Ofelia Velázquez Morales
Expediente 1063/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 37 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1063/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 30/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ofelia Velázquez Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el dos de agosto de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó en el juicio; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, junto con los cuadernos incidentales. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, y no existen documentos originales exhibidos por las partes, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DEPURABLE dado que en la especie se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Con apoyo en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos originales que allegó al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, siendo las diez horas con diez minutos del dos de agosto de dos mil dieciocho (foja 278), hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo II-1063/2017, promovido por Ofelia Velázquez Morales, por derecho propio, contra actos de las autoridades siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLESJuez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad.Actuario adscrito al Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad. De quienes reclama: Del juez responsable: Todo lo actuado a partir del acta de citatorio de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete en el juicio ejecutivo mercantil 341/2017, promovido por el endosatario en procuración de Hugo Said Morales Rodríguez y Andy Cristhoper Alcántar López, en el que se le condena a pagar la cantidad de ciento ochenta mil pesos y se ordena sacar a remate el inmueble que dice era de su propiedad, sin haber sido oída y vencida en juicio. Del actuario adscrito al juzgado responsable: Todo lo actuado a partir del citatorio de seis de mayo de dos mil diecisiete, así como el acta de emplazamiento de dieciocho de mayo siguiente en el que se le tuvo por emplazada a la quejosa al juicio ejecutivo mercantil 341/2017. El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido del licenciado Javier Ivan Contreras Osorio, secretario que autoriza las actuaciones y da fe, encontrándose en audiencia pública la declara abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, haciéndose constar la asistencia del licenciado Alejandro León Cortés, autorizado de la parte quejosa, quien se identifica con la credencial para votar con número OCR 0955073744505, expedida por el Instituto Federal Electoral, documento del que se advierte una fotografía que concuerda con los rasgos del compareciente y de la cual se deja copia para constancia legal. Enseguida el secretario hace una relación de las constancias de autos y certifica: Que obran agregados en autos la demanda de amparo (fojas 2 a 8), auto admisorio de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete (fojas 19 a 21), constancias de emplazamiento de los terceros interesados Jovita Velázquez Morales (foja 24) y Andy Cristopher Alcántar López (fojas 176 a 178), escrito de ampliación de demanda (fojas 116 a 119), auto de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se tuvo a la quejosa ampliando la demanda de amparo (foja 122), las publicaciones de los edictos ordenados mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 240 a 242, 249 a 256 y 258 a 260), a fin de emplazar al juicio al diverso tercero interesado Hugo Said Morales Rodríguez y el pedimento 177/2018, de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (fojas 275 y 276). Asimismo, hace constar que el plazo de treinta días hábiles con que contó el tercero interesado Hugo Said Morales Rodríguez, para comparecer al juicio en que se actúa, transcurrió del treinta de mayo al diez de julio del año en curso. De igual forma, se hace relación de los informes justificados que obran en autos mediante el siguiente cuadro: N° Autoridad Fojas Sentido 1 Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial. 43 Cierto 2 Actuaria adscrita al Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial. 99 Cierto El auto que los tuvo por recibidos y las documentales que adjuntó el juez responsable a su informe justificado (foja 103). Igualmente, el oficio 1555/2018 enviado por el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, al que adjuntó copia certificada de las constancias con las que acredita que se pronunció sobre las consecuencias generadas con motivo del desistimiento de la parte actora Andy Cristopher Alcántar López en el juicio ejecutivo mercantil 341/2017, del que derivan los actos reclamados (fojas 283 a 307). Al respecto el Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de autos que antecede; por reiterado el proveído mediante el cual se tuvo a las autoridades responsables rindiendo su informe justificado. Se abre el período de pruebas en el que el secretario hace constar que obran las documentales que la quejosa adjuntó a su demanda de amparo (fojas 9 a 18), así como las que el juez responsable adjuntó a su informe justificado (fojas 44 a 98) y al oficio 1555/2018 (fojas 283 a 307); a lo que el Juez acuerda: Ténganse por ofrecidas y desahogadas dichas probanzas, en razón de su propia y especial naturaleza y a las demás partes por perdido el derecho a ofrecerlas por lo que se cierra esta etapa. Ahora, vista la prueba testimonial que ofertó la parte quejosa reservada mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete (foja 40), con la cual se pretende acreditar que en la fecha en que se llevó a cabo el emplazamiento de la solicitante de amparo en el juicio de origen, ésta no habitaba en el domicilio en que se practicó y toda vez que en el presente sumario se actualiza una diversa causa de improcedencia, se desecha dicho medio probatorio por intrascendente, ya