Ofelio Navarro Alonso

Expediente 804/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
804/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
30/01/2023

Partes del expediente

  • Ofelio Navarro Alonso y Otros.
  • Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
  • Ofelio Navarro Alonso
  • Paula Gómez Maldonado y Otros.
  • Paula Gómez Maldonado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, de lo que se advierte que a la fecha ha transcurrido a la parte quejosa, la vista que se les otorgó mediante proveído de veinte de enero de dos mil veintitrés; sin que hayan realizado manifestación alguna; por tanto, este órgano de control constitucional se pronuncia de oficio en relación al cumplimiento a la sentencia amparadora. I. En demanda de amparo presentada el dieciocho de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, remitida el día siguiente hábil (diecinueve de julio de dos mil veintidós), por razón de turno a este órgano jurisdiccional ********************, a través de su apoderado legal ********************, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos de la autoridad que a continuación se indican: ".III. AUTORIDADES RESPONSABLES: AL H. TRIBUNAL DE CONCILIACUIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO,." "IV.- ACTO RECLAMADO: EL AUTO DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2022 (notificado con fecha 27 de julio de 2022), QUE OMITE DICTAR LAS MEDIDAS EFICACES Y FIJAR EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN A SEGUIR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO;. LA OMISIÓN DE VINCULAR AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y AL CONGRESO DEL ESTADO,." II. Seguida la secuela procesal con fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional y el dieciocho de octubre del año próximo pasado se dictó la sentencia definitiva, la cual otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal en los términos siguientes: Emita el acuerdo correspondiente a la petición que recibió el nueve de junio de dos mil veintidós, en el juicio laboral ********************a través de la cual se solicitó fijar el procedimiento a seguir para hacer cumplir el laudo y se vinculara al Poder Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y al Congreso del Estado, toda vez que como se ha visto, el plazo legal previsto para ello ha excedido en demasía. Y notificar la determinación a las partes. III. A fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, realizó lo siguiente: Mediante oficio 01/2023, remitió copia certificada del auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral ********************, en el cual acordó en lo que interesa los siguiente: Acordó la petición de la parte actora, que recibió el nueve de junio de dos mil veintidós, en el juicio laboral ********************. Respecto al procedimiento de ejecución que lleva para cumplir el laudo dictado en el juicio laboral de origen, determinó que el mismo se encuentra determinado en términos de la ley de la materia; y con relación a vincular al Poder Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y al Congreso del Estado al cumplimiento del laudo determinó que no era procedente acordar dicha petición en razón de que de acuerdo a lo establecido por el artículo 77 de la Ley Orgánica del Municipio Libre vigente en el Estado, quien representa legalmente al ayuntamiento demandado es el Síndico Procurador y quien tienen facultades de autorizar los gastos del mismo, por lo que en esa misma fecha se le requirió para que cumpla con la condena del laudo aplicando las medidas de apremio correspondientes. Asimismo, por oficio 48/2023 remitió copias certificadas de las cédulas de notificación realizadas la parte actora y demandada del auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós; colmando con ello los efectos precisados en el fallo amparador. IV. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima cumplida la ejecutoria federal, en su totalidad sin exceso ni defecto, toda vez que la responsable se apegó a los lineamientos que fueron destacados en la sentencia de amparadora, al emitir el acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en el expediente laboral ********************y notificar el mismo a las partes. V. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo, el expediente principal transcurrido tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DEPURADO, porque se concedió la protección en el juicio, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. En términos de los artículos 8 y 15 del señalado Acuerdo General señalado, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica; asimismo, no obran documentos originales que devolver a las partes. Finalmente, tomando en consideración que no es necesario seguir conservando los autos originales del tomo del expediente laboral 494/20009, así como las copias certificadas del tomo dos de dicho juicio que fueron remitidos por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, como complemento a su informe justificado; por tanto, hágase la devolución de los mismos a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, toda vez que se tratan de actuaciones originales. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, once de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; mediante el cual pretende cumplir con el requerimiento realizado en proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós y al efecto remite copia certificada de la determinación de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, emitida en el juicio laboral ********************empero, de la actuación remitida por la autoridad oficiante no se aprecia que haya acatado lo ordenado en dicho auto donde se le requirió para que en cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo emitiera el acuerdo correspondiente a la petición que recibió el nueve de junio de dos mil veintidós y notificara dicha determinación a las partes, sin que dicho oficio se aprecie tal circunstancia, de ahí que no ha lugar a tener por desahogo dicho requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107 Constitucional, fracción XVI, 104, 105 de la Ley de Amparo, en lo conducente y el punto Segundo del Acuerdo General número 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días hábiles, siguientes al en que reciba la notificación del presente acuerdo remita copia certificada de la notificación realizada a las partes del auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral ********************. Haciéndole del conocimiento a dicha autoridad responsable, que subsisten los apercibimientos decretados en el auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, en caso de no cumplir con lo requerido y se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento a los artículos 238, 258 y 193 de la Ley de Amparo, equivalente a 9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Es relevante manifestar a la autoridad responsable que la multa indicada se pude imponer sin motivación alguna, con base en la jurisprudencia 2a./J.127/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.". De seguir con la contumacia, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Patricia Elizabeth Bautista Ávila, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho, por periodo vacacional de la Titular de este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión celebrada el doce de diciembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/6957/2022, ante el Secretario Omar García Leyva, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, trece de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de dieciocho de octubre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que concede a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Presidenta y Actuaria del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumplan con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que las obliga a: Emita el acuerdo correspondiente a la petición que recibió el nueve de junio de dos mil veintidós, en el juicio laboral 494/2009; a través de la cual se solicitó fijar el procedimiento a seguir para hacer cumplir el laudo y se vinculara al Poder Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y al Congreso del Estado, toda vez que como se ha visto, el plazo legal previsto para ello ha excedido en demasía. Y notificar la determinación a las partes. Debe precisarse que el término concedido a la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se otorgó tomando en consideración a lo establecido en los efectos de la ejecutoria de amparo. Conforme a lo anterior, se apercibe a***********, en su carácter de Presidenta y Joshajany Ozuna Sánchez en su carácter de Actuaria, ambas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento a los artículos 238, 258 y 193 de la Ley de Amparo, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional) a cada una, tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la tesis: 2a./J.36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro IV, enero de 2012, Décima Época, tomo 4, página 3515, con registro 2000099, de rubro y texto siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexos signados por por el Juez Mixto de Paz de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho con número de orden 846/2022 y número de origen 361/2022, que se le envió en proveído de once de noviembre de dos mil veintidós, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, notificara el oficio 29298/2022 al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. En ese orden de ideas, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y dese de baja la citada comunicación oficial. Finalmente, una vez que transcurra el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo a la citada parte procesal (tercero interesado), hágase el cómputo correspondiente y acuérdese lo que en derecho corresponda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

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