Oficial del Registro Civil, en Alvarado, Veracruz
Expediente 178/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 178/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Oficial del Registro Civil, en Alvarado, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha y tomando en consideración que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el promovente Felipe de Jesús Álvarez Vera, en su carácter de Oficial Encargado del Registro Civil de Alvarado, Veracruz, hubiese interpuesto el recurso de queja contra el auto de veinticinco de abril del año en curso, por el cual se desechó la demanda de derechos fundamentales con la que se formó este expediente. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de control respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; 30/11/26 13:04:59 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.36.34.38.32.35.38.37 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JA 178/2023 2 asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. Por consiguiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintidós de mayo de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, tres de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el oficio signado por el Juez Municipal de Alvarado, Veracruz, a través del cual devuelve diligenciado el despacho 207/2023, orden 356/2023, mediante el cual se encomendó notificar el proveído de ocho de marzo del año en curso, al promovente Felipe de Jesús Álvarez Vera, en su carácter de Oficial Encargado del Registro Civil de Alvarado, Veracruz, lo que aconteció el diecinueve de abril pasado. Atento a lo anterior, dese de baja la comunicación oficial de mérito, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Adela Márquez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 25/04/2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B... Boca del Río, Veracruz, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por Felipe de Jesús Álvarez Vera, en su carácter de Oficial Encargado del Registro Civil de Alvarado, Veracruz, a través del cual desahoga la vista que le fue concedida en proveído de ocho de marzo del año en curso, del cual refiere que fue notificado mediante instructivo de notificación, el diecinueve de abril de este año; en tales condiciones téngasele dando cumplimiento a lo requerido. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda y el oficio aclaratorio que ahora se recibe, si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia, ésta se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuesto de improcedencia previstos en la ley de la materia, en especial con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En ese sentido, de un estudio integral de la demanda que nos ocupa, se advierte que el promovente reclama lo siguiente: "a) El ilegal emplazamiento efectuado por fecha once de enero de dos mil veintitrés, por el C. Roberto Lázaro Rodríguez, Oficial administrativo del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de 30/11/26 13:04:59 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.36.34.38.32.35.38.37 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JA 178/2023 2 Veracruz, Veracruz, dentro del expediente de Juicio Ordinario Civil 14/2023/IX, así como todas las actuaciones posteriores derivadas del mismo, en virtud de ser un acto violatorio de mis derechos fundamentales de audiencia y debido proceso. Desde luego el emplazamiento efectuado de manera ilegal me hizo desconocedor del juicio enderezado en mi contra y por ende, vulnera mis garantías constitucionales dejándome en estado de indefensión, por ello lo que aquí se combate no es la sentencia recaída al juicio ordinario señalado previamente, sino el no haber sido oído y vencido en juicio. b) Todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil número 14/2023/IX del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Ver., incluyendo su ejecución, así como todos los efectos y consecuencias legales que deriven del mismo." Ahora, del oficio con el cual desahogó la prevención que ahora nos ocupa, indicó bajo protesta de decir verdad: Asimismo, precisa que señala como autoridad responsable al Oficial Administrativo Roberto Lázaro Rodríguez, adscrito al Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz. Tal precisión se hace de conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del numeral 74 de la Ley de Amparo, conforme lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, con registro digital 192097, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Novena Época, con el rubro: 30/11/26 13:04:59 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.36.34.38.32.35.38.37 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JA 178/2023 3 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden de ideas, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda; sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo Il, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es; es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. En ese entendido, en relación con la pretensión del promovente de tildar el acto reclamado de inconstitucional en su carácter de Oficial del Registro Civil de Alvarado, Veracruz, se actualiza la causa de improcedencia prevista 30/11/26 13:04:59 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.36.34.38.32.35.38.37 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JA 178/2023 4 en el artículo 61, fracciones XII y XXIlI, en relación con los preceptos 5°, fracción I, primer párrafo, 6° y 7°, éste último aplicado en contrario sensu, todos de la Ley de Amparo vigente, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: 1. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan si los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 7. La Federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (...)". De los preceptos transcritos, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, que únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, es 30/11/26 13:04:59 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.36.34.38.32.35.38.37 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JA 178/2023 5 decir, dichos preceptos establecen el principio de agravio personal que rige en el juicio de amparo. Como se adelantó, en el caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, y para arribar a la anterior determinación, es importante precisar que por intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, para los efectos del juicio de amparo, se deben entender como aquéllos bienes del dominio privado, porque son ese tipo de bienes los que se pueden defender mediante el juicio de amparo y no aquellos del dominio público, para cuya defensa la ley ha creado otros medios de impugnación, de tal manera que sólo la defensa de los bienes del dominio privado puede llevarse a cabo válidamente mediante el juicio de amparo, y no así los del dominio público. Así, por ejemplo, cuando se afectan las participaciones de un Estado en ingresos federales, se trata de una afectación a los bienes del dominio público, es decir, los bienes del dominio público son, entre otros, los destinados a sufragar el gasto público y satisfacer las necesidades públicas y forman parte del patrimonio, tanto como por su origen como por su destino. Además, si bien el numeral 7 de la Ley de Amparo, permite que las autoridades puedan solicitar el amparo y protección de la justicia federal, no menos cierto es que, únicamente están en aptitud de realizar tal petición cuando se afecten sus intereses patrimoniales y respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, es decir, no faculta para ocurrir en demanda de amparo cuando se actúa con el carácter de autoridad, es decir, con imperio, toda vez que no es posible conceder a los órganos del Estado el recurso extraordinario de amparo por los actos del mismo Estado, porque de llegar a tal extremo se establecería una 30/11/26 13:04:59 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.36.34.38.32.35.38.37 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JA 178/2023 6 contienda entre los mismos órganos de poder, lo cual va en contra de la naturaleza del juicio de amparo. En el caso, de la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos, se advierte que la parte quejosa promueve en su carácter de Oficial del Registro Civil de Alvarado, Veracruz, reclamando el ilegal emplazamiento al juicio ordinario civil 14/2013-IX del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, así como todas las actuaciones derivadas del mismo, de lo que se advierte que se dictó sentencia el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, resolviendo en lo medular que condenó al ".registro civil demandado, a emitir la declaración de que la partida de matrimonio un mil cincuenta y cuatro, libro cinco, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil cuatro es legítima, por lo que una vez que adquiera firmeza esa sentencia, se girará el oficio correspondiente, acompañándole copias certificadas de la misma." Ahora, en el capítulo de antecedentes del escrito de demanda, manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 1. El que suscribe en su carácter de Oficial del Registro Civil del municipio de Alvarado, Veracruz fue demandado en la vía ordinaria civil por la C. Wendy del Carmen Castro Cruz, mediante escrito presentado el día nueve de enero de dos mil veintitrés, reclamando como ÚNICA prestación que "se declare por resolución judicial la legitimidad del acta de matrimonio número 01054, libro 5, de fecha 18 de diciembre de 2004, emitida ante la fe del Oficial del Registro Civil de Alvarado, Veracruz, donde consta el matrimonio entre Wendy del Carmen Castro Cruz y Oscar Montejo Moreno. 2. Se dio curso a la demanda en la vía y forma propuesta misma que fue radicada bajo el número de expediente 14/2023/IX del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, consecuentemente se ordena el emplazamiento a juicio de quien esto suscribe. 3. De acuerdo a lo que obra en autos específicamente en la foja nueve, en fecha once de enero del presente año, el C. Roberto Lázaro Rodríguez, Oficial Administrativo del Juzgado en comento, habilitado como notificador refiere en su razón actuarial haberse haberse constituido en el domicilio de la Oficialía del Registro Civil de Alvarado, Veracruz, en donde refiere haberse entrevistado con el C. Jaime Eliud Morales Moreno, quien dijo ser "auxiliar del encargada" (sic) del registro civil de Alvarado, Ver. y que por conducto del 30/11/26 13:04:59 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.36.34.38.32.35.38.37 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JA 178/2023 7 individuo referido "se cerciora que esas son las oficinas del Registro Civil, por lo que al ser enterado de que el suscrito no se encontraba por haber salido a una diligencia", se entiende la diligencia de emplazamiento y traslado con el C. Jaime Eliud Morales Moreno, sin antes solicitarle una credencial que lo identifique con el cargo que dice ostentar, ni siquiera le fue solicitada credencial de elector para verificar que se tratara de la persona que dijo ser, todo ello consta en la razón que el mismo funcionario signó. 4. Derivado de lo señalado previamente, comienza a correr el término para que el suscrito contestara la demanda enderezada en mi contra, sin embargo al no tener conocimiento de dicho juicio, el término fenece y por ende se me declaró en rebeldía, sin que en el expediente conste la certificación realizada por el secretario de acuerdos del juzgado multicitado. 