Oguilvia Gonzalez Cervantes
Expediente 1415/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1415/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 20/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Oguilvia Gonzalez Cervantes
- Junta Especial Numero dos de la Local de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de veinte de octubre de dos mil veinte, que en lo conducente establece: ... Cuernavaca, Morelos veinte de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y específicamente el contenido del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en el que -con el objeto de dar continuidad y reanudar las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación-, se establecen diversas acciones que deben llevar a cabo los órganos jurisdiccionales para la reanudación en el trámite y resolución de todos los asuntos radicados en este juzgado federal. REANUDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, en relación con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales en este juicio de amparo, en el entendido que conforme a la fracción I del artículo 2 del referido acuerdo, dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Bajo esas circunstancias, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que precluyó la vista concedida a las partes mediante auto de seis de marzo de dos mil veinte, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento dado al fallo protector por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; lo anterior, toda vez que del expediente se aprecia que la quejosa está debidamente notificada de dicho proveído, sin que realizara manifestación alguna al respecto. En consecuencia, procede resolver conforme a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia dictada el once de diciembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a OGUILVIA GONZÁLEZ CERVANTES, precisando los efectos siguientes: "Ante la violación al derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede otorgarle la protección de la justicia federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, realice lo siguiente: A fin de integrar debidamente el juicio laboral 01/696/19-II y el mismo se encuentre en aptitud de desahogar la audiencia de Ley la cual deberá ser fijada en los plazos que establece la Ley Federal del Trabajo, ordene se realice el emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen, en el domicilio proporcionado por el actor. Una vez agotado el domicilio ya aportado y en caso de imposibilidad, proceda conforme al artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo; vigilando que esto se realice con la temporalidad legal requerida..." En consecuencia, el seis de enero de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. En acatamiento a lo anterior, la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dictó las medidas necesarias para realizar el emplazamiento de la parte demandada al conflicto laboral 01/696/19-II, siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, remitiendo copia certificada de las actuaciones realizadas dentro del juicio laboral. En tal virtud, la responsable por oficio recibido el quince de enero del año que transcurre, informó haber dado cumplimiento al fallo protector, para lo cual remitió copia certificada del emplazamiento realizado el diez de enero del mismo año a la persona moral BEAUTY AND HEALTH INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; además, por diverso oficio recibido el cinco de marzo del dos mil veinte, remitió copia certificada del emplazamiento realizado a las demandadas MARÍA ENRIQUETA BENAVIDES BEYER y BLANCA CASTELÁN RODRÍGUEZ, el dos de marzo del año en curso, al juicio laboral 01/696/19-II. Documentales que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2. Por la razón antedicha, es procedente DECLARAR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el artículo 202 de la Ley de Amparo. EXHORTACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA DE "JUICIO EN LÍNEA". Se exhorta a las partes a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID-19), de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", en términos de lo establecido en el artículo 3o. de la Ley de Amparo y Acuerdos Generales 13/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. EXHORTACIÓN PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA Además, se exhorta a las partes, para que con toda oportunidad utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y presenten electrónicamente los escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinente a sus intereses para ser considerados al desahogarse la audiencia de ley. Asimismo, atendiendo al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los pasos que ahí se precisan. CAPTURA COMPLETA DEL EXPEDIENTE EN LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DEL CONSEJO. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y Oficial Administrativo a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al contenido del referido Acuerdo General, en cuanto a la captura completa y oportuna información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, así como al plazo con que se cuenta para la integración del expediente impreso a fin de que coincida con el electrónico. Asimismo, se hace de su conocimiento que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de once de diciembre de dos mil diecinueve, a los terceros interesados BLANCA CASTELÁN RODRÍGUEZ, MARÍA ENRIQUETA BENAVIDES BEYER Y BEAUTY AND HEALTH INTERNATIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de quien legalmente la represente, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a los citados terceros interesados, la notificación de la sentencia de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe. Resolución que en lo conducente dice: Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a OGUILVIA GONZÁLEZ CERVANTES, contra el acto reclamado precisado en el considerando cuarto de esta sentencia, por los motivos y para los efectos ahí señalados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy once de diciembre de dos mil diecinueve que lo permitieron las labores de este juzgado.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1415/2019-VI-B, promovido por OGUILVIA GONZÁLEZ CERVANTES, por conducto de su apoderado legal Francisco Alejandro Piñera Santos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día en este órgano jurisdiccional, OGUILVIA GONZÁLEZ CERVANTES, por conducto de su apoderado legal Francisco Alejandro Piñera Santos, solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otra autoridad. SEGUNDO. Trámite. Previo desahogo de prevención, por auto de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (fojas 13 a 16), se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Seguida la secuela procesal, previo diferimiento realizado en acuerdo de veinticinco de noviembre del año en curso (foja 74), se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: La omisión de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su Actuario adscrito, de emplazar a la parte demandada al juicio laboral 01/696/19-II, lo que conlleva a no desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 26, 27 y 71). Al respecto, la Junta responsable entre otras exhibió como prueba copia certificada del auto de tres de octubre de dos mil diecinueve (foja 69), que obra en el expediente laboral 01/696/19-II; de la que se advierte la existencia del acto reclamado; constancia que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio de los conceptos de violación. Al no existir causales de improcedencia hechas valer por las partes o que se adviertan de oficio por este juzgado, se procede al estudio de fondo del asunto. Suplidos en su deficiencia, con fundamento en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, los conceptos de violación que la parte quejosa formuló son fundados y suficientes para otorgarle el amparo y protección de la Justicia Federal por los motivos que se explicarán más adelante. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007, Novena Época, de la Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, página 209, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Así se aborda el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En ese sentido, la parte quejosa refiere que la junta responsable dentro del juicio laboral 01/696/19-II, ha sido omisa en emplazar a juicio a la parte demandada; sin soslayar, que esto fue ordenado desde el auto admisorio, circunstancia que origina el diferimiento de la audiencia bifásica, aun en el entendido de que esta última se fijara de nueva cuenta en auto de tres de octubre de dos mil diecinueve (foja 69), fuera de los plazos que establece la Ley Federal del Trabajo, sin poder lograr el cierre de las etapas continuas. Ahora bien, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, exhibió copia certificada de diversas actuaciones dictadas en el juicio laboral 01/696/19-II, de las que se desprenden especialmente: Los autos de tres de septiembre de dos mil diecinueve (foja 38) y tres de octubre de dos mil diecinueve (foja 69), en los que con el primero admitió la demanda laboral y ordenó el emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen, mientras que con el restante difirió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en virtud de que no se ha emplazado a la misma. De lo anterior se advierte que la responsable ha sido omisa en emplazar a la mencionada parte demandada y por tanto, no se ha podido desahogar la audiencia bifásica y en su caso continuar con el trámite del asunto, lo que denota una abierta dilación en la integración del juicio laboral 01/696/19-II. Ha de precisarse que el emplazamiento de la demandada es requisito sine qua non para el desahogo de la audiencia bifásica, sin perjuicio desde luego, que aun cuando una de las partes no esté emplazada acuda a la audiencia. Al respecto, el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, impone a la Junta la obligación de emplazar al demandado. Esto guarda relación con la garantía de certeza jurídica, en la medida que de nada sirve que la autoridad fije fecha para celebrar la audiencia de ley, si no notifica su determinación a quien corresponda, pues la ausencia de tal acto conlleva que no pueda celebrarse la audiencia y motiva su diferimiento, hecho que indudablemente repercute en la pronta impartición de justicia, pues impide la prosecución del juicio y alarga su substanciación, sin perjuicio desde luego, que operen los casos previstos por el artículo 