Ofelia Ramirez Herrera

Expediente 3271/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
3271/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Ofelia Ramirez Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    C iudad de México; a dieciséis de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que en proveído de trece de diciembre de dos mil dieciocho el Juzgado Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, admitió a trámite la demanda de amparo promovida por *****************, contra actos reclamados al Presidente de la República y otras autoridades, que se hicieron consistir en: ? El Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 constitucionales; así como sus artículos Transitorios Primero a Quinto, del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009. ? El Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adicionan los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, así como sus artículos Primero y Segundo Transitorios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en relación con los artículos señalados en la demanda. ? La elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 Asimismo, en diverso de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve (foja 1289 y 129) el juzgado de origen ordenó la remisión de los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General 4/2019, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por lo que, por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto a este órgano jurisdiccional y en auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve se avocó del conocimiento y se admitió a trámite los escritos de ampliación de la demanda de amparo, únicamente respecto a los actos reclamados consistentes en: a) La expedición, publicación y aprobación del Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial de la JUANA ADRIANA GARCIA LARA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d7.a9 25/11/22 11:37:22 JUICIO DE AMPARO 3140/2019 2 Federación el 28 de diciembre de 2018, en particular los artículos: 13, 16 y 20, así como su transitorio Séptimo y sus Anexos 1, 23.1.2, 23.1.3, 23.6.2 y 31. De igual manera, su aplicación. b) El Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de 2019. Seguido el trámite del asunto en acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para que en el término de quince días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la legal notificación del mismo exhibiera una copia adicional necesaria para emplazar al Presidente de la República, como autoridad encargada de la promulgación del Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículo 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adicionó el Código Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, apercibiéndola que de no hacerlo así, no se tendría como acto reclamado el citado ordenamiento legal. En ese tenor, y toda vez que los quejosos no desahogaron tal requerimiento no obstante de encontrarse debidamente notificados, en auto de veinticinco de febrero del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 2ª/J.11/2021 (11ª), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, se determinó no tener como acto reclamado el Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículo 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adicionó el Código Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho; por lo que el presente juicio de amparo únicamente se resolverá respecto a los actos reclamados consistentes en el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 constitucionales; así como sus artículos Transitorios Primero a Quinto, del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009 y los señalados en los incisos a) y b) de los párrafos que anteceden. En ese tenor, el suscrito considera que se actualiza en primer lugar la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo (reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), respecto al Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 constitucionales; así como sus artículos Transitorios Primero a Quinto, del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009. Para tal efecto, se transcribe el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo cuyo texto es: ??????????A?????????????? "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;" El precepto establece la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las adiciones y reformas a la Constitución implican agregar o modificar los principios, reglas, disposiciones y decisiones fundamentales referidas al funcionamiento, atribuciones y organización de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismos constitucionales autónomos, así como las relaciones con los particulares. El procedimiento de adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se contiene en el artículo 135, que establece: "Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas." Dicho procedimiento se encuentra conferido exclusivamente al denominado poder reformador, que se conforma por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes en el Congreso de la Unión además de la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. Asimismo, el Congreso de la Unión o, en su caso, la Comisión Permanente, hace el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaratoria de aprobación de las adiciones o reformas. Apuntado qué es una reforma o adición a la Constitución General, corresponde determinar el fundamento constitucional de la causal de improcedencia contra adiciones y reformas a éste. Así, su fundamento se encuentra implícito en los artículos 103, fracción I y 133 que prevén lo siguiente: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas." Ahora bien, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, expresamente incorporó el impedimento para ejercer el control constitucional vía amparo contra adiciones y reformas al máximo ordenamiento del país, incluso la Segunda Sala de la Suprema Corte abordó el estudio de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, en la jurisprudencia 2a./J. 3/2014 (10a.), sostuvo que los artículos constitucionales no pueden ser sometidos a un análisis de regularidad constitucional a través del juicio de amparo, ni a un control difuso de constitucionalidad mediante alguno de los recursos establecidos en la Ley de Amparo, dado que las normas que componen la Constitución General de la República constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse como mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional. El criterio mencionado tiene el número 2a./J. 3/2014 (10a.) y rubro siguiente: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. NO PUEDE REALIZARSE RESPECTO DE LOS PRECEPTOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."1 La razón de la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inclusive sus procesos de reformas, resulta porque el órgano reformador ejerce una función soberana no sujeta a ningún tipo de control externo, dado que en la conformación del órgano y en la atribución constitucional de su función se encuentra su propia garantía. Aunado a que dichas decisiones soberanas se refieren a principios, reglas, disposiciones y decisiones político fundamentales referidas a la organización, así como derechos fundamentales y garantías para su protección. Una vez expuestas las anteriores consideraciones, es obligatorio concluir que, si el acto reclamado se hizo consistir en el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve, el juicio de amparo es improcedente conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia con registro 2024180, con rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA ALGUNA ADICIÓN O REFORMA A LA CONSTITUCIÓN 1 Texto. Los indicados preceptos no pueden ser sometidos a un análisis de regularidad constitucional a través del juicio de amparo, ni a un control difuso de constitucionalidad mediante alguno de los recursos establecidos en la Ley de Amparo, pues las normas que componen la Constitución General de la República constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse como mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional. Además, porque ni en la Carta Magna ni en la ley citada se establece que, a través del juicio de amparo, aquélla pueda sujetarse a control constitucional, sino únicamente las normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías establecidas para su protección por la propia Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; sin que en el concepto "normas de carácter general" puedan entenderse incluidos los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ésta es la Ley Suprema que da fundamento normativo al juicio de amparo; y aun cuando se aceptara que, en sentido lato, es una norma general, lo cierto es que no es posible, desde el punto de vista formal, considerar que viola derechos humanos, pues ello implicaría que la Norma Fundamental no es tal, en la medida en que el sistema de control constitucional que establece es capaz de invalidar su propio contenido, aunado a que no es jurídicamente admisible desarticular la interdependencia de las normas constitucionales, negando el principio de unidad de la Constitución. ??????????A?????????????? POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS -RESPECTO A SU CONTENIDO MATERIAL-, LO QUE DA LUGAR A DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DESDE EL AUTO INICIAL."2 Asimismo, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos)-, respecto al acto reclamado consistente en el Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de 2019. Cabe precisar en primer término que el decreto reclamado, fue modificado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, data en la que se publicó el diverso Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. El Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, a partir de su entrada en vigor se destruyeron de forma total e incondicional los efectos que pudieran haber derivado de los artículos impugnados, puesto que se combaten como autoaplicativos y no se acreditó en autos que se hayan materializado sus efectos en la esfera de derechos de los quejosos, por ello, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: 2 Texto. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera discrepante respecto a si cuando se impugna en amparo indirecto el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009, se actualiza o no de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que cuando en un juicio de amparo se reclama alguna adición o reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -respecto a su contenido material-, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo desde el auto inicial. Justificación: En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conoce de un juicio debe examinar la demanda y desecharla de plano en el auto inicial si existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendiendo por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de un hecho por ser seguro y evidente. Ahora, cuando en un juicio de amparo indirecto se reclama alguna adición o reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -respecto a su contenido material-, se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo desde el auto inicial, en términos del artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, pues conforme al artículo 135 constitucional, el Constituyente depositó en el Congreso de la Unión -y en las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México-, con el carácter de órgano límite, la potestad (función) soberana de adicionar o reformar la Constitución General siendo, precisamente, esa capacidad normativa excepcional, en donde encuentra asidero la inimpugnabilidad del texto de la Constitución, partiendo de la idea para ello de que dicha norma fue emitida por un Poder Reformador cuyos actos no se encuentran sujetos a ninguno de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Constitución General o en alguna otra ley secundaria. Aunado a que basta la sola presentación de la demanda para advertir de su lectura que se impugnan normas de este rango y que al tratarse de aspectos insuperables del juicio, en nada se esclarecerán o modificarán de seguirse el proceso de amparo en todas sus etapas, por lo que la simple impugnación de algún precepto de la Constitución General, constituye un hecho de notoria y manifiesta improcedencia que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo desde el auto inicial. Contradicción de tesis 105/2021. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Décimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito y Primero y Cuarto de Circuito, ambos del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 de diciembre de 2021. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Javier Laynez Potisek y Yasmín Esquivel Mossa. La Ministra Yasmín Esquivel Mossa manifestó que formularía voto concurrente. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. Criterios contendientes:El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 89/2019, el sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 36/2019, el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, al resolver la queja 2984/2019, y el diverso sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, al resolver la queja 3868/2019. Tesis de jurisprudencia 2/2022 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de diecinueve de enero de dos mil veintidós. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El precepto establece la improcedencia del juicio si cesaron los efectos del acto reclamado. Al respecto, se destaca que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario cuyo objeto es proteger a las personas respecto de normas generales, actos u omisiones que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución y en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, de conformidad con el artículo 103, fracción I, constitucional3 y 1, fracción I, de la Ley de Amparo.4 Así, en términos generales, en caso de otorgarse el amparo el efecto será: i) si el acto es positivo se restituiría al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ii) si el acto es negativo o implica una omisión, se obligaría a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir con lo que el mismo exija. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el numeral 77, fracciones I y II, de la ley de la materia5. Asimismo, si se declara la inconstitucionalidad de una norma general los efectos se extienden a aquellas normas o actos cuya validez dependa de la norma invalidada. Lo anterior se desprende del artículo 78 de la Ley de Amparo.6 Bajo esa lógica, se previó la imposibilidad de ejercer la acción constitucional vía amparo contra actos, omisiones y normas generales que hayan destruido todos sus efectos en la esfera jurídica de los particulares, ya que sería ocioso su estudio si las cosas volvieron al estado en que se encontraban o la autoridad ya actúa como debía hacerlo, pues precisamente esa es la pretensión de los quejosos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizó diversos pronunciamientos respecto de la Ley de Amparo abrogada, ya que la causa de improcedencia estaba contenida en el artículo 73, fracción XVI. También, se pronunció respecto al numeral vigente, por lo que a continuación se analizarán algunos de tales pronunciamientos. 