5. Sin siquiera haberse realizado la correspondiente audiencia estipulada por el numeral 219 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, a fin de desahogar las pruebas ofrecidas, se dicta sentencia de manera casi inmediata en fecha veintiséis de enero de dos mil veintitrés, misma que causa estado en fecha nueve de febrero del mismo año, la cual resulta favorable a la parte actora". (.)" De lo anterior, se desprende que la demanda origen de los presentes autos, se promueve con la intención de proteger las funciones que constitucionalmente le corresponden como Oficial del Registro Civil de Alvarado, Veracruz, es decir, la intención es proteger las funciones que en su ejercicio presume afectadas por la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 14/2013-IX del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, y no para proteger su esfera personal de derechos subjetivos como persona física en el ejercicio de algún derecho personal ante dicho tribunal. De ahí que, se considere que no es procedente el juicio de amparo conforme a lo dicho, en términos del artículo 7 de la Ley de Amparo, por cuya razón y conforme a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Amparo, la demanda de amparo de la recurrente es notoriamente improcedente. Apoya dicha determinación, la jurisprudencia 1°./J.171/2005, sustentada por la Primera Sala de la 30/11/26 13:04:59 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.36.34.38.32.35.38.37 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JA 178/2023 8 Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5 de rubro y texto siguientes: "ÓRGANO DEL ESTADO QUE PROMUEVE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTAN SOLAMENTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS. El Estado puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por conducto de los funcionarios o representantes designados en las leyes, únicamente cuando se ven afectados los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, conforme al artículo 90. de la Ley de Amparo. Sin embargo, cuando la potestad pública ocurre en demanda de garantías a través de uno de sus órganos, por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, sin que su esfera patrimonial sufra alguna alteración, de acuerdo con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 40. y 90. del mismo ordenamiento, resulta improcedente el respectivo juicio de garantías porque en tal supuesto los actos reclamados sólo afectan el ejercicio de la función pública, pero no atañen a la esfera jurídica de derechos que como gobernado tiene un funcionario público, pues aun cuando los actos reclamados no hayan favorecido sus intereses, no pierde su calidad de autoridad para adquirir automáticamente la de particular, ya que no existe precepto constitucional o legal que autorice una ficción en ese sentido por el solo hecho de que pudiera ocasionársele algún perjuicio." Así como, la diversa jurisprudencia 2a./J. 128/2017 (10a.), con número de registro digital 2015321, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, página 1022, bajo el rubro y texto siguiente: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los 30/11/26 13:04:59 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.36.34.38.32.35.38.37 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JA 178/2023 9 derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos." De lo anterior, se aprecia que el promovente carece de legitimación para promover el juicio de amparo, en su carácter de autoridad, pues el acto del que se duele, únicamente afecta el ejercicio de sus funciones públicas. En consecuencia, al actualizarse la referida causa de improcedencia, prevista en los artículos 61, fracciones XIl y XXIII, 5°, fracción I, primer párrafo, 6° y 7°, este último en contrario sensu, todos de la Ley de Amparo vigente, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo que procede es desechar la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado en el ocurso de cuenta. Notifíquese personalmente al promovente...
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por Felipe de Jesús Álvarez Vera, en su carácter de Oficial Encargado del Registro Civil de Alvarado, Veracruz, a través del cual desahoga la vista que le fue concedida en proveído de ocho de marzo del año en curso, del cual refiere que fue notificado mediante instructivo de notificación, el diecinueve de abril de este año; en tales condiciones téngasele dando cumplimiento a lo requerido. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda y el oficio aclaratorio que ahora se recibe, si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia, ésta se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuesto de improcedencia previstos en la ley de la materia, en especial con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En ese sentido, de un estudio integral de la demanda que nos ocupa, se advierte que el promovente reclama lo siguiente: "a) El ilegal emplazamiento efectuado por fecha once de enero de dos mil veintitrés, por el C. Roberto Lázaro Rodríguez, Oficial administrativo del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de 30/11/26 13:04:59 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.36.34.38.32.35.38.37 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JA 178/2023 2 Veracruz, Veracruz, dentro del expediente de Juicio Ordinario Civil 14/2023/IX, así como todas las actuaciones posteriores derivadas del mismo, en virtud de ser un acto violatorio de mis derechos fundamentales de audiencia y debido proceso. Desde luego el emplazamiento efectuado de manera ilegal me hizo desconocedor del juicio enderezado en mi contra y por ende, vulnera mis garantías constitucionales dejándome en estado de indefensión, por ello lo que aquí se combate no es la sentencia recaída al juicio ordinario señalado previamente, sino el no haber sido oído y vencido en juicio. b) Todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil número 14/2023/IX del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Ver., incluyendo su