Oguilda Teresa Rivera Obeso
Expediente 140/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 140/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Oguilda Teresa Rivera Obeso
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, uno de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós (notificado el veintitrés siguiente), en el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Oguilda Teresa Rivera Obeso; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 21, 22, 23 y 24 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO EL VEINTIDOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS QUE DICE:vista la demanda de amparo signada por Oguilda Teresa Rivera Obeso, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con residencia en Guasave, Sinaloa y otra autoridad; fórmese expediente tanto impreso como electrónico y regístrese en el libro de gobierno relativo a los juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 140/2022-5. A) Análisis de la demanda de amparo. Ahora bien, la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J.128/2001, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 803, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de dos mil uno, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esto es, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible a páginas 648, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no 14/04/22 15:14:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.be.f0 Ricardo Enrique Díaz Vargas pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". B) Causa de improcedencia que se actualiza. Atento a lo anterior, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, del mismo ordenamiento jurídico, aplicado a contrario sensu, que conjuntamente prevén que el juicio de amparo indirecto es procedente cuando se trate de actos de ejecución de sentencia, que constituyan la última resolución dictada en el procedimiento respetivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Esto es, si en el caso no se está combatiendo la última resolución en el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio agrario 613/2016, el juicio de amparo indirecto será improcedente. El artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ." Conforme el segundo párrafo del artículo 107 antes transcrito, para la procedencia del juicio de amparo indirecto en la etapa de ejecución de sentencia, es necesario estar en presencia de la última resolución dictada en esa fase, pudiendo reclamarse conjuntamente las demás violaciones cometidas durante la misma, en caso de que se haya dejado sin defensa al quejoso. Dicho artículo además precisa, que por última resolución debe entenderse aquella determinación en la cual se declara cumplida la ejecutoria o la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. En el último párrafo de ese precepto, se regula la procedencia respecto de los procedimientos de remate, y se define que la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega material del inmueble, en cuyos supuestos también se pueden reclamar las violaciones cometidas en el procedimiento respectivo. Sobre este tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar el citado numeral, emitió la jurisprudencia 1ª./J.13/2016, visible a páginas 1066, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, correspondiente al mes de abril de dos mil dieciséis, Tomo II, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." En la contradicción de tesis 74/2015, que dio origen a la jurisprudencia en cita, se distinguieron diversas hipótesis de procedencia del juicio de amparo cuando se trata de actos fuera de juicio o después de concluido éste, tal y como se observa de la siguiente transcripción: ". Del precepto anterior se observa que el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos realizados fuera de juicio o después de concluido éste, en tanto se reconoce la posibilidad del control constitucional de los actos emitidos fuera del procedimiento judicial que también pueden vulnerar derechos fundamentales de las personas; no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias a la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de autoridad judicial realizados fuera de juicio, se dispuso que el juicio de amparo indirecto únicamente procederá en contra de la resolución definitiva dictada en el procedimiento de remate respectivo, esto es la última resolución que se dicta. Luego, a fin de otorgar claridad y certeza en el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, el legislador pormenorizó qué debe entenderse por última resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia, y por ello estipuló que la última resolución tratándose de actos emitidos fuera de juicio o después de concluido éste debe ser entendida como aquélla que: i. aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o ii. declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o iii. las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Ahora, en el caso de interponer juicio de amparo indirecto en contra de esas resoluciones la parte quejosa podrá hacer valer conceptos de violación en contra de vicios en el procedimiento del cual haya emanado la última resolución emitida fuera de juicio, siempre que éstos trasciendan su resultado. Se observa que, tratándose de actos de remate, el legislador en aras de claridad y certeza fue incluso más específico precisando que la última resolución del procedimiento de remate es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pues es inconcuso que una vez que el bien inmueble sujeto a remate fue adjudicado y entregado materialmente a quien resultó vencedor del remate, no hay posibilidad de emitir acto posterior que retrotraiga o modifique los efectos del remate, luego entonces, el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto permanecerá como definitivo, lo que a la par asegura que el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio de instancia que en el caso se materializa en el remate del bien inmueble se haya agotado en su totalidad. Lo anterior, refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto, pues de forma clara pretende dos objetivos, el primero consiste en asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución emitida fuera del juicio -remate- por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo, pues al limitar la procedencia del amparo a la última resolución emitida en la etapa de ejecución se garantiza la efectividad del juicio de amparo indirecto evitando que el juicio constitucional quede sin materia; y de forma más destacada, como un segundo objetivo, el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto consistente en asegurar que la interposición del juicio de amparo sí es en contra de la última resolución del remate, a fin de evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales, esto es, evitar que se interpongan innumerables juicios de amparo que suspendan la continuidad del procedimiento de ejecución, así que, al establecer como requisito de procedibilidad del amparo el que únicamente procede en contra de la última resolución dictada fuera de juicio, se facilita la culminación del proceso de ejecución de sentencia, pues únicamente procede el amparo en contra del acto que en definitiva ponga fin al remate. En efecto, la razonabilidad de establecer el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto únicamente en contra de la última resolución emitida contra actos fuera de juicio, estriba en impedir que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente mediante la interposición sucesiva de juicios de amparo que impidan lograr la ejecución de una sentencia judicial Por tanto, esta Primera Sala advierte que el mismo objetivo pervive en la Ley de Amparo vigente, en la que destaca la intención del legislador de ser incluso más específico para efectos de dotar de claridad al requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que reguló la procedencia de la acción constitucional contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, distinguiendo como supuestos de actos susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, a aquéllos que actualicen el supuesto general de procedencia, referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido, y un supuesto de procedencia de actos específicos, referidos a: i) Actos emitidos en ejecución de sentencia y ii) actos emanados de procedimiento de remate. Así, en el caso de actos emitidos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo biinstancial únicamente procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien la que ordena el archivo definitivo del expediente, actos y resoluciones que sin duda ponen fin a la fase de ejecución de sentencia, por tanto, no es óbice que previamente a dichos actos las responsables emitan algún otro intermedio pues a través del amparo indirecto interpuesto en contra de la última resolución de ejecución, se permite al quejoso que en los conceptos de violación pueda reclamar las violaciones cometidas durante la fase del procedimiento de ejecución. Ahora, el legislador dispuso que tratándose de actos de remate, la acción constitucional sólo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y se ordene la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento, disposición que es la que provoca la contradicción de criterios denunciada, pues se dispuso la conjunción "y" lo que por un lado permite suponer que es hasta que se emitan ambas órdenes que se actualiza la última resolución del remate, y por otro lado también se tiene la posibilidad jurídica de concluir que toda vez que la orden de escrituración y la orden de entrega son efectos connaturales del acto de adjudicación, entonces es indistinto se emita una u otra para tener actualizada la última resolución del remate, máxime que como razonó el tribunal denunciado la entrega material es una consecuencia de la escrituración." . De ahí que, cuando el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, especifica que la última resolución del remate impugnable en amparo indirecto, es aquella que ordena la escrituración del bien inmueble sujeto a remate, y la orden de entrega del mismo, el juzgador federal debe considerar que basta se emita la orden de escrituración para actualizar la última resolución del remate, pues una vez firme la adjudicación, se tiene la posibilidad de ejecutar ambas órdenes y, por ende, el amparo indirecto resulta procedente. Se llega a la conclusión anterior, porque de considerar lo contrario, se trastocaría el sistema del juicio de amparo, de acuerdo a como está regulado en la Ley de Amparo vigente, pues se advierte que, incluso, en lo relativo a la suspensión del acto reclamado en el amparo, el artículo 151 de la mencionada ley, dispone que la suspensión del acto reclamado derivado de remates de inmuebles, ésta permitirá el curso del procedimiento, hasta antes de que se ordene la escrituración y entrega de los bienes al adjudicatario,(18) lo que corrobora lo que hasta aquí se ha sostenido, en el sentido que para que se actualice la última resolución del remate susceptible de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, basta que se ordene la escrituración del bien inmueble adjudicado, ya que la entrega de éste al adjudicatario, también consiste en un efecto connatural al acto de adjudicación. Sin ser óbice, que ambas órdenes, esto es, la de escrituración y entrega, puedan dictarse en el mismo proveído del tribunal o Juez, pues como se adelantó, en ese caso también se estaría frente a la última resolución del remate de bienes inmuebles en la fase de ejecución de sentencia, pues no se advierte regulación que exija que la orden de entrega del bien adjudicado, conste en el mismo proveído donde se ordena la escrituración del inmueble. De acuerdo a lo razonado, esta Primera Sala concluye que el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor, debe leerse en el sentido de que la última resolución del remate, constituye aquella que ordena la escrituración o bien la entrega del bien inmueble rematado, ya que ambas órdenes constituyen efectos connaturales al acto de adjudicación, de ahí que resulta indistinto se ordene únicamente la escrituración o bien la entrega del bien para estimar actualizada la última resolución del remate. Conclusión que se estima correcta al ser coherente con la razonabilidad que subyace al requisito impuesto por el