Ofelia Pérez Pacheco

Expediente 897/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
897/2015
Año
2015
Actuaciones
17
Última actuación
18/01/2016

Partes del expediente

  • Magistrados de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado
  • Ofelia Pérez Pacheco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a dieciocho de enero de dos mil dieciséis. Vistos; por cuanto de la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiera interpuesto el recurso de inconformidad dentro del término de quince días, es de estimarse que consintió tácitamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de que se trata. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; Es susceptible depuración, Deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que no existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a dieciocho de enero de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte se concedió a la parte quejosa la medida cautelar solicitada; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido, este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo y la resolución emitida y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente de violación a la suspensión, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    PREVIO AVISO.- PREVIO AVISO.- Oaxaca de Juárez, Oaxaca a siete de diciembre de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte la parte quejosa, no realizó manifestación alguna con relación a la vista otorgada, relacionada con el cumplimiento de la ejecutoria dictada en este asunto; en consecuencia, este Tribunal, de oficio, procederá al estudio del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En la parte final del último considerando de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías (fojas 43 - 49), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Ofelia Pérez Pacheco, para el efecto de que los magistrados que integran la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, realizarán lo siguiente: 1.- Dejara insubsistente la resolución de uno de junio de dos mil quince, dictada en el toca familiar 655/2014. 2.- Dictara otra con libertad de jurisdicción, en la que de manera congruente contestará los agravios hechos valer por la quejosa, y resolviera como en derecho correspondiera. Concesión que se hizo extensiva al acto de ejecución atribuido al juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. Mediante auto de treinta de octubre de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia dictada en este asunto, y se ordenó requerir a las autoridades responsables el cumplimiento de la misma (foja 61). En acatamiento a la ejecutoria de mérito, el presidente de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante oficio 1285/2015, de doce de noviembre de dos mil quince, envió copia certificada de la resolución dictada en la misma fecha, en el toca familiar 655/2014, de su índice, en que dejó insubsistente la resolución de uno de junio de dos mil quince, y emitió una nueva, en la que contestó los agravios expresados por la quejosa al dictar dicha resolución, y como consecuencia de ello, revocó la resolución apelada y declaró improcedente el incidente de disminución de pensión alimenticia promovida por el ahora tercero interesado David Rey Vásquez Martínez. En las relatadas consideraciones, debe estimarse cumplida la sentencia ejecutoria pronunciada en el presente juicio de control constitucional, al haberse restituido a la parte quejosa en el pleno goce de sus garantías, en términos de lo dispuesto por los artículos 77, fracción I, 192 y 196 de la Ley de Amparo en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los fines legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Incidental

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca a veintiséis de noviembre de dos mil quince. Agréguese el escrito de cuenta que suscribe la quejosa Ofelia Pérez Pacheco; en atención a su contenido, como lo solicita devuélvase directamente a la quejosa el billete de depósito número N 089530, que exhibió para garantizar la suspensión definitiva, por lo que una vez que comparezca en días y horas hábiles, ante el personal actuante de este Juzgado de Distrito, con documento que la identifique en forma fehaciente, se le hará entrega del billete de depósito correspondiente. Sin que haya lugar a autorizar para recoger dicho billete, a Alicia Isabel López Lena Barrios, toda vez que para que pueda hacerse la devolución de dicha garantía para su cobro, es necesario que cuente con un poder general para ejercer actos de dominio, que le dé la posibilidad de ejercer facultades amplias de dueño tanto en los bienes de la quejosa, como para ejercitar toda clase de gestiones a su nombre, conforme a lo dispuesto en el artículo 2435, párrafo tercero, del Código Civil Vigente en el Estado de Oaxaca. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Febrero de 202, Tomo XV, Materia Común, que dice: PODERES GENERALES PARA ACTOS DE DOMINIO, DE ADMINISTRACIÓN, Y PARA PLEITOS Y COBRANZAS. EXISTE UNA GRADACIÓN O JERARQUÍA DE LA QUE NACEN FACULTADES IMPLÍCITAS. El texto del artículo 2554 del Código Civil Federal, el de su similar del Código Civil para el Distrito Federal, y el de las disposiciones sustantivas relativas de las entidades federativas que tienen idéntica redacción, al establecer que: "En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. ...", permiten advertir la existencia de una gradación o jerarquía reconocida ampliamente por la doctrina, conforme a la cual, el mandato general para actos de dominio comprende el mandato para actos de administración y para pleitos y cobranzas, en tanto que el mandato para actos de administración, también comprende el poder general para pleitos y cobranzas. Por ello, basta que se tenga un poder para actos de dominio para que se estimen implícitas las facultades de pleitos y cobranzas, y actos de administración, o bien, es suficiente que se tenga poder para actos de administración para que se consideren implícitas las facultades para defenderlos, es decir, las de un apoderado general para pleitos y cobranzas, siguiendo el principio general de derecho de que quien puede lo más puede lo menos, tomando en consideración que el invocado dispositivo legal establece que el mandatario tendrá las facultades de un dueño tanto en lo relativo a bienes, como para hacer toda clase de gestiones para defenderlos y también señala que cuando se quisieren limitar las facultades de los apoderados en los tres casos mencionados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales. Con base en lo anterior, cabe decir que en lo relativo al acreditamiento de la personalidad en el juicio contencioso administrativo promovido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, deben tomarse en consideración las facultades implícitas que nacen de los mandatos generales, a fin de tener por demostrada la personalidad de quien comparece a nombre de otra persona, sea física o moral. NOTIFÍQUESE.

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