Olegario Flores Bugarín
Expediente 799/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 799/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Olegario Flores Bugarín
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintisiete de noviembre del año en curso, en el que se desechó su demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Finalmente, en autos obra documento en original, exhibido por la parte quejosa; en esa medida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del citado acuerdo, requiérasele para que en el término de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dicho documento, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, será destruido.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA AUTO DE 27 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE A LA LETRA DICE "...Vista la demanda de amparo promovida por Olegario Flores Bugarín contra actos del Juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad y otras autoridades; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 799/2020-I. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, para lo cual deben tomarse en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por tanto, la parte quejosa debe esperar que se lleven a cabo todos los actos de ejecución y el juez natural se pronuncie sobre el cumplimiento del fallo definitivo, o bien, que ordene el archivo del expediente, para que esté en aptitud de promover el juicio de amparo en contra de las violaciones que estime ocurrieron en el procedimiento de ejecución. Ahora bien, cuando la parte quejosa se ostenta como tercera extraña al procedimiento de ejecución o cuando los actos reclamados afecten de manera directa los derechos sustantivos del promovente, es procedente el ejercicio de la acción constitucional, independientemente de que constituya o no la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución en el remate de los bienes embargados o hipotecados. Sin embargo, de la demanda de amparo y de las constancias que se allegaron con la misma, se obtiene que el promovente no es tercero extraño a juicio, sino demandado. Por lo que debe esperar al dictado de la última resolución del procedimiento de ejecución como se precisó. Por otra parte, en la contradicción de tesis 215/2009, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que dada la amplitud de la norma contenida en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, en el sentido de que el juicio de amparo procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que esta disposición da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción III, y no a la inversa, de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia; esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En la especie, el juicio del que derivan los actos reclamados se encuentra en etapa de ejecución de la sentencia emitida y lo que se pretende es ejecutar lo condenado; asimismo, el acto reclamado infringe únicamente derechos adjetivos de la parte quejosa, pues únicamente reclama el auto por el que la juez responsable ordenó la ejecución de la sentencia. En consecuencia, no se actualiza la excepción relativa a que a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Luego, será hasta que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o que se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o se ordene el archivo definitivo del expediente cuando se esté ante última resolución pronunciada en el procedimiento de ejecución y pueda entablarse la acción constitucional en su contra. Por tanto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Olegario Flores Bugarín. Exhortación a las partes para su incorporación al juicio en línea. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a las partes que de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a través de los cuales se entablen comunicaciones no oficiales, en caso de ser necesario. Para incorporarse al juicio en línea requieren contar con firma electrónica vigente y podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo..."
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Olegario Flores Bugarín contra actos del Juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad y otras autoridades; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 799/2020-I. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, para lo cual deben tomarse en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por tanto, la parte quejosa debe esperar que se lleven a cabo todos los actos de ejecución y el juez natural se pronuncie sobre el cumplimiento del fallo definitivo, o bien, que ordene el archivo del expediente, para que esté en aptitud de promover el juicio de amparo en contra de las violaciones que estime ocurrieron en el procedimiento de ejecución. Ahora bien, cuando la parte quejosa se ostenta como tercera extraña al procedimiento de ejecución o cuando los actos reclamados afecten de manera directa los derechos sustantivos del promovente, es procedente el ejercicio de la acción constitucional, independientemente de que constituya o no la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución en el remate de los bienes embargados o hipotecados. Sin embargo, de la demanda de amparo y de las constancias que se allegaron con la misma, se obtiene que el promovente no es tercero extraño a juicio, sino demandado. Por lo que debe esperar al dictado de la última resolución del procedimiento de ejecución como se precisó. Por otra parte, en la contradicción de tesis 215/2009, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que dada la amplitud de la norma contenida en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, en el sentido de que el juicio de amparo procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que esta disposición da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción III, y no a la inversa, de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia; esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En la especie, el juicio del que derivan los actos reclamados se encuentra en etapa de ejecución de la sentencia emitida y lo que se pretende es ejecutar lo condenado; asimismo, el acto reclamado infringe únicamente derechos adjetivos de la parte quejosa, pues únicamente reclama el auto por el que la juez responsable ordenó la ejecución de la sentencia. En consecuencia, no se actualiza la excepción relativa a que a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Luego, será hasta que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o que se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o se ordene el archivo definitivo del expediente cuando se esté ante última resolución pronunciada en el procedimiento de ejecución y pueda entablarse la acción constitucional en su contra. Por tanto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Olegario Flores Bugarín. Exhortación a las partes para su incorporación al juicio en línea. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a las partes que de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a través de los cuales se entablen comunicaciones no oficiales, en caso de ser necesario. 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