que de admitirse a nada práctico conduciría su desahogo, pues se violaría el principio de expeditez en la administración de justicia. Es aplicable por identidad jurídica la jurisprudencia por contradicción de tesis número P.J.41/2001 publicada en la página 157 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril de 2001, Novena época, que dice: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez". Así como en lo conducente, la diversa publicada en la Séptima época del Semanario Judicial de la Federación, volumen 3, séptima parte, página 67, con registro 246457, de rubro y contenido siguientes: "PRUEBA INCONDUCENTE. SU NO ACEPTACION NO CAUSA AGRAVIO. Si el acto reclamado consistente en desposeimiento fue negado por las responsables y el quejoso ofreció inspección ocular tendiente a acreditar solamente la presencia de tropas en la ampliación de un ejido, la no aceptación de dicha prueba no causa agravio, ya que la misma no desvirtúa la negativa de los actos reclamados hecha por las responsables y el sobreseimiento basado en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, resulta correcto". Posteriormente, el autorizado de la parte quejosa manifiesta que no es su deseo hacer manifestación alguna. Acto continuo, con base en el precepto 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período de alegatos, en el que el secretario hace constar que únicamente obran los alegatos formulados por Olivia Benítez Reyes, autorizada de la quejosa y por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mediante escrito recibido en este juzgado el uno de junio de dos mil dieciocho y pedimento 177/2018 (fojas 264 a 272, 275 y 276). El Juez acuerda: Téngase a la representante social y a la autorizada de la quejosa formulando sus alegatos y al resto de las partes por perdido su derecho de hacerlo, se da por terminada dicha fase. Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia firmando para constancia legal los que en ella intervinieron, por lo que al no existir prueba pendiente de desahogo, ni promoción sin acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, queda en estado de dictarse la sentencia correspondiente. Doy fe. LIC. REYNALDO PIÑÓN RANGEL JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. EL SECRETARIO LIC. JAVIER IVAN CONTRERAS OSORIO. ALEJANDRO LEÓN CORTÉS AUTORIZADO DE LA QUEJOSA V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo II-1063/2017; y RESULTANDO Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el treinta de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Ofelia Velázquez Morales solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial y actuario de su adscripción, los que consideró violatorios de los derechos humanos protegidos por las garantías contenidas en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, relató los antecedentes que consideró pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, la que se admitió a trámite mediante acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en proveído de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, se tuvo a la quejosa ampliando su demanda de amparo; finalmente, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracciones I, II, III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, porque la omisión se atribuye a una autoridad que reside dentro de la jurisdicción de esta potestad federal. Segundo. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, relativa a la Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En esa virtud, de acuerdo con los criterios resaltados, y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, acude a esta instancia constitucional a impugnar: Del juez responsable: Todo lo actuado a partir del acta de citatorio de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete en el juicio ejecutivo mercantil 341/2017, promovido por el endosatario en procuración de Hugo Said Morales Rodríguez y Andy Cristhoper Alcántar López, en el que se le condena a pagar la cantidad de ciento ochenta mil pesos y se ordena sacar a remate el inmueble que dice era de su propiedad, sin haber sido oída y vencida en juicio. Del actuario adscrito al juzgado responsable: Todo lo actuado a partir del citatorio de seis de mayo de dos mil diecisiete, así como el acta de emplazamiento de dieciocho de mayo siguiente en el que se le tuvo por emplazada a la quejosa al juicio ejecutivo mercantil 341/2017. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se atribuyen al Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial y actuaria de su adscripción, por así haberlo manifestado al rendir el informe justificado. Circunstancia que se corrobora con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 341/2017, que anexó el juez responsable al informe con justificación; documentales públicas con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, al contemplarlo el artículo 2 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la página 153, tomo VI, materia común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que se lee: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". De igual forma, resulta aplicable la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 588, tomo V, segunda parte-2, enero a junio de 1990, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, materia común, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos". Cuarto. Procedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente y la jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al igual que la jurisprudencia número 228, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, analizar las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". Respecto a los actos reclamados que la quejosa hace consistir en: Del juez responsable: Todo lo actuado a partir del acta de citatorio de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete en el juicio ejecutivo mercantil 341/2017, promovido por el endosatario en procuración de Hugo Said Morales Rodríguez y Andy Cristhoper Alcántar López, en el que se le condena a pagar la cantidad de ciento ochenta mil pesos y se ordena sacar a remate el inmueble que dice era de su propiedad, sin haber sido oída y vencida en juicio. Del actuario adscrito al juzgado responsable: Todo lo actuado a partir del citatorio de seis de mayo de dos mil diecisiete, así como el acta de emplazamiento de dieciocho de mayo siguiente en el que se le tuvo por emplazada a la quejosa al juicio ejecutivo mercantil 341/2017. El presente juicio de amparo es improcedente porque se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Es así porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto que se reclama o realiza el que debía, cuando como en el caso se demanda una omisión, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho humano violado; de ahí que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido u omitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de aquél, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causal de improcedencia a estudio no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, como es el caso. Ahora, del contenido de las copias certificadas que adjuntó el juez responsable a su oficio 1555/2018, recibidas en este juzgado el doce de julio de dos mil dieciocho (foja 283), se advierte que el dieciocho de abril del año en curso, se tuvo a la parte actora en el juicio ejecutivo mercantil 341/2017, desistiendo de la acción intentada en contra de la parte quejosa [demandada en el sumario de origen], determinación que se declaró firme el veintiséis de abril pasado. Por lo anterior, giró oficio al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, con residencia en esta ciudad, a fin de que, con motivo del desistimiento citado, procediera a la cancelación de la inscripción del embargo trabado en el juicio de origen, respecto del inmueble que se encuentra en la totalidad de una fracción equivalente a una tercera parte del predio urbano con solar, ubicado hacia el norte de la parroquia de Santa María de Guido, en el callejón que corre de norte a sur, actualmente casa habitación número 63 de la calle Enrique González Martínez, de la localidad de Santa María de Guido, en esta ciudad, registrado bajo el número 21 del tomo 8684, de diecinueve de enero de dos mil nueve, a nombre de Ofelia y Jovita, ambas de apellidos Velázquez Morales (foja 287), lo que así se hizo, como se aprecia de las constancias que obran a fojas de la 292 a la 306. Atento lo anterior, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, en virtud de que cesaron los efectos de los actos reclamados atribuidos a la autoridad responsable, al haber desistido la parte actora de la acción intentada dentro del juicio ejecutivo mercantil 341/2017, en contra de la aquí quejosa; de ahí que, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la ley en la materia, y de acuerdo a lo establecido en el diverso numeral 63, fracción V, procede sobreseer en el juicio. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del articulo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes, regístrese esta sentencia en el modulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.) agregándose al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ofelia Velázquez Morales, respecto de los actos que reclamó del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial y actuario de su adscripción, precisados en la parte considerativa de esta sentencia.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el comunicado del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, por el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de cinco de julio del año en curso, remite copia certificada de las constancias con las que acredita que se pronunció sobre las consecuencias generadas con motivo del desistimiento de la parte actora Andy Cristopher Alcantar López en el juicio de origen, de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de los que se obtiene que se encuentra trascurriendo el plazo de treinta días hábiles con que cuenta el tercero interesado Hugo Said Morales Rodríguez, para comparecer al juicio de amparo en que se actúa, contado al día siguiente de la última publicación de los edictos (veintiocho de mayo de dos mil dieciocho). Por tanto, para dar margen a que transcurra el lapso señalado y toda vez que éste debe computarse en días hábiles, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, se desprende que el veinte de abril de dos mil dieciocho (foja 226) se tuvo a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, informando que la parte actora Andy Cristopher Alcántar López en el juicio de origen se desistió de la acción intentada en contra de la parte quejosa - demandada en el sumario de origen-; por tanto, requiérase a la mencionada responsable para que en plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia certificada de las constancias de las que se desprenda que se pronunció sobre las consecuencias generadas con motivo del desistimiento. Bajo apercibimiento que de ser omiso o no informar las causas legales que le impidan hacerlo, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto con los artículos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. Sin que sea necesario ordenar la notificación de este proveído mediante oficio a las autoridades responsables, dado que esta determinación no es de aquéllas que deban notificarse de manera personal a las partes y que están establecidas en el artículo 27 de la Ley de Amparo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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- Olga Lilia Gaona Medina498/2019
- Olga Lilia Gaona Medina499/2019
- Olga Lizeth Pompa Hernández832/2020
- Oliva Puerto Esquivel638/2018