Ofelia Saldivar Riachi
Expediente 513/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 14/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ofelia Saldivar Riachi
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Acapulco, Guerrero; catorce de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso a), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido Acuerdo General; y en igual término es destruible el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en el inciso c) del citado artículo 21; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal como del incidente de suspensión (original y duplicado) conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
VISTOS; los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 513/2020; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en Buzón Judicial el veintinueve de septiembre del dos mil veinte, y el mismo día sellado ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Ofelia Saldivar Riachi, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. 2. Jefe del Departamento de Inspección de Obras del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. Con residencia en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS El procedimiento administrativo instaurado en el cual se clausuró la obra que corresponde a un anexo de la vivienda, ubicada en la etapa 61, edificio 62, departamento 101, de la unidad habitacional Coloso, en esta ciudad. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante proveído de treinta de septiembre de dos mil veinte este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo bajo el número 513/2020, y se formuló una prevención; la cual una vez desahogada, mediante acuerdo de veinte de octubre siguiente, se admitió a trámite; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes con justificación; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliación de la demanda. Mediante proveído nueve de diciembre de dos mil veinte, en atención a la prevención contenida en el diverso acuerdo de diecisiete de noviembre anterior, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda por lo que al acta de inspección de obra de ocho de septiembre del dos mil veinte, que se llevó a cabo en el domicilio ubicado en la Avenida Gran Vía Coloso, Etapa 62, Edificio 61, departamento 101, de la Unidad Habitacional El Coloso, realizada por el inspector de obra Manuel Alejandro Vargas Vargas, quien además ejecutó la medida de seguridad impuesta a la parte quejosa Ofelia Saldivar Riachi en diversa diligencia de veintitrés de septiembre del año en curso. Finalmente, una vez que se reanudaron las labores de este juzgado de Distrito, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades de naturaleza administrativa cuya ejecución material tiene lugar dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que Ofelia Saldivar Riachi, reclama de las autoridades responsables la medida de seguridad que se le impuso en diligencia de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, dentro del procedimiento administrativo iniciado con motivo de una visita de inspección de ocho del mismo mes, consistente en la suspensión mediante la colocación de sellos de clausura, de una obra terminada que corresponde a un anexo de su vivienda ubicada en la etapa 61, edificio 62, departamento 101, de la unidad habitacional Coloso, en esta ciudad. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Jefe del Departamento de Inspección de Obras del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, pues al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado, al referir que efectivamente la construcción a la que alude la parte quejosa fue clausurada debido a que la misma se efectuó sobre un área común o área verde, respecto de la cual tampoco cuenta con licencia o permiso correspondiente; certeza que se robustece con las constancias remitidas como apoyo a dichos informes relativas al procedimiento administrativo en comento, las cuales dada su naturaleza de pública, tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Igual determinación corresponde hacer respecto del acto reclamado al inspector de obra Manuel Alejandro Vargas Vargas, ya que además de actualizarse la presunción de certeza a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, de las actuaciones allegadas por las autoridades responsables señaladas en el párrafo que antecede, se deriva que dicho funcionario realizó el acta de inspección de obra de ocho de septiembre del dos mil veinte, así como la diversa de veintitrés de septiembre siguiente, en la que se ejecutó la medida de seguridad de suspensión de obra mediante la colocación de sellos de clausura sobre la obra realizada en el domicilio ubicado en la Avenida Gran Vía Coloso, Etapa 62, Edificio 61, departamento 101, de la Unidad Habitacional El Coloso, en esta ciudad. CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, se analiza el tema de la improcedencia del juicio, en los términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido este juzgador advierte oficiosamente que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción VIII, del artículo 108, ambos de la Ley de Amparo, que en la parte conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) VIII. Los conceptos de violación." La fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, por sí misma no alberga algún motivo de improcedencia de objetiva constatación del juicio de garantías, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional; por eso, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando formuló los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que ciertamente es justificada, puesto que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema. Uno de los cuales es el que se deriva del numeral 108, fracción VIII, de la ley de la materia, que establece la obligación a cargo de todo peticionario de garantías de expresar en su demanda los conceptos de violación tendientes a controvertir la constitucionalidad del acto reclamado, en virtud de que es éste en el que la parte promovente mediante la exposición de hechos, argumentos y razonamientos establece las violaciones de garantías que le causan los actos reclamados. Si se omite expresar los conceptos de violación o sólo se combate el acto reclamado aduciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas no constituyen una verdadera expresión de verdaderos conceptos de violación a que se refiere el artículo invocado, supuesto en el cual, el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede examinar la regularidad constitucional del acto reclamado, lo cual determina la improcedencia del juicio de conformidad con la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia. En efecto, la ausencia o falta de tales conceptos, hace legalmente imposible que el Juez del conocimiento conceda o niegue el amparo que se le solicita, ya que no está en posibilidad de analizar y resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes o actos que se reclaman porque se cometan o no violaciones de garantías, pues no basta que la parte quejosa en su demanda señale determinados preceptos constitucionales que estime infringidos, si no expresa en qué consiste la infracción que imperativamente debe quedar razonada en el concepto correspondiente, para que se satisfaga el requisito exigido por la