Oldham Matthew Sthepen

Expediente 387/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
387/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
24/06/2021

Partes del expediente

  • Oldham Matthew Sthepen

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interponga recurso de queja contra el auto dictado el dos de junio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. Por otra parte, atento a la segunda de las certificaciones de cuenta, de la que se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en su oportunidad envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, por haberse desechado la demanda de amparo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del citado Acuerdo. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo de cuenta, mediante la cual Oldham Matthew Sthepen, a través de su apoderado legal *** [personalidad que acredita con copia certificada de la escritura pública ***], solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula B-III-2, en la Ciudad De Chetumal, Estado De Quintana Roo, de la Fiscalía General De La Republica; regístrese en el Libro de Gobierno respectivo, bajo el número 387/2021-III. Primeramente, debe precisarse que del análisis del ocurso de demanda se desprende que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: *******. Precisado lo anterior, debe decirse que es un hecho notorio para el suscrito los asuntos que se tramitan en este juzgado de Distrito, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, del expediente 288/2020 de esta propia estadística se desprende lo siguiente: I. El veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ***, por conducto de su apoderado legal ***, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera de Investigación y Litigación, Chetumal, Quintana Roo; para el efecto de realizar lo siguiente: Dejara insubsistente el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veinte, dictado en la carpeta de investigación ***, en el que decretó el aseguramiento de la aeronave marca y modelo ***, y en su lugar, emitiera otro en el que, de manera fundada y motivada, explicara con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración para la emisión de la determinación que corresponda, así como los indicios y fundamentos legales en que se apoye. Lo anterior sin perjuicio de que, si la responsable decidiera decretar nuevamente el aseguramiento de la aeronave de referencia, con plenitud de jurisdicción, debería analizar los datos que obran en la indagatoria, y tome en consideración que: A la fecha en que se actúa el aseguramiento reclamado tenía más de nueve meses, sin que dé un destino final al bien asegurado. Tomara en cuenta la hipótesis legal que prevé los supuestos en que es factible o necesario el aseguramiento de bienes relacionados con la comisión de un delito; y, Expusiera con base en qué elementos de prueba concluyó que la aeronave está relacionada con el delito de Uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, así como conductas relacionadas con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y a partir de ahí, determinara lo que estime conducente, siempre y cuando purgara los vicios formales destacados en el fallo. Además, dejara insubsistente el acuerdo de veintidós de julio de dos mil veinte en el cual se reservó acordar sobre la devolución de la aeronave. En la inteligencia de que, para el caso de reiterar el acuerdo de aseguramiento, debió resolver en consecuencia la petición de la devolución de la aeronave formulada en la comparecencia de ****, en su carácter de apoderado legal de ***, el ocho de julio de dos mil veinte, para lo cual tendrá que purgar los vicios de forma precisados y ajustarse a los lineamientos de ese fallo. II. Por auto de veinticuatro de febrero del año en curso, la sentencia en comento causó ejecutoria, y se requirió al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera de Investigación y Litigación, Chetumal, Quintana Roo diera cumplimiento a la sentencia de amparo. III. Por acuerdo de seis de abril de dos mil veintiuno, se tuvo al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula B-III-2 Chetumal, Estado de Quintana Roo, informando el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; lo que acreditó con copia certificada de las documentales siguientes: Acuerdo de aseguramiento de ministerial de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitido en la carpeta de investigación ***, de su índice, y Correo electrónico dirigido a ***, mediante el cual adjunta copia del citado acuerdo. Bajo ese contexto, en esa misma data se concedió a las partes un plazo de tres días, computado legalmente, para que hicieran valer lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo que informó la autoridad responsable, el cual transcurrió para la parte quejosa del trece de abril al tres mayo de dos mil veintiuno, dado que la notificación se llevó a cabo vía electrónica el doce y surtió efectos ese misma día. En el caso se estima, que procede desechar la demanda de amparo de plano por su manifiesta e indudable improcedencia. Lo anterior en razón de que es evidente que el quejoso tuvo conocimiento del acto que por esta vía constitucional combate, desde el doce de abril de dos mil veintiuno. Sentado lo anterior, se estima oportuno atender lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo en mención señala que para que el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Bajo ese contexto, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, el cual dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.].". De conformidad con el artículo y fracción transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento, es decir, en el caso concreto que nos ocupa, a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento o se ostenta sabedor del acto reclamado. Para conocer los plazos para promover el juicio de amparo, se hace necesario precisar el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Del precepto legal antes transcrito se desprende que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: Primer párrafo: Quince días, regla general. Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general auto-aplicativa, o el procedimiento de extradición. Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Fracción IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, podemos concluir que cuando no se actualice alguno de los supuestos de excepción especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, el plazo para promover la demanda será de quince días [regla general]. Plazo que se computará acorde a lo dispuesto por el diverso numeral 18 de la ley de la materia, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17, en el que el plazo se computará a partir del día de la entrada en vigor de la norma reclamada. En tales condiciones, si la parte quejosa tuvo conocimiento fehaciente de los acto que aquí reclama desde el doce de abril de dos mil veintiuno, se deduce que desde ese momento quedó en posibilidad de acudir al juicio de amparo, y no obstante, la demanda constitucional que dio vida a este juicio, la presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, hasta la presente data, por lo que es claro que la presentación fue de forma extemporánea, al transcurrir, en exceso, el lapso de quince días que para ello establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que éste inició el trece de abril del año en curso, (día hábil siguiente) y feneció el tres de mayo actual. Por consiguiente, el presente juicio de amparo resulta ser improcedente, en función de no haberse promovido la demanda dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia. De ese modo, si en el caso particular los actos reclamados, como han quedado precisados en el cuerpo de este auto, tuvo conocimiento la parte quejosa desde el doce de abril de dos mil veintiuno, es inconcuso que a partir de esa data estuvo posibilidad de impugnar el acto en la vía constitucional; ya que el plazo para presentar la demanda cuando se emite en cumplimiento a una sentencia que concedió la protección constitucional, como sucede en el particular, debe computarse a partir del día siguiente en que haya tenido conocimiento del acto reclamado, se sostiene, el aquí quejoso tuvo conocimiento del acto en la citada data mediante la vista que este juzgado concedió en el diverso juicio de amparo 288/2020. Por consiguiente, el término para presentar la demanda de amparo respecto del acto reclamado en este asunto, transcurrió del trece de abril de dos mil veintiuno al tres de mayo actual, sin contar los sábados y domingos, así como los días inhábiles, conforme se ilustra a continuación: ******. Por ende, si la demanda de amparo fue presentada en esta data (dos de junio de dos mil veintiuno) es evidente que ello ocurrió fuera del término legal de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley de Amparo, en los términos generales ya precisados; lo que refleja de manera fehaciente, un consentimiento tácito de los actos reclamados, que actualiza la causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De igual manera, de conformidad con el artículo 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordenan las notificaciones electrónicas y se accede a la solicitud realizada en el escrito que se provee, consistente en la autorización de la consulta electrónica del expediente por parte de los usuarios ***********, en consecuencia, se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que proceda a realizar la autorización en dicho sistema. De igual manera, se tiene como medio de contacto para realizarle notificaciones no procesales en el presente expediente, el correo electrónico *******, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente, ello con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 y numero de teléfono ********. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Atento a la solicitud de la parte quejosa en su escrito de demanda mediante el cual solicita la devolución de los documentos que adjunta a dicho libelo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia hágase la devolución de los documentos que nos ocupa, dejando copia certificada de los mismos en el presente expediente, previa constancia de recibo que se deje en autos. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · 9,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano