Ofelia Pérez Castellanos
Expediente 954/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 954/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ofelia Pérez Castellanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad de México, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; a través del cual, remite los autos del juicio de amparo 954/2021, en un tomo y exhibe el testimonio de la resolución dictada el ocho de abril del año en curso, en el amparo en revisión R.A. 38/2022, de su índice. Acúsese el recibo de estilo vía electrónica. Hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad resolvió: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se NIEGA el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Ofelia Pérez Castellanos, por los motivos expuestos en el fallo controvertido." Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; con el fin de evitar la voluminosidad del asunto en que se actúa y dificultar su manejo para foliar, sellar y rubricar que dispone el artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, desglósense las copias simples con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes con motivo del recurso de revisión planteado en autos, agregando al presente asunto únicamente las constancias que obren en original. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se negó la protección constitucional. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; por medio del cual, acusa recibo de las constancias remitidas con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. De igual forma, comunica que lo admitió, bajo el amparo en revisión R.A. 38/2022; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Por otro lado, en atención a lo dispuesto en la "CIRCULAR 1/2022, MEDIDAS PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2 AL INTERIOR DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN", emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a la cual es de fundamental importancia preservar la salud, vida e integridad del personal jurisdiccional y de las personas justiciables, y a buscar alternativas para dar continuidad a la prestación del servicio público de impartición de justicia; hágase del conocimiento de las partes que las labores inherentes a la tramitación, integración, resolución y eventual cumplimiento de las resoluciones dictadas por este órgano jurisdiccional, se hará atendiendo a tales elementos, tomando en consideración el considerable número de casos positivos de COVID-19 reportados en el juzgado, lo cual ha disminuido sensiblemente el número de personas en condiciones de llevar a cabo las múltiples tareas que en este órgano se llevan a cabo, por lo que algunas actuaciones, acuerdos o diligencias podrían llegar a tener retrasos respecto de los tiempos o formas que para cada caso exige la ley, por lo que se pide comprensión a los justiciables y atención a los miembros del juzgado para cumplir con todo ello en cuanto sea posible. Asimismo, atendiendo a la circular de cuenta, en la parte en que instruye a privilegiar el trabajo remoto y a celebrar sesiones, audiencias y diligencias judiciales cuya naturaleza lo permita mediante el uso de videoconferencias y, en general, de manera remota; se ordena a los Actuarios del juzgado que implementen herramientas y opciones para la atención de las personas justiciables y, de manera especial para practicar notificaciones mediante la utilización de videoconferencias, informando al efecto a los justiciables de las dificultades que enfrenta el Poder Judicial de la Federación en general y este órgano jurisdiccional en especial, a fin de que la comunicación de los acuerdos dictados en los juicios en que son parte puedan llevarse a cabo con el menor retraso posible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Eder Michele Alberto Willie Arruti, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito de la parte quejosa; por medio del cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes la copia del escrito de expresión de agravios de mérito y una vez que obren en autos las constancias de notificación correspondientes, dentro del plazo de tres días, remítanse las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para la substanciación del recurso de referencia, anexando por separado el original del escrito de expresión de agravios y copia del mismo, a fin de que resuelva lo que en derecho corresponda. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Asimismo, se informa al tribunal que la sentencia impugnada es localizable en el portal de intranet. Notifíquese; y, por lista al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito a este Juzgado.