citada fracción VIII del artículo 108 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, de la lectura a los escritos de demanda, de desahogo y de ampliación de demanda, no se observa que la parte quejosa haya expuesto cuál es el derecho que se ve afectado por el acto de autoridad y de qué manera le agravia, mediante razonamientos o argumentos tendentes a demostrar su inconstitucionalidad, a fin de hacer patente un ataque a sus derechos constitucionalmente protegidos, habida cuenta que la parte quejosa tampoco allegó medio de prueba alguno tendiente a acreditar que contaba con el permiso para la realización de la obra y que la misma se ejecutó dentro de los límites de su propiedad privada. En ese contexto, si la parte quejosa no expuso conceptos de violación en relación con el acto reclamado, particularmente con lo que atañe a las actas de inspección de ocho de septiembre de dos mil veinte y la diversa de veintitrés de septiembre siguiente en la que se le impuso la medida de seguridad relativa a la suspensión de la obra mediante la colocación de sellos de clausura, y dado que no se ubica en algún supuesto que permita suplir la queja, procede decretar el sobreseimiento en el juicio a su respecto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, y 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la tesis de jurisprudencia invocada a pie de página en este asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúa en vigor y por ende aplicable al presente juicio, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 513/2020, promovido por Ofelia Saldivar Riachi por derecho propio, contra los actos y las autoridades precisados en el resultando primero de esta resolución, en términos de lo expuesto en el último de sus considerandos. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que con motivo de la suspensión de labores ordenada mediante circulares SECNO/8/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021, SECNO/12/2021 signadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por la cual se informó las medidas adoptadas por la Comisión Especial del propio Consejo de la Judicatura Federal por el plazo comprendido del uno de febrero al uno de marzo de dos mil veintiuno, derivado de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, y por ello el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido con motivo de la contingencia de salud pública derivada del virus COVID-19; por lo que no transcurrieron términos y plazos procesales, ni se celebraron audiencias, tampoco se celebraron diligencias (a excepción de los casos que fueron calificados como "urgentes" y los relativos al "juicio en línea", en aquellos en que así procedió). Por su parte, por diversa circular SECNO/13/2021, de veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órgano del Consejo de la Judicatura Federal, dio a conocer las diversas medidas especiales aprobadas por la referida Comisión Especial que deberán adoptarse dada la modificación de la situación de contagios por Covid-19 en el país en relación con los circuitos de Guanajuato y de esta entidad, entre ellas la reanudación de los términos y plazos procesales suspendidos, conforme al esquema previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y aplicación de este para la operación de los órganos jurisdiccionales de dichos circuitos, a partir del cuatro de marzo de dos mil veintiuno. En ese sentido, tomando en consideración que el presente juicio de amparo se encuentra en trámite, se levanta la suspensión de plazos y de conformidad con el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las QUINCE HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional; para ello, se hace saber a las partes que si es su deseo comparecer a la misma, lo podrán hacer mediante escrito que podrán presentar física o electrónicamente, o bien, solicitarlo conforme a las disposiciones que para tal efecto establece el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial, por sus similares 25/2020 y 37/2020. Por lo que, de elegir comparecer de forma virtual a la citada audiencia constitucional, se autoriza el uso de la aplicación digital CISCO WEBEX, para el desahogo de la audiencia constitucional, en términos del acuerdo general 12/2020 y del artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la regulación del uso de las videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, respectivamente, en cuyo caso, será necesario que proporcionen oportunamente su correo electrónico y número de teléfono para la autorización del ingreso al evento en la aplicación señalada; en el entendido que de no hacerlo, se celebrará la citada audiencia de manera remota sin el uso de la referida herramienta tecnológica. Finalmente, se informa a las partes que, dado el contexto de emergencia derivado de la actual situación sanitaria, tomando en consideración que el diverso Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y demás acuerdos que lo reforman, son de conocimiento público, el cual privilegia el uso de herramientas digitales, así como la salud de personas justiciables y del personal jurisdiccional; y, ante la necesidad de permitir la continuación del trabajo jurisdiccional, las notificaciones de las determinaciones que en este asunto se dicten incluyendo la que con esta fecha se emite, se les practicarán por lista, salvo aquéllas previstas por el artículo 26 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que con motivo de la suspensión de labores ordenada mediante la circular CAP/3/2020 signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, por la cual se informó las medidas adoptadas por la Comisión Especial del propio Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de diciembre de dos mil veinte, por el plazo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, entre las que se encuentra el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que no transcurrieron términos y plazos procesales, ni se celebraron audiencias, tampoco se celebraron diligencias (a excepción de los casos que fueron calificados como "urgentes" y los relativos al "juicio en línea", en aquellos en que así procedió). Sin embargo, por diversa circular SECNO/1/2021 signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órgano del Consejo de la Judicatura Federal, se decretó a partir del doce de enero de este año, la reanudación de los términos y plazos procesales suspendidos; luego, tomando en consideración que el presente juicio de amparo se encuentra en trámite, levanta la suspensión de plazos y términos procesales, y se ordena su reanudación. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra el informe justificado de la nueva autoridad responsable señalada como Inspector de Obra Manuel Alejandro Vargas Vargas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, ni del acuse de recibo del oficio mediante el cual se le solicitó dicho informe con motivo de la ampliación de demanda de fecha nueve de diciembre de dos mil veinte; por tanto, la audiencia constitucional señalada para este día, se difiere para las QUINCE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.Así lo proveyó y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de César Israel Santes Quevedo, Secretario adscrito al propio Juzgado que autoriza y da fe.
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