Ofelia Ramos Sánchez y Otros.

Expediente 94/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
94/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
27/03/2019

Partes del expediente

  • Ofelia Ramos Sánchez y Otros.
  • Ofelia Ramos Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA 2-B.- Visto el estado de autos y la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de siete del mes y año en curso (fojas 36 a 41), por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2o, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 2. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    MESA 2-B.- Visto el estado de autos, se advierte que el quejoso Manuel Madariaga Cruz, desahogó el requerimiento formulado mediante proveído de veintidós de febrero del año en curso (fojas 23 a 26), toda vez que compareció a ratificar el escrito de demanda de fecha veinte del citado mes de febrero (fojas 5 a 17), y bajo protesta de decir verdad reconoció como suya la huella dactilar que obra al calce de dicho escrito, por lo cual la ratificó (foja 31). DESECHAMIENTO Ahora bien, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo promovida por Ofelia Ramos Sánchez y Manuel Madariaga Cruz, este juzgador, advierte que es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del numeral transcrito se desprende, que el órgano jurisdiccional dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto e indudable. I. Así, analizada la demanda de amparo y anexos, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario. Los artículos mencionados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" El primer precepto transcrito prevé que el juicio de amparo no procede cuando tal consecuencia resulte de alguna disposición de la ley. El segundo numeral prevé la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Asimismo, prevé que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución. Entonces, de la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario (contrario sensu), se deduce que el juicio de amparo será improcedente: 1. Contra actos emitidos en ejecución de sentencia que no constituyan la última resolución dictada en los procedimientos respectivos. 2. Contra actos dictados en procedimientos de remate, que no constituyan la resolución en la que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. El sentido de la fracción IV del precepto 107 en comento, radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibirse la promoción de amparos contra las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se evita la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que ahí se pronuncie, en virtud de que el perjuicio contra el ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final del procedimiento respectivo o bien, la del procedimiento de ejecución en que se declare cumplida o no cumplida la sentencia. Ahora bien, en el caso, del estudio integral del escrito de demanda y de las documentales anexas, se advierte que el acto reclamado se hace consistir sustancialmente en el proveído de cinco de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 133/2018 del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio, promovido por Rosalba Climaco Ramos, en el que en cumplimiento a la sentencia definitiva de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se ordenó el lanzamiento de los demandados Ofelia Ramos Sánchez y Manuel Madariaga Cruz, del inmueble identificado como lote número dos, de la manzana cuarenta y uno, zona uno, del poblado San Isidro, del municipio de Pijijiapan, Chiapas, localizado dentro de las siguientes medidas y colindancias: NORESTE: catorce metros setenta y nueve centímetros con la Avenida Joaquín Miguel Gutiérrez; AL SURESTE: cuarenta y cinco metros veintidós centímetros, colinda con solar tres; AL SUROESTE: doce metros, treinta y ocho centímetros con solar diez; y AL NOROESTE: cuarenta y cinco metros, cuarenta y siete centímetros con solar uno, formando en total una superficie de seiscientos cincuenta y un metros, cero seis centímetros cuadrados, facultándose para su ejecución al Actuario judicial adscrito al juzgado responsable. Al respecto, conviene narrar de manera breve los antecedentes del juicio de origen: 1). El veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se dictó la sentencia definitiva, en el expediente 133/2018 del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio, promovido por Rosalba Climaco Ramos, en contra de los demandados Ofelia Ramos Sánchez y Manuel Madariaga Cruz. 2). Mediante proveído de cinco de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 133/2018, el juez responsable en cumplimiento a la sentencia definitiva de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, ordenó el lanzamiento de los demandados Ofelia Ramos Sánchez y Manuel Madariaga Cruz, del inmueble identificado como lote número dos, de la manzana cuarenta y uno, zona uno, del poblado San Isidro, del municipio de Pijijiapan, Chiapas, localizado dentro de las siguientes medidas y colindancias: NORESTE: catorce metros setenta y nueve centímetros con la Avenida Joaquín Miguel Gutiérrez; AL SURESTE: cuarenta y cinco metros veintidós centímetros, colinda con solar tres; AL SUROESTE: doce metros, treinta y ocho centímetros con solar diez; y AL NOROESTE: cuarenta y cinco metros, cuarenta y siete centímetros con solar uno, formando en total una superficie de seiscientos cincuenta y un metros, cero seis centímetros cuadrados, facultándose para su ejecución al Actuario judicial adscrito al juzgado responsable. De lo anterior, se advierte que los aquí quejosos son parte demandada en el juicio de origen y que el proveído de cinco de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 133/2018, en el que en cumplimiento a la sentencia definitiva de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se ordenó el lanzamiento de los demandados Ofelia Ramos Sánchez y Manuel Madariaga Cruz, del inmueble identificado como lote número dos, de la manzana cuarenta y uno, zona uno, del poblado San Isidro, del municipio de Pijijiapan, Chiapas, localizado dentro de las siguientes medidas y colindancias: NORESTE: catorce metros setenta y nueve centímetros con la Avenida Joaquín Miguel Gutiérrez; AL SURESTE: cuarenta y cinco metros veintidós centímetros, colinda con solar tres; AL SUROESTE: doce metros, treinta y ocho centímetros con solar diez; y AL NOROESTE: cuarenta y cinco metros, cuarenta y siete centímetros con solar uno, formando en total una superficie de seiscientos cincuenta y un metros, cero seis centímetros cuadrados, facultándose para su ejecución al Actuario judicial adscrito al juzgado responsable, fue emitido en el periodo de ejecución de sentencia y no goza de autonomía propia y destacada, antes bien, es acto concomitante al procedimiento mismo de ejecución, cuyo objeto es el cumplimiento del fallo, contra los cuales, el amparo indirecto sólo procederá cuando se emita la última resolución dictada en ese trámite. Ahora bien, en relación a la solicitud de copia certificada de la suspensión provisional en relación a los actos reclamados, dígaseles a los referidos quejosos que deberán estarse lo resuelto en el presente acuerdo.

