Olga Adriana Cruz Ramos
Expediente 821/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 821/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 22/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Olga Adriana Cruz Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por acuerdo de veintiséis de mayo del año en curso, se recibió el oficio número 704/2022, signado por la Presidente de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado mediante el cual informó el cumplimiento dado al fallo protector, y al efecto, remitió copia certificada de las constancias con la que acreditó su dicho. Atento a lo anterior, en dicho proveído se ordenó dar vista a la parte quejosa con el referido oficio y las constancias remitidas para que en el término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; proveído que se le notificó personalmente por conducto de su autorizado el treinta y uno de mayo del año que cursa, sin que hubiese hecho manifestación alguna al respecto. Atento a lo expuesto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional PROCEDE A RESOLVER SI DE ACUERDO CON LAS CONSTANCIAS QUE EXISTEN EN AUTOS, LA EJECUTORIA DE AMPARO SE ENCUENTRA O NO CUMPLIDA. Así, de la lectura de las constancias que obran en el expediente se observa que, en el caso, por sentencia de cinco de abril de dos mil veintidós, por una parte se sobreseyó en el juicio y, por la otra, se concedió a la quejosa OLGA ADRIANA CRUZ RAMOS el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, realizara lo siguiente: "...Ordene el emplazamiento a las partes demandadas que tiene identificadas en auto de quince de diciembre de dos mil veinte, en los autos del expediente laboral número 25/2020 de su índice, informando desde luego la fecha y hora que señale para la celebración de la audiencia de ley respectiva." En ese contexto, del examen de las constancias acompañadas por la responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte el acatamiento del fallo protector, pues dicha autoridad efectuó y remitió copia certificada de lo siguiente: Auto de quince de diciembre de dos mil veinte, del que se advierte que ordenó notificar, emplazar y correr traslado a la parte demanda en el juicio laboral número 25/2020 del que emanan los actos reclamados, así como de las diligencias de notificación y emplazamiento respectivas de doce y veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Auto de doce de enero de dos mil veintidós en el que tuvo a la parte demandada contestando la demanda, oponiendo excepciones y defensas, ofreciendo pruebas y objetando las de su contraria. Auto de calificación de pruebas de veintiséis de abril de dos mil veintidós, del que se advierte que tuvo a la parte actora por conducto de su apoderado objetando las pruebas ofrecidas por sus contrapartes y señalando las doce horas del veintiséis de mayo de dos mil veintidós para la audiencia consagrada en el artículo 82 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado. Con todo lo anterior queda demostrado en autos que la responsable ha dado cabal cumplimiento al fallo protector, pues ordenó el emplazamiento a las partes demandadas referidas en su acuerdo de quince de diciembre de dos mil veinte, emitido en los autos del expediente laboral número 25/2020 de su índice, e informó la fecha y hora que señaló para la celebración de la audiencia de ley respectiva, atendiendo con ello los lineamientos señalados en la resolución de amparo. Por lo anterior, con apoyo en lo previsto en los artículos 196, párrafo tercero y 214, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, dado que, como ya se dijo, se atendió en sus términos los efectos de la sentencia. Por tanto, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. En términos de lo dispuesto en el artículo 18 fracción I inciso B del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto por una parte se sobreseyó en el juicio y, por la otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, este expediente es depurable después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA III ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, signado por la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, y anexos que acompaña, por medio del cual informa el cumplimiento que da a la ejecutoria de amparo, y para ello adjunta las constancias con las que acredita su dicho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el referido oficio y su anexo, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, expresen lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, de oficio, se procederá a analizar el cumplimiento de la citada sentencia. Se ordena al Actuario al que este expediente corresponda, proceder en términos del artículo 27 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, esto es, deberá deducir copia del presente acuerdo, así como copia certificada de la resolución que en pretendido cumplimiento remite la autoridad responsable, las cuales deberá entregar a la parte quejosa, expresando en el acta respectiva, de manera indubitable, la entrega de tales documentos, lo cual quedará bajo su responsabilidad como notificador; en tanto que el traslado a la parte tercera interesada deberá ser mediante el oficio respectivo. NOTIFÍQUESE PESONALMENTE.
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por la otra, se concedió a la peticionaria OLGA ADRIANA CRUZ RAMOS el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; por lo tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2º de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Integrantes de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído, cumplan con la parte de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y remitan en el mismo plazo copia certificada de las determinaciones que dicten al efecto, o en su caso, informen el trámite que realizan, para lo cual deberán utilizar los medios necesarios a su alcance para conseguir el debido cumplimiento. Se apercibe a la citada autoridad responsable a través de la persona física que la representa en el cumplimiento del fallo protector, que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado líneas anteriores, y si informa actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, sin causa justificada, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente, con fundamento en los ordinales 192 y 258 de la Ley de Amparo, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional), que resulta de multiplicar los días multa en cita por $ 96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), que constituye la Unidad de medida referida, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimotercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación. La multa en comento, en su caso, se impondrá a las personas físicas nombradas por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representan; lo cual no se prejuzga. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 821/2020 promovido por OLGA ADRIANA CRUZ RAMOS, contra actos del Integrantes de la Junta de Arbitraje para los empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y recibido por razón de turno en este Juzgado, el nueve de diciembre del mismo año; OLGA ADRIANA CRUZ RAMOS solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de los Integrantes de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, de quienes reclama los siguientes actos: La omisión por parte de la autoridad responsable de acordar la ampliación de demanda laboral que realizó mediante escrito de fecha diez de marzo del año dos mil veinte, dentro del expediente laboral 25/2020 del índice de la citada responsable. La denegación de justicia por parte de la responsable, en virtud de que ha omitido dar continuidad al trámite del juicio laboral 25/2020, pues tampoco ha notificado y emplazado a las demandadas, retrasando el señalamiento de la audiencia de Ley, así como el desahogo de las pruebas ofrecidas y por ende, el dictado del laudo correspondiente. La omisión de la responsable de dictar las medidas necesarias y conducentes e implementar los mecanismos adecuados a fin de dar continuidad al trámite del juicio laboral 25/2020, hasta su total conclusión. SEGUNDO. En proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte, se ordenó formar expediente impreso y electrónico, se registró en el libro de gobierno con el número 821/2020; se dio intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; y citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual se verificó el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en que se negó, por principio, el amparo y protección de la justicia federal con motivo de la prevalencia del acuerdo publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID 19). TERCERO. Inconforme con la sentencia la parte quejosa interpuso recurso de revisión, que se admitió a trámite en auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, de cuya substanciación correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y del Trabajo de este Décimo tercer circuito, cuyos Magistrados que lo componen decretaron la reposición del procedimiento, para efectos de dejar sin efectos la audiencia constitucional; se ordenara la notificación a la quejosa del auto de catorce de enero de dos mil veintiuno, en que se ordenó agregar informe justificado y las constancias remitidas por la responsable, como dar vista de estas mismas; y señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional de que se trata. Acatado lo determinado por el Órgano Colegiado en mención, y llegada la fecha de la audiencia constitucional, ésta se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Legal. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa se resumen en: La omisión por parte de la autoridad responsable de acordar la ampliación de demanda laboral que realizó mediante escrito de fecha diez de marzo del año dos mil veinte, dentro del expediente laboral 25/2020 del índice de la citada responsable. La denegación de justicia por parte de la responsable, en virtud de que ha omitido dar continuidad al trámite del juicio laboral 25/2020, pues tampoco ha notificado y emplazado a las demandadas, retrasando el señalamiento de la audiencia de Ley, así como el desahogo de las pruebas ofrecidas y por ende, el dictado del laudo correspondiente. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, ACEPTÓ LA EXISTENCIA de los actos reclamados. Esa certeza se corrobora mediante el acuerdo que la autoridad responsable transcribió al momento de rendir su informe justificado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: 1. Con fecha treinta de enero de dos mil veinte, la ahora quejosa OLGA ADRIANA CRUZ RAMOS, presentó demanda laboral ante la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, quedando radicada bajo el número de expediente laboral 25/2020, del índice de la citada responsable. 2. En proveído de dieciocho de febrero de dos mil veinte, la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, requirió a OLGA ADRIANA CRUZ RAMOS, para que precisara las funciones, horario y salario que fueron establecidos en la categoría durante la relación laboral. 3. En cumplimiento a lo anterior, mediante escrito de fecha diez de marzo del dos mil veinte, OLGA ADRIANA CRUZ RAMOS, aclaró, adicionó y amplió su demanda laboral. 4. La autoridad responsable ha sido omisa en acordar dicha ampliación, tampoco ha realizado el emplazamiento y notificación a las demandadas, lo que ha impedido el seguimiento del trámite del citado juicio laboral dentro de los términos establecidos en la Ley, por lo que reclamo la denegación de justicia. Lo relatado en los puntos tres y cuatro constituyen los actos reclamados en el presente juicio de amparo. QUINTO. Causas de improcedencia respecto del escrito de ampliación de demanda laboral. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia" En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, la parte quejosa en esencia reclama la omisión por parte de la autoridad responsable de acordar la ampliación de su demanda laboral, dentro del expediente laboral 25/2020; así como la omisión de dictar las medidas necesarias y conducentes e implementar los mecanismos adecuados a fin de dar continuidad al trámite del juicio laboral 25/2020. Ahora, al rendir su informe, la junta responsable aceptó la existencia del acto reclamado; sin embargo, agregó que mediante proveído de quince de diciembre de dos mil veinte (posterior a la fecha en que se presentó la demanda), emitió un acuerdo dentro del expediente laboral 25/2020, en el cual se admitió la demanda laboral y reservó el emplazamiento a juicio de los demandados, Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca y la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable de Gobierno del Estado de Oaxaca, . Bajo ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia invocada porque se destruyeron los efectos de la omisión de acordar la ampliación de su demanda laboral y de la omisión de dictar las medidas necesarias y conducentes e implementar los mecanismos adecuados a fin de dar continuidad al trámite del juicio laboral, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Así, sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, lo procedente es SOBRESEER en el juicio de amparo, por lo que respecta la omisión de la autoridad responsable de acordar lo relativo a la ampliación de la demanda laboral de la parte quejosa, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. Conceptos de violación respecto a la continuación y emplazamiento de los demandados en el expediente laboral 25/2020, del índice de la responsable. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda expone entre otros, el concepto de violación siguiente: Que se viola en su perjuicio el contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la autoridad responsable ha omitido dar continuidad al trámite del juicio laboral 25/2020, pues no ha notificado y emplazado a las demandadas, retrasando el señalamiento de la audiencia de Ley. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. En esencia, en torno a la vulneración del artículo 17 de la Constitución Federal que vierte la quejosa, porque la junta no ha determinado el emplazamiento a la parte demandada en los autos del juicio laboral del que emanan los actos reclamados, el concepto de violación que se hace valer, ES FUNDADO. Es verdad, la quejosa aduce que hasta ahora la junta responsable del conocimiento, no ha verificado el emplazamiento a la parte demandada, bajo el argumento de que el Estado en observancia de diversos acuerdos decretó que la enfermedad generada por el virus SARS COVID 19, es grave, y bajo los principio pro persona, se ordenó la suspensión inmediata y temporal de actividades no esenciales, el distanciamiento social y el resguardo domiciliario, lo cual vulnera en su perjuicio el artículo 17 de la Ley Fundamental, en tanto no se le está impartiendo justicia, lo que se refleja porque el proceso laboral radicado ante la junta del conocimiento se encuentra completamente paralizado. En efecto, la Junta responsable en auto de quince de diciembre de dos mil veinte, emitió un acuerdo dentro del expediente laboral 25/2020, en el cual se admitió la demanda laboral. Sin embargo, la responsable reservó el emplazamiento a juicio de los demandados, Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca y la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable de Gobierno del Estado de Oaxaca, hasta en tanto, existan las condiciones de salud que lo permitan y se encuentren reanudados los términos y plazos procesales. Bien, el artículo 17, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual en su párrafo segundo, establece: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales [.] Como se ve, la impartición de justicia es un derecho humano fundamental de los gobernados, enmarcado en el contexto del artículo 17 de la Constitución Federal, transcrito, garantizado por el Constituyente a fin de que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la imposibilidad de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Mandato constitucional que no admite la circunstancia de que las autoridades encargadas de la administración de justicia pongan trabas o trámites innecesarios que se traduzcan en obstáculos para el buen desempeño en los mecanismos tendientes a hacerla pronta y expedita. Ahora, es pertinente destacar también, como hecho notorio, la emergencia sanitaria surgida en todo el mundo, con motivo del virus SARS COVID-19, la cual ha limitado multiplicidad de actividades, entre ellas las jurisdiccionales, sin embargo, éstas no pueden permanecer por tiempo indefinido sin atentar el contenido del numeral 17 Constitucional transcrito, tanto más si en el caso no se advierte un acuerdo o determinación legal como el que estuvo vigente y fue publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID 19). Antes bien, no se advierte, como hecho notorio también, que exista determinación legal que limite las actividades de la junta responsable del conocimiento. En ese tenor, y considerando, que desde el quince de diciembre de dos mil veinte, fecha en que se reservó el emplazamiento de la parte demandada por la actora, ahora quejosa, a la en que se resuelve, ha transcurrido más de un año, sin que se haya verificado la audiencia de ley, precisamente por la falta de la integración de la relación procesal, es decir, la falta de emplazamiento de los demandados, es por lo QUE SE IMPONE CONCEDER A LA QUEJOSA EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL QUE SE SOLICITA. El efecto de la concesión implica que la responsable, inmediatamente, ordene el emplazamiento a las partes demandadas que tiene identificadas en auto de quince de diciembre de dos mil veinte, en los autos del expediente laboral número 25/2020 de su índice, señalando desde luego, la fecha y hora que señale para la celebración de la audiencia de ley respectiva. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por OLGA ADRIANA CRUZ RAMOS en términos del considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a OLGA ADRIANA CRUZ RAMOS, por los motivos expresados en el considerando séptimo de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma electrónicamente, RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Ramiro García Simón, Secretario que autoriza y da fe, dándose por concluida la audiencia y levantándose para constancia la presente acta que se firma. Doy fe.
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