Ofelia Sánchez Mercado
Expediente 1350/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1350/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 20/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ofelia Sánchez Mercado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
En veinte de octubre de dos mil quince, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió para la parte quejosa del dos al dieciséis de octubre de dos mil quince, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinticinco de septiembre del año en curso, por este Juzgado dentro del juicio de amparo 1350/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinte de octubre de dos mil quince Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el día veinticinco de septiembre de dos mil quince, por este Juzgado Federal, en la cual se negó a la parte quejosa el amparo y protección solicitados; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Devuélvanse a la autoridad responsable Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en el toca civil 793/2014, juicio de desahucio 313/2013, así como el cuadernillo relativo al mismo. En atención a lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE.
- Principal
En veintinueve de septiembre de dos mil quince, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con la razón actuarial de veintiocho de septiembre del año en curso, y con un escrito registrado con el folio 19150.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de septiembre de dos mil quince. Vista la razón actuarial de cuenta, y en atención a que de la misma se desprende que no le fue posible al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado notificar personalmente a los terceros interesados persona moral denominada IMPCECO, Sociedad Anónima de Capital Variable y Miguel Ángel Guerrero Sánchez, la sentencia dictada en veinticinco de septiembre del año en curso, ya que no obra en autos domicilio señalado de su parte en esta ciudad, no obstante que se les previno al momento de su emplazamiento para ello; por tanto, la notificación de la sentencia de mérito, practíqueseles por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 29, de la Ley de Amparo en vigor. En otro aspecto, visto el escrito de cuenta, signado por el licenciado Juan Carlos Arredondo Hernández, en su carácter de autorizado por la quejosa Ofelia Sánchez Mercado, por el que solicita se devuelvan los autos del expediente 313/2013, al Juez Primero de lo Civil a efecto de continuar con el procedimiento de ejecución; lo anterior, sin que haya lugar a acordar de conformidad sobre la solicitud del promovente; sin embargo, en su caso, una vez que cause ejecutoria la sentencia dictada dentro del presente sumario, se devolverán a la autoridad correspondiente dichos autos. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE. Olivia En esta fecha se giraron los oficios En veintinueve de septiembre de dos mil quince, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con la razón actuarial de veintiocho de septiembre del año en curso, y con un escrito registrado con el folio 19150.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de septiembre de dos mil quince. Vista la razón actuarial de cuenta, y en atención a que de la misma se desprende que no le fue posible al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado notificar personalmente a los terceros interesados persona moral denominada IMPCECO, Sociedad Anónima de Capital Variable y Miguel Ángel Guerrero Sánchez, la sentencia dictada en veinticinco de septiembre del año en curso, ya que no obra en autos domicilio señalado de su parte en esta ciudad, no obstante que se les previno al momento de su emplazamiento para ello; por tanto, la notificación de la sentencia de mérito, practíqueseles por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 29, de la Ley de Amparo en vigor. En otro aspecto, visto el escrito de cuenta, signado por el licenciado Juan Carlos Arredondo Hernández, en su carácter de autorizado por la quejosa Ofelia Sánchez Mercado, por el que solicita se devuelvan los autos del expediente 313/2013, al Juez Primero de lo Civil a efecto de continuar con el procedimiento de ejecución; lo anterior, sin que haya lugar a acordar de conformidad sobre la solicitud del promovente; sin embargo, en su caso, una vez que cause ejecutoria la sentencia dictada dentro del presente sumario, se devolverán a la autoridad correspondiente dichos autos. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE. Olivia En esta fecha se giraron los oficios En veintinueve de septiembre de dos mil quince, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con la razón actuarial de veintiocho de septiembre del año en curso, y con un escrito registrado con el folio 19150.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de septiembre de dos mil quince. Vista la razón actuarial de cuenta, y en atención a que de la misma se desprende que no le fue posible al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado notificar personalmente a los terceros interesados persona moral denominada IMPCECO, Sociedad Anónima de Capital Variable y Miguel Ángel Guerrero Sánchez, la sentencia dictada en veinticinco de septiembre del año en curso, ya que no obra en autos domicilio señalado de su parte en esta ciudad, no obstante que se les previno al momento de su emplazamiento para ello; por tanto, la notificación de la sentencia de mérito, practíqueseles por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 29, de la Ley de Amparo en vigor. En otro aspecto, visto el escrito de cuenta, signado por el licenciado Juan Carlos Arredondo Hernández, en su carácter de autorizado por la quejosa Ofelia Sánchez Mercado, por el que solicita se devuelvan los autos del expediente 313/2013, al Juez Primero de lo Civil a efecto de continuar con el procedimiento de ejecución; lo anterior, sin que haya lugar a acordar de conformidad sobre la solicitud del promovente; sin embargo, en su caso, una vez que cause ejecutoria la sentencia dictada dentro del presente sumario, se devolverán a la autoridad correspondiente dichos autos. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE. Olivia En esta fecha se giraron los oficios
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a OFELIA SÁNCHEZ MERCADO, en contra de los actos y autoridad precisada en el resultando primero de esta resolución y por los razonamientos apuntados en el considerando quinto de este fallo.".
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V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1350/2015; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito recibido el catorce de julio de dos mil quince, en la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado de Zacatecas y remitida en su oportunidad al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en esta ciudad, OFELIA SÁNCHEZ MERCADO, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: "3. AUTORIDAD RESPONSABLE.- La Primera Sala de lo Civil y Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. 4 ACTO RECLAMADO: La sentencia de Segunda Instancia dictada el 17 de junio de 2015 dentro del Toca Civil 793/2014." SEGUNDO. ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. La parte quejosa manifestó que el acto reclamado resultaba violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En trece de agosto de dos mil quince (foja 53), se tuvo por recibido el oficio por el cual el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en esta ciudad, remitió a este Juzgado Federal el juicio de amparo directo número 597/2015-1, y en esa propia fecha se admitió a trámite la demanda, se registró en el libro de Gobierno con el número 1350/2015, se solicitó el informe con justificación, se otorgó la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó emplazar al tercero interesado y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución, que inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O : I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia de los rubros "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: La resolución dictada el diecisiete de junio de dos mil quince, por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad dentro del toca civil número 793/2014, por el cual confirmó la interlocutoria emitida el siete de octubre de dos mil catorce, por el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital, dictada dentro del incidente de nulidad de actuaciones derivadas del expediente 313/2013 relativo al juicio especial de desahució. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS." II. 2. 1. Certeza: Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; toda vez que así lo reconoció en su informe justificado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, su existencia se corrobora con el original del Toca Civil 793/2014; así como del original del expediente 313/2013, relativo al juicio especial de desahucio del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital y el original del cuadernillo incidental de nulidad de actuaciones; del primer expediente se desprende la existencia del acto reclamado; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." III. Procedencia del juicio de amparo. Una vez analizadas las actuaciones en este juicio de garantías, este Juez de Distrito no advierte la existencia de una causal de improcedencia. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe "IMPROCEDENCIA.". IV. Litis Constitucional. IV.1. Conceptos de violación. Su falta de trascripción no transgrede las normas que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, al no ser un requisito exigido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo cual se corrobora con la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En los conceptos violatorios, medularmente se alega: a) Que la autoridad responsable aplicó erróneamente la jurisprudencia y el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Zacatecas, toda vez que a fojas 10 y 11 de la sentencia combatida se trata el tema de la congruencia y la exhaustividad de la sentencias y en el caso la sentencia no fue exhaustiva con el escrito de agravios ya que de la tesis 2ª./J.151/2013, del rubro "ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA." se desprende la obligación para todo órgano jurisdiccional al momento de dictar o emitir una actuación dentro de un expediente. Que sin embargo, la sala responsable no tomó en consideración lo dispuesto por dicha jurisprudencia, que por tanto, con su actuación la Sala Civil incumplió con lo dispuesto por el artículo 337 y 338 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Zacatecas. b) Que a fojas 13 de la sentencia luego de analizar lo que dispone el artículo 175 del Código de Procedimientos Civiles, la Primera Sala determinó: "las notificaciones ordenadas en el juicio se realizaron cumpliendo una obligación expresa por la ley de la materia, aunado a que estas fueron realizadas por funcionario autorizado, y regulada su actuación por el