3 "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" 4 "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" 5 "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. ." 6 "Artículo 78. Cuando el acto reclamado sea una norma general la sentencia deberá determinar si es constitucional, o si debe considerarse inconstitucional. Si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Dichos efectos se traducirán en la inaplicación únicamente respecto del quejoso." El órgano jurisdiccional de amparo podrá especificar qué medidas adicionales a la inaplicación deberán adoptarse para restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado. ??????????A?????????????? El Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte al interpretar la causa de improcedencia determinaron que no es suficiente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino además, resulta indispensable que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la trasgresión constitucional. Lo anterior quedó desarrollado en las jurisprudencias 2a./J. 9/98 y 2a./J. 59/99 además en la tesis aislada P. CL/97, de registros y rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO"7 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL."8 "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL."9 Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte en la contradicción de tesis 18/94, identificó los elementos que actualizan la cesación del acto reclamado, los cuales son: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra. b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) O bien, una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías. 7Texto. "Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." 8 Texto. "De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 9 Texto. "La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Del asunto referido, surgió la jurisprudencia P./J. 36/97, de registro 198408 y rubro: "MÁQUINAS REGISTRADORAS DE COMPROBACIÓN FISCAL. EL SOLO HECHO DE NO PRESENTARSE EN LA FECHA SEÑALADA EN EL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO REQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES PARA QUE ACUDAN A LAS OFICINAS A ADQUIRIR DICHAS MÁQUINAS, NO PROVOCA QUE CESEN LOS EFECTOS DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN LOS ARTÍCULOS QUE OBLIGAN A LOS PARTICULARES A ADQUIRIRLAS, Y EN EL OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE CITA A LOS CONTRIBUYENTES PARA LLEVAR A CABO LA ASIGNACIÓN." La Segunda Sala también ha explicado las diferencias entre la causa de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado y la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. Se señaló que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario; mientras que la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, ello puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. Lo anterior se encuentra en la tesis aislada 2a. XLVIII/98, de registro 196442 y rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD."10 Ahora bien, atendiendo a que en el caso se reclama una norma general con motivo de su sola entrada en vigor, a continuación se analizarán los pronunciamientos de la Suprema Corte relativos a la cesación de efectos cuando se reclaman ordenamientos de carácter general y, posteriormente, se explicarán los precedentes atinentes a normas autoaplicativas. I. Normas generales De manera general, el Pleno de la Suprema Corte al resolver la controversia constitucional 6/97, diferenció entre la cesación de efectos en 10 Texto. "Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." ??????????A?????????????? materia de amparo y en controversia constitucional. Estableció que para la actualización de la primera, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo. Por su parte, en controversia constitucional se actualiza simplemente con que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, de conformidad con la Constitución Federal. Ese razonamiento se plasmó en la jurisprudencia P./J. 54/2001, de registro 190021 y rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS."11 II. Normas autoaplicativas El Pleno de la Suprema Corte al emitir la jurisprudencia P./J. 53/97, determinó que si se impugna una norma autoaplicativa, que no entrañe una prohibición sino una obligación de hacer o permitir que se haga; su derogación no implica la liberación a los sujetos a la que va dirigida de las consecuencias por el periodo que estuvieron vigentes, pues por regla general la derogación sólo tiene efectos hacia el futuro. Bajo esa lógica, se concluyó que no se actualiza la causa de improcedencia analizada, mientras subsistan los efectos de la ley durante el periodo que rigió. Dicha jurisprudencia tiene el registro 198407 y rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. CUANDO ESTABLECEN HIPÓTESIS NORMATIVAS DE NATURALEZA POSITIVA SU DEROGACIÓN NO IMPLICA, GENERALMENTE, LA CESACIÓN DE SUS EFECTOS."12 Por su parte, la Segunda Sala al resolver varios amparos en revisión, matizó el anterior criterio y determinó que se actualizaba la causa 11Texto. "La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." 12 Texto. "Cuando la norma impugnada, en su carácter de autoaplicativa, no entraña una prohibición sino una obligación de actuar en determinado sentido, es decir, una obligación de hacer o permitir que se haga, su derogación no libera a quienes se ubicaron dentro de sus hipótesis normativas, de las consecuencias que pudieren haber derivado de su cumplimiento por todo el periodo en que estuvieron vigentes, ya que los obligados a acatarla deben responder de los actos realizados al amparo de la misma, puesto que, por regla general y salvo disposición expresa -como sería aquella norma transitoria que impidiera la aplicación de la ley derogada incluso a los hechos ocurridos bajo su vigencia, en cuyo caso quedaría destruida la ley desde su promulgación misma- la derogación de la ley sólo produce efectos hacia el futuro. Por consiguiente, mientras subsistan los efectos de la ley respecto del periodo durante el cual rigió, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque las disposiciones legales de naturaleza positiva, como son las que establecen los elementos esenciales de un tributo, obligan a los sujetos a actuar de forma determinada, dejando huella en su esfera jurídica, que sólo puede ser subsanada, en su caso, por la protección de la Justicia de la Unión." de improcedencia relativa a cesación de efectos del acto reclamado, cuando se reclamaba como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva o la que establece una obligación y durante la tramitación del juicio se reforman o deroga, eliminando la obligación o la prohibición, destruyendo total e incondicionalmente sus efectos, siempre que no se demostrara que la que generó obligación hubiere producido durante su vigencia una consecuencia material en perjuicio de la quejosa. El criterio referido se encuentra en la jurisprudencia 2a./J. 6/2013 (10a.), de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA."13 De los criterios enunciados se pueden desprender las siguientes reglas que, en términos generales, ha establecido la Suprema Corte al analizar la causa de improcedencia relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado: a) Si una norma general establece una prohibición, su