  3. Principal

    (AVISO DE NOTIFICACIÓN).- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOSD QUE SE FIJA EN UN LUGAR VISIBLE DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C), EN RELACIÓN AL 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, EL ACUERDO QUE ANTECEDE, QUE DICE LO SIGUIENTE: "MESA 2-B.- Visto el estado de autos, se advierte que el quejoso Manuel Madariaga Cruz, desahogó el requerimiento formulado mediante proveído de veintidós de febrero del año en curso (fojas 23 a 26), toda vez que compareció a ratificar el escrito de demanda de fecha veinte del citado mes de febrero (fojas 5 a 17), y bajo protesta de decir verdad reconoció como suya la huella dactilar que obra al calce de dicho escrito, por lo cual la ratificó (foja 31). DESECHAMIENTO Ahora bien, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo promovida por Ofelia Ramos Sánchez y Manuel Madariaga Cruz, este juzgador, advierte que es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del numeral transcrito se desprende, que el órgano jurisdiccional dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto e indudable. I. Así, analizada la demanda de amparo y anexos, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario. Los artículos mencionados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" El primer precepto transcrito prevé que el juicio de amparo no procede cuando tal consecuencia resulte de alguna disposición de la ley. El segundo numeral prevé la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Asimismo, prevé que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución. Entonces, de la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario (contrario sensu), se deduce que el juicio de amparo será improcedente: 1. Contra actos emitidos en ejecución de sentencia que no constituyan la última resolución dictada en los procedimientos respectivos. 2. Contra actos dictados en procedimientos de remate, que no constituyan la resolución en la que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. El sentido de la fracción IV del precepto 107 en comento, radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibirse la promoción de amparos contra las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se evita la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que ahí se pronuncie, en virtud de que el perjuicio contra el ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final del procedimiento respectivo o bien, la del procedimiento de ejecución en que se declare cumplida o no cumplida la sentencia. Ahora bien, en el caso, del estudio integral del escrito de demanda y de las documentales anexas, se advierte que el acto reclamado se hace consistir sustancialmente en el proveído de cinco de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 133/2018 del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio, promovido por Rosalba Climaco Ramos, en el que en cumplimiento a la sentencia definitiva de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se ordenó el lanzamiento de los demandados Ofelia Ramos Sánchez y Manuel Madariaga Cruz, del inmueble identificado como lote número dos, de la manzana cuarenta y uno, zona uno, del poblado San Isidro, del municipio de Pijijiapan, Chiapas, localizado dentro de las siguientes medidas y colindancias: NORESTE: catorce metros setenta y nueve centímetros con la Avenida Joaquín Miguel Gutiérrez; AL SURESTE: cuarenta y cinco metros veintidós centímetros, colinda con solar tres; AL SUROESTE: doce metros, treinta