artículo 27, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado". Sin embargo, agrega la quejosa, ninguno de los dos artículos obligan a identificar cada firma con un nombre, situación que se vino a subsanar con la contradicción de tesis argumentada en el escrito de agravios, por lo que al considerar los agravios improcedentes e inoperantes en base a esos artículos, la Sala no resolvió de manera exhaustiva lo planteado por los agravios en la apelación, con lo cual faltó con lo dispuesto por los artículos 337 y 338 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Zacatecas. c) Que en el último párrafo de la foja 14 de la sentencia en cita, la Primera Sala se basa únicamente en el artículo 175 del Código Procesal de esta Entidad Federativa a fin de sustentar que las actuaciones judiciales que carecen del nombre de los que participaron en su emisión, es válida, sin embargo, omite hacer mención a la contradicción de tesis mencionada en el escrito de agravios, por lo que considera que no se está estudiando de manera exhaustiva el agravio planteado en la apelación. d) Que en la foja 15 de la sentencia y en base a lo anterior y porque en diversos apartados del expediente se encuentran los nombres de los funcionarios que participaron en la emisión de las actuaciones, concluyó que dichas actuaciones fueron legales; que sin embargo, lo que se mencionó en la sentencia no es únicamente la ausencia de los nombres en las actuaciones, si no su repercusión procesal, lo cual es que no se tiene certeza de que quién firmó estaba facultado para ello, ya que suponiendo sin conceder que las firmas corresponden a los funcionarios facultados para emitir dichas actuaciones, es imposible saberlo si no aparecen los nombres que las identifiquen, por lo que considera que la sentencia no respetó lo dispuesto por los artículos 337 y 338 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado y con ello lo establecido en la tesis con registro 2004830. e) Que la autoridad responsable ignoró lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo ya que no acató la contradicción de tesis del rubro "ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA." V. Análisis de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados. Previo a exponer las razones que fundamentan lo anterior, es importante señalar, que la quejosa reclama en el presente juicio de garantías la resolución dictada el diecisiete de junio de dos mil quince, por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad dentro del toca civil número 793/2014, por el cual confirmó la interlocutoria emitida el siete de octubre de dos mil catorce, por el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital, dictada dentro del incidente de nulidad de actuaciones derivadas del expediente 313/2013 relativo al juicio especial de desahució. Incidente de nulidad de actuaciones en el cual la quejosa, solicitó la nulidad de las notificaciones realizadas: el veintitrés de septiembre de dos mil trece; el dos de octubre de dos mil trece; el diez de octubre de dos mil trece; el veinticinco de febrero de dos mil catorce; el diecinueve de mayo de dos mil catorce; el cuatro de agosto de dos mil catorce; y, el siete de agosto de dos mil catorce. Lo anterior por considerar que se omitió hacer mención en cada una de las citadas notificaciones el nombre y apellidos de los servidores públicos que en ellas intervinieron, omisión que dice, produce la invalidez, pues agregó, que resulta de explorado derecho que con la inserción del nombre y apellidos del titular o de los integrantes del órgano jurisdiccional o del secretario que autoriza y da fe en dichas actuaciones, no existe certeza de su autenticidad y, por ende deja en estado de indefensión a las partes al no poder formular en un momento dado la recusación en contra de quien fungió con ese carácter, o bien alegar que está impedido legalmente para intervenir en esas actuaciones, no existe certeza de su autenticidad. Ahora bien, en sus conceptos de violación, la quejosa de manera substancial se duele, que la autoridad responsable al emitir el acto reclamado por esta vía no fue exhaustiva con los agravios expuestos por la quejosa, en virtud de que no tomó en consideración lo dispuesto por la jurisprudencia del rubro "ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA.". Por lo tanto, con su actuación la Sala Civil incumplió con lo dispuesto por los artículos 337 y 338 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Zacatecas. Que además, la autoridad responsable ignoró lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo ya que no acató la contradicción de tesis antes citada, cuya aplicación le es obligatoria. No le asiste la razón a la quejosa, toda vez que la jurisprudencia que de manera reiterativa señala en sus conceptos de violación y que dice, no fue tomada en consideración por la Sala responsable, no es aplicable al caso concreto. La tesis en mención señala: "ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA. Conforme al principio de legalidad y seguridad jurídica contenido en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las actuaciones judiciales y las de autoridades formalmente administrativas, pero materialmente jurisdiccionales, para ser válidas requieren que, además de contener la firma autógrafa, expresen el cargo, nombre y apellidos de los servidores que en ellas intervengan y del secretario que las autoriza y da fe, ya que con el nombre se establece la identificación de quien firma; de modo que ante la omisión del nombre y apellidos del titular o de los integrantes del órgano jurisdiccional o del secretario que autoriza y da fe en dichas actuaciones, no existe certeza de su autenticidad y, por ende, se produce su invalidez; además, la falta del nombre del servidor público que actuó como titular o como integrante del órgano jurisdiccional deja en estado de indefensión a las partes, al no poder formular, en un momento dado, recusación contra quien fungió con ese carácter, o bien, alegar que está impedido legalmente para intervenir en esas actuaciones." Por una parte, porque dicha jurisprudencia fue superada por contradicción de tesis 357/2014, entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos criterios y/o tesis contendientes lo fueron: Tesis 1a./J. 62/2014 (10a.), de título y subtítulo: "ACTOS Y RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. PARA DOTARLOS DE VALIDEZ E IDENTIFICAR AL FUNCIONARIO QUE INTERVINO EN SU EMISIÓN, BASTA CON QUE ÉSTE IMPRIMA SU FIRMA O RÚBRICA EN EL DOCUMENTO, SIEMPRE QUE SU NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO PUEDAN IDENTIFICARSE EN DIVERSO APARTADO DE LA RESOLUCIÓN O DEL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATE."; y la Tesis 2a./J. 151/2013 (10a.), de rubro: "ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA."; aprobada el veinticuatro de marzo de dos mil quince, por el Tribunal Pleno, cuya voz y texto son: "ACTOS Y RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. PARA DOTARLOS DE VALIDEZ E IDENTIFICAR AL FUNCIONARIO QUE INTERVINO EN SU EMISIÓN, BASTA CON QUE ÉSTE IMPRIMA SU FIRMA O RÚBRICA EN EL DOCUMENTO, SIEMPRE QUE SU NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO PUEDAN IDENTIFICARSE EN DIVERSO APARTADO DE LA RESOLUCIÓN O DEL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATE, INCLUSIVE POR OTROS MEDIOS. La firma se erige como signo, rúbrica o carácter de autoría de alguien que al estar contenido en determinado documento o acto, se entiende vinculado con sus efectos jurídicos inherentes. Bajo este contexto de función identificadora, para tener como autor de un documento a una persona determinada, su firma o rúbrica colocada al pie es idónea para identificarla; en ese sentido, se entiende que firma y rúbrica son la misma cosa, por tener éstas una función equivalente. Así, se concluye que para dotar de validez a un acto o una resolución jurisdiccionales y, además, para identificar al funcionario que intervino en su emisión, basta con que éste imprima su firma o rúbrica en el documento; de ahí que resulte innecesario que asiente su nombre, apellidos y cargo, al no ser elementos inherentes a ésta, siempre que estos datos puedan identificarse en diverso apartado de la resolución judicial, o del propio expediente, inclusive pudiera ser que a través de otros medios esta información sea determinable para las partes, para los fines que a sus intereses convenga, como pudiera ser denunciar cualquier conducta irregular en que presuntamente hubiesen incurrido los autores de la actuación judicial. Lo anterior, sin perjuicio de que cada entidad federativa en sus respectivas legislaciones, eventualmente, pueda establecer requisitos adicionales, tales como el nombre y el cargo de los funcionarios que intervienen en la emisión del acto." Y por otra, esta nueva jurisprudencia señala que la firma se erige como signo, rúbrica o carácter de autoría de alguien que al estar contenido en determinado documento o acto, se entiende vinculado con sus efectos jurídicos inherentes. Que bajo ese contexto de función identificadora, para tener