Olegario Sanchez Simon

Expediente 382/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
382/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
19/04/2021

Partes del expediente

  • Olegario Sanchez Simon
  • Jose Faustino Alonso Lizardi
  • OLEGARIO SANCHEZ SIMON y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. I. Causa estado. Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. No existen documentos originales. Se hace la aclaración que la parte quejosa no allegó al juicio principal algún documento original que por sus características amerite proveer su devolución. IV. Devuelve disco compacto a la autoridad responsable. Como se advierte de la certificación que antecede, la autoridad responsable Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Querétaro, en funciones de Juez de Control de San Juan del Río, allegó a su informe un disco compacto, por ende, al ya no ser necesaria su retención previa constancia de desglose se deje en autos, remítase el mismo a la autoridad antes mencionada, haciendo la aclaración que no es necesario solicitar el acuse de recibo, ya que la constancia hace las veces del mismo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por conducto de sus defensores penales públicos.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, quince de abril de dos mil veintiuno. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Único Penal de Primera Instancia en turno, de San Juan del Río, Querétaro, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que le fue formulado por acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. En ese sentido, se tiene a la autoridad oficiante informando que no obran registros en su sistema, de los que se advierta que se haya recibido el despacho 2/2021, orden 6/2021, derivado del auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno dictado en este juicio de amparo. Se da de baja la comunicación oficial enviada. Ahora, toda vez que la comunicación oficial enviada, tenía por objeto notificar personalmente a los quejosos el contenido del acuerdo de veintidós de enero de dos mil veintiuno y toda vez que mediante resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, por las razones y fundamentos que en el propio auto se precisaron, por lo anterior, es que no se estima necesario el reenvió del despacho de que se trata. En consecuencia, déjese sin efectos el despacho 2/2021, orden 6/2021, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E. así como en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio que signa la Juez Interina del Juzgado Único de Instancia Penal del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado por acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, informa que el despacho 4/2021, con número de orden 8/2021, fue recibido en ese juzgado el quince de febrero de dos mil veintiuno y devuelto al día siguiente, y para tal efecto remite las constancias relativas a esa comunicación oficial, lo que se corrobora con el auto de veintitrés de febrero actual, en el que se tuvo por recibido el mismo. Se requiere al Juzgado Único Penal de Primera Instancia en turno, de San Juan del Río, Querétaro. Sin embargo, dígase que el requerimiento que le fue formulado el pasado cinco de marzo de dos mil veintiuno, versa respecto del diverso despacho 2/2021, orden 6/2021, derivado de este juicio de amparo, mismo que fue enviado el veintisiete de enero del mismo año, a través de correo electrónico institucional. Por ende, mediante oficio que derive del presente proveído, requiérase al Juzgado Único Penal de Primera Instancia en turno, de San Juan del Río, Querétaro, para que, en el término de tres días, contados a partir de la notificación de este acuerdo; remita el despacho 2/2021, orden 6/2021, mismo que fue enviado el veintisiete de enero del mismo año, a través de correo electrónico institucional a efecto de darlo de baja procesal y estadísticamente. Se agregan constancias solicitadas. Por otra parte. agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Querétaro, en funciones de Jueza de Control en San Juan del Río, Querétaro, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado por esta autoridad, remite copia certificada de la audiencia de terminación anticipada, verificada el cinco de marzo de dos mil veintiuno, en la que se autorizó el procedimiento abreviado, emitiendo fallo condenatorio contra ..y ..(aquí quejosos) y otros. En consecuencia, se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno y se tienen como pruebas las constancias que remite, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, del análisis de lo manifestado por el juez responsable antes citado y las constancias de mérito, se advierte la improcedencia del juicio constitucional al haber cambiado la situación jurídica de los quejosos en el proceso penal de origen. Previo al análisis de la causal de improcedencia se estima necesario a manera de antecedentes relacionar los siguientes: El Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Querétaro, en funciones de Jueza de Control en San Juan del Río, Querétaro, al momento de rendir su informe justificado, expresó que son ciertos los actos reclamados, pues al efecto indicó que el quince y dieciséis de julio de dos mil veinte, tuvieron verificativo las audiencias iniciales, en las cuales se dictó auto de vinculación a proceso a los quejosos ..y .., respectivamente, por el hecho que la ley califica como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 125, 125 Bis, 126 y 131, fracciones I y II, en relación al 14, fracción I del Código Penal del Estado de Querétaro, en agravio de...Posteriormente, mediante auto de cinco de marzo del año actual, se tuvo a la Jueza del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Querétaro, en funciones de Jueza de Control en San Juan del Río, Querétaro, informando que en audiencia de terminación anticipada, verificada el cinco de marzo de dos mil veintiuno, se autorizó el procedimiento abreviado, emitiendo fallo condenatorio contra ...y ...(aquí quejosos) y otros, por lo que, ante la conformidad de las partes, se declaró firme la sentencia respectiva y para sustentar su dicho, mediante oficio agregado en esta fecha, la responsable adjuntó copia certificada de la audiencia que tuvo verificativo el cinco de marzo de dos mil veintiuno, en la carpeta judicial ..., número único de causa .., en la que se dictó sentencia condenatoria a los aquí quejosos. Establecido lo anterior, se obtiene la actualización de la disposición jurídica establecida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)" Esto es así, porque de conformidad con el citado precepto legal, el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en el juicio de amparo, sin afectar la nueva situación jurídica. Precisado lo anterior, se hace patente la actualización de la hipótesis que contiene la fracción XVII del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, el cual previene expresamente que en el caso de que se aduzcan violaciones a los artículos 19 y 20 Constitucionales, las violaciones reclamadas solo podrán considerarse irreparablemente consumadas, en el caso de que se dicte la sentencia definitiva en primera instancia, como en el presente caso ocurre. Así, de las constancias de autos se advierte que en audiencias de quince y dieciséis de julio de dos mil veinte, tuvieron verificativo las audiencias iniciales, se dictó auto de vinculación a proceso a los quejosos ... y ..., respectivamente, por el hecho que la ley califica como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 125, 125 Bis, 126 y 131, fracciones I y II, en relación al 14, fracción I del Código Penal del Estado de Querétaro, en agravio de ...