Olga Alarcon Hernandez

Expediente 31/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
31/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
11/01/2022

Partes del expediente

  • Olga Alarcon Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a once de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos del presente cuaderno de antecedentes, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual informa que acepta la competencia planteada, se aboca al conocimiento de este asunto quedando registrado bajo el número 41/2020 de su índice y acusa recibo de estilo correspondiente. ANOTACIONES Y ARCHIVO Atento a lo anterior, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, archívese el presente cuaderno de antecedentes. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 2 transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente año, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 211, inciso d) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que este juzgado se declaró incompetente para conocer del mismo, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 152 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: ... d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; . 2 Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 253, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a seis de enero de dos mil veintidós. RADICACIÓN Y REGISTRO Téngase por recibida la demanda de amparo promovida en línea por Olga Alarcón Hernández, en representación del directo quejoso Omar Pineda Celis, contra actos del Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y otras autoridades, consistentes en la orden de traslado que pretenden llevar a cabo las responsables para ubicarlo en diverso centro de reclusión en la capital del país o uno diverso en el interior de la República Mexicana y su ejecución. Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente respectivo; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, bajo el juicio de amparo indirecto 31/2022-II-A. IMPROCEDENCIA DE SUSPENSIÓN DE PLANO Primeramente, se establece que de acuerdo a la nueva interpretación efectuada por la Primera Suprema José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 2 Corte de Justicia de la Nación, la orden de traslado ya no se equipara a un acto que atente contra la libertad personal fuera de procedimiento, ya que en la tesis 1a. XXI/2021 (10a.), que a continuación se citará consideró que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. De ahí que resulte improcedente proveer acerca de la suspensión de plano al no actualizarse los supuestos que prevé el artículo 126 de la Ley de Amparo. Registro digital: 2023063, Undécima Época, Materias(s): Penal, Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1760, que dice: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)].Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 3 ??????????????? de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 4 nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento. INCOMPETENCIA POR TERRITORIO Ahora bien, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, no es competente para conocer de la presente demanda de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero y 48, de la Ley de Amparo. Así es, que para mayor certeza se transcribe: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la lectura del citado normativo, se desprenden tres reglas, pero dadas las características del asunto a consideración, solo se analizarán las previstas en los párrafos primero y segundo, dado que se coincide en que los actos reclamados sí tienen ejecución. Por regla general (primer párrafo), la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función al lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 5 ??????????????? Hipótesis en que el juzgado declinante apoya su declinación de competencia. Una variante de dicha regla (segundo párrafo), se da cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, hipótesis en la que será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Para confirmar lo anterior, es conveniente precisar los actos reclamados que se advierten de la demanda que se analiza y que se hacen consistir en la orden de traslado que pretenden llevar a cabo las responsables para ubicar al impetrante en diverso centro de reclusión en la capital del país o uno diverso en el interior de la República Mexicana y su ejecución, de lo cual únicamente se advierte que el quejoso tiene noticia cierta del lugar donde comenzará, pero no del lugar donde continuará ejecutándose. La particularidad de la demanda en estudio, radica en que los actos reclamados a las autoridades responsables consistente en el traslado del quejoso, únicamente se advierte que se tiene certeza del lugar en que iniciará, esto es, el lugar en donde actualmente se encuentra recluido, mas no existe dato alguno que permita advertir el lugar donde finalizará o concluirá el mismo, aunado a que tampoco se señalan autoridades con residencia en esta jurisdicción que permitan evidenciar una posible ejecución en esta demarcación. Sin que pase desapercibido que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 6 PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario. Sin embargo, dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente y no se analizó si esa porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Debido a ello, en este caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. Pero en la especie, no consta esa información y siendo así, la competencia para conocer del asunto corresponde al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentra recluido, en términos del José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 7 ??????????????? párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por lo tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 64/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2020828, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 899, que dice: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 8 CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará. Por consiguiente, en el caso analizado, por las peculiaridades destacadas, se considera que es aplicable la regla prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 9 ??????????????? Lo anterior tiene justificación también, en la ponderación para una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de acceso expedito a la administración de justicia y de audiencia, los cuales implican la posibilidad de que los justiciables puedan acudir a la tutela jurisdiccional con el mínimo de obstáculos para ser oídos en su defensa, precisamente porque el lugar donde originalmente guarda reclusión el quejoso [y muy probablemente su asesoría legal] concurre con el de la residencia de los Juzgados de Distrito ubicados en la Ciudad de México, ello con la finalidad de acceder de manera pronta y eficaz al trámite del juicio de amparo y cumplir siempre los requisitos constitucionales y legales. En suma, de conformidad con los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, previstos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al diverso 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad además con lo dispuesto por el artículo 37, párrafo primero y 48, de la ley de la materia, este juzgado no es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad además con lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por ende, remítase vía interconexión el presente juicio de amparo al Juzgado de Distrito en turno de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que tenga a bien proveer lo conducente; con la atenta recomendación de acusar el recibo de estilo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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