- Principal
Visto para resolver en el juicio de amparo 954/2021, promovido por Ofelia Pérez Castellanos, contra actos de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el veintiséis de julio de dos mil veintiuno, turnado a este órgano jurisdiccional el día siguiente, Ofelia Pérez Castellanos solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y el acto que a continuación se señalan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Se señala con tal carácter a los C.C. Magistrados adscritos a la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, actuando en forma colegiada. IV. ACTO QUE SE RECLAMA. De las autoridades responsables señaladas en el apartado anterior, se reclama la RESOLUCIÓN de fecha 15 de junio de 2021, dictada en el juicio de nulidad número 14955/19-17-03-8; Resolución que fue notificada con fecha 15 de julio de mayo de 2021, surtiendo sus efectos el día hábil siguiente, motivos por los que se considera que la instancia constitucional es oportuna. (.)." SEGUNDO. Derechos fundamentales. La quejosa señaló como terceros interesados al Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales; así como al Subdirector de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; narró los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado; señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, formuló los conceptos de violación que estimó conducentes. TERCERO. Trámite. Mediante acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional bajo el expediente 954/2021, se reservó emplazar a los terceros interesados, se requirió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que compete al Fiscal ejecutivo titular adscrito; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 21 a 26). Posteriormente, por acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento del Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y no se tuvo con tal carácter al Subdirector de Pensiones adscrito (fojas 32 a 35). CUARTO. Audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, previo emplazamiento del tercero interesado, la audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede celebrada el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno; y, concluye con el dictado de la sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción I, segundo, fracción I, numeral 3, y cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama una resolución de naturaleza administrativa que tiene ejecución en el territorio en el que este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Adscripción. Toda vez que el que suscribe fue adscrito como titular de este órgano jurisdiccional a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, de conformidad con el oficio SEADS/1104/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por Sergio Aldo Lamas Torres, Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. En virtud de lo anterior, hágase lo anterior del conocimiento de las partes la presente determinación para los efectos legales a que haya lugar. TERCERO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda de amparo, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se desprende que el quejoso reclama: De la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: La resolución interlocutoria de queja por exceso o defecto en el cumplimiento a la sentencia de quince de junio de dos mil veintiuno, dictada en el juicio contencioso administrativo 14955/19-17-03-8. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto precisado en el considerando anterior, atribuido a la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, toda vez que así lo reconoció al rendir su informe justificado (foja 31). Lo que se corrobora, con las constancias que acompañó a su informe, consistentes en copia certificada del juicio contencioso administrativo 14955/19-17-03-8 de su índice, entre las que destaca la resolución interlocutoria de quince de junio de dos mil veintiuno, por la que resolvió el recurso de queja por exceso o defecto en el cumplimiento a la sentencia de nulidad dictada el catorce de enero de dos mil veinte. Documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Antecedentes. Para mejor comprensión del asunto, resulta conveniente narrar los antecedentes del caso que se desprenden del juicio contencioso administrativo de origen que obra en un tomo de pruebas anexo y cuyo valor probatorio ya se determinó con antelación. 1. El cinco de julio de dos mil diecinueve, Ofelia Pérez Castellanos demandó la nulidad de la resolución negativa ficta recaída a su escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, por medio del cual solicitó el ajuste e incremento de su cuota diaria pensionaria en términos del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y conceptos bono de despensa y aguinaldo; así como el pago de las diferencias resultantes (fojas 1 a 72). 2. Por razón de turno, conoció de la demanda la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien por acuerdo de nueve de julio de dos mil diecinueve, la admitió bajo el expediente 14955/19-17-03-8 (fojas 73 y 74). Seguido el procedimiento, el catorce de enero de dos mil veinte, la Sala responsable dictó sentencia, en la cual entre otros puntos, consideró procedente declarar la nulidad de la determinación impugnada, para los siguientes efectos (fojas 111 a 125): "(.) En efecto; con las pruebas aportadas por el accionante esta Sala Juzgadora puede concluir, la cuota diaria de pensión no ha sido elevada como regula el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 31 de marzo de 2007, es decir, conforme al incremento que en año calendario anterior hubiese tenido el Índice de Precios al Consumidor y en su caso de que en el año calendario anterior el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma proporción que estos últimos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 52, fracciones III y V, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se impone declarar la nulidad de la resolución negativa ficta, reconociéndose