Olegario Barojas Vera

Expediente 973/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
973/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
13/01/2021

Partes del expediente

  • Olegario Barojas Vera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de enero de dos mil veintiuno. Atento a la certificación de cuenta, se advierte que en sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó la "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los Órganos Jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", en la que se determinó el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, durante el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno y; que una vez transcurrido dicho plazo se reanudarían los términos y los plazos procesales conforme a las disposiciones 2 y 32 del diverso Acuerdo General 21/2020 del propio Pleno; asimismo, que el presente juicio de amparo no cumplió con los supuestos precisados en el citado Acuerdo General 13/2020, necesarios para poder actuar durante el período de suspensión previamente referido; por lo que, tomando en cuenta que el citado plazo ya transcurrió, se reanudan los términos procesales del presente juicio. Por otro lado, de la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De ......Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tienen por recibidos los oficios y anexos de cuenta del Presidente de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por medio de los cuales remite copias certificadas de diversas constancias en alcance al informe justificado correspondiente los cuales se integran sin mayor acuerdo en razón de que el presente juicio de amparo se sobreseyó fuera de audiencia el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, como se refirió anteriormente. .....

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta de la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por medio del cual rinde el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado correspondiente de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de las constancias que se acompañan al informe justificado de cuenta se advierte que mediante acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veinte la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, señaló fechas para que tengan verificativo las pruebas pendientes por desahogar en el juicio laboral ********************de su índice, y el diecisiete de octubre de dos mil veinte notificó a la parte actora -aquí quejosa- dicho auto; lo que se se corrobora con las constancias remitidas por la referida autoridad, documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Por lo que, del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso ********************hizo consistir el acto reclamado en la omisión de proveer el desahogo de las pruebas pendientes en el juicio laboral de origen ********************; y, la autoridad responsable el dieciséis de octubre de dos mil veinte, acordó los referidos medios de convicción y el diecisiete de octubre de dos mil veinte notificó a la parte quejosa el acuerdo correspondiente, lo que se acredita con las constancias que adjuntó al informe justificado que ahora se provee. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse señalado fechas para que tengan verificativo las pruebas pendientes por desahogar en el juicio laboral ********************de su índice, y notificado a la parte quejosa el acuerdo relativo, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta y seis minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente. ...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta de la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por medio del cual rinde el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado correspondiente de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de las constancias que se acompañan al informe justificado de cuenta se advierte que mediante acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veinte la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, señaló fechas para que tengan verificativo las pruebas pendientes por desahogar en el juicio laboral ********************de su índice, y el diecisiete de octubre de dos mil veinte notificó a la parte actora -aquí quejosa- dicho auto; lo que se se corrobora con las constancias remitidas por la referida autoridad, documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Por lo que, del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso ********************hizo consistir el acto reclamado en la omisión de proveer el desahogo de las pruebas pendientes en el juicio laboral de origen ********************; y, la autoridad responsable el dieciséis de octubre de dos mil veinte, acordó los referidos medios de convicción y el diecisiete de octubre de dos mil veinte notificó a la parte quejosa el acuerdo correspondiente, lo que se acredita con las constancias que adjuntó al informe justificado que ahora se provee. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse señalado fechas para que tengan verificativo las pruebas pendientes por desahogar en el juicio laboral ********************de su índice, y notificado a la parte quejosa el acuerdo relativo, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta y seis minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente. ...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de noviembre de dos mil veinte. Expediente y registro Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y advirtiéndose de los mismos que a la fecha en que se actúa la quejosa Olegario Barojas Vera, no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de quince de octubre de dos mil veinte, en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto antes mencionado y se provee la demanda conforme se planteó inicialmente, por tanto, se acuerda: Desechamiento parcial de la demanda Respecto al acto reclamado del Secretario y del Auxiliar adscrito a la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, este último en sentido contrario, de la Ley de Amparo que establece lo siguiente: ....En mérito de lo expuesto, se concluye que por una parte se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, esta última interpretada a contrario sensu, por lo que, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha parcialmente la demanda propuesta respecto de las aludidas autoridades responsables. Procedencia de la demanda Vista la demanda de amparo promovida por ***, en contra de los actos de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, SE ADMITE en sus términos. Incidente de suspensión Sin tramitarse el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo por no haberse solicitado expresamente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley Amparo. Solicitud de informe justificado; correo oficial del juzgado y solicitud de correo electrónico oficial a las autoridades. Con apoyo en el artículo 117 de la citada ley, pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación para que se permita su conocimiento a las partes, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, debiendo exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. ....Audiencia constitucional Conforme a lo previsto en el artículo 115 de la ley de la materia, se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto, de conformidad con la normatividad aplicable. Pruebas Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la parte quejosa, las documentales que anexó a su escrito aclaratorio, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero interesado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5º, fracción III, de la Ley de Amparo, se tienen como terceros interesados a "BANCO AZTECA sociedad anónima institución de banca múltiple; "ELMEX SUPERIOR sociedad anónima de capital variable; "MERCADOTECNIA TEZONTLE sociedad anónima de capital variable; y, "SERVICIOS LABORALES Y EJECUTIVOS, sociedad anónima de capital variable En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, emplácese a los terceros interesados antes precisados en el domicilio señalado por la parte quejosa, ubicado en:****, Puebla, por conducto del actuario judicial adscrito a este juzgado, debiendo entregarles copia de la demanda de amparo y copia autorizada del auto admisorio para el traslado correspondiente; así como, les haga saber el día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, el derecho que tienen de apersonarse al juicio si a su interés conviene y requiera a los referidos terceros interesados para que dentro del término de tres días señalen domicilio en esta ciudad o en la ciudad de Puebla, Puebla, para recibir notificaciones; con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún las personales se les practicarán por lista autorizada que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, sin necesidad de posterior acuerdo y hasta en tanto subsane su omisión. De igual forma, con fundamento en el precepto 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para el desahogo de tal diligencia. ....

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