derogación, por regla general, actualiza la causa de improcedencia, lo que no sucede si tal norma prevé una obligación de hacer o permitir que se haga; ya que ese actuar no implica la liberación a los sujetos a la que va dirigida de las consecuencias por el periodo que estuvieron vigentes. b) La declaratoria de invalidez de una norma general en una acción de inconstitucionalidad, no actualiza la causa de improcedencia analizada, si ésta establece obligaciones. c) No obstante, si la norma general autoaplicativa que establece obligaciones a sus destinatarios, es derogada y se comprueba que durante su vigencia no generó una consecuencia material en perjuicio de la quejosa, se actualizará la causa de improcedencia. De los criterios reseñados se observa que, debe atenderse al tipo de acto que se reclama, es decir, si se trata de una norma general, acto u omisión, y a partir de ahí, analizar si su revocación o derogación trae como consecuencia que sus efectos se destruyan de manera total e incondicional, como si se hubiese restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado. De lo contrario, no se estará en la hipótesis de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. 13 Texto. "Conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza dicha causa de improcedencia si en el juicio de amparo indirecto se reclama como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos, y no se demuestra que la que genera una obligación haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos." ??????????A?????????????? Una vez expuestas las anteriores consideraciones, procede analizar si han cesado de forma total los efectos del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, atendiendo a que el reclamo se hace con motivo de su sola entrada en vigor. En ese orden, es adecuado establecer que, el término abrogar que deriva del latín "abrogatio", implica anular, lo que significa la supresión total de la vigencia y, por lo tanto, de la obligatoriedad de una ley. En efecto, la abrogación puede ser expresa o tácita; es expresa, cuando un nuevo ordenamiento declara la abrogación de otro anterior que regulaba la misma materia que regulará ese nuevo ordenamiento; es tácita, cuando no resulta de una declaración expresa de otro ordenamiento, sino de la incompatibilidad total o parcial que existe entre los preceptos de una ley anterior y otra posterior, debiendo aplicarse u observarse, ante la incompatibilidad de preceptos, los del ordenamiento posterior. En cambio la derogación es la privación parcial de los efectos de una ley, esto es, la vigencia de algunos preceptos se concluye, pero no así de todo el ordenamiento jurídico en el que se contienen. En nuestro sistema mexicano normalmente el procedimiento que se sigue al abrogarse un ordenamiento jurídico es declarar la abrogación del mismo y además, derogar las disposiciones que se opongan al nuevo ordenamiento; tal y como se advierte del DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno; en sus transitorios tercero y cuarto que son del tenor siguiente: "(.) Tercero. Al momento de la entrada en vigor de la presente Ley quedan sin efectos todas las disposiciones contrarias a la misma. Cuarto. Se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018. (.)" En efecto, los artículos impugnados, no establecieron prohibiciones a la parte quejosa durante su vigencia, sino que, por su naturaleza, son normas declarativas que configuraron el sistema regulatorio de las remuneraciones de los servidores públicos federales y crearon las competencias de las autoridades correspondientes para el despliegue de sus funciones. En otras palabras, no dispusieron prohibiciones ni obligaciones que, ante una eventual concesión de amparo, pudieran quedar sin efectos, dado que el reclamo del decreto se hizo con motivo de su sola entrada en vigor, es decir, como norma autoaplicativa. En esa línea argumentativa, los preceptos legales y sus porciones normativas referidas están comprendidas en el supuesto de cesación de efectos previsto en las jurisprudencias P./J. 53/97 y 2a./J. 6/2013 (10a.) explicadas con antelación y, por ende, es obligatorio concluir que, durante el tiempo en que estuvieron vigentes, dichos dispositivos no dejaron efecto material alguno en la esfera jurídica de la parte quejosa que pudiera ser reparado a través de una sentencia de amparo, por lo que han cesado sus efectos. Es importante resaltar que, para estimar actualizada la causa de improcedencia que se analiza, no debe existir efecto o consecuencia legal alguna que pudiere haber dejado su impronta en la esfera jurídica de la justiciable. En otras palabras, debe existir constancia plena de que no hay aspecto alguno que haya trascendido en perjuicio de la gobernada por la sola entrada en vigor del ordenamiento legal impugnado durante el tiempo en que se encontró vigente, y que pudiera desaparecer ante una eventual concesión de amparo. Para dilucidar tal cuestión, es necesario imponerse de las constancias que obran en el expediente, de acuerdo con las reglas en materia probatoria contenidas en los artículos 129, 130, 200, 202, 203 y 210-A, y las que resulten aplicables del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En términos de tales preceptos legales, se reconoce a las documentales glosadas en autos valor probatorio pleno. La evidencia probatoria permite concluir que no está acreditado que los preceptos legales cuestionados en el juicio de amparo, como normas autoaplicativas vigentes durante el periodo comprendido del seis de noviembre de dos mil dieciocho al doce de abril de dos mil diecinueve, hubiesen producido consecuencias materiales, es decir, que hayan sido aplicados a la parte quejosa derivado del incumplimiento de las obligaciones y/o prohibiciones que establecieron durante el periodo que estuvieron vigentes, por lo que, en el caso, una eventual concesión del amparo en contra de esos preceptos carecería de efectos.14 Los quejosos son servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, en donde ocupan los siguientes cargos: ***********************??????????A?????????????? *****************Secretaria de Tribunal Fernando Zavala Bustos Secretario de Juzgado Sergio Velasco Román Secretario Particular de Magistrado Fernando López Solís Secretario Particular de Magistrado Lo cual se encuentra plenamente acreditado con las pruebas que acompañaron a la demanda; sin embargo, la evidencia aportada no demostró que las normas reclamadas fueron aplicadas en su perjuicio. En tales condiciones, si durante la vigencia de la Ley reclamada, no se materializó en la esfera jurídica de la parte quejosa la aplicación de alguna de sus fraccione normativas y dicha ley fuer abrogada al partir del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, no podrán ya aplicarse alguna de dichas porciones en su perjuicio, por lo que carecería de efectos prácticos emprender el análisis de constitucionalidad de normas que en su oportunidad no fueron aplicadas y en el futuro resultarán inaplicables. Además, es un hecho notorio en términos del artículo 88 de la ley adjetiva, que en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018 del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concedió la suspensión sobre los efectos y consecuencias de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, por lo que, los efectos de la norma, no se aplicaron a la parte quejosa. La suspensión dictada por el Ministro Pérez Dayán, se otorgó en los términos y para los efectos siguientes: "[.] con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los Poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el Ejercicio de 2019, no sean fijadas en términos de la Ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia, sino exclusivamente por lo dispuesto en los artículos 75, 94 y 127 de la Constitución Federal, así como tercero transitorio del Decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de agosto de dos mil diecinueve [.]" las jurisprudencias P./J. 51/97 y 2ª./J. 72/2005, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS. APLICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL QUE LLEVA POR RUBRO "LEY DEROGADA. ESTUDIO IMPROCEDENTE DE SU CONSTITUCIONALIDAD, SIN ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN." (PUBLICADA CON EL NÚMERO 192 EN EL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995, TOMO I, MATERIA CONSTITUCIONAL, PÁGINA 189)."15 "CESACIÓN DE EFECTOS DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN RECLAMADOS. LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XI, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EFECTUADA EN LA RESOLUCIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2003, NO ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN LOS JUICIOS DE AMPARO."16 Por todo lo anterior, el juicio de amparo es improcedente por la causa de cesación de efectos del ordenamiento legal impugnado. De igual manera, este resolutor advierte que la improcedencia referida en párrafos precedentes, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe hacerse extensiva al acto señalado en el escrito de ampliación de demanda consistente en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. Se afirma lo anterior, pues ya que los presupuestos de egresos de las Entidades Federativas de la Federación tiene vigencia en el periodo fiscal de un año, por lo que los efectos del referido presupuesto reclamado han cesado con la emisión del relativo al ejercicio fiscal 2020, el cual fue 15 Texto. Del análisis de las ejecutorias que integran la jurisprudencia citada, especialmente de la primera de ellas, se deriva que su origen yace en la impugnación de normas cuya aplicación entrañaba una prohibición in genere, que sólo prevalecería durante la vigencia de la ley, pero que derogada cesaría su efecto prohibitivo permitiendo, por tanto, que el gobernado actuara en aquel sentido. En esta hipótesis, la concesión de la protección constitucional no tendría efecto alguno, dado que en ningún caso podría surtir efectos sobre el pasado, pues no podría volver en el tiempo para reparar la violación causada por la aplicación de aquella norma, facultando al quejoso para realizar lo que le fue vedado y que ahora le es permitido. Por ello, debe estimarse que la jurisprudencia en comento sólo es aplicable cuando la ley reclamada entraña una prohibición y no cuando genera una obligación de actuar en determinado sentido, o sea, una obligación de hacer o permitir que se haga. En esta última hipótesis, la derogación de la ley no libera a quienes fueron sus destinatarios de las consecuencias que hayan podido o puedan derivar de su observancia o inobservancia por todo el periodo durante el que estuvo vigente, ya que, a pesar de la derogación, los obligados a acatarla deben responder de los actos realizados al amparo de la misma y, por ende, sufrir las consecuencias desfavorables derivadas de su aplicación; a más de que, por regla general y salvo disposición expresa -como sería aquella norma transitoria que impidiera la aplicación de la ley derogada, incluso a los hechos ocurridos bajo su vigencia, en cuyo caso quedaría destruida la ley desde su promulgación misma-, la derogación de la ley sólo produce efectos hacia el futuro, impidiendo que ella se aplique a hechos realizados con posterioridad a la fecha en que se produjo, pero no abarca los realizados durante la época en que estuvo en vigor, los cuales provocaron una afectación en la esfera jurídica de los gobernados que sólo puede ser subsanada, en su caso, mediante la protección de la Justicia de la Unión. 16 Texto. Si bien es cierto que la declaratoria de invalidez tuvo por efecto que cesara la vigencia del artículo 109, fracción XI, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a partir del 17 de junio de 2003, también lo es que dicha circunstancia es insuficiente para estimar que en los juicios de garantías promovidos en contra de su aplicación se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues ésta opera únicamente cuando se destruyen en forma total e incondicional los efectos del acto reclamado, lo que únicamente ocurriría en caso de que las autoridades tributarias hubieran devuelto al quejoso las cantidades enteradas por concepto de aplicación de la norma impugnada. ??????????A?????????????? publicado en el citado medio de difusión oficial el once de diciembre de dos mil diecinueve. Máxime que en el caso no está demostrado que la legislación de doce de abril de dos mil diecinueve y el presupuesto mencionados, hayan producido consecuencias materiales en perjuicio de la parte quejosa, dado que no se aportó elemento de prueba alguno que evidencie que, derivado de su entrada en vigor, se haya causado afectación en su esfera jurídica durante el tiempo que estuvieron vigentes. No obstante a lo anterior, a mayor abundancia resulta pertinente para quien provee realizar el siguiente estudio correspondiente al Presupuesto de Egresos de la Federación, a efecto de justificar el por qué, no causa perjuicio en la esfera de la quejosa en el juicio de amparo en que se actúa, como trabajador del Poder Judicial de la Federación. Como fue precisado, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019 fue reclamado como parte del sistema remuneratorio de los servidores públicos federales; esto es, su inconstitucionalidad se hizo depender de la alegada vulneración de derechos que generó el sistema desarrollado esencialmente en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Sin embargo, con la sola entrada en vigor del presupuesto de egresos, no se afectaron los intereses jurídicos de la parte quejosa. En efecto, la afectación que pudiera resentir la parte quejosa en todo caso podrá darse al momento de ser aplicadas las disposiciones de dichos ordenamientos, tomando en cuenta que por sí mismos no contienen un principio de ejecución que se realice por su propia existencia, sino que es necesario que haya actos posteriores de aplicación concreta de los mismos para que puedan afectarse los intereses jurídicos de quienes se encuentran en las condiciones previstas por ellos. De acuerdo, a lo manifestado con anterioridad, es pertinente considerar, a través de un cuadro comparativo las cantidades que a manera de percepción obtuvieron en los diversos ejercicios fiscales de 2018, 2019 y 2020, con base en los ACUERDOS por el que se autoriza la publicación del Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para los diversos ejercicios fiscales mencionados, emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. EJERCICIO FISCAL 2018. ********************** Lo cual, revela que no existe un perjuicio en su esfera jurídica respecto de los diversos presupuestos de egresos. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, dispone que: a) Las personas que ocupen el cargo de Consejero del Consejo de la Judicatura Federal, Magistrado de Circuito y Juez de Distrito, con inicio en el ejercicio presupuestal de dos mil diecinueve, recibieron una retribución no mayor a la cantidad total anual neta de $1, 663,050.00 (un millón seiscientos sesenta y tres mil cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) durante el propio ejercicio fiscal, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 127 de la Constitución Federal. b) Las remuneraciones de los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, excepción hecha de los servidores públicos señalados en el párrafo anterior, serán determinadas por el órgano de gobierno, el órgano de dirección o la instancia correspondiente, las cuales serán siempre inferiores a la fijada para el cargo de Presidente de la República durante el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. Conforme a lo anterior, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, se fijó el tope salarial que por concepto de remuneraciones percibieron los Consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, con inicio en el ejercicio presupuestal de dos mil diecinueve, el cual no fue mayor a $1, 663,050.00 (un millón seiscientos sesenta y tres mil cincuenta pesos 00/100 moneda nacional). Sin embargo, no se precisó el tope máximo que percibieron por concepto de remuneraciones los demás servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, sino que estableció una remisión a los órganos de gobierno, órganos de dirección o instancias administrativas del citado Consejo para que ellos determinaran el monto que comprendió la remuneración de los restantes servidores públicos, la cual ciertamente no fue mayor a la fijada para el cargo de Presidente de la República durante el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. Con base en lo anterior, es posible concluir que, en relación con aquellos servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, que no ocupen las categorías de Consejero, Magistrados de Circuito o bien, de Jueces de Distrito con inicio en el ejercicio presupuestal de dos mil diecinueve, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019 por su naturaleza jurídica constituye una 'norma de remisión' a las áreas administrativas correspondientes del citado Consejo de las facultades para determinar el monto de las remuneraciones de los servidores públicos referidos. Sobre la forma en que operan las normas de remisión, resulta ilustrativa la tesis 2a. CXXVI/2016 (10a.), de rubro: "TIPICIDAD. LAS NORMAS DE REMISIÓN NO VULNERAN DICHO PRINCIPIO, CUANDO EL SUPUESTO DE INFRACCIÓN QUE ??????????A?????????????? CONTIENEN SE COMPLEMENTA CON LO PREVISTO POR EL PROPIO ORDENAMIENTO O POR SUS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS." En otras palabras, conforme a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, correspondió a los órganos administrativos del Consejo de la Judicatura Federal establecer la forma en que se integraron las remuneraciones de los servidores públicos a través de los acuerdos, manuales o disposiciones reglamentarias que, con base en sus facultades legales, puede emitir con el objeto de dar operatividad financiera a lo señalado en el presupuesto. En este sentido, el Consejo de la Judicatura Federal emitió el ACUERDO por el que se autoriza la publicación del Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, en el que se advierte nuevamente que ningún trabajador del Consejo de la Judicatura Federal tuviera una percepción menor, sino por el contrario, recibieron un incremento. Sobre la base de lo explicado, es obligatorio concluir que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, no generó un perjuicio a la parte quejosa, toda vez que se demostró que incluso percibieron un ingreso mayor al fijado para el ejercicio fiscal anterior. Es conveniente reiterar que, en el caso, se combatió como autoaplicativo el sistema remuneratorio establecido por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, sobre la cual se dejó de tener como acto reclamado en atención a lo expuesto en párrafos que preceden, en razón de la posterior publicación de doce de abril de dos mil diecinueve de las reformas que modificaron sustancialmente dicho sistema, dejando sin efectos las disposiciones del primer decreto. Son ilustrativas las tesis con los números de registro 323468, 372444 y 206527, de rubros: "LEY DE EGRESOS Y PLAN DE ARBITRIOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA 1943, NO ES DE INMEDIATA EJECUCIÓN." "PERJUICIOS, BASE DEL AMPARO." "LEY AUTOAPLICATIVA, INTERÉS JURÍDICO EN AMPARO CONTRA." Como corolario de todo lo anterior, se tiene que el juicio de amparo resultó improcedente por las causas que fueron analizadas en relación con los actos y dispositivos legales precisados; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables la presente determinación para los efectos legales a que haya lugar. En mérito de lo expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en este asunto para celebrarse a las nueve horas con veinte minutos del veintiuno de junio de dos mil veintidós. Notifíquese y por lista a la parte quejosa en atención a lo ordenado en proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós.

  2. Principal

    Ciudad de México; veintinueve de abril de dos mil veintidós. Reanudación. Vista la tercera certificación de cuenta, de conformidad con el inciso II, numeral 16 de la Circular SECNO 10/2021, en relación con los artículos 1 y 2, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de términos procesales a que aluden los acuerdos y circulares enumeradas en la primera certificación; a lo que se provee: Recepción de promociones Ténganse por recibidos los oficios del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante los cuales informa que, insistió en declinar la competencia para conocer de la presente demanda de amparo, asimismo remite el expediente original 1217/2020 de su índice, solicita se le acuse el recibo correspondiente de la remisión de los autos de mérito, por lo que este juzgado acusa el recibo correspondiente y toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Este juzgado de distrito no insiste en declinar la competencia del juicio de amparo en que se actúa a favor de su homólogo, por lo que se avoca al conocimiento del presente juicio de amparo y se reconoce la validez de lo actuado por el juez oficiante. Acúsese recibo. Solicítese atentamente al juzgado de origen para que, de no existir inconveniente legal alguno, remita a este órgano jurisdiccional toda constancia y/o promoción relacionada con este asunto incluyendo las que reciba con posterioridad. Envío de promociones. También, infórmese al Juzgado oficiante que este órgano jurisdiccional posee dos cuentas de S.I.S.E. (una como órgano exclusivamente de dictado de sentencia; y otra como juzgado ordinario de trámite); por lo anterior, se muestra el procedimiento para el envío de promociones electrónicas, que, de forma muy atenta y respetuosa, se hace de su conocimiento: En la pestaña Expediente/ Envío de documentos a órganos: 1. Se encuentra la selección de filtros, en el aparecen tres opciones: - Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito - Poder Judicial de la Federación (Órganos Auxiliares) - Centros de Justicia Penal Federal Seleccionar el primero: Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, a fin de que sus promociones recaigan a la cuenta que este juzgado tiene como órgano de trámite. Si se utiliza la segunda opción [órganos auxiliares] su atenta promoción recaerá a la otra cuenta de sólo dictado de sentencia a la que se hizo mención, lo que ocasiona que ese filtro remita sus promociones a expedientes homonuméricos, pero que no corresponden con los que este juzgado lleva como de trámite. 2. Seleccionar entidad federativa: Ciudad de México. 3. Seleccionar tipo de órgano: Juzgado de Distrito. 