el derecho subjetivo que le asiste a la actora. Por ello, se ordena que dicte resolución expresa donde de manera clara y precisa, se termine cuáles fueron los aumentos que se aplicaron a la cuota diaria de pensión de la aquí actora desde la fecha de otorgamiento- 1 de octubre de 2001-; aunado que los incrementos omitidos como las diferencias que de ellos deriven, en caso de resultar procedente dicho reclamo, el mencionado Instituto quedará constreñido a entregar las diferencias debidamente actualizadas, conforme al procedimiento que establece el artículo 6, fracción II, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; también deberá establecer en forma práctica y esquemática el procedimiento, mecanismos y/o datos que utilice para sustentar su conclusión. (.) Sin perder de vista, en caso de existir diferencias por los aumentos de la cuota diaria de pensión y con motivo de los aguinaldos que se hubieren generado, las mismas deberán ser pagadas únicamente por lo que hace a los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de ajuste, es decir, del 27 de febrero de 2018 y hasta el momento en que la autoridad demandada cumpla cabalmente con el presente fallo. (.) En el entendido de que la autoridad demandada no podrá fijar un monto menor como cuota diaria a la otorgada en la concesión de pensión, toda vez que en términos del artículo 57, inciso c) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el que se establece que en ningún caso el nuevo acto administrativo puede perjudicar más al actor que la resolución anulada, pues no pasó desapercibido para este Órgano de Legalidad, el hecho que en diversos años el Instituto otorgó un incremento mayor al reportado en la plaza de los trabajadores en activo, en comparación con el Índice Nacional de Precios al Consumidor." 3. Inconforme con tal determinación, por escrito presentado el cinco de marzo de dos mil veinte, la parte actora promovió amparo directo, mismo que por razón de turno, correspondió al Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrado D.A. 187/2020, quien mediante ejecutoria de trece de noviembre de dos mil veinte, negó el amparo y protección a la aquí quejosa en contra de la sentencia de nulidad de catorce de enero de dos mil veinte (fojas 140 a 160). 4. Por su parte la autoridad demanda interpuso recurso de revisión en contra de la misma sentencia de nulidad, que por razón de turno, correspondió al mismo tribunal colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrado R.F. 256/2020, quien mediante ejecutoria de trece de noviembre de dos mil veinte, resolvió procedente pero infundado el recurso (fojas 167 a 173). 5. Mediante resolución administrativa contenida en el oficio SP/1556/2021, de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, el Subdirector de Pensiones de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, manifestó cumplir con la sentencia de nulidad, en los siguientes términos (fojas 202 a 218): "PRIMERO. Ajústese la cuota diaria pensionaria que percibe el pensionado de $269.08 a $311.60 diarios, la cuota se instalará en la nómina de junio de 2021; ello, en términos del artículo 57, párrafos tercero, cuarto y quinto de la Ley del ISSSTE, vigente hasta el 31 de marzo de 2007. SEGUNDO. En virtud de que la diferencia a su favor es por la cantidad de $119,996.40 (CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.); se informa que dicha cantidad se pagará en la nomina del mes de Junio de 2021, misma que se verá reflejada en el talón de pago bajo el concepto 05, talón que podrá ser obtenido en la siguiente liga https://issstenet2.issste.gob.mx/" 6. Por escrito presentado el seis de mayo del año en curso, la parte actora interpuso recurso de queja por exceso o defecto en el cumplimiento a la sentencia de nulidad; se admitió a trámite, se requirió a la autoridad demandada por su informe; luego, por resolución interlocutoria de quince de junio de dos mil veintiuno, concluyó en los siguientes términos (fojas 239 a 244): "I.- Ha resultado PROCEDENTE y FUNDADA la queja interpuesta por la parte actora; en consecuencia: II.- Se deja sin efectos la resolución con número de oficio SP/1556/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, con la cual pretendió cumplimentar la sentencia definitiva de 14 de enero de 2021. III.- Se concede a la autoridad demandada el plazo de veinte días para dar debido cumplimiento a la sentencia de referencia, siguiendo los lineamientos expresados en dicha sentencia y en la presente resolución." De la que destaca la siguiente consideración (242): "(.) En las relatadas consideraciones, resulta FUNDADA la queja interpuesta por la actora, ya que la autoridad demandada dio cumplimiento defectuoso a la sentencia de fecha 14 de enero de 2021, pues no respecto (sic) el incremento ya otorgados, así como aplicó los incrementos que trajeran mayor beneficio en términos de la constancia de evolución salarial tal como ha quedado verificado por parte de los suscritos Magistrados integrantes de esta Tercera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, circunstancia que debe considerarse como una vulneración a las garantías de legalidad y seguridad Jurídica; en tal virtud, se actualiza la hipótesis normativa que contempla el artículo, 58, II, inciso a), subinciso 1 e inciso d) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que se deja sin efectos la resolución con número de oficio SP/15556/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, por el cual se pretendió dar cumplimiento al fallo dictado por esta Sala Juzgadora, otorgándose a la autoridad demandada, un plazo de VENTE DÍAS HABILES, para que emita y notifique una nueva resolución por la cual dé debido cumplimiento a la sentencia definitiva de mérito, en la que se apegue a los parámetros de este fallo. Por último esta Juzgadora queda impedida de pronunciarse respecto de las actualizaciones de las diferencias cuantificadas por la autoridad demandada, en virtud de que como se estableció en líneas procedentes los