Ofelia Severo Reyes
Expediente 914/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 914/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ofelia Severo Reyes
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señalan los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído de once de agosto del año en curso, sin que a la fecha lo hubiese hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo, para todos los efectos legales procedentes se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Ofelia Severo Reyes, por propio derecho, contra actos de la Directora de la Unidad de Policía Metropolitana Femenil con indicativo Atenea, Inspectora Jefe, Maestra Itzania Sandibel Otero Manzano y otra autoridad. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Ahora bien, toda vez que la parte promovente anexó documento original en el presente juicio de amparo, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger dicho documento y previo desglose del mismo, debiendo dejar constancia de su entrega haciendo del conocimiento que la persona que se presente a recibir el documento, deberá exhibir copia simple de identificación oficial vigente la cual previa presentación del original, se certificará por el Secretario para debida constancia legal, apercibida que de no hacerlo así, se procederá a su destrucción en cumplimiento del antepenúltimo párrafo del artículo 21 del acuerdo de referencia. En el entendido de que la persona que acuda a recibir el documento, deberá solicitar una cita para tal efecto a través de un código QR, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de lunes a viernes en un horario de las trece horas con quince minutos a las diecinueve horas con quince minutos, tomando en consideración que es la jornada de labores presenciales que le corresponde a este Juzgado de Distrito. Notifíquese vía electrónica a la promovente. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a once de agosto de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito signado por Ofelia Severo Reyes, por propio derecho, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de tres de agosto del año en curso. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se agrega a los autos para que surtan los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido; en consecuencia, se tiene por desahogada la prevención de mérito. Ahora bien, del examen que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no proveer lo que en derecho corresponda sobre la admisión o desechamiento del escrito de cuenta. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable en la parte conducente, por analogía la jurisprudencia I.13o.A. J/6, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." (No. Registro: 180,663, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Septiembre de 2004, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631). En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, la cual señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (No. Registro: 192,097, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de 2000, Tesis: P./J. 40/2000, Página: 32). La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad y si la parte quejosa designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Ahora, del análisis de la demanda y escrito aclaratorio, se advierte que el promovente señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalando como autoridades responsables las siguientes A. Como ordenadora preciso a la siguientes: 1. DIRECTORA DE LA UNIDAD DE POLICÍA METROPOLITANA FEMENIL, CON INDICATIVO ATENEA, INSPECTORA JEFE, MAESTRA ITZANIA SANDIBEL OTERO MANZANO, . B. Como ejecutora preciso a la siguientes: 2. JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE APOYO TÉCNICO FEMENIL, CON INDICATIVO ALFA ATENEA, LICENCIADA NANCY ARZALUZ RAMOS, . "Ambas autoridades pertenecientes a la Secretaria Ciudadana de la Ciudad de México." En esa tesitura, cabe precisar que lo reclamado en la demanda de amparo, consiste medularmente es la orden de retirarle el resguardo domiciliario del que gozaba la quejosa Ofelia Severo Reyes, desde el diecisiete de abril de dos mil veinte. Además, en dicho escrito aclaratorio, la quejosa manifestó expresamente, bajo protesta de decir verdad, textualmente lo siguiente"[.] Y QUE SIN RECIBIR DOCUMENTO ALGUNO más que un mensaje recibido en mi teléfono celular participar a través de la aplicación de WhatsApp a las veintiún (21:00) horas el día once (11) de abril del año dos mil veintiuno (2021), en el que me indican lo siguiente: " . . Que por orden de la DIRECTORA DE LA UNIDAD DE POLICÍA METROPOLITANA FEMENIL, CON INDICATIVO ATENEA, INSPECTORA JEFE, MAESTRA OTERO MANZANO ITZANIA SANDIBEL se daba por terminado el confinamiento a las personas vulnerables a contraer la enfermedad de COVID-19.." [.]" Precisado lo anterior, se advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; ... El presupuesto procesal del cual se ha dado noticia, tiene como fin, el hecho de que el agraviado haya consentido el acto que estima lesivo de garantías, al no