Olenka Brigitte Toscano Cristóbal

Expediente 1690/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1690/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
27/10/2022

Partes del expediente

  • Olenka Brigitte Toscano Cristóbal
  • Lucía Isabel Salas Anton

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que Olenka Brigitte Toscano Cristóbal, Lucia Isabel salas Antón, Waldyr Enrique Salas Antón y Brayan Cleiderson Jorge Rojas y el menor de iniciales L.G.U.T. hubieran recurrido el proveído de cuatro de octubre del presente año, en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2°; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de la certificación de cuenta se advierte que en auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, se CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DE PLANO a la parte quejosa. Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; de autos se advierte que en auto de dos de octubre del presente año, se tuvo al Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe relativo a la suspensión de plano, concedida en proveído de treinta de septiembre de dos mil veintidós. Ahora, del informe de referencia, la autoridad migratoria hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que los directos quejosos Edgar José Moreno Hernández, en favor de 1) Olenka Brigitte Toscano Cristóbal, 2) Lucia Isabel salas Antón, 3) Waldyr Enrique Salas Antón y Brayan Cleiderson Jorge Rojas, menor de iniciales L.G.U.T.; no se encuentran a disposición de la autoridad migratoria adscrita a la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración. Manifestaciones a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos del numeral 202, en relación con el 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, por haber sido vertida por la autoridad responsable dentro de su informe de suspensión de plano. En ese tenor, resultaría ocioso realizar trámite alguno para localizar a los directos quejosos a fin de que se les notifique el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictado en este asunto, para que desahoguen el requerimiento que les fue formulado descrito en párrafos que anteceden, pues de la revisión de las constancias que integran el presente asunto, se advierte la actualización de una causa de sobreseimiento de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, de autos de desprende que en el presente juicio de amparo, el licenciado Edgar José Moreno Hernández, promovió demanda a favor de 1) Olenka Brigitte Toscano Cristóbal, 2) Lucia Isabel salas Antón, 3) Waldyr Enrique Salas Antón y Brayan Cleiderson Jorge Rojas, menor de iniciales L.G.U.T., y señaló como actos reclamados los siguientes: Privación de la libertad fuera del procedimiento. Incomunicación, tortura y malos tratos deportación. Restricción al derecho de transito. Por lo anterior, esta juzgadora determina que no son ciertos los actos reclamados, pues de las constancias que obran en los presentes autos, en específico de la razón realizada por la fedataria de la adscripción, se advierte que se constituyó en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, Delegación Tabasco, en busca de los quejosos 1) Olenka Brigitte Toscano Cristóbal, 2) Lucia Isabel salas Antón, 3) Waldyr Enrique Salas Antón y Brayan Cleiderson Jorge Rojas, menor de iniciales L.G.U.T., pero éstos no se encontraban en sus instalaciones. Por tanto, se obtiene que los directos quejosos de nacionalidad peruana, no se encontraban incomunicados, pues estos no han estado a disposición de la autoridad migratoria. Así, los actos reclamados por quien promovió la demanda en favor de 1) Olenka Brigitte Toscano Cristóbal, 2) Lucia Isabel salas Antón, 3) Waldyr Enrique Salas Antón y Brayan Cleiderson Jorge Rojas, menor de iniciales L.G.U.T., no se desplegaron, pues de las manifestaciones que realizó la autoridad responsable en su informe de suspensión de plano, así como de la razón actuarial, se desprende que a la fecha de la presentación de la demanda (treinta de septiembre del presente año), los actos reclamados no existían. De esta forma, al aparecer claramente demostrado de las constancias de autos, que no existen los motivos de la litis constitucional, de acuerdo a la técnica que rige el juicio de amparo es ilógico ocuparse del estudio de constitucionalidad, ya que como resultado procede el SOBRESEIMIENTO del juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. No es obstáculo a lo anterior, que la demanda de amparo presentada el treinta de septiembre del presente año, por el licenciado Edgar José Moreno Hernández, a favor de 1) Olenka Brigitte Toscano Cristóbal, 2) Lucia Isabel salas Antón, 3) Waldyr Enrique Salas Antón y Brayan Cleiderson Jorge Rojas, menor de iniciales L.G.U.T., no haya sido ratificada por los citados quejosos, pues como se mencionó anteriormente la autoridad responsable no los tiene a disposición. Por lo que, no se trata del supuesto de desaparición forzada que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo, pues claramente se aprecia que 1) Olenka Brigitte Toscano Cristóbal, 2) Lucia Isabel salas Antón, 3) Waldyr Enrique Salas Antón y Brayan Cleiderson Jorge Rojas, menor de iniciales L.G.U.T., no han estado a disposición de la autoridad migratoria. Notifíquese personalmente al promovente de amparo.