y ocho centímetros con solar diez; y AL NOROESTE: cuarenta y cinco metros, cuarenta y siete centímetros con solar uno, formando en total una superficie de seiscientos cincuenta y un metros, cero seis centímetros cuadrados, facultándose para su ejecución al Actuario judicial adscrito al juzgado responsable. Al respecto, conviene narrar de manera breve los antecedentes del juicio de origen: 1). El veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se dictó la sentencia definitiva, en el expediente 133/2018 del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio, promovido por Rosalba Climaco Ramos, en contra de los demandados Ofelia Ramos Sánchez y Manuel Madariaga Cruz. 2). Mediante proveído de cinco de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 133/2018, el juez responsable en cumplimiento a la sentencia definitiva de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, ordenó el lanzamiento de los demandados Ofelia Ramos Sánchez y Manuel Madariaga Cruz, del inmueble identificado como lote número dos, de la manzana cuarenta y uno, zona uno, del poblado San Isidro, del municipio de Pijijiapan, Chiapas, localizado dentro de las siguientes medidas y colindancias: NORESTE: catorce metros setenta y nueve centímetros con la Avenida Joaquín Miguel Gutiérrez; AL SURESTE: cuarenta y cinco metros veintidós centímetros, colinda con solar tres; AL SUROESTE: doce metros, treinta y ocho centímetros con solar diez; y AL NOROESTE: cuarenta y cinco metros, cuarenta y siete centímetros con solar uno, formando en total una superficie de seiscientos cincuenta y un metros, cero seis centímetros cuadrados, facultándose para su ejecución al Actuario judicial adscrito al juzgado responsable. De lo anterior, se advierte que los aquí quejosos son parte demandada en el juicio de origen y que el proveído de cinco de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 133/2018, en el que en cumplimiento a la sentencia definitiva de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se ordenó el lanzamiento de los demandados Ofelia Ramos Sánchez y Manuel Madariaga Cruz, del inmueble identificado como lote número dos, de la manzana cuarenta y uno, zona uno, del poblado San Isidro, del municipio de Pijijiapan, Chiapas, localizado dentro de las siguientes medidas y colindancias: NORESTE: catorce metros setenta y nueve centímetros con la Avenida Joaquín Miguel Gutiérrez; AL SURESTE: cuarenta y cinco metros veintidós centímetros, colinda con solar tres; AL SUROESTE: doce metros, treinta y ocho centímetros con solar diez; y AL NOROESTE: cuarenta y cinco metros, cuarenta y siete centímetros con solar uno, formando en total una superficie de seiscientos cincuenta y un metros, cero seis centímetros cuadrados, facultándose para su ejecución al Actuario judicial adscrito al juzgado responsable, fue emitido en el periodo de ejecución de sentencia y no goza de autonomía propia y destacada, antes bien, es acto concomitante al procedimiento mismo de ejecución, cuyo objeto es el cumplimiento del fallo, contra los cuales, el amparo indirecto sólo procederá cuando se emita la última resolución dictada en ese trámite. Ahora bien, en relación a la solicitud de copia certificada de la suspensión provisional en relación a los actos reclamados, dígaseles a los referidos quejosos que deberán estarse lo resuelto en el presente acuerdo....""""

  4. Principal

    MESA 2-B.- DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN DE HUELLA.-

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