ejecución, así como todos los efectos y consecuencias legales que deriven del mismo." Ahora, del oficio con el cual desahogó la prevención que ahora nos ocupa, indicó bajo protesta de decir verdad: Asimismo, precisa que señala como autoridad responsable al Oficial Administrativo Roberto Lázaro Rodríguez, adscrito al Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz. Tal precisión se hace de conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del numeral 74 de la Ley de Amparo, conforme lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, con registro digital 192097, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Novena Época, con el rubro: 30/11/26 13:04:59 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.36.34.38.32.35.38.37 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JA 178/2023 3 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden de ideas, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda; sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo Il, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es; es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. En ese entendido, en relación con la pretensión del promovente de tildar el acto reclamado de inconstitucional en su carácter de Oficial del Registro Civil de Alvarado, Veracruz, se actualiza la causa de improcedencia prevista 30/11/26 13:04:59 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.36.34.38.32.35.38.37 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JA 178/2023 4 en el artículo 61, fracciones XII y XXIlI, en relación con los preceptos 5°, fracción I, primer párrafo, 6° y 7°, éste último aplicado en contrario sensu, todos de la Ley de Amparo vigente, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: 1. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan si los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 7. La Federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (...)". De los preceptos transcritos, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, que únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, es 30/11/26 13:04:59 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.36.34.38.32.35.38.37 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JA 178/2023 5 decir, dichos preceptos establecen el principio de agravio personal que rige en el juicio de amparo. Como se adelantó, en el caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, y para arribar a la anterior determinación, es importante precisar que por intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, para los efectos del juicio de amparo, se deben entender como aquéllos bienes del dominio privado, porque son ese tipo de bienes los que se pueden defender mediante el juicio de amparo y no aquellos del dominio público, para cuya defensa la ley ha creado otros medios de impugnación, de tal manera que sólo la defensa de los bienes del dominio privado puede llevarse a cabo válidamente mediante el juicio de amparo, y no así los del dominio público. Así, por ejemplo, cuando se afectan las participaciones de un Estado en ingresos federales, se trata de una afectación a los bienes del dominio público, es decir, los bienes del dominio público son, entre otros, los destinados a sufragar el gasto público y satisfacer las necesidades públicas y forman parte del patrimonio, tanto como por su origen como por su destino. Además, si bien el numeral 7 de la Ley de Amparo, permite que las autoridades puedan solicitar el amparo y protección de la justicia federal, no menos cierto es que, únicamente están en aptitud de realizar tal petición cuando se afecten sus intereses patrimoniales y respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, es decir, no faculta para ocurrir en demanda de amparo cuando se actúa con el carácter de autoridad, es decir, con imperio, toda vez que no es posible conceder a los órganos del Estado el recurso extraordinario de amparo por los actos del mismo Estado, porque de llegar a tal extremo se establecería una 30/11/26 13:04:59 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.36.34.38.32.35.38.37 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JA 178/2023 6 contienda entre los mismos órganos de poder, lo cual va en contra de la naturaleza del juicio de amparo. En el caso, de la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos, se advierte que la parte quejosa promueve en su carácter de Oficial del Registro Civil de Alvarado, Veracruz, reclamando el ilegal emplazamiento al juicio ordinario civil 14/2013-IX del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, así como todas las actuaciones derivadas del mismo, de lo que se advierte que se dictó sentencia el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, resolviendo en lo medular que condenó al ".registro civil demandado, a emitir la declaración de que la partida de matrimonio un mil cincuenta y cuatro, libro cinco, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil cuatro es legítima, por lo que una vez que adquiera firmeza esa sentencia, se girará el oficio correspondiente, acompañándole copias certificadas de la misma." Ahora, en el capítulo de antecedentes del escrito de demanda, manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 1. El que suscribe en su carácter de Oficial del Registro Civil del municipio de Alvarado, Veracruz fue demandado en la vía ordinaria civil por la C. Wendy del Carmen Castro Cruz, mediante escrito presentado el día nueve de enero de dos mil veintitrés, reclamando como ÚNICA prestación que "se declare por resolución judicial la legitimidad del acta de matrimonio número 01054, libro 5, de fecha 18 de diciembre de 2004, emitida ante la fe del Oficial del Registro Civil de Alvarado, Veracruz, donde consta el matrimonio entre Wendy del Carmen Castro Cruz y Oscar Montejo Moreno. 