Ofelia Vasquez Meza

Expediente 340/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
340/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
02/05/2016

Partes del expediente

  • Ofelia Vasquez Meza

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto de trece de abril de dos mil dieciséis, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo intentada por ***************, por conducto de su apoderada legal ***************, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo suscrito por ************, con carácter de apoderada legal de ************, personalidad que se tiene por acreditada al tenor de la copia con firmas autógrafas del proveído de ocho de febrero de dos mil dieciséis, dictado por los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, en el juicio ordinario laboral 495/2016/LI/CC/IND, del que aparece que dicha junta laboral reconoció la personalidad jurídica con que se ostenta la promovente; libelo constitucional formulado contra actos de la autoridad en cita, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno y medios administrativos de este órgano judicial con el número 340/2016. Con relación al escrito constitucional, se provee: Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de cuenta, en virtud de lo que a continuación se expone. Es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el particular, es menester puntualizar que la parte impetrante señaló como acto reclamado en forma destacada la determinación asumida por la Junta de Conciliación y Arbitraje en esta localidad, en la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones de catorce de marzo de dos mil dieciséis, dentro del juicio subyacente número 495/2016/L1/CC/IND, a través de la cual desechó de plano el incidente de falta de personalidad instado por la parte trabajadora hoy quejosa contra el reconocimiento que hizo dicha junta respecto la personalidad jurídica de quien se ostentó como representante legal de los codemandados "*************", Sociedad Anónima de Capital Variable y de ************, al estimar el citado tribunal obrero que la documentación exhibida por la parte demandada, cumplió con los requisitos a que alude el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, de los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 fracción V, de la vigente Ley de Amparo, se desprende que los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Actos de imposible reparación que han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal -y en el marco constitucional actual también los reconocidos en los tratados internacionales en que México sea parte, como lo prevé la fracción V, del artículo 107 de la vigente la Ley de Amparo-. Es aplicable al caso la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10ª.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Al igual que la diversa tesis P. LVII/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, de octubre de dos mil cuatro, página nueve, que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, la actuación reclama en forma destacada, no constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación, ni pueden combatirse, de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107, fracción V, de la Ley Reglamentaria, a través del juicio de amparo en la vía indirecta. Así, puesto que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, desechó de plano el incidente de falta de personalidad instado por la parte trabajadora hoy quejosa contra el reconocimiento que hizo dicha junta respecto la personalidad jurídica de quien se ostentó como representante legal de los codemandados "**********", Sociedad Anónima de Capital Variable y de ***************, dentro del juicio subyacente número 495/2016/L1/CC/IND, al estimar el citado tribunal obrero que la documentación exhibida por la parte demandada, cumplió con los requisitos a que alude el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, se considera que tal acto procesal, no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, sino que sus efectos son de orden procesal y cualquier violación que se hubiera cometido con la determinación reclamada puede disiparse eventualmente en el laudo que se emita siempre que resulte favorable a los intereses de la parte quejosa, o en caso contrario, en el juicio de amparo directo que en su contra se haga valer. Consecuentemente, al reclamarse en el particular un acto dictado dentro de un procedimiento que no es de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con la V, del inciso del numeral 107, ambos de la vigente la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda planteada por ************, por conducto de su apoderada legal ************, al resultar notoriamente improcedente. Por otra parte, el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Por último, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle*** en esta ciudad y como autorizados en los términos amplios de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ************, al versar el asunto en materia laboral en el que la quejosa tiene el carácter de parte trabajadora.

  3. Principal

    Atento a que el (a) quejoso (a) Ofelia Vázquez Meza, por conducto de su apoderada legal Ma. Guadalupe Alvarado López o cualquiera de sus autorizados no comparecieron a este Juzgado los días quince y dieciocho de abril del año en curso -siendo inhábiles los días dieciséis y diecisiete del mismo mes y año- a notificarse personalmente del proveído o resolución de trece de abril de dos mil dieciséis -no obstante de habérsele dejado oportunamente en el domicilio señalado en autos el respectivo aviso para ello-, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, le notifico el referido auto por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en punto de las nueve horas del día diecinueve de abril de dos mil dieciséis; y que en lo conducente establece: Visto el escrito de demanda de amparo suscrito por ************, con carácter de apoderada legal de ************, personalidad que se tiene por acreditada al tenor de la copia con firmas autógrafas del proveído de ocho de febrero de dos mil dieciséis, dictado por los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, en el juicio ordinario laboral 495/2016/LI/CC/IND, del que aparece que dicha junta laboral reconoció la personalidad jurídica con que se ostenta la promovente; libelo constitucional formulado contra actos de la autoridad en cita, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno y medios administrativos de este órgano judicial con el número 340/2016. Con relación al escrito constitucional, se provee: Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de cuenta, en virtud de lo que a continuación se expone. Es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el particular, es menester puntualizar que la parte impetrante señaló como acto reclamado en forma destacada la determinación asumida por la Junta de Conciliación y Arbitraje en esta localidad, en la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones de catorce de marzo de dos mil dieciséis, dentro del juicio subyacente número 495/2016/L1/CC/IND, a través de la cual desechó de plano el incidente de falta de personalidad instado por la parte trabajadora hoy quejosa contra el reconocimiento que hizo dicha junta respecto la personalidad jurídica de quien se ostentó como representante legal de los codemandados "*************", Sociedad Anónima de Capital Variable y de ************, al estimar el citado tribunal obrero que la documentación exhibida por la parte demandada, cumplió con los requisitos a que alude el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, de los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 fracción V, de la vigente Ley de Amparo, se desprende que los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Actos de imposible reparación que han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal -y en el marco constitucional actual también los reconocidos en los tratados internacionales en que México sea parte, como lo prevé la fracción V, del artículo 107 de la vigente la Ley de Amparo-. Es aplicable al caso la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10ª.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Al igual que la diversa tesis P. LVII/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, de octubre de dos mil cuatro, página nueve, que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, la actuación reclama en forma destacada, no constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación, ni pueden combatirse, de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107, fracción V, de la Ley Reglamentaria, a través del juicio de amparo en la vía indirecta. Así, puesto que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, desechó de plano el incidente de falta de personalidad instado por la parte trabajadora hoy quejosa contra el reconocimiento que hizo dicha junta respecto la personalidad jurídica de quien se ostentó como representante legal de los codemandados "**********", Sociedad Anónima de Capital Variable y de ***************, dentro del juicio subyacente número 495/2016/L1/CC/IND, al estimar el citado tribunal obrero que la documentación exhibida por la parte demandada, cumplió con los requisitos a que alude el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, se considera que tal acto procesal, no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, sino que sus efectos son de orden procesal y cualquier violación que se hubiera cometido con la determinación reclamada puede disiparse eventualmente en el laudo que se emita siempre que resulte favorable a los intereses de la parte quejosa, o en caso contrario, en el juicio de amparo directo que en su contra se haga valer. Consecuentemente, al reclamarse en el particular un acto dictado dentro de un procedimiento que no es de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con la V, del inciso del numeral 107, ambos de la vigente la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda planteada por ************, por conducto de su apoderada legal ************, al resultar notoriamente improcedente. Por otra parte, el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Por último, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle*** en esta ciudad y como autorizados en los términos amplios de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ************, al versar el asunto en materia laboral en el que la quejosa tiene el carácter de parte trabajadora.

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