porcentajes ocupados por ésta, no corresponde a la mecánica del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aplicable." Esta determinación constituye el acto reclamado en el juicio de amparo que se resuelve. SEXTO (estudio de fondo). En su primer concepto de violación, dice la quejosa que la interlocutoria reclamada es inconstitucional, violatoria de los principios de legalidad, exhaustividad y congruencia que debe observar toda resolución judicial, puesto que la Sala responsable no examinó correctamente lo que hizo valer en su recurso de queja, en torno a que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, al dar cumplimiento al fallo anulatorio que la obliga a incrementar su pensión en el porcentaje mayor que ha existido entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor y los sueldos básicos de los trabajadores en activo, no debía desconocer los incrementos de pensión que hubiera otorgado en un porcentaje superior a dichos parámetros, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57, fracción I, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como en términos del principio non reformatio in peius, se trata de derechos adquiridos que no le pueden ser disminuidos, haciendo notar que dicha irregularidad es patente en los años dos mil dos y dos mil trece, cuando el porcentaje de aumento que ya se había concedido era superior al que ahora la demandada tomó en cuenta para recalcular su pensión. A juicio de este órgano jurisdiccional, tales argumentos son infundados, puesto que sobre el tema que la quejosa pone a discusión, existe ya jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual dejó establecido que cuando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado omite dar cumplimiento al artículo 57 de la Ley de dicho organismo (según el cual las pensiones deben ser incrementadas conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, o cuando aumentan los sueldos básicos de los trabajadores en activo, si esto último es mayor), lo dispuesto en el artículo 57, fracción I, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debe ser interpretado en el sentido de que sí procede que la autoridad demandada modifique aquellos porcentajes aplicados incorrectamente en beneficio del jubilado, por no ser compatibles con el sistema de incremento que por ley le corresponde; lo cual contradice las pretensiones de fondo de la hoy quejosa. Ello es así, dijo el Alto Tribunal, porque si bien es cierto que, conforme al artículo 57 citado, el nuevo acto administrativo no puede perjudicar más al actor que la resolución anulada; también es verdad que para que se condene al cumplimiento de una obligación, primero se debe reconocer la existencia de un derecho subjetivo, de modo que el órgano que conoce del juicio contencioso no podría reconocer como derecho del jubilado un beneficio propiciado por un error del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que la propia ley ni siquiera contempla, es decir, que los incrementos que se deben aplicar a la cuota de pensión deben ser exclusivamente aquellos que resulten acordes al sistema de incremento que por ley le corresponda al jubilado cuando obtuvo el derecho a ser beneficiario de su pensión, por ser los que se incorporaron a su esfera jurídica. Así, concluyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es posible aplicar cualquier otro parámetro de incremento diferente al que legalmente le corresponda al jubilado, y si se mantiene un porcentaje de incremento aplicado incorrectamente, ello tendrá necesariamente en el futuro una repercusión negativa en perjuicio del patrimonio de dicho organismo, precisamente al estar viciado su cálculo desde el origen. Tales consideraciones quedaron plasmadas en la siguiente tesis de jurisprudencia: Registro digital: 2023746 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 10/2021 (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia "INCREMENTOS DE LA PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ALCANCE DEL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN I, INCISO C, ÚLTIMA PARTE DEL PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CUANDO SON PAGADOS INCORRECTAMENTE EN BENEFICIO DEL PENSIONADO, POR NO SER COMPATIBLES CON EL RÉGIMEN QUE LE CORRESPONDE. Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si, en cumplimiento a una sentencia de nulidad, procede que la autoridad demandada modifique los incrementos de la pensión otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado, cuando fueron pagados incorrectamente en beneficio del pensionado, por no ser compatibles con el régimen que le corresponde. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte decidió que el alcance de la porción normativa contenida en la parte final del artículo 57, fracción I, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo debe ser en el sentido de que sí procede que la autoridad demandada modifique aquellos porcentajes aplicados incorrectamente en beneficio del jubilado, por no ser compatibles con el sistema de incremento que por ley le corresponde. Justificación: Esto es así, porque si bien es cierto, conforme a la porción normativa contenida en la parte final del referido artículo 57, por regla general el nuevo acto administrativo no puede perjudicar más al actor que la resolución anulada, sin embargo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 50 y 52, fracción V, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que se condene al cumplimiento de una obligación, primero se debe reconocer la existencia de un derecho subjetivo. Ello se traduce en el sentido de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no podría reconocer como derecho del jubilado un beneficio propiciado por un error del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que la propia ley ni siquiera contempla. Lo anterior, porque los incrementos que se deben aplicar a la cuota de pensión deben ser exclusivamente aquellos que resulten acordes al sistema de incremento que por ley le