4. Seleccionar materia: En la lista que se despliega, aparece la materia: Auxiliares, escoger esta opción. 5. Seleccionar órgano: Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México. 6. Seleccionar tipo de asunto: Amparo indirecto. Lo anterior con la finalidad de que las promociones que envíen las autoridades remitentes recaigan en su caso al expediente electrónico que se referencia en la cuenta del S.I.S.E. que este juzgado tiene como Juzgado Ordinario y se les pueda dar el trámite expedito en beneficio de los justiciables. Admisión de la demanda. Se admite a trámite la demanda de amparo, promovida por AKSA ASESORES, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de quien se ostenta como su representante legal Teresa Hernández Casas, personalidad que se le reconoce en términos de la copia certificada de la escritura pública cincuenta y nueve mil, novecientos sesenta y cuatro (59,964), del protocolo del notario público número ciento treinta y dos (132) de la Ciudad de México, que acompaña a su ocurso de mérito en contra de los actos señalados y por las autoridades a quienes se los reclama Fundamento: Artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la Circular SECNO/3/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Autoridades responsables Se tienen como autoridades responsables a: Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. Fundamento: Artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Representación del titular del Ejecutivo Federal. Con copia de la demanda de amparo, gírese oficio a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a efecto de que en el término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, indique a este órgano jurisdiccional la Secretaría de Estado que representará al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los actos que se reclaman en el presente juicio. En igual término, dicha Consejería deberá remitir a este órgano jurisdiccional las constancias con las que acredite fehacientemente que notificó a la Secretaría de que se trate, tanto la representación otorgada como la entrega de la copia de la demanda, a efecto que esa dependencia esté en posibilidad de rendir su respectivo informe justificado en los términos solicitados (que más adelante se precisan) en el presente proveído. Apercibida que de no dar cumplimiento al anterior requerimiento dentro del término concedido, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la unidad de medida y actualización. Lo anterior, de conformidad con los numerales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, así como el factor de actualización de esa unidad de medida publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno, el cual entró en vigor el uno de febrero siguiente. Fundamento: artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 9, 237, facción I y 259 de la Ley de Amparo. Solicitud de informe justificado Se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que rindan su informe justificado dentro del plazo de quince días, en el que, refiriéndose al número de oficio en el que se le comunique la presente determinación, deberán: Manifestar si son ciertos o no los actos reclamados. b) Remitir copia certificada completa y legible de todas y cada una de las constancias que obran en su poder en relación con el acto reclamado. c) Informar a este juzgado de distrito si la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y, en el supuesto de que así sea, señale a qué órgano correspondió conocer del mismo. d) Hacer saber a este órgano sobre la existencia de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento del presente juicio, remitiendo al efecto las constancias conducentes, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Lo anterior, aún durante la tramitación del juicio, si sobreviniera la causa con posterioridad. Apercíbase a las autoridades responsables que, en caso de no cumplir cabalmente en los términos y la forma indicados, con la totalidad de los requerimientos formulados en los incisos antes precisados, podrá imponérsele una multa de hasta cien veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización. Lo anterior, de conformidad con los numerales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, así como el factor de actualización de esa unidad de medida publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno, el cual entró en vigor el uno de febrero siguiente. Hágase también de su conocimiento que su informe justificado deberá presentarse en este órgano jurisdiccional y, en aras de una pronta impartición de justicia, podrá ser remitido vía correo electrónico oficial 1jdoaux1cto@correo.cjf.gob.mx, correspondiente a este juzgado de distrito, con archivo anexo en .PDF o .JPG y que el documento contenga la firma electrónica del funcionario (firel o e.firma), debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente, con la precisión de que se requiere su envío por uno solo de los medios citados. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que para tales efectos, también cuentan con la herramienta electrónica denominada juicio en línea, el cual puede ser tramitado en la liga electrónica siguiente:¿. La notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio impreso a todas las autoridades y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Fundamento: Artículos 26, 28, 30, 117, 237, 238, 251, 259, 260, fracción II, de la Ley de Amparo, tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y su actualización anual publicada el ocho de enero de dos mil veintiuno. Así como Acuerdos Generales Plenarios 1/2013 y 1/2015, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 3 de la Ley de Amparo; y artículo 3, fracción VI del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, las constancias que se remitan de carácter reservado o confidencial, deberán enviarse debidamente resguardadas en sobre cerrado, especificando en el empaquetado que se trata de "información reservada" o "confidencial" y cumplir con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo se entenderá que corresponden al supuesto previsto en el último párrafo del numeral precitado y se podrá ordenar el glose al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Fundamento: Artículos 7, 20, 22, 24 y demás aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como los artículos 101 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Señalamiento de fecha de audiencia constitucional Se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. Fundamento: Artículo 115 de la Ley de Amparo. Cabe señalar que aun cuando se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional fuera del plazo previsto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, por la saturación excesiva de la agenda correspondiente, dicho proceder se realizó con el objeto de que prevalezca el derecho a una tutela judicial efectiva por encima de los formalismos procedimentales. Adicionalmente, se considera necesario hacer del conocimiento de las partes que atendiendo al riesgo sanitario que se ha generado con el virus COVID-19 y el cual es una constante en los meses por venir así como a lo previsto en la fracción II del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, las audiencias que se celebren en este órgano jurisdiccional se realizarán primordialmente sin la presencia física de las partes y se privilegiaran los escritos que estas presentes ya sea física o virtualmente. Sin embargo, en caso de que las partes consideren indispensable y de vital importancia asistir a la audiencia constitucional deberán realizar las gestiones