismo. Respecto a los cuadernos original y duplicado del incidente relativos al presente asunto, por haberse negado la suspensión de los actos reclamados, dichos cuadernos son susceptibles de destrucción; a los que se deberá glosar copia certificada de este acuerdo.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, visto su contenido, téngase a la autoridad en cita rindiendo su informe justificado; en consecuencia, dése a conocer su llegada a las partes, para que en el plazo de ocho días, contados a partir de la notificación de este acuerdo manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Se tienen por designados como delegados, a las personas que menciona; y, como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el oficio de cuenta.

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