corresponda al jubilado cuando obtuvo el derecho a ser beneficiario de su pensión, precisamente por ser los que se incorporaron a su esfera jurídica de derechos al momento en que adquirió ese carácter. Lo cual, además, de acuerdo con la contradicción de tesis 342/2016, de esta Segunda Sala, no solamente constituye un derecho del jubilado sino también del organismo de seguridad quien debe atender el sistema de incremento de la pensión conforme a la modalidad que legalmente le corresponda al beneficiario. De ahí que no es posible aplicar cualquier otro parámetro diferente al que legalmente le corresponda al jubilado, en tanto que ello generaría un perjuicio a la esfera jurídica y patrimonio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, máxime si se toma en consideración que las pensiones y su evolución derivada de los incrementos que se le aplican son progresivas. Lo cual implica que si se mantiene un porcentaje de incremento aplicado incorrectamente, ello tendrá necesariamente en el futuro una repercusión negativa en perjuicio del patrimonio de dicho organismo, precisamente al estar viciado su cálculo desde el origen. Lo anterior, en el entendido que en ningún caso el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado podrá descontar de las modificaciones realizadas el excedente de la cantidad pagada a favor del pensionado con motivo de la aplicación incorrecta de los porcentajes de incremento que aquél realizó. Esto debido a que no existe fundamento alguno que lo faculte para realizar los descuentos a la pensión en dicho supuesto". De ahí lo infundado del concepto de violación en estudio, puesto que la quejosa pretende que la demandada reconozca y mantenga porcentajes de aumento de pensión superiores a los que legalmente le correspondían, considerándolos como un derecho adquirido aun cuando derivasen de un error del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, lo cual, según ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es jurídicamente posible; así que cualquier modificación de porcentajes que en tal sentido hubiera realizado la demandada, no es contraria a derecho. En su segundo concepto de violación, dice la quejosa que la sentencia reclamada es ilegal, puesto que la Sala no advirtió que la demandada, al volver a calcular su pensión, indebidamente "recorrió" los porcentajes de aumento que han tenido los aumentos de los sueldos básicos de los trabajadores en activo, es decir, que no tomó en cuenta la fecha concreta en que habrían sido otorgados realmente, y los aplicó hasta el final del año, lo cual considera contrario a lo dispuesto en el artículo 57 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. Ello es así, dice la quejosa, pues al decir ese precepto que la cuantía de las pensiones se aumentará "anualmente" conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y que en caso de que en el año calendario anterior ese incremento hubiera sido inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma proporción que estos últimos; los únicos porcentajes que se pueden aplicar hasta el fin del año son los del citado Índice Nacional de Precios al Consumidor, porque sólo a ellos está dirigida la mención del aumento "en el año", no así a los que hubiesen tenido los sueldos básicos de los trabajadores en activo. A juicio de este órgano colegiado, tal argumento resulta inoperante, atendiendo al contenido de la resolución reclamada, ya que en ella la Sala declaró fundado el recurso de queja promovido por la hoy peticionaria, puesto que la demandada ". no pormenorizó debidamente las fuentes por las cuales obtuvo los datos que le permitieron llegar a la determinación de que la cuota ha sido debidamente aumentada . la autoridad demandada . no aplicó los incrementos que correspondían a los más benéficos como los sufridos por los trabajadores en activo en relación con los años 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 y 2014 .". Sobre la base de esas irregularidades (respecto de las cuales la quejosa no se inconforma), la Sala declaró la nulidad a fin de que la demandada cuantifique de nueva cuenta los aumentos de la pensión; lo cual, a juicio de este órgano jurisdiccional, impide evaluar de momento la periodicidad o momento en que se habrían aplicado los porcentajes de aumento de los sueldos básicos de los trabajadores en activo, según lo planteado en los conceptos de violación, porque ese estudio se estaría haciendo sobre una base incierta, ya que, como lo dijo la Sala, el instituto no precisa la fuente de donde obtuvo tal información, así que tal tema únicamente podría ser abordado hasta que la Sala corrigiera la anterior irregularidad. Finalmente, debe calificarse también de inoperante el planteamiento que hace la quejosa en la parte final de su demanda de amparo, en torno a que la Sala debe verificar que las diferencias que se le paguen estén debidamente actualizadas; toda vez que, como ésta lo hizo notar en el último párrafo de la interlocutoria reclamada, en este momento no es posible examinar la legalidad de la actuación, en tanto que la base sobre la cual debe calcularse es ilegal, derivado de las diversas irregularidades advertidas en el oficio mediante el cual la demandada trató de dar cumplimiento al fallo anulatorio. Así las cosas, ante la ineficacia de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, lo que procede es negarle el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ofelia Pérez Castellanos, en contra del acto reclamado, por los motivos expuestos en el considerando sexto. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y autoridad tercera interesada, así como por lista al Fiscal ejecutivo titular adscrito a este Juzgado, en términos del artículo 26, fracciones I, inciso e), II inciso a) y III, de la Ley de Amparo. Lo resolvió y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Eder Michele Alberto Willie Arruti, secretario de juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe
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