como autor de un documento a una persona determinada, su firma o rúbrica colocada al pie es idónea para identificarla. Que en ese sentido, se entiende que firma y rúbrica son la misma cosa, por tener éstas una función equivalente. En ella se concluye que para dotar de validez a un acto o una resolución jurisdiccionales y, además, para identificar al funcionario que intervino en su emisión, basta con que éste imprima su firma o rúbrica en el documento; de ahí que resulte innecesario que asiente su nombre, apellidos y cargo, al no ser elementos inherentes a ésta, siempre que estos datos puedan identificarse en diverso apartado de la resolución judicial, o del propio expediente, inclusive pudiera ser que a través de otros medios esta información sea determinable para las partes, para los fines que a sus intereses convenga, como pudiera ser denunciar cualquier conducta irregular en que presuntamente hubiesen incurrido los autores de la actuación judicial. Lo anterior, sin perjuicio de que cada entidad federativa en sus respectivas legislaciones, eventualmente, pueda establecer requisitos adicionales, tales como el nombre y el cargo de los funcionarios que intervienen en la emisión del acto Por tanto, de lo anterior tenemos que esas actuaciones judiciales se refieren a aquéllas en las que participe el juez asistido de su secretario que de fe de las mismas y en el caso, como quedó precisado con anterioridad, el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la quejosa fue para que se dejaran sin efecto las notificaciones realizadas el veintitrés de septiembre de dos mil trece; el dos de octubre de dos mil trece; el diez de octubre de dos mil trece; el veinticinco de febrero de dos mil catorce; el diecinueve de mayo de dos mil catorce; el cuatro de agosto de dos mil catorce; y, el siete de agosto de dos mil catorce. De ahí que resulte inaplicable la jurisprudencia que en sus conceptos de violación reitera la quejosa y que dice, no fue tomada en consideración por la autoridad responsable. Cabe señalar que la fe pública conque está investido el actuario judicial al realizar sus funciones no puede desvirtuarse por simples manifestaciones de la quejosa carentes de pruebas idóneas, por lo que las actuaciones del notificador realizadas en las diligencias cuya nulidad se persigue por parte de la quejosa en el juicio natural son correctas. Es aplicable al caso la tesis, de rubro y texto siguiente: "ACTUARIO, LA FE PUBLICA DE LA QUE SE ENCUENTRA INVESTIDO, NO PUEDE DESVIRTUARSE CON SIMPLES MANIFESTACIONES, CARENTES DE PRUEBAS IDONEAS. Es legal el razonamiento del Juez de Distrito, en cuanto estableció que la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento, satisface tanto los requisitos de los artículos 1392 y 1396 del Código de Comercio, como de los diversos 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal , porque como también se precisó en el juicio constitucional, los quejosos no aportaron prueba idónea por virtud de la cual se desvirtuará la fe pública del actuario, en cuanto a lo asentado por éste en la indicada diligencia, y a mayor abundamiento, tampoco justificaron su dicho en el sentido de que en el lugar donde se practicó la aludida diligencia era un domicilio distinto al de los demandados, pues ante tal señalamiento correspondía a los hoy inconformes haber justificado con pruebas idóneas y suficientes cuál era su verdadero domicilio en el momento de la diligencia." Máxime que al ser realizada la diligencia por el actuario de forma directa e inmediata no existe incertidumbre jurídica sobre su identidad. Consecuentemente, toda vez que la autoridad responsable Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, al confirmar la resolución impugnada no incumplió con lo dispuesto por los artículos 337 y 338 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Zacatecas y al no advertir que la resolución reclamada sea violatoria de garantías individuales invocadas por OFELIA SÁNCHEZ MERCADO, ni motivo que amerite la suplencia de la queja en su favor, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a OFELIA SÁNCHEZ MERCADO, en contra de los actos y autoridad precisada en el resultando primero de esta resolución y por los razonamientos apuntados en el considerando quinto de este fallo. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario con quien actúa, licenciado Juan García Trejo, hasta el veinticinco de septiembre de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del Juzgado.-DOY FE.
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