Olegaria Lares Ocegueda

Expediente 996/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
996/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
16/10/2019

Partes del expediente

  • Olegaria Lares Ocegueda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el nueve de agosto del año en curso (fojas 61-63), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de doce de agosto del año en curso (foja 64), se dio vista a la parte agraviada con la referida comunicación y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la promovente el dieciséis de agosto del actual año (foja 67); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del veinte al veintidós de agosto pasado, sin contar los días inhábiles que mediaron en dichas fechas, por corresponder a sábado y domingo, de conformidad con el dispositivo 19 de la legislación de Amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***.". En ese sentido, mediante resolución de diez de junio de dos mil diecinueve (fojas 23-35), se determinó conceder a Olegaria Lares Ocegueda, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: ".se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 24, fracción VIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el recibo fiscal 2032231 de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago se haya hecho a la quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." (.) Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, en auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve (fojas 43-44) se declaró ejecutoriada dicha resolución y, por ende, se requirió a las autoridades responsables para que en el término de diez días la acataran. Así, a través del oficio y anexo presentados el nueve de agosto del año en curso (fojas 61-63) en este Juzgado de Distrito, por la delegada de la autoridad responsable informó la forma en que pretendió dar cumplimiento al fallo protector, esto es, comunicó que el seis de agosto del presente año devolvió a la parte quejosa por medio de cheque número 1320, valioso por la cantidad de $7,335.22 (siete mil trescientos treinta y cinco pesos 22/100, moneda nacional), situación que acreditó con los anexos antes indicados En ese tenor, si tenemos que el monto total de $7,335.22 (siete mil trescientos treinta y cinco pesos 22/100, moneda nacional), suma que pagó la parte quejosa derivada de los preceptos declarados inconstitucionales, debía ser actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintinueve de abril de dos mil diecinueve y el seis de agosto de este año, se efectúo la devolución indicada en el párrafo que antecede, por la cual la autoridad responsable pretende devolver las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril a agosto de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo entre el índice para el mes de julio de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril de dos mil diecinueve fue 103.531; y para el mes de julio 103.687. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.001. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber $7,335.22 (siete mil trescientos treinta y cinco pesos 22/100, moneda nacional), se obtiene la cantidad de $7,342.55 (siete mil trescientos cuarenta dos pesos 55/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $7,335.22 (siete mil trescientos treinta y cinco pesos 22/100, moneda nacional); es decir, no reintegró la diferencia de que se trata, pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de devolverla, así como los que efectué el quejoso, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el nueve de agosto del año en curso (fojas 61-63), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de doce de agosto del año en curso (foja 64), se dio vista a la parte agraviada con la referida comunicación y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la promovente el dieciséis de agosto del actual año (foja 67); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del veinte al veintidós de agosto pasado, sin contar los días inhábiles que mediaron en dichas fechas, por corresponder a sábado y domingo, de conformidad con el dispositivo 19 de la legislación de Amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***.". En ese sentido, mediante resolución de diez de junio de dos mil diecinueve (fojas 23-35), se determinó conceder a Olegaria Lares Ocegueda, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: ".se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 24, fracción VIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el recibo fiscal 2032231 de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago se haya hecho a la quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." (.) Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, en auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve (fojas 43-44) se declaró ejecutoriada dicha resolución y, por ende, se requirió a las autoridades responsables para que en el término de diez días la acataran. Así, a través del oficio y anexo presentados el nueve de agosto del año en curso (fojas 61-63) en este Juzgado de Distrito, por la delegada de la autoridad responsable informó la forma en que pretendió dar cumplimiento al fallo protector, esto es, comunicó que el seis de agosto del presente año devolvió a la parte quejosa por medio de cheque número 1320, valioso por la cantidad de $7,335.22 (siete mil trescientos treinta y cinco pesos 22/100, moneda nacional), situación que acreditó con los anexos antes indicados En ese tenor, si tenemos que el monto total de $7,335.22 (siete mil trescientos treinta y cinco pesos 22/100, moneda nacional), suma que pagó la parte quejosa derivada de los preceptos declarados inconstitucionales, debía ser actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintinueve de abril de dos mil diecinueve y el seis de agosto de este año, se efectúo la devolución indicada en el párrafo que antecede, por la cual la autoridad responsable pretende devolver las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril a agosto de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo entre el índice para el mes de julio de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril de dos mil diecinueve fue 103.531; y para el mes de julio 103.687. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.001. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber $7,335.22 (siete mil trescientos treinta y cinco pesos 22/100, moneda nacional), se obtiene la cantidad de $7,342.55 (siete mil trescientos cuarenta dos pesos 55/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $7,335.22 (siete mil trescientos treinta y cinco pesos 22/100, moneda nacional); es decir, no reintegró la diferencia de que se trata, pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de devolverla, así como los que efectué el quejoso, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tienen por recibidos el oficio y anexos de cuenta, remitidos por la delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, el seis de agosto del año en curso, entregó a la parte quejosa el cheque de caja 0001320, valioso por la cantidad de $7,335.22 (siete mil trescientos treinta y cinco pesos 22/100 moneda nacional); en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con el oficio de cuenta y anexos de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Por tanto, se deja sin efecto la vista otorgada a la amparista en proveído de veintidós de julio del año en curso. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por el Jefe de la Oficina para Cobros, así como Jefe de Notificadores y Supervisor de Ejecutores de la Subdelegación Tepic del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Nayarit, con sede en esta ciudad y cuatro copias simples del mismo, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el veinticinco de julio del año en curso. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 88, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, a fin de que dentro del término de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba una copia más de su escrito de agravios, ya que del sello de la Oficialía de Partes de este Juzgado, se advierte que únicamente se acompañaron cuatro copias de su libelo y son necesarias cinco, a fin de distribuirlas de la siguiente manera: el ocurso original para remitirlo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, una copia para agregarla al presente juicio de garantías, dos copias más para las diversas autoridades señaladas como responsables, una más para la parte quejosa y otra para el el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento al presente requerimiento, en el término indicado, se tendrá por no interpuesto dicho medio de impugnación, de conformidad con el último párrafo del ordinal 88 de la Ley de la Materia. NOTIFÍQUESE.

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