Olaf Castañeda Moreno

Expediente 123/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
123/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
01/03/2019

Partes del expediente

  • Olaf Castañeda Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "Xalapa, Veracruz, catorce de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Secretario de Educación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese bajo el número de juicio de amparo 123/2019. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Tal consideración se encuentra sustentada por la Tesis I.1o.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a página ochocientos noventa, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, novena época, cuyo rubro es el siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En el caso, el suscrito juzgador considera que contra el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.). Delimitado lo anterior, se tiene que el quejoso **********, señala como acto reclamado en concreto: ? La posible orden de presentación, para hacerle de su conocimiento que será removido de su cargo como Director de Escuela Secundaria General. Ahora, el quejoso en los antecedentes del acto reclamado, afirma que a la fecha de presentación de la demanda no se ha materializado la orden de presentación, pero que se trata de un acto inminente, pues bajo protesta de decir verdad, refirió: (.) en fecha siete de febrero del año en curso, personal de dicha subdirección, así como del sindicato de referencia se trasladaron directamente hasta las oficinas en donde presto mis servicios de Director de Escuela Secundaria General, y de una manera explosiva, me indicaron que por motivos políticos sería removido de mi cargo, y que tenía que apegarme a ello, haciéndome de manifiesto que sería notificado con una orden de presentación relativo a donde seré reubicado, en este caso, a un municipio diverso (.). De la anterior transcripción se aprecia que personal de la Subdirección de Secundarias Generales de la Secretaría de Educación de Veracruz y del Sindicato Nacional de Trabajadores, únicamente le indicaron al quejoso que sería notificado de una orden de presentación para hacerle saber cuestiones relativas al cargo que ostenta. Sin embargo, en ningún momento manifiesta que dichos elementos hayan mostrado la existencia de la orden de presentación que refiere, librada por autoridad competente en su contra y que con motivo de ella, existiera la amenaza real e inminente de ser removido de su cargo y reubicado de su fuente de trabajo, aunado a que en su escrito de demanda, específicamente en el capítulo relativo a la suspensión del acto reclamado, indica que dicha orden de presentación no se ha materializado de manera oficial. De esta forma, es evidente que la reclamación del peticionario de amparo, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad; por lo tanto, debe probar de manera indiciaria que se afectan sus derechos subjetivos, ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su ámbito jurídico, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de entonces tenga el promovente de amparo obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación sólo nace desde la fecha del conocimiento del acto reclamado, que debe ser en forma personal, material y directa y no por inducciones, tal y como acontece en el caso concreto. En ese contexto, lo anterior, resulta insuficiente para considerar que de lo que se duele el promovente se trata de algún acto de autoridad que pudiera irrogar algún perjuicio personal y directo en su contra, pues en el caso concreto, resulta evidente que lo que el quejoso pretende es prevenir actos futuros de realización incierta fundamentados con una afirmación verbal, contra los cuales no procede el juicio de amparo. Bajo este orden de ideas, es correcto concluir que el quejoso no ha sufrido hasta el momento, algún perjuicio real, personal y directo a sus derechos, ni tampoco se vislumbra que el perjuicio de que se trata pudiera ser de ejecución inminente, sino como se dejó precisado, es de realización incierta por depender de diversos actos que a la fecha no han ocurrido. En este sentido, resulta inconcuso que la demanda de amparo deviene improcedente, toda vez que es importante determinar la naturaleza del acto existente frente a los actos futuros, pues justamente será ese el punto de partida para determinar la procedencia del juicio de amparo, ya que éste exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el promovente del juicio amparo puede sufrir un agravio actual, directo y presente. Mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo 6º de la Ley de Amparo y los actos que aquí se pretende combatir, aun no se han materializado. En razón de lo anterior, se adopta esta determinación porque como se ha precisado en párrafos que anteceden, el juicio de amparo tiene como fin obtener la protección de la justicia federal a efecto de que se restituya al solicitante de amparo en el goce del derecho fundamental violentado, y no para prevenir actos que en el futuro pudieran generar esa afectación como pudiera suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Tiene aplicación el criterio sustentado en la tesis aislada IV.3º.A.T.29 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, visible en la página mil seiscientos setenta y cinco, tomo XIII, enero de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: ACTO FUTURO E INCIERTO. NO SIEMPRE ES NECESARIA LA RECEPCIÓN DE PRUEBAS SOBRE EL PARTICULAR, SI EL QUEJOSO EN SU DEMANDA NARRA HECHOS QUE ASÍ LO INDICAN. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes y al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA EN CUESTIÓN... "

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