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN ESTABLECIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; de autos se advierte que en auto de dos de octubre del presente año, se tuvo al Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe relativo a la suspensión de plano, concedida en proveído de treinta de septiembre de dos mil veintidós. Ahora, del informe de referencia, la autoridad migratoria hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que los directos quejosos Edgar José Moreno Hernández, en favor de 1) Olenka Brigitte Toscano Cristóbal, 2) Lucia Isabel salas Antón, 3) Waldyr Enrique Salas Antón y Brayan Cleiderson Jorge Rojas, menor de iniciales L.G.U.T.; no se encuentran a disposición de la autoridad migratoria adscrita a la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración. Manifestaciones a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos del numeral 202, en relación con el 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, por haber sido vertida por la autoridad responsable dentro de su informe de suspensión de plano. En ese tenor, resultaría ocioso realizar trámite alguno para localizar a los directos quejosos a fin de que se les notifique el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictado en este asunto, para que desahoguen el requerimiento que les fue formulado descrito en párrafos que anteceden, pues de la revisión de las constancias que integran el presente asunto, se advierte la actualización de una causa de sobreseimiento de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, de autos de desprende que en el presente juicio de amparo, el licenciado Edgar José Moreno Hernández, promovió demanda a favor de 1) Olenka Brigitte Toscano Cristóbal, 2) Lucia Isabel salas Antón, 3) Waldyr Enrique Salas Antón y Brayan Cleiderson Jorge Rojas, menor de iniciales L.G.U.T., y señaló como actos reclamados los siguientes: Privación de la libertad fuera del procedimiento. Incomunicación, tortura y malos tratos deportación. Restricción al derecho de transito. Por lo anterior, esta juzgadora determina que no son ciertos los actos reclamados, pues de las constancias que obran en los presentes autos, en específico de la razón realizada por la fedataria de la adscripción, se advierte que se constituyó en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, Delegación Tabasco, en busca de los quejosos 1) Olenka Brigitte Toscano Cristóbal, 2) Lucia Isabel salas Antón, 3) Waldyr Enrique Salas Antón y Brayan Cleiderson Jorge Rojas, menor de iniciales L.G.U.T., pero éstos no se encontraban en sus instalaciones. Por tanto, se obtiene que los directos quejosos de nacionalidad peruana, no se encontraban incomunicados, pues estos no han estado a disposición de la autoridad migratoria. Así, los actos reclamados por quien promovió la demanda en favor de 1) Olenka Brigitte Toscano Cristóbal, 2) Lucia Isabel salas Antón, 3) Waldyr Enrique Salas Antón y Brayan Cleiderson Jorge Rojas, menor de iniciales L.G.U.T., no se desplegaron, pues de las manifestaciones que realizó la autoridad responsable en su informe de suspensión de plano, así como de la razón actuarial, se desprende que a la fecha de la presentación de la demanda (treinta de septiembre del presente año), los actos reclamados no existían. De esta forma, al aparecer claramente demostrado de las constancias de autos, que no existen los motivos de la litis constitucional, de acuerdo a la técnica que rige el juicio de amparo es ilógico ocuparse del estudio de constitucionalidad, ya que como resultado procede el SOBRESEIMIENTO del juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. No es obstáculo a lo anterior, que la demanda de amparo presentada el treinta de septiembre del presente año, por el licenciado Edgar José Moreno Hernández, a favor de 1) Olenka Brigitte Toscano Cristóbal, 2) Lucia Isabel salas Antón, 3) Waldyr Enrique Salas Antón y Brayan Cleiderson Jorge Rojas, menor de iniciales L.G.U.T., no haya sido ratificada por los citados quejosos, pues como se mencionó anteriormente la autoridad responsable no los tiene a disposición. Por lo que, no se trata del supuesto de desaparición forzada que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo, pues claramente se aprecia que 1) Olenka Brigitte Toscano Cristóbal, 2) Lucia Isabel salas Antón, 3) Waldyr Enrique Salas Antón y Brayan Cleiderson Jorge Rojas, menor de iniciales L.G.U.T., no han estado a disposición de la autoridad migratoria. Notifíquese personalmente al promovente de amparo.