haber promovido el juicio constitucional en el término de quince días -que en el caso es en el que nos ocupa por no encontrarse en los otros supuestos de excepción- a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Asimismo, el artículo 18 de la Ley de Amparo señala: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. El precepto legal trascrito establece las distintas hipótesis de cómputo para el término de la presentación de la demanda de amparo, a saber: a) a partir de aquél al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; b) a partir de aquél al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y c) a partir de aquél al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. De su interpretación puede advertirse que se hacen tres distinciones para el cómputo del plazo de quince días dentro de los cuales se debe presentar la demanda de amparo. Además, los supuestos mencionados, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador, fue la de establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquellos supuestos; por ello, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición de la parte quejosa respecto del acto reclamado. El legislador tuvo la intención de establecer que el inicio del cómputo para promover la demanda de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de esas hipótesis, por lo que no cabe duda que el creador de la ley distinguió entre un supuesto y otro, porque de lo contrario habría bastado señalar que el término empezaría a contar a partir del día siguiente al en que el quejoso se enterara por cualquier medio del acto reclamado. Por tanto, como se establecen tres distintas hipótesis, siempre se debe considerar, para estimar a partir de cuándo empieza a correr el término para la presentación de la demanda de amparo, la posición del quejoso respecto del acto que reclame, toda vez que puede darse el caso de que se actualice la notificación, el conocimiento o la ejecución, para que el agraviado se haga sabedor del acto reclamado, por lo que el problema se presenta cuando la notificación del acto reclamado al quejoso o el conocimiento que éste tenga de aquél, son dos medios indistintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, que obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él o de su ejecución, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que el propio conocimiento, no siempre proviene de una notificación, por lo que se está en casos diversos, pues al establecerse la notificación, la ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas. En cambio, el conocimiento de la resolución o de su ejecución, se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la ley, al no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En ese orden de ideas, los supuestos segundo y tercero del numeral transcrito, entrañan una confesión de la existencia y conocimiento de un acto o de su ejecución que transgrede derechos públicos subjetivos del gobernado. En esa tesitura, se reitera que, lo que la parte quejosa pretende combatir en la demanda de amparo, es la orden de retirarle el resguardo domiciliario del que gozaba la quejosa Ofelia Severo Reyes, desde el diecisiete de abril de dos mil veinte. Ahora bien, toda vez que la quejosa reclama es la orden de retirarle el resguardo domiciliario del que gozaba la quejosa Ofelia Severo Reyes, desde el diecisiete de abril de dos mil veinte, y tomando en consideración que de las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, en el sentido de que tuvo conocimiento de éste el once de abril de dos mil veintiuno, se advierte que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, se inicia a partir del día siguiente al que tuvo conocimiento. Aseveración a la que se le debe otorgar credibilidad plena como CONFESIÓN EXPRESA, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y 96, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales señalan: "(.) ARTÍCULO 95.- La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley. ARTÍCULO 96.- La confesión sólo produce efecto en lo que perjudica al que la hace; pero si la confesión es la única prueba contra el absolvente, debe tomarse íntegramente, tanto en lo que lo favorezca como en lo que lo perjudique. (.)" Así como de conformidad con el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 193-198, Primera Parte, Sección Segunda, página 71, con el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". Esto es así, porque resulta lógico que la confesión expresa de la fecha en que la promovente fue notificada del acto reclamado, se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo dispone el artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio". Tales circunstancias se colman, dado que del escrito inicial de demanda que dio origen al juicio de amparo 914/2021-VI, no se desprende que es menor de edad o incapaz, pues al promover el amparo y protección de la justicia federal, se trata de una persona mayor de edad, con pleno conocimiento del hecho, quien se ostenta como sabedor del acto reclamado desde el once de abril