Olga del Carmen Ruiz Treviño
Expediente 544/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 544/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Olga del Carmen Ruiz Treviño
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda promovida por Olga del Carmen Ruiz Treviño; por tanto, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida Olga del Carmen Ruiz Treviño, contra actos de la Director de la Escuela Secundaria Técnica número 69 y otra autoridad, que estimó violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales previstos en los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución General de la República; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número progresivo 544/2018-VI. Ahora bien, de la demanda se precisa que a las autoridades señaladas como responsables Director y Subdirectora de la Escuela Secundaria Técnica número 69, les atribuye la orden de retirarle de sus funciones como docente frente a grupo en la materia de inglés para cubrir su horario de trabajo en la biblioteca de la mencionada institución. Pues bien, en el caso, de los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación los cuales manifestó bajo protesta de decir verdad, se desprende: 1. Que la quejosa es trabajadora de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado adscrita en la Escuela Secundaria Técnica número 69, en funciones de docente frente a grupo. 2. Que el ocho de mayo en curso, derivado de una supuesta queja presentada por un padre de familia le fue entregado el oficio C.E. 2017-2018 con el cual la retiraron de sus funciones docentes en la materia de inglés. 3. Que el once de mayo del presente año, la subdirectora de la Escuela Secundaria Técnica número 69, le entregó escrito de "comisión" en donde le indican que su horario de trabajo lo debe de cubrir en la biblioteca de la mencionada escuela. Lo que constituye los actos reclamados en el presente juicio. Ahora, respecto del anotados actos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5o, fracción II, del referido ordenamiento, en virtud de que el director y la subdirectora de la Escuela Secundaria Técnica número 69, a quienes la peticionaria designa como autoridades responsables, no pueden considerarse como tales para efectos del juicio de amparo, al no reunir los requisitos que establece el ordinal referido en segundo término de la Ley de la materia. En efecto, los citados preceptos legales en lo conducente disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente. XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5o.- Son partes en el juicio de amparo. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse, crearía o modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". De acuerdo al contenido del invocado artículo 5o., fracción II, de la Ley de amparo, se advierte que para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquélla que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita aquéllos que produzcan similares efectos que vulneren la esfera del gobernado. Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, ha señalado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: a).- La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b).- Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c).- Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d).- Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Es decir, si el acto desplegado por la autoridad como órgano del estado, es unilateral, porque no requiere la aprobación del gobernado; imperativo en razón de que se impone al particular contra su voluntad, y coercitivo porque su inobservancia daría lugar a imponer alguna sanción prevista en la ley, se dice que la relación entre el estado y su súbdito es de supra a subordinación; puesto que la misma surge entre dos entes ubicados en una posición distinta; esto es, emana, entre el estado como persona jurídico política a través de sus órganos de autoridad, y el gobernado, y porque aquél, desempeña frente a éste la autoridad soberana o de gobierno que le fue encomendada. En cambio, cuando la relación surge entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, jurídicamente se está en presencia de una relación de coordinación, la cual puede ser de naturaleza privada, sujeta al derecho privado, o socioeconómica, regulada al amparo del derecho social. De ahí que si en el caso concreto la parte quejosa comparece ante esta instancia constitucional, doliéndose de la determinación por parte de las responsables de retirarla de sus funciones como docente; es evidente que dicho actuar lo llevaron a cabo con motivo de la relación laboral que las une con la quejosa. Al respecto debe decirse que, efectivamente, el director y la subdirectora de la Escuela Secundaria Técnica número 69, tienen reconocido un doble carácter: uno, como autoridades, el cual con base a sus facultades tienen la capacidad de emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y otro, como patrones, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquellos, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios y en especie, al trabajador y a sus beneficiarios; caso en el cual, actúan en un plano de igualdad, debido a que se involucra el cumplimiento de ese convenio. De lo anteriormente expuesto, se advierte que en el caso, el acto reclamado dimana con motivo de la relación laboral que tiene la quejosa con el director y la subdirectora de la Escuela Secundaria Técnica número 69, a cargo de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. Por tanto, su actuación se ejerce en un plano de igualdad, es decir en una relación de coordinación, al ser una determinación que se toma con motivo de dicho vínculo laboral que existe entre éstos; en tal virtud, los actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en esa relación jurídica con sus subordinados, como es en el caso, la determinación de reasignar a la quejosa a una diversa área en sus labores como docente, no constituye un acto emitido por un funcionario en ejercicio de su relación de supra a subordinación con un particular, por no actuar con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, con base en la función y el cargo que desempeña. En ese sentido, es que la controversia que se suscite con motivo de esa relación en un plano de igualdad es susceptible de ser analizado por los tribunales de instancia competentes. En consecuencia, si la peticionaria considera en la especie que se ha incurrido en una violación a sus derechos laborales, inherentes al área en que debe cubrir su horario de trabajo; tiene expedito su derecho para acudir ante la autoridad correspondiente a ejercer las acciones pertinentes previstas por la ley de la materia. Por tanto, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que promueve Olga del Carmen Ruiz Treviño, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 5°, fracción II, del referido ordenamiento legal; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a las personas que menciona, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Por último, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados.
- Principal
En consecuencia, si la peticionaria considera en la especie que se ha incurrido en una violación a sus derechos laborales, inherentes al área en que debe cubrir su horario de trabajo; tiene expedito su derecho para acudir ante la autoridad correspondiente a ejercer las acciones pertinentes previstas por la ley de la materia. Por tanto, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que promueve Olga del Carmen Ruiz Treviño, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 5°, fracción II, del referido ordenamiento legal; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente.
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