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN ESTABLECIDO CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta recibido vía correo institucional signado por el Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, con sede en esta ciudad, autoridad señalada como responsable; mediante el cual rinde el informe relativo a la suspensión de plano, concedida en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, por tanto, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan a su contenido. En términos del artículo 143, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante la constancia que anexó en el informe que se provee. Ahora, en relación a los números telefónicos y correos electrónicos que proporciona, este juzgado toma conocimiento, como forma para establecer comunicaciones no procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Ahora, tomando en consideración que del contenido del informe de suspensión de plano rendido por la autoridad se advierte que la parte quejosa no se encuentra a disposición de esa autoridad migratoria, así como la razón actuarial de fecha treinta de septiembre de dos mil veintidós, suscrita por la fedataria judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, y toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para citas y notificaciones el ubicado en calle dos de abril, número 233, colonia centro, de esta ciudad, se comisiona al actuario de este órgano jurisdiccional, a fin de que se constituya en dicho domicilio, y notifique al promovente Edgar José Moreno Hernández, el contenido íntegro del presente proveído, así como el diverso de treinta de septiembre actual. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. mesa 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto el escrito de demanda mediante el cual Edgar José Moreno Hernández, en favor de 1) Olenka Brigitte Toscano Cristóbal, 2) Lucia Isabel salas Antón, 3) Waldyr Enrique Salas Antón y Brayan Cleiderson Jorge Rojas, menor de iniciales L.G.U.T. DE NACIONALIDAD Peruana, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Titular o Director del Instituto Nacional de Migración, Delegación Tabasco, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 11 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1690/2022-10. PRECISION DE LOS ACTOS RECLAMADOS Del análisis integral de la demanda, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, es obligación de este Juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados. De tal suerte que, al analizar el libelo constitucional, los juzgadores de amparo deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, con atención preferente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las expresiones que generen oscuridad o confusión; es decir, al fijar el acto reclamado, se deberá atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo que habrá de resolverse. Sustentan lo considerado, la jurisprudencia de la Novena Época, con registro 192097, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000, materia común, tesis P./J. 40/2000, página 32, de título y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Por lo que, del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que el promovente impugna lo siguiente: Privación de la libertad fuera del procedimiento. Incomunicación, tortura y malos tratos. Deportación. Restricción al derecho de tránsito. Tortura En esa medida, tomando que las autoridades señaladas como responsables tienen el carácter de administrativas, y el acto reclamado son de los que se consideran ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, contemplado en el artículo 15 de la Ley de Amparo, por lo que se debe proveer sobre la suspensión de plano del mismo, conforme lo señala el dispositivo 126 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis aislada con registro 2020146, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO EN EL AMPARO. PROCEDE DECRETARLA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE IMPORTEN ATAQUES A LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO, Y NO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN UNA ORDEN JUDICIAL QUE AFECTE A LA LIBERTAD". SUSPENSIÓN DE PLANO EN RELACIÓN AL ACTO RELATIVO A LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD FUERA DEL PROCEDIMIENTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a favor de los quejosos 1) Olenka Brigitte Toscano Cristóbal, 2) Lucia Isabel salas Antón, 3) Waldyr Enrique Salas Antón y Brayan Cleiderson Jorge Rojas, menor de iniciales L.G.U.T. DE NACIONALIDAD Peruana, a fin de que cesen inmediatamente los actos consistentes en PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD FUERA DEL PROCEDIMIENTO, INCOMUNICACIÓN, TORTURA, MALOS TRATOS Y CUALQUIER OTRO QUE PONGA EN PELIGRO LA VIDA O ALGUNO DE LOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, pues de tratarse de algún otro acto que se llegare a consumar, haría físicamente imposible restituir a la parte quejosa del goce de la garantía individual peticionada. En la inteligencia que el hecho que se encuentren los directos quejosos 1) Olenka Brigitte Toscano Cristóbal, 2) Lucia Isabel salas Antón, 3) Waldyr Enrique Salas Antón y Brayan Cleiderson Jorge Rojas, menor de iniciales L.G.U.T. DE NACIONALIDAD Peruana, internos en las instalaciones de la Estación Migratoria Delegación Tabasco, con sede en esta ciudad, del Instituto Nacional de Migración, ello no implica su aislamiento total que impida las visitas y comunicación con sus familiares y defensores, pues las autoridades responsables deben respetar los derechos humanos mínimos de la parte impetrante del amparo, como lo son, el acceso a la comunicación y visitas con familiares y abogados, deambular en el espacio donde se encuentra recluido suministro de alimentos y atención médica; todo ello, en condiciones de higiene suficiente que le permita satisfacer sus necesidades inmediatas. Así también, se concede la suspensión de plano para que las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 164, último párrafo, de la Ley de Amparo, y tomando en consideración lo expuesto en la demanda de amparo en la que se afirmó que fueron privados de su libertad por autoridades migratorias, para lo siguiente: En caso de que se hubiese iniciado el procedimiento administrativo migratorio correspondiente, o se hubiese dado trámite a la solicitud de condición de refugiados, se decrete la inmediata libertad a 1) Olenka Brigitte Toscano Cristóbal, 2) Lucia Isabel salas Antón, 3) Waldyr Enrique Salas Antón y Brayan Cleiderson Jorge Rojas, menor de iniciales L.G.U.T. DE NACIONALIDAD Peruana, bajo las siguientes condiciones: Dicten las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que aseguren que los impetrantes del amparo 1) Olenka Brigitte Toscano Cristóbal, 2) Lucia Isabel salas Antón, 3) Waldyr Enrique Salas Antón y Brayan Cleiderson Jorge Rojas, menor de iniciales L.G.U.T. DE NACIONALIDAD Peruana, no evadan el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, debiendo también dictar las medidas que se estimen pertinentes de acuerdo con la situación de contingencia por la que actualmente atraviesa nuestro país y las restricciones gubernamentales decretadas con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID 19 que impide el funcionamiento normal de las instituciones, para que en caso de que hubiese iniciado procedimiento administrativo se pueda lograr su continuación de no existir impedimento legal o material alguno. Se le requiera a los quejosos 1) Olenka Brigitte Toscano Cristóbal, 2) Lucia Isabel salas Antón, 3) Waldyr Enrique Salas Antón y Brayan Cleiderson Jorge Rojas, menor de iniciales L.G.U.T. DE NACIONALIDAD Peruana, para que proporcionen tanto a esa autoridad administrativa como a este Juzgado de Distrito, el domicilio en donde puedan ser localizado, el cual deberá encontrarse en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, así como los cambios que de dicho domicilio pudieran acontecer, los cuales también deberán ubicarse en esta ciudad. Se indique a los quejosos 1) Olenka Brigitte Toscano Cristóbal, 2) Lucia Isabel salas Antón, 3) Waldyr Enrique Salas Antón y Brayan Cleiderson Jorge Rojas, menor de iniciales L.G.U.T. DE NACIONALIDAD Peruana, que no deberán abandonar la demarcación geográfica de la Ciudad de Villahermosa, o sus áreas conurbadas, sin previa autorización de la autoridad. Se requiera a los quejosos 1) Olenka Brigitte Toscano Cristóbal, 2) Lucia Isabel salas Antón, 3) Waldyr Enrique Salas Antón y Brayan Cleiderson Jorge Rojas, menor de iniciales L.G.U.T. DE NACIONALIDAD Peruana, para que presenten solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Determinación que encuentra sustento en el artículo 147 de la Ley de amparo, al disponer que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que quedarán las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual se podrán establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En la inteligencia de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo, provengan de la comisión de un delito, tengan sustento en la existencia de alguna alerta migratoria vigente, exista acta de rechazo o deriven de cualquier otra situación diversa a la aquí analizada. Asimismo, se aclara que la medida decretada dejará de surtir efecto si previo a lo resuelto por este órgano jurisdiccional el Juez de Distrito en esta Ciudad, exista una diversa determinación en la que se hubiese