OLEGARIO MARTÍNEZ SILVA y Otros.
Expediente 278/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 278/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 07/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- OLEGARIO MARTÍNEZ SILVA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, mediante el cual transcribe el proveído de cuatro de junio del año en curso, en el que por los motivos ahí expuestos acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del juicio de amparo promovido por Olegario Martínez Silva; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción de este cuaderno de antecedentes, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un expediente auxiliar, en el que no obran documentos originales exhibidos por las partes; previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. En otro aspecto, del estado procesal que guardan estos autos, se advierte que mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil quince, este órgano jurisdiccional careció de legal competencia para resolver dicho asunto; asimismo, se omitió remitir el original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 278/2015, en razón de que se desconocía a qué juzgado de Distrito correspondería conocer de la demanda de amparo promovida por Olegario Martínez Silva; por tanto, en atención a que del contenido del oficio que se provee se advierte dicha información, remítase en alcance el original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 278/2015; para los efectos legales conducentes.
- Principal
Del estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en el que se actúa, así como de las constancias que lo integran, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de territorio, para conocer la demanda promovida por el quejoso Olegario Martínez Silva, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA En primer término, cabe destacar que, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Al respecto, se toma en cuenta que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El artículo citado establece las reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se surten en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo, las cuales consisten en lo siguiente: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente cualquiera de los jueces de las jurisdicciones de que se trate, a prevención; Si el acto controvertido carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado. Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene el criterio de que resulta competente para conocer del juicio de amparo indirecto relativo a la libertad anticipada de la parte quejosa, el juzgador en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario donde el reo se encuentre recluido. Tiene aplicación la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2006160 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 14/2014 (10a.) Página: 633 "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido." Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto cuarto, fracción décima, párrafo segundo del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, los Jueces de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, ejercen jurisdicción territorial en el municipio de Acayucan, Veracruz. HECHOS En el caso, el acto reclamado consiste en el oficio número SG/DG/DJ/ES/818/2012 de treinta y uno de diciembre de dos mil doce, expido por la Encargada de la Delegación Jurídica de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el cual se negó el beneficio de la libertad anticipada solicitada por la parte quejosa; el cual es un acto que requiere ejecución material, pues aun y cuando en dicho proveído se negó la solicitud del inconforme para obtener el beneficio de libertad anticipada, lo cierto es que como consecuencia de ello, ocasiona que el quejoso continúe privado de dicho derecho fundamental en el lugar en que se encuentre recluido. Asimismo, de las constancias que anexó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, a las cuales se les confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa se encuentra recluida en el Centro de Reinserción Social de Acayucan, en el Estado de Veracruz (fojas 54 y 55). CONCLUSIÓN De todo lo anterior, se concluye respetuosamente que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para resolver este asunto, en razón del territorio del acto reclamado; asimismo, que el oficio número SG/DG/DJ/ES/818/2012 de treinta y uno de diciembre de dos mil doce, expido por la Encargada de la Delegación Jurídica de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el cual se negó el beneficio de la libertad anticipada solicitada por la parte quejosa; entraña efectos de ejecución, lo cual tendría lugar, en su caso, en el municipio de Acayucan, Veracruz, por ser el lugar donde se encuentra recluido el hoy quejoso. Por lo tanto, la regla competencial aplicable en el caso es la prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; por tanto que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto por razón de territorio, la declina al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con sede en Coatzacoalcos, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en dicha localidad, remitiendo los autos originales del juicio de amparo 278/2015; solicitándoles el acuse de recibo respectivo. En tales condiciones, procede dejar sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. Con las constancias necesarias fórmese cuaderno de antecedentes.
- Principal
Se tienen por recibidos los escritos de cuenta, signados por el autorizado de la parte quejosa, mediante los cuales realiza diversas manifestaciones; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la audiencia respectiva relaciónense a título de alegatos. Por otra parte, en atención a la solicitud de que se señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, dígasele que se este a lo acordado el siete de abril del año en curso (foja 172).
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, ténganse por formulados los alegatos que expone, de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlos al tener verificativo la audiencia constitucional.
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