necesarias para acceder al local que ocupa este órgano jurisdiccional de conformidad con el Capítulo II denominado Atención al Público del Acuerdo General 21/2020, es decir deberán general en el sistema "Agenda OJ" la cita correspondiente al día y hora en que se haya fijado la audiencia constitucional, datos que se encuentran precisados en párrafos anteriores. Aunado a lo anterior, no se inadvierte que, de la literalidad del artículo 26 del multicitado acuerdo, en el presente procedimiento la audiencia constitucional no es de aquellas en las que intervienen oralmente las partes y en observancia al artículo 124, segundo párrafo de la ley de la materia, se insiste, tiene a resguardo su derecho a comparecer a la audiencia vía electrónica (juicio en línea) o por escrito (vía buzón judicial), habida cuenta que el derecho a alegar en la misma se restringe únicamente a los actos de que habla la normativa citada en último término (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea) lo cual no acontece en el expediente en que se actúa y/o en la temática especializada que se dirime en este juzgado. Lo anterior, salvaguarda su derecho a la tutela judicial y las formalidades esenciales del procedimiento. Intervención ministerial de la adscripción. Dese la intervención que corresponde a la representación ministerial de la adscripción. Fundamento: Artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Incidente de suspensión. Tramítese por cuerda separada y por duplicado los cuadernos físicos relativos al incidente de suspensión solicitado. Fundamento: Artículos 115, 125 y 128, fracción I, de la Ley de Amparo. Pruebas. Se tienen por admitidas las pruebas documentales que se acompañan a la demanda de amparo, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humano, las cuales se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionar tales medios de convicción al celebrarse la audiencia constitucional, sin necesidad de gestión expresa de la parte interesada. Fundamento: Artículo 119 de la ley de Amparo. Tomando en consideración que la parte promovente allegó un tanto más de sus pruebas documentales a su demanda; con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se ordena su cotejo, compulsa y certificación. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Bosques de Alisos, número trece (13), oficina cuatro (4), planta baja, colonia Bosques de las Lomas, alcaldía Cuajimalpa, C.P. 05120, en esta Ciudad. Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Autorizados. Ahora, ténganse como autorizados en términos amplios a Oscar Hernández Díaz y Sandra Angélica Breña Rivadeneyra, toda vez que, tienen registrada su cédula profesional ante el Registro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Respecto de las demás personas que señala, se les tiene únicamente por autorizadas para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. Fundamento: Artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto llevar a cabo las notificaciones que se ordenen en el presente juicio de amparo. Fundamento: Artículo 21, tercer párrafo, de la ley de la materia. Devolución de documentos En otro aspecto, se estima conveniente precisar a la parte quejosa que los documentos exhibidos o que llegaren a exhibirse en original, no podrán ser devueltos, toda vez que del artículo 122 de la Ley de Amparo, así como 280 del código supletorio, se desprende que los documentos podrán ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, en cuyo caso deberá resolverse dicha objeción, o bien, mientras el asunto no haya sido resuelto definitivamente. De ahí que la oportunidad para la objeción de documentos sea hasta la audiencia constitucional, por lo que éstos no pueden devolverse antes de ese momento procesal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 22/2000, con número de registro 192,294, de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Reproducción fotostática y medios electrónicos para la obtención y consulta de determinaciones. Se hace del conocimiento a las partes que, en caso de requerirla, queda autorizada la expedición de copias de la presente determinación y demás actuaciones y/o constancias en el juicio, previa comparecencia y recibo que se deje en autos por quien tenga facultades para ello. También quedan a la vista de las partes los presentes autos a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; salvo documentos reservados o confidenciales. Fundamento: Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tesis aislada I.1o.A.23 K (10a.), con número de registro 2,008,986, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 (TRES) DE ABRIL DE 2013 (DOS MIL TRECE)." Con motivo de lo anterior, y a efecto de cumplimentar las bases establecidas por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo 21/2020, Capítulo II, denominado "Atención al Público en general", en el supuesto de la fracción II del artículo 6, que establece: ". II. Las partes o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes adjetivas aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes o para desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. En este último supuesto, es importante destacar que, cuando sea necesaria su comparecencia ante el órgano jurisdiccional, será la o el titular quien genere la cita el día en que concluya el término, de modo que la opción prevista en esta fracción resulta aplicable cuando las partes pretendan acudir en una fecha anterior a la de la cita generada por el propio órgano jurisdiccional, hipótesis en la que estarán sujetas a la disponibilidad que arroje el sistema." Al respecto, dígase a las partes, que se pone a su disposición como medio de contacto la dirección de correo electrónico ante señalado, así como el teléfono 5551338100 ext. 1006 y 1027, a efecto de que se comuniquen a este juzgado de distrito y soliciten el día y hora en que desea comparecer a las instalaciones de este juzgado a la consulta del presente expediente, informándoles que dicho horario es el comprendido de lunes a viernes de ocho de la mañana a una de la tarde. Lo anterior, siempre que estén vigentes los Acuerdos Generales citados en la segunda certificación de cuenta. Atento a lo anterior, una vez agendada dicha cita se generará un Código QR para permitirle el acceso a las instalaciones de este juzgado, mismo que estará disponible en el módulo de vigilancia y se dará aviso a la administración del mismo con la fecha y horarios de su cita, de modo que quienes acudan a la cita puedan ingresar bajo la regla de hasta dos personas por Código. Una vez en el órgano jurisdiccional se verificará que quienes asistan cuenten con la capacidad procesal necesaria para participar en la diligencia. Igualmente, dígase a las partes que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Transparencia y datos personales Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Fundamento: Artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 21, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracciones V, XI y XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 69, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el consejo; y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales. Invitación al trámite del Juicio en Línea. Se invita a las partes a transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados o delegados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brinda el siguiente correo institucional: aurora.torres.garcia@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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