de dos mil veintiuno, por lo que se trata de un hecho propio concerniente al presente asunto, y por ende, entraña certeza de la fecha en que se ejecutó y conoció del acto reclamado, con las consecuencias jurídicas que produce, tal como lo determina el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe". Por lo cual, el término de quince días para la promoción de la demanda, comenzó a transcurrir para la quejosa Ofelia Severo Reyes, a partir del día siguiente en que se ostentó sabedora del acto reclamado, es decir, doce al treinta de abril del año en curso, previo descuento de los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco del mismo mes y año, por haber sido inhábiles, en términos de lo previsto en el artículo 19 de la ley de la materia; por tanto, es evidente que al haberse presentado el escrito de demanda el dos de agosto de dos mil veintiuno, como se desprende del sello de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ÉSTA RESULTA EXTEMPORÁNEA. En ese sentido, el término aludido transcurrió del doce al treinta de abril de dos mil veintiuno, previo descuento de los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de abril de dos mil veintiuno, días inhábiles, en términos de lo previsto en el artículo 19 de la ley de la materia. De lo que resulta que, si la quejosa presentó la demanda el dos de agosto de dos mil veintiuno, es evidente que fue realizada de manera extemporánea, por lo que resulta notoriamente improcedente. De lo expuesto, se advierte que el juicio constitucional es improcedente contra actos de autoridad que no se impugnen dentro del plazo de quince días establecido para tal efecto, siempre que el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado o se ostente sabedor del mismo. Al respecto, es aplicable, en conducente, la tesis y jurisprudencia de rubros siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." (Séptima Época. Registro: 232213. Instancia: Pleno. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 193-198, Primera Parte. Materia(s): Común. Tesis: (Espacio en blanco). Página: 71). "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." (Novena Época. Registro: 163172. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, enero de 2011. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 115/2010. Página: 5). No sobra señalar que aunque dichos criterios se refieren al artículo 21 de la abrogada Ley de Amparo, cierto es que dicho numeral está redactado en términos similares a los artículos 17 y 18 de la vigente ley de la materia, situación que toma importancia para determinar que sus lineamientos son aplicables para el presente caso. Ilustra la anterior consideración la tesis de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)." (Época: Novena Época. Registro: 165582. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, enero de 2010. Materia(s): Común. Tesis: XXI.2o.P.A. J/32. Página: 1931). De ahí que debe resaltarse que si la parte quejosa omitió promover el juicio de amparo desde el momento en que se hizo sabedora de la orden de retirarle el resguardo domiciliario del que gozaba la quejosa Ofelia Severo Reyes, desde el diecisiete de abril de dos mil veinte, y que debía presentarse a laborar, dentro del plazo legal de quince días que tenía para hacerlo, tal situación es en su perjuicio y el de su familia, siendo que al dejar pasar el tiempo desde la fecha en que se enteró que se tenía que presentarse a laborar, fue porque lo consintió tácitamente. Al respecto, sirve de apoyo la tesis de rubro y texto siguiente: "CONSENTIMIENTO TACITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." (Registro: 219095. Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1992, página 364) Es aplicable en lo conducente la tesis número I.4o.A.269 A, que textualmente establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. (No. Registro: 196,322, Tesis aislada, Materia(s): Administrativa, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Mayo de 1998, Tesis: I.4o.A.269 A, Página: 1008). También, conviene citar por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia número XXI.2º.J/6, que prevé: AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- (No. de Registro: 209892, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página ochenta y siete (87), Tomo ochenta y tres (83), Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación). En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda por lo que hace al acto reclamado precisado. Finalmente, atento a lo solicitado, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, 30, párrafo primero, fracción II y 31, fracción III, de la citada ley, se instruye al actuario adscrito para que las notificaciones que deriven del presente asunto, incluso las personales se practiquen a la parte quejosa vía electrónica, a quien corresponde el nombre de usuario "jamm31oct2020". Notifíquese vía electrónica a la promovente. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Salvador Leyva Nava, quien autoriza. Doy fe.
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