decidido sobre la libertad de los quejosos y se contraponga con lo aquí ordenado. Sirve de apoyo, la tesis aislada con registro 2024000, emitida por Cuarto Tribunal Colegiado En Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicado el siete de enero de dos mil veintidós con datos pendientes, en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo dice: "PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD DE LA DETENCIÓN DE PERSONAS MIGRANTES. AL CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO CONTRA ÉSTA EN EL JUICIO DE AMPARO, DEBE ORDENARSE QUE CESE Y FIJAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS NECESARIAS PARA LOGRAR EL SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, MÁXIME SI SE ENCUENTRAN INVOLUCRADOS MENORES DE EDAD." Así como la ejecutoria de uno de febrero de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja 19/2022, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, en la que declaró parcialmente fundado, y como consecuencia, modificó la suspensión de plano decretada en proveído de veinticuatro de enero de este año, emitido en el juicio de amparo 83/2022, del índice de este Juzgado, lo que se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. SUSPENSIÓN DE PLANO EN RELACIÓN AL ACTO RELATIVO A LA ORDEN DE DEPORTACIÓN. Así, respecto de la orden de deportación que se emita en su contra, con fundamento en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, DE OFICIO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para que la orden de deportación no se ejecute; así, prevéngase a las autoridades responsables en cuestión, para que de manera inmediata se abstengan de llevar a cabo el acto mencionado en contra de los quejosos 1) Olenka Brigitte Toscano Cristóbal, 2) Lucia Isabel Salas Antón, 3) Waldyr Enrique Salas Antón y Brayan Cleiderson Jorge Rojas, menor de iniciales L.G.U.T. en los términos indicados. En el entendido, que para las suspensiones aquí decretadas las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 107 de la Ley de Migración, deberán respetarle los derechos siguientes: Prestarle servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica; Atender los requerimientos alimentarios de dichos extranjeros, ofreciéndole tres alimentos al día, para lo cual el Instituto deberá supervisar que la calidad de los alimentos sea adecuada. Mantener en lugares separados y con medidas que aseguran la integridad física del extranjero arriba citado, a hombres y mujeres; Mantener a los menores de edad preferentemente con su progenitora, salvo que por su integridad requiera de un alojamiento especial; Procurar la convivencia familiar; Garantizar el respeto de los derechos humanos del extranjero presentado; Permitir el acceso de representantes legales, o persona de su confianza y la asistencia consular; Permitir la visita de las personas que cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. En caso de negativa de acceso esta deberá entregarse por escrito debidamente fundado y motivado. Asimismo, le deberán hacer saber que tiene el derecho de ser asistido por las autoridades consulares de su país en caso de que así lo solicite. Medida suspensional que surtirá efectos desde luego y hasta en tanto se resuelva el presente juicio de amparo. Cabe destacar que, el Juez de Distrito al conceder la suspensión lo que procura es fijar la situación en la que quedaran las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, como para el caso, que en la demanda que nos ocupa se señaló como actos la orden de deportación que se emita en contra del precitado quejoso. Por tanto, si no se concediera la suspensión de dicho acto de la forma como se hizo, podría ejecutarse el mismo; es decir, cabe la posibilidad que el peticionario de amparo fuera deportado o retornado a su país de origen, trayendo como consecuencia que se le ocasionara daños y perjuicios de difícil reparación, pues provocaría en ella una alteración en su entorno personal, que muy posiblemente trascendería a su aspecto psicológico y emocional. Tiene apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J.80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 1/2006-PL, consultable en la página 15, del Tomo XXVI, Diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo". De igual forma, la tesis I.7o.P.7 K (10a.) del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro 2016679, publicada el veinte de abril de dos mil dieciocho en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, que dice: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN LA SUSPENSIÓN. PARA SU OTORGAMIENTO Y EFECTIVIDAD, CUANDO SE CONCEDE CONTRA LA ORDEN DE LA AUTORIDAD MIGRATORIA QUE DECRETA EL ALOJAMIENTO DE UN MENOR EXTRANJERO PARA RESOLVER SU SITUACIÓN MIGRATORIA, DEBE ATENDERSE A LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE AMPARO Y ARMONIZARLAS CON LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y CON LA LEY DE MIGRACIÓN. De conformidad con el artículo 164, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tratándose de actos en que la detención del quejoso la efectúe una autoridad administrativa distinta del Ministerio Público y que no tenga relación con la comisión de un delito, el efecto de la suspensión será que la persona sea puesta en libertad. Ahora bien, si el acto reclamado lo constituye la orden de la autoridad migratoria que decreta el alojamiento de un menor extranjero para resolver su situación migratoria, y en el juicio de amparo respectivo se concede la suspensión, el Juez de Distrito, con la finalidad de maximizar la protección de sus derechos humanos, puede adoptar medidas de aseguramiento en términos de la legislación internacional y nacional en materia de derechos humanos, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la calidad del quejoso por tratarse de persona menor de edad y migrante -grupos en situación de vulnerabilidad-; de ahí que con la finalidad de asegurar su comparecencia ante la autoridad migratoria para continuar con el procedimiento administrativo iniciado en su contra, no sólo debe atender a los requisitos de efectividad establecidos en la Ley de Amparo -artículo 168-, pues esas medidas deben armonizarse con lo que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -artículo 1o.- y la Ley de Migración -artículo 102-." Lo anterior, en el entendido que de conformidad con el artículo 111 de la Ley de Migración deberán resolver la situación regular de la parte quejosa en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación. Y si bien la parte quejosa, manifiesta que no puede estar privado de su libertad, debe decirse que, en caso de estar sujeto a un procedimiento administrativo, para resolver su situación migratoria, deberá estar a lo previsto en la hipótesis antes mencionada. Ello, pues la suspensión no puede tener por efecto que dichas autoridades dejen de acatar lo mandatado por la norma, pues ésta conforme el artículo 1° de la Ley de Migración, que es de orden público y de observancia general en toda la República, tiene por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. Incluso, conforme el artículo 37 de la Ley de Migración, todo extranjero tiene las siguientes obligaciones al internarse al país: "Artículo 37. Para internarse al país, los extranjeros deberán: I. Presentar en el filtro de revisión migratoria ante el Instituto, los documentos siguientes: a) Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido de conformidad con el derecho internacional vigente, y b) Cuando así se requiera, visa válidamente y en vigor, en términos del artículo 40 de esta Ley; o c) Tarjeta de residencia o autorización en la condición de estancia de visitante regional, visitante trabajador fronterizo o visitante por razones humanitarias. II. Proporcionar la información y los datos personales que las autoridades competentes soliciten en el ámbito de sus atribuciones. III. No necesitan visa los extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: a) Nacionales de países con los que se haya suscrito un acuerdo de supresión de visas o que no se requiera de visado en virtud de una decisión unilateral asumida por el Estado mexicano; b) Solicitantes de la condición de estancia de visitante regional y visitante trabajador fronterizo; c) Titulares de un permiso de salida y regreso; d) Titulares de una condición de estancia autorizada, en los casos que previamente determine la Secretaría; e) Solicitantes de la condición de refugiado, de protección complementaria y de la determinación de apátrida, o por razones humanitarias o causas de fuerza mayor, y f) Miembros de la tripulación de embarcaciones o aeronaves comerciales conforme a los compromisos internacionales asumidos por México". Por tanto, las autoridades administrativas se encuentran en aptitud de ejercer sus facultades conforme se actualicen los supuestos de la norma que, en el caso, es la Ley de Migración. Es aplicable por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia de la Décima Época, con registro: 2002071, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Penal, Tesis: 1a./J. 27/2012 (10a.), página: 1168, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO PENAL. NO IMPIDE EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS DE LAS AUTORIDADES CARCELARIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY DE AMPARO). De conformidad con dicho numeral, cuando la sentencia reclamada imponga la pena de privación de la libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del tribunal colegiado de circuito competente, por mediación de la autoridad que haya suspendido su ejecución. Ahora bien, de no proceder la libertad caucional, la suspensión no tendrá por efecto dejarlo en libertad, sino que se limita al hecho específico de que se paralice la ejecución de la condena y queden las cosas en el estado que guardan hasta en tanto se resuelva el fondo del amparo; es decir, el quejoso continuará privado de su libertad, por lo que el estatus de interno y el régimen de vida penitenciaria que padece dentro de determinado reclusorio, constituye una circunstancia no comprendida en los alcances de la medida precautoria concedida. En esa tesitura, el hecho de que el quejoso quede a disposición del tribunal colegiado, debido al otorgamiento de la suspensión, no implica que dentro de las facultades de dicho órgano esté la de intervenir en los actos de disposición que en el ejercicio de sus atribuciones despliega la autoridad carcelaria y administrativa respecto de la persona del quejoso, hecha excepción del supuesto en que llegaran a realizar algún acto vinculado directamente con la ejecución de la pena, objeto de la suspensión. Consecuentemente, frente a actos propios de tales autoridades administrativas que determinan el traslado del condenado o cualquier otra medida que modifique su situación de recluso, no procede el recurso de queja por incumplimiento de la suspensión, sino el amparo indirecto, sujeto al principio de definitividad, o no, según el caso." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Décima Época, con registro: 2013633, del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, Materia(s): Común, Administrativa, Tesis: PC.I.P. J/28 P (10a.), página: 658, de título y texto: "ACTA DE RECHAZO POR LA QUE LA AUTORIDAD MIGRATORIA DECRETA LA INADMISIBILIDAD A TERRITORIO NACIONAL DE UNA PERSONA EXTRANJERA. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. El acta de rechazo aludida constituye un acto administrativo derivado de un procedimiento de control migratorio que acontece en los lugares de tránsito internacional de personas, respecto del cual, no procede conceder la suspensión de oficio y de plano, al no estar comprendido en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 15 y 126 de la Ley de Amparo, y, además, porque no pone en riesgo la vida, la integridad física, ni la libertad de la persona, en tanto que el extranjero es libre de regresar a su lugar de procedencia tan pronto como las condiciones fácticas lo permitan, sin más limitación que la de ingresar al territorio nacional; además, porque constituye un acto autónomo e independiente que encuentra sustento en el artículo 11 constitucional, que lo hace distinto de la deportación o expulsión, y bien puede atenderse a través de la suspensión ordinaria en el incidente correspondiente y conforme a la normativa aplicable." De igual modo, en su parte conducente, la diversa jurisprudencia de la Octava Época, con registro: 218415, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 57, Septiembre de 1992, Materia(s): Administrativa, Tesis: V.2o. J/44, página: 63, de título y texto: "SUSPENSIÓN. ACTIVIDADES REGLAMENTADAS, NO PROCEDE CONCEDERLA SI EL QUEJOSO NO CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE IMPUGNE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE APOYA EL ACTO MATERIA DE LA. Tratándose de la suspensión de los actos reclamados en el juicio de garantías, no es razón suficiente para otorgarla el solo hecho de que se reclame, entre otros, la inconstitucionalidad de la ley o reglamento que exija el permiso o licencia para ejercer alguna actividad, pues, de suceder así, se estaría en el incidente de suspensión, decidiendo sobre la necesidad o no de contar con la licencia respectiva para la realización de esa actividad, lo que significaría resolver el fondo del asunto, tema que no puede abordarse en la materia suspensional. No basta, pues, impugnar la inconstitucionalidad de las disposiciones que reglamenten una actividad para obtener del órgano de control constitucional la suspensión, a efecto de seguir realizando esa misma actividad, pues esto sería tanto como, por medio de la medida suspensional, evadir el cumplimiento de disposiciones legales de orden público, que deben acatarse mientras no se decida lo contrario, y equivaldría a una sustitución del Juez de Distrito en facultades exclusivas de las autoridades administrativas, en contravención a la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, lo que resulta inadmisible para este tribunal." VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO RESPECTO DE POSIBLES ACTOS CONSTITUTIVOS DE TORTURA. Ahora, toda vez que del escrito de demanda se advierte que el promovente señala como actos reclamados, lo que denominó como "tortura" en su perjuicio; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, dése vista al agente del ministerio público de la federación adscrito a este órgano jurisdiccional, anexándole copia