874 de la legislación laboral, a saber, que las partes concurran a la audiencia o que el actor desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados; empero, tales supuestos son excepcionales y no pueden servir de fundamento para obviar la notificación a las partes. En estricto sentido, para cumplir con el principio de justicia pronta, la autoridad encargada de su impartición debe administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; lo que supondría que la autoridad laboral tendría que efectuar los actos procesales correspondientes al procedimiento del derecho del trabajo, forzosamente dentro de los plazos de ley. En contrapartida, la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS", sustentó que una dilación u omisión en el procedimiento laboral, no necesariamente afectará de forma material el derecho sustantivo a la impartición de justicia, sino que únicamente lo hará, cuando implique una abierta dilación o su paralización total. En consecuencia, con base en la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), en atención a la carga de trabajo, la autoridad pudiera efectuar un acto procesal, como es el emplazamiento de la parte demandada, no necesariamente dentro del plazo que la ley prevea para ello; pero no puede postergar la realización del acto de forma tal que obstaculice el derecho a la impartición de justicia, lo que ocurrirá al provocar una abierta dilación del procedimiento, o bien, su paralización total. En el caso concreto, desde el tres de septiembre e dos mil diecinueve (foja 38), fecha en la que la junta responsable ordenó el emplazamiento de la parte demandada, en el domicilio proporcionado por la parte actora en el juicio de origen, a la data en que ahora se resuelve el presente asunto, no se ha efectuado tal acto procesal, ya que a la fecha se encuentra pendiente su llamamiento a juicio, como se advierte de las constancias que la junta allegó como complemento a su informe justificado y por ende no se ha proseguido con el desahogo de la audiencia preliminar, por consecuente tampoco ha desahogado las etapas subsecuentes como el cierre de instrucción hasta su conclusión. Es de concluirse que la junta responsable no ha cumplido con el imperativo constitucional que en el particular se analiza, pues no se ha desahogado la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por la falta de emplazamiento de la parte demandada, actualizándose una abierta dilación en el juicio laboral 01/696/19-II. En efecto, la omisión de la autoridad responsable de actuar efectivamente para realizar el emplazamiento de la parte demandada antes descrita, deviene violatoria del derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, tutelado por el artículo 17 de la Carta Magna, porque ha impedido el desahogo de la audiencia de ley y por tanto la continuación de las etapas subsecuentes; máxime que el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo, impone a los presidentes de las Juntas y los auxiliares, la facultad y obligación de dictar las medidas necesarias para que los juicios en instrucción no queden inactivos, salvo disposición en contrario. Sin soslayar, que la autoridad responsable excusa su actuar con la carga de trabajo y que no se encuentra paralizado el juicio de origen en el entendido de que se fijó fecha para la continuación del desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; sin embargo, como se estudió en los párrafos que preceden se advierte que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, afecta de forma material el derecho sustantivo a la impartición de justicia de la parte quejosa toda vez que la data para celebrar la audiencia en comento obstaculiza el derecho a la impartición de justicia, al provocar una abierta dilación del procedimiento. Para resarcir la violación, la autoridad laboral debe ordenar que se efectúe el emplazamiento de la parte demandada, en el o los domicilios que le hayan sido proporcionados para ello, para que estén en aptitud de acudir a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el conflicto de origen, como lo exige el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dictando las medidas pertinentes, sin perjuicio desde luego, que las circunstancias ameriten el despliegue de las facultades que le confieren los artículos 17, 685, 735 y 874 de la propia ley, para los casos en que el emplazamiento no se logre en el domicilio proporcionado por la parte actora, las cuales, esta sentencia en modo alguno le prohíbe ejercer. Sobre lo argumentado en el párrafo que antecede, en torno a la imposibilidad de emplazar a la parte demandada en el domicilio proporcionado por la parte actora y el consecuente actuar de la Junta ante ello, se cita el artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo reformado el uno de mayo de dos mil diecinueve, que a la letra menciona: "Artículo 712. Cuando el trabajador ignore el nombre del patrón o la denominación o razón social en donde labora o laboró, deberá precisar por lo menos en su escrito de demanda el domicilio de la empresa, establecimiento, oficina o lugar en donde prestó o presta el trabajo y la actividad a que se dedica el patrón. La sola presentación de la demanda o de la instancia conciliatoria, en los términos del párrafo anterior interrumpe la prescripción respecto de quien resulte ser el patrón del trabajador. Si el demandado ya no tiene su domicilio donde se prestaron los servicios, el trabajador lo hará del conocimiento del Tribunal, para que ésta gire oficios a las dependencias que considere pertinente, para localizar el nuevo domicilio del demandado. El Tribunal deberá ordenar el desahogo de cualquier diligencia, entre las cuales podrá girar oficios a instituciones que cuenten con registro oficial de personas a fin de que se obtenga el nombre del demandado y su localización. Una vez obtenida la información necesaria, se realizará el emplazamiento. De no obtener la información que permita al Tribunal conocer el domicilio del demandado, se procederá a la notificación por edictos y en el sitio de Internet que para tal efecto establezca el Poder Judicial federal o local cuando se trate de personas cuyo domicilio se ignora, previo informe de una institución que cuente con registro oficial de personas. En este caso, el procedimiento seguirá su curso y se tendrá por perdido el derecho que debió ejercerse, sin perjuicio de que antes de la audiencia preliminar pueda la parte demandada ofrecer pruebas en contra para demostrar que el actor no era trabajador o patrón; que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados por la parte actora. En este caso, los edictos se publicarán por dos veces, con un lapso de tres días entre uno y otro, haciéndose saber que debe de presentarse el citado, dentro de un término que no será inferior a quince días ni excederá de sesenta días. Asimismo, se publicarán en el medio oficial de difusión del Tribunal, incluyendo su portal de Internet. Artículo reformado DOF 04-01-1980, 01-05-2019" Del artículo citado con anterioridad, se advierte en su párrafo tercero el actuar de la autoridad laboral en el caso en que el emplazamiento de la parte demandada, no pueda practicarse en el domicilio proporcionado para tal efecto, como en el presente asunto se advierte de las constancias remitidas por la junta responsable; para lo cual dispone que si el demandado ya no tiene su domicilio donde se prestaron los servicios, el trabajador lo hará del conocimiento del Tribunal, para que éste gire oficios a las dependencias que considere pertinente, para localizar el nuevo domicilio del demandado. El Tribunal deberá ordenar el desahogo de cualquier diligencia, entre las cuales podrá girar oficios a instituciones que cuenten con registro oficial de personas a fin de que se obtenga el nombre del demandado y su localización. Una vez obtenida la información necesaria, se realizará el emplazamiento. EFECTOS DEL OTORGAMIENTO DEL AMPARO. Ante la violación al derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede otorgarle la protección de la justicia federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, realice lo siguiente: ? A fin de integrar debidamente el juicio laboral 01/696/19-II y el mismo se encuentre en aptitud de desahogar la audiencia de Ley la cual deberá ser fijada en los plazos que establece la Ley Federal del Trabajo, ordene se realice el emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen, en el domicilio proporcionado por el actor. ? Una vez agotado el domicilio ya aportado y en caso de imposibilidad, proceda conforme al artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo; vigilando que esto se realice con la temporalidad legal requerida; El efecto y el alcance de la sentencia de amparo, se fundan principalmente en la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).". Ante la falta de emplazamiento de la parte demandada descrita, la Junta cuenta con las facultades legales que le confieren los artículos 17, 685, 735 y 874 de la Ley Federal del Trabajo, las cuales no veda esta sentencia; de ahí que atendiendo a la garantía violada, la ejecutoria protectora se tendrá por cumplida al agotar el domicilio proporcionado por la parte actora para realizar el emplazamiento de la parte demandada o bien, al realizar las gestiones que establece el artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo y señale nueva fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación demanda y excepciones conforme a lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo, en el entendido de que no es dable que este fallo le imponga la obligación de desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como los actos subsecuentes, pues sería tanto como impedirle ejercer esas atribuciones si se le presenta el caso, a la vez que implicaría declarar que incurrirá en una nueva omisión o dilación procesal que debe prevenirse desde ahora, lo que sin duda se traduciría en prejuzgar sobre una situación futura, soslayando que, dada su sujeción a las leyes, actuará puntualmente con apego a éstas, obviando incluso, la presunción de constitucionalidad de la que gozan los actos de autoridad. Se hacen extensivos los efectos del amparo al acto de ejecución reclamado al Actuario adscrito a la junta responsable, toda vez que no se impugnó por vicios propios, sino que su constitucionalidad se hizo depender del acto reclamado consistente en la omisión del emplazamiento de la parte demandada a la contienda laboral 01/696/19-II. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a OGUILVIA GONZÁLEZ CERVANTES, contra el acto reclamado precisado en el considerando cuarto de esta sentencia, por los motivos y para los efectos ahí señalados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy once de diciembre de dos mil diecinueve que lo permitieron las labores de este juzgado. FCG Se hace constar que esta foja es parte última de la resolución dictada el once de diciembre de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo 1415/2019-VI-B.Conste.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, la resolución de once de diciembre del dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1415/2019-VI-B, promovido por OGUILVIA GONZÁLEZ CERVANTES, por conducto de su apoderado legal Francisco Alejandro Piñera Santos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día en este órgano jurisdiccional, OGUILVIA GONZÁLEZ CERVANTES, por conducto de su apoderado legal Francisco Alejandro Piñera Santos, solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otra autoridad. SEGUNDO. Trámite. Previo desahogo de prevención, por auto de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (fojas 13 a 16), se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Seguida la secuela procesal, previo diferimiento realizado en acuerdo de veinticinco de noviembre del año en curso (foja 74), se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: La omisión de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su Actuario adscrito, de emplazar a la parte demandada al juicio laboral 01/696/19-II, lo que conlleva a no desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 26, 27 y 71). Al respecto, la Junta responsable entre otras exhibió como prueba copia certificada del auto de tres de octubre de dos mil diecinueve (foja 69), que obra en el expediente laboral 01/696/19-II; de la que se advierte la existencia del acto reclamado; constancia que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio de los conceptos de violación. Al no existir causales de improcedencia hechas valer por las partes o que se adviertan de oficio por este juzgado, se procede al estudio de fondo del asunto. Suplidos en su deficiencia, con fundamento en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, los conceptos de violación que la parte quejosa formuló son fundados y suficientes para otorgarle el amparo y protección de la Justicia Federal por los motivos que se explicarán más adelante. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007, Novena Época, de la Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, página 209, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Así se aborda el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En ese sentido, la parte quejosa refiere que la junta responsable dentro del juicio laboral 01/696/19-II, ha sido omisa en emplazar a juicio a la parte demandada; sin soslayar, que esto fue ordenado desde el auto admisorio, circunstancia que origina el diferimiento de la audiencia bifásica, aun en el entendido de que esta última se fijara de nueva cuenta en auto de tres de octubre de dos mil diecinueve (foja 69), fuera de los plazos que establece la Ley Federal del Trabajo, sin poder lograr el cierre de las etapas continuas. Ahora bien, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, exhibió copia certificada de diversas actuaciones dictadas en el juicio laboral 01/696/19-II, de las que se desprenden especialmente: Los autos de tres de septiembre de dos mil diecinueve (foja 38) y tres de octubre de dos mil diecinueve (foja 69), en los que con el primero admitió la demanda laboral y ordenó el emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen, mientras que con el restante difirió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en virtud de que no se ha emplazado a la misma. De lo anterior se advierte que la responsable ha sido omisa en emplazar a la mencionada parte demandada y por tanto, no se ha podido desahogar la audiencia bifásica y en su caso continuar con el trámite del asunto, lo que denota una abierta dilación en la integración del juicio laboral 01/696/19-II. Ha de precisarse que el emplazamiento de la demandada es requisito sine qua non para el desahogo de la audiencia bifásica, sin perjuicio desde luego, que aun cuando una de las partes no esté emplazada acuda a la audiencia. Al respecto, el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, impone a la Junta la obligación de emplazar al demandado. Esto guarda relación con la garantía de certeza jurídica, en la medida que de nada sirve que la autoridad fije fecha para celebrar la audiencia de ley, si no notifica su determinación a quien corresponda, pues la ausencia de tal acto conlleva que no pueda celebrarse la audiencia y motiva su diferimiento, hecho que indudablemente repercute en la pronta impartición de justicia, pues impide la prosecución del juicio y alarga su substanciación, sin perjuicio desde luego, que operen los casos previstos por el artículo 874 de la legislación laboral, a saber, que las partes concurran a la audiencia o que el actor desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados; empero, tales supuestos son excepcionales y no pueden servir de fundamento para obviar la notificación a las partes. En estricto sentido, para cumplir con el principio de justicia pronta, la autoridad encargada de su impartición debe administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; lo que supondría que la autoridad laboral tendría que efectuar los actos procesales correspondientes al procedimiento del derecho del trabajo, forzosamente dentro de los plazos de ley. En contrapartida, la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS", sustentó que una dilación u omisión en el procedimiento laboral, no necesariamente afectará de forma material el derecho sustantivo a la impartición de justicia, sino que únicamente lo hará, cuando implique una abierta dilación o su paralización total. En consecuencia, con base en la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), en atención a la carga de trabajo, la autoridad pudiera efectuar un acto procesal, como es el emplazamiento de la parte demandada, no necesariamente dentro del plazo que la ley prevea para ello; pero no puede postergar la realización del acto de forma tal que obstaculice el derecho a la impartición de justicia, lo que ocurrirá al provocar una abierta dilación del procedimiento, o bien, su paralización total. En el caso concreto, desde el tres de septiembre e dos mil diecinueve (foja 38), fecha en la que la junta responsable ordenó el emplazamiento de la parte demandada, en el domicilio proporcionado por la parte actora en el juicio de origen, a la data en que ahora se resuelve el presente asunto, no se ha efectuado tal acto procesal, ya que a la fecha se encuentra pendiente su llamamiento a juicio, como se advierte de las constancias que la junta allegó como complemento a su informe justificado y por ende no se ha proseguido con el desahogo de la audiencia preliminar, por consecuente tampoco ha desahogado las etapas subsecuentes como el cierre de instrucción hasta su conclusión. Es de concluirse que la junta responsable no ha cumplido con el imperativo constitucional que en el particular se analiza, pues no se ha desahogado la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por la falta de emplazamiento de la parte demandada, actualizándose una abierta dilación en el juicio laboral 01/696/19-II. En efecto, la omisión de la autoridad responsable de actuar efectivamente para realizar el emplazamiento de la parte demandada antes descrita, deviene violatoria del derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, tutelado por el artículo 17 de la Carta Magna, porque ha impedido el desahogo de la audiencia de ley y por tanto la continuación de las etapas subsecuentes; máxime que el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo, impone a los presidentes de las Juntas y los auxiliares, la facultad y obligación de dictar las medidas necesarias para que los juicios en instrucción no queden inactivos, salvo disposición en contrario. Sin soslayar, que la autoridad responsable excusa su actuar con la carga de trabajo y que no se encuentra paralizado el juicio de origen en el entendido de que se fijó fecha para la continuación del desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; sin embargo, como se estudió en los párrafos que preceden se advierte que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, afecta de forma material el derecho sustantivo a la impartición de justicia de la parte quejosa toda vez que la data para celebrar la audiencia en comento obstaculiza el derecho a la impartición de justicia, al provocar una abierta dilación del procedimiento. Para resarcir la violación, la autoridad laboral debe ordenar que se efectúe el emplazamiento de la parte demandada, en el o los domicilios que le hayan sido proporcionados para ello, para que estén en aptitud de acudir a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el conflicto de origen, como lo exige el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dictando las medidas pertinentes, sin perjuicio desde luego, que las circunstancias ameriten el despliegue de las facultades que le confieren los artículos 17, 685, 735 y 874 de la propia ley, para los casos en que el emplazamiento no se logre en el domicilio proporcionado por la parte actora, las cuales, esta sentencia en modo alguno le prohíbe ejercer. Sobre lo argumentado en el párrafo que antecede, en torno a la imposibilidad de emplazar a la parte demandada en el domicilio proporcionado por la parte actora y el consecuente actuar de la Junta ante ello, se cita el artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo reformado el uno de mayo de dos mil diecinueve, que a la letra menciona: "Artículo 712. Cuando el trabajador ignore el nombre del patrón o la denominación o razón social en donde labora o laboró, deberá precisar por lo menos en su escrito de demanda el domicilio de la empresa, establecimiento, oficina o lugar en donde prestó o presta el trabajo y la actividad a que se dedica el patrón. La sola presentación de la demanda o de la instancia conciliatoria, en los términos del párrafo anterior interrumpe la prescripción respecto de quien resulte ser el patrón del trabajador. Si el demandado ya no tiene su domicilio donde se prestaron los servicios, el trabajador lo hará del conocimiento del Tribunal, para que ésta gire oficios a las dependencias que considere pertinente, para localizar el nuevo domicilio del demandado. El Tribunal deberá ordenar el desahogo de cualquier diligencia, entre las cuales podrá girar oficios a instituciones que cuenten con registro oficial de personas a fin de que se obtenga el nombre del demandado y su localización. Una vez obtenida la información necesaria, se realizará el emplazamiento. De no obtener la información que permita al Tribunal conocer el domicilio del demandado, se procederá a la notificación por edictos y en el sitio de Internet que para tal efecto establezca el Poder Judicial federal o local cuando se trate de personas cuyo domicilio se ignora, previo informe de una institución que cuente con registro oficial de personas. En este caso, el procedimiento seguirá su curso y se tendrá por perdido el derecho que debió ejercerse, sin perjuicio de que antes de la audiencia preliminar pueda la parte demandada ofrecer pruebas en contra para demostrar que el actor no era trabajador o patrón; que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados por la parte actora. En este caso, los edictos se publicarán por dos veces, con un lapso de tres días entre uno y otro, haciéndose saber que debe de presentarse el citado, dentro de un término que no será inferior a quince días ni excederá de sesenta días. Asimismo, se publicarán en el medio oficial de difusión del Tribunal, incluyendo su portal de Internet. Artículo reformado DOF 04-01-1980, 01-05-2019" Del artículo citado con anterioridad, se advierte en su párrafo tercero el actuar de la autoridad laboral en el caso en que el emplazamiento de la parte demandada, no pueda practicarse en el domicilio proporcionado para tal efecto, como en el presente asunto se advierte de las constancias remitidas por la junta responsable; para lo cual dispone que si el demandado ya no tiene su domicilio donde se prestaron los servicios, el trabajador lo hará del conocimiento del Tribunal, para que éste gire oficios a las dependencias que considere pertinente, para localizar el nuevo domicilio del demandado. El Tribunal deberá ordenar el desahogo de cualquier diligencia, entre las cuales podrá girar oficios a instituciones que cuenten con registro oficial de personas a fin de que se obtenga el nombre del demandado y su localización. Una vez obtenida la información necesaria, se realizará el emplazamiento. EFECTOS DEL OTORGAMIENTO DEL AMPARO. Ante la violación al derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede otorgarle la protección de la justicia federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, realice lo siguiente: ? A fin de integrar debidamente el juicio laboral 01/696/19-II y el mismo se encuentre en aptitud de desahogar la audiencia de Ley la cual deberá ser fijada en los plazos que establece la Ley Federal del Trabajo, ordene se realice el emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen, en el domicilio proporcionado por el actor. ? Una vez agotado el domicilio ya aportado y en caso de imposibilidad, proceda conforme al artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo; vigilando que esto se realice con la temporalidad legal requerida; El efecto y el alcance de la sentencia de amparo, se fundan principalmente en la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).". Ante la falta de emplazamiento de la parte demandada descrita, la Junta cuenta con las facultades legales que le confieren los artículos 17, 685, 735 y 874 de la Ley Federal del Trabajo, las cuales no veda esta sentencia; de ahí que atendiendo a la garantía violada, la ejecutoria protectora se tendrá por cumplida al agotar el domicilio proporcionado por la parte actora para realizar el emplazamiento de la parte demandada o bien, al realizar las gestiones que establece el artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo y señale nueva fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación demanda y excepciones conforme a lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo, en el entendido de que no es dable que este fallo le imponga la obligación de desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como los actos subsecuentes, pues sería tanto como impedirle ejercer esas atribuciones si se le presenta el caso, a la vez que implicaría declarar que incurrirá en una nueva omisión o dilación procesal que debe prevenirse desde ahora, lo que sin duda se traduciría en prejuzgar sobre una situación futura, soslayando que, dada su sujeción a las leyes, actuará puntualmente con apego a éstas, obviando incluso, la presunción de constitucionalidad de la que gozan los actos de autoridad. Se hacen extensivos los efectos del amparo al acto de ejecución reclamado al Actuario adscrito a la junta responsable, toda vez que no se impugnó por vicios propios, sino que su constitucionalidad se hizo depender del acto reclamado consistente en la omisión del emplazamiento de la parte demandada a la contienda laboral 01/696/19-II. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a OGUILVIA GONZÁLEZ CERVANTES, contra el acto reclamado precisado en el considerando cuarto de esta sentencia, por los motivos y para los efectos ahí señalados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy once de diciembre de dos mil diecinueve que lo permitieron las labores de este juzgado.
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