(acto reclamado). Sin embargo, de las constancias que la citada autoridad remitió como apoyo a su informe justificado complementario, se colige lo siguiente: En audiencia de terminación anticipada, verificada el cinco de marzo de dos mil veintiuno, se autorizó el procedimiento abreviado, emitiendo fallo condenatorio contra ...y ...(aquí quejosos) y otros, por lo que, ante la conformidad de las partes, se declaró firme la sentencia respectiva y para sustentar su dicho, mediante oficio agregado en esta fecha, la responsable adjuntó copia certificada de la audiencia que tuvo verificativo el cinco de marzo de dos mil veintiuno, en la carpeta judicial ..., número único de causa ..., en la que se dictó sentencia condenatoria a los aquí quejosos. A dichas pruebas se le confiere plena eficacia probatoria en términos de los artículos 197, 199 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consecuentemente, al haberse dictado la sentencia en el proceso penal de origen, no es jurídicamente posible restituir al quejoso en el goce de los derechos humanos violados, dado que el auto de vinculación a proceso por él combatido quedó irreparablemente consumado al emitirse la aludida sentencia. Es aplicable al caso, por analogía jurídica, la Jurisprudencia emitida en la Novena Época por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 169410, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tesis: 1a./J. 17/2008, tomo XXVII, Junio de 2008, página 270, materia Penal, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Lo anterior, puesto que el auto de vinculación a proceso reclamado, se encuentra regulado por los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que es emitido en la etapa de investigación complementaria, la cual, de conformidad con el artículo 211, fracción I, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, abarca desde la formulación de la imputación y culmina una vez cerrada la investigación. Además, los efectos de la referida determinación son fijar los hechos delictivos por los cuales se seguirá el proceso; y, de la etapa de investigación, preparar la materia del juicio, en caso de no llegar a alguna salida alterna o forma de terminación anticipada del proceso. Por tal razón, el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, establece que en tratándose de violaciones a los artículos 19 o 20 Constitucionales, la sentencia de primera instancia hace irreparablemente consumadas dichas violaciones, en cuanto existe un cambio de situación jurídica; lo que impide analizar en el amparo la constitucionalidad del primigenio acto, sin afectar la nueva situación jurídica generada por la sentencia dictada en el referido procedimiento. De ahí, que se estime que al haberse dictado sentencia condenatoria en contra de los quejosos ...y ..., quedaron irreparablemente consumadas las violaciones que, en su caso, pudieron haberse cometido en el auto de vinculación a proceso aquí reclamado, dado que es la sentencia definitiva la que ahora determina su situación jurídica en el procedimiento de origen. Por las razones que expone, se trae a cita la tesis: III.2o.P.150 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, marzo de 2019, Tomo III, página 2675, registro digital 2019590, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama el auto de vinculación a proceso, pero durante la etapa intermedia y previo a la emisión del auto de apertura a juicio oral, el Juez de Control en la misma causa dicta sentencia derivada del procedimiento abreviado que el quejoso eligió como una terminación anticipada del procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin que obste para ello, que la sentencia no se hubiere emitido en la etapa de juicio oral por un tribunal de enjuiciamiento, pues la parte conducente de la fracción mencionada no hace distingo alguno, a si debe tratarse de una sentencia dictada por un tribunal de esa naturaleza en la etapa de juicio oral, o la emitida por el Juez de Control en la intermedia, a razón del trámite anticipado de que se habla. Por su contenido, se cita la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 175, de rubro y texto: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable." En esa tesitura, resulta patente la configuración de una nueva situación jurídica que hace que las afectaciones e irregularidades que pudieron haberse actualizado en la vinculación a proceso reclamada, ya no puedan analizarse; pues, en tal caso se encuentra ya consumado en forma irreparable, lo cual se generó por la emisión de la sentencia definitiva, operando, en consecuencia, la multicitada causa de improcedencia. Así las cosas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 63, fracción V, de la multicitada ley, por ende, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, incluso sin esperar la celebración de la audiencia. Lo anterior, atendiendo a que el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a la Analista Jurídico SISE. Sobreseimiento, que se hace extensivo a las diversas autoridades señaladas como responsables, puesto que fueron señaladas únicamente en su carácter de autoridades ejecutoras. Captura de proveído. En ese sentido, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Autoridad informa. Agréguense a los autos el oficio que signa la Jueza de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Querétaro, actuando en San Juan del Río, Querétaro, mediante el cual informa que en audiencia de terminación anticipada, verificada el cinco de marzo de dos mil veintiuno, se autorizó el procedimiento abreviado, emitiendo fallo condenatorio contra Olegario Sánchez Simón y José Faustino Lizardi (aquí quejosos) y otros, por lo que, ante la conformidad de las partes, se declaró firme la sentencia respectiva; no obstante, la oficiante fue omisa en remitir las constancias que corroboren su dicho. Se requieren constancias. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 62 y 75 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, requiérase a la Jueza de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Querétaro, actuando en San Juan del Río, Querétaro, para que en el término de tres días, contado a partir de la notificación del presente, remita copia certificada legible, de la totalidad de las constancias relativas a la audiencia de terminación anticipada, verificada el cinco de marzo de dos mil veintiuno, en la carpeta judicial 312/2020; bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. Notifíquese.

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