legislador, el cual pretende resguardar el derecho a la tutela judicial efectiva, pues de considerar que es necesario emitir ambas órdenes -escrituración y entrega- para actualizar la última resolución del remate, puede suceder un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la responsable omita emitir la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial; y a su vez, imposibilitaría la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, obstaculizando el acceso a la justicia constitucional, por tanto el criterio jurídico interpretativo que debe prevalecer para la procedencia del juicio de amparo en actos derivados del procedimiento de remate, de acuerdo a la presente contradicción, es que el juicio de amparo es procedente contra la última resolución del remate, entendida ésta como la que de forma indistinta ordene la escrituración o entrega del bien inmueble adjudicado, ya sea en el mismo proveído o en uno distinto, pues al ser ambas consecuencias connaturales del acto de adjudicación es que materializan todos sus efectos y, por ende, ponen fin a la fase del remate." Como se desprende de la anterior transcripción, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo mención a dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos dictados fuera de juicio o después de concluido, de la siguiente manera: a) Actos emitidos en ejecución de sentencia y, b) Actos emanados de procedimiento de remate. De modo que, respecto de actos emitidos en ejecución de sentencia, como acontece en la especie, el juicio de amparo indirecto únicamente procede contra la resolución que aprueba o declara la imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento, o bien la que ordena el archivo definitivo del expediente, actos y resoluciones que sin duda ponen fin a la fase de ejecución de sentencia; en estos casos, cualquiera de las partes puede reclamar las violaciones cometidas durante la fase del procedimiento de ejecución al momento de impugnar la última resolución, en tanto que guardan vinculación con esa resolución y trascienden a la misma. En el segundo supuesto, relativo a los actos dictados en el procedimiento de remate, el amparo indirecto procede contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, ordene la entrega de los bienes rematados, donde también podrá combatirse las violaciones que se cometieron durante este procedimiento. El propósito de estas reglas de procedencia en ambos supuestos (etapa de ejecución genérica y procedimiento de remate), es evitar el abuso de la tramitación del juicio de amparo, aunado al propósito de facilitar y agilizar la tramitación de la ejecución de sentencia en los procesos jurisdiccionales. Ahora, en el presente caso, la quejosa reclama del Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con residencia en Guasave, Sinaloa, y de su actuario adscrito, la diligencia actuarial del veinticuatro de febrero de dos mil veintidós (juicio agrario 613/2016) y acuerdos que le dan origen, a través de los cuales y, en cumplimiento a la sentencia agraria, se pone en posesión física y material de Martha Aydé Favela Acosta, de la fracción ejidal identificada con el número 62 Z1 P5/7, ubicada en el ejido Las Playas, Municipio de Guasave, Sinaloa Sin embargo, el citado acto reclamado no es la última determinación hecha en el procedimiento de ejecución de la sentencia de origen. En efecto, la citada diligencia (veinticuatro de febrero de dos mil veintidós) y los acuerdos que le dan origen, no son impugnable en esta vía de amparo indirecto, porque no encuadra en los supuestos de procedencia tratándose de los procedimientos de ejecución de sentencia, esto es, no se trata de resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, tampoco se trata de aquella que ordena el archivo definitivo del expediente, ello de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En efecto, el acto que se le reclama a las responsables no es el que en forma definitiva ordena la ejecución de la sentencia agraria dictada en el juicio 613/2016, y este hecho se traduce en que no se ubique en el supuesto normativo previsto en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, que sea la última resolución dentro del procedimiento de ejecución de sentencia; por el contrario, una vez materializada la última resolución dictada en el procedimiento respectivo (cumplimiento forzoso), será el momento en el cual el promovente de amparo podrá hacer valer todas las violaciones comeditas durante ese procedimiento de ejecución de sentencia que les haya dejado sin defensa y que hubiesen trascendido al resultado de la resolución o resoluciones, en su caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.32/2001, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, correspondiente al mes de abril de dos mil uno, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Conviene recalcar, la citada jurisprudencia es perfectamente aplicable al caso concreto, porque, como se puede advertir, el Alto Tribunal de la Nación determinó que, por última resolución, debía entenderse como "aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento", tal como lo dispone el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; por lo que es dable afirma que el legislador, al momento de la creación de la norma y a fin de dotar de alcance y contenido a la misma, incorporó la interpretación que el Máximo Tribunal del país, había hecho con antelación respecto del término "última resolución", añadiendo, únicamente un tercer supuesto, como es el auto donde se ordena el archivo definitivo. Dicho de otra forma, tanto la ley de amparo vigente, como la citada jurisprudencia, son acordes en establecer que por última resolución, debe entenderse, en lo que interesa, como "aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado". En las relatadas condiciones, este Juzgado de Distrito considera que respecto del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por tanto, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. Con apoyo en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de la solicitante de amparo, para oír y recibir notificaciones, los estrados de este juzgado.
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