2. Se dio curso a la demanda en la vía y forma propuesta misma que fue radicada bajo el número de expediente 14/2023/IX del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, consecuentemente se ordena el emplazamiento a juicio de quien esto suscribe. 3. De acuerdo a lo que obra en autos específicamente en la foja nueve, en fecha once de enero del presente año, el C. Roberto Lázaro Rodríguez, Oficial Administrativo del Juzgado en comento, habilitado como notificador refiere en su razón actuarial haberse haberse constituido en el domicilio de la Oficialía del Registro Civil de Alvarado, Veracruz, en donde refiere haberse entrevistado con el C. Jaime Eliud Morales Moreno, quien dijo ser "auxiliar del encargada" (sic) del registro civil de Alvarado, Ver. y que por conducto del 30/11/26 13:04:59 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.36.34.38.32.35.38.37 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JA 178/2023 7 individuo referido "se cerciora que esas son las oficinas del Registro Civil, por lo que al ser enterado de que el suscrito no se encontraba por haber salido a una diligencia", se entiende la diligencia de emplazamiento y traslado con el C. Jaime Eliud Morales Moreno, sin antes solicitarle una credencial que lo identifique con el cargo que dice ostentar, ni siquiera le fue solicitada credencial de elector para verificar que se tratara de la persona que dijo ser, todo ello consta en la razón que el mismo funcionario signó. 4. Derivado de lo señalado previamente, comienza a correr el término para que el suscrito contestara la demanda enderezada en mi contra, sin embargo al no tener conocimiento de dicho juicio, el término fenece y por ende se me declaró en rebeldía, sin que en el expediente conste la certificación realizada por el secretario de acuerdos del juzgado multicitado. 5. Sin siquiera haberse realizado la correspondiente audiencia estipulada por el numeral 219 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, a fin de desahogar las pruebas ofrecidas, se dicta sentencia de manera casi inmediata en fecha veintiséis de enero de dos mil veintitrés, misma que causa estado en fecha nueve de febrero del mismo año, la cual resulta favorable a la parte actora". (.)" De lo anterior, se desprende que la demanda origen de los presentes autos, se promueve con la intención de proteger las funciones que constitucionalmente le corresponden como Oficial del Registro Civil de Alvarado, Veracruz, es decir, la intención es proteger las funciones que en su ejercicio presume afectadas por la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 14/2013-IX del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, y no para proteger su esfera personal de derechos subjetivos como persona física en el ejercicio de algún derecho personal ante dicho tribunal. De ahí que, se considere que no es procedente el juicio de amparo conforme a lo dicho, en términos del artículo 7 de la Ley de Amparo, por cuya razón y conforme a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Amparo, la demanda de amparo de la recurrente es notoriamente improcedente. Apoya dicha determinación, la jurisprudencia 1°./J.171/2005, sustentada por la Primera Sala de la 30/11/26 13:04:59 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.36.34.38.32.35.38.37 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JA 178/2023 8 Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5 de rubro y texto siguientes: "ÓRGANO DEL ESTADO QUE PROMUEVE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTAN SOLAMENTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS. El Estado puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por conducto de los funcionarios o representantes designados en las leyes, únicamente cuando se ven afectados los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, conforme al artículo 90. de la Ley de Amparo. Sin embargo, cuando la potestad pública ocurre en demanda de garantías a través de uno de sus órganos, por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, sin que su esfera patrimonial sufra alguna alteración, de acuerdo con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 40. y 90. del mismo ordenamiento, resulta improcedente el respectivo juicio de garantías porque en tal supuesto los actos reclamados sólo afectan el ejercicio de la función pública, pero no atañen a la esfera jurídica de derechos que como gobernado tiene un funcionario público, pues aun cuando los actos reclamados no hayan favorecido sus intereses, no pierde su calidad de autoridad para adquirir automáticamente la de particular, ya que no existe precepto constitucional o legal que autorice una ficción en ese sentido por el solo hecho de que pudiera ocasionársele algún perjuicio." Así como, la diversa jurisprudencia 2a./J. 128/2017 (10a.), con número de registro digital 2015321, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, página 1022, bajo el rubro y texto siguiente: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los 30/11/26 13:04:59 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.36.34.38.32.35.38.37 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JA 178/2023 9 derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos." De lo anterior, se aprecia que el promovente carece de legitimación para promover el juicio de amparo, en su carácter de autoridad, pues el acto del que se duele, únicamente afecta el ejercicio de sus funciones públicas. En consecuencia, al actualizarse la referida causa de improcedencia, prevista en los artículos 61, fracciones XIl y XXIII, 5°, fracción I, primer párrafo, 6° y 7°, este último en contrario sensu, todos de la Ley de Amparo vigente, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo que procede es desechar la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado en el ocurso de cuenta. Notifíquese personalmente al promovente.
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