del escrito de demanda, para los efectos legales conducentes. Cobra aplicación al caso la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro VI, Tomo 2, Marzo de 2012, Materia Penal, Décima Época, del tenor siguiente: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011 establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atendiendo al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito." REQUERIMIENTO DE INFORME RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, para el inmediato y debido cumplimiento de la suspensión de plano decretada, comuníquese a las autoridades responsables la medida cautelar concedida para su debido acatamiento; debiendo informar en el plazo de VEINTICUATRO HORAS por oficio a este Juzgado de Distrito, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. COMISIÓN DE ACTUARIO PARA QUE DE FE DE ESTADO FÍSICO Y VERIFIQUE LA RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA En ese contexto, toda vez que del escrito de demanda se observa que los quejosos 1) Olenka Brigitte Toscano Cristóbal, 2) Lucia Isabel salas Antón, 3) Waldyr Enrique Salas Antón y Brayan Cleiderson Jorge Rojas, menor de iniciales L.G.U.T. DE NACIONALIDAD Peruana, se encuentran detenidos en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración Delegación, Tabasco, se comisiona a la actuaria judicial de la adscripción de este juzgado, para que se constituya en las instalaciones de las autoridades responsables, y notifique la presente determinación a los referidos quejosos; además, para que a través de sus sentidos, dé fe del estado físico y condiciones en que se encuentren, y la fecha en que ingresó a la estación migratoria, debiendo asentarlo en la razón que levante para tal efecto; lo anterior, para lograr un efectivo cumplimiento de la medida suspensional otorgada y no sea incumplida o violada por parte de la responsable. Manifieste SI RATIFICAN O NO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA en el entendido que de no hacerlo se tendrá por NO PRESENTADA, acorde lo establecido en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional, y se dejará sin efectos las providencias tomadas en el presente acuerdo. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL De conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117, 119 de la Ley de Amparo y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su numeral 2°, infórmese a las autoridades responsables en cuestión que está en aptitud de aportar como pruebas toda clase de elementos provenientes de los descubrimientos de la ciencia, por lo que, podrá adjuntar a su informe el disco que contenga el archivo electrónico de la resolución reclamada, o bien, podrá remitirlo al correo electrónico 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx; lo anterior permitirá, además, agilizar el trámite y resolución del presente asunto y cumplir con el principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita. Apercibidas que para el caso de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el siete de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA, en términos de los arábigos 238 y 260 fracción II, de la ley de la materia; sin perjuicio de proceder en su contra por el delito de desobediencia, en términos del artículo 262, fracción III de éste último ordenamiento. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se les hace saber a las autoridades que tienen la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de las autoridades que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de las determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Por otra parte, como lo solicita el promovente, expídasele copia certificada de forma electrónica autorizada mediante el uso de la firma electrónica del Secretario encargado, por duplicado la de suspensión de plano, a través del correo electrónico edgarmorenohernandez@gmail.com, previa certificación electrónica del secretario del juzgado; en atención al comunicado de prensa 208/2021, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que la Primera Sala, de ese lugar, resolvió el recurso de queja 3/2022, en el que estableció que "EN LOS JUICIOS DE AMPARO ES PROCEDENTE LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE FORMA ELECTRÓNICA, AUTORIZADAS MEDIANTE EL USO DE LA FIREL DE LA SECRETARIA O SECRETARIO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO SU ENVÍO POR CORREO ELECTRÓNICO". Por otra parte, en relación al número telefónico y correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carecen de eficacia jurídica para los efectos de citas y notificaciones. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea". Asimismo, se les exhorta para que propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese. ACUERDO.

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