Ofelia Navarrete García
Expediente 793/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 793/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ofelia Navarrete García
Actuaciones
- Principal
EN ESTA FECHA SE PUBLICA EL AUTO DE VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, AL NO ACUDIR LA PARTE QUEJOSA AL JUZGADO A NOTIFICARSE A PESAR DEL AVISO QUE SE LE DEJÓ. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, mediante el cual se advierte que en este expediente existe un cuadernillo de copias certificadas exhibidos por la promovente *****. En consecuencia, hágase del conocimiento a la aludida promovente que las documentales que acompañó con su demanda de amparo indirecto quedan a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, por el plazo de noventa días, para que en días y horas hábiles pase a recogerla; y, de no hacerlo se destruirá junto con este expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
PRAL 793/2022. En veintidós de julio de dos mil veintidós, la secretaria da cuenta con el estado que guardan los autos y, certifica: I) que feneció el plazo conferido para hacer valer el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del auto de cinco de julio de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo promovida por ***, como se advierte del cuadro siguiente: ParteFecha de notificaciónPlazo1Quejosa12/07/2022Del 14/07/2022 al 20/07/2022. Sin que se presentara escrito alguno, a través de los medios establecidos por la Ley de Amparo, mediante el cual se interponga recurso de queja en contra del auto de referencia; II) la parte promovente no realizó manifestación respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; que III) en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales; y, IV) obra glosada la constancia de la determinación que dio fin a este juicio, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Conste. La secretaria. Lic. Natividad Santiago RuizSan Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil veintidós. I. Estado de autos, determinación causa estado. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de cinco de julio de dos mil veintidós, que desechó la demanda promovida por ***, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO; lo anterior, hágase del conocimiento de dicha parte quejosa. II. Archivo, relevancia documental y destino del expediente. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. III. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Notificación. Dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, el presente acuerdo, se ordena notificar por lista electrónica; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Notifíquese por lista electrónica."
- Principal
notificación a la quejosa por no acudir a notificarse pese dejar aviso.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de julio de dos mil veintidós. Registro de demanda. Con la demanda de amparo que promovió *****, por propio derecho, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintidós; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 793/2022. Expediente electrónico y juicio en línea. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o incluso a través de la aplicación disponible para dispositivos móviles se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL) , puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. Análisis y desechamiento. La parte quejosa esencialmente reclama los autos de cuatro y veintiséis de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio agrario 2916/2018, en los que, en el primero, se señaló fecha y hora para una diligencia; y, en el segundo, se negó decretar la caducidad de la instancia en dicho procedimiento. Atento a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA la demanda aludida, por actualizarse la causal manifiesta e indudable de improcedencia que enseguida se enuncia. El dispositivo mencionado en último término, señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la interpretación de dicho precepto, se colige que el órgano de amparo examinará la demanda y la desechará de plano si advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en ese aspecto, lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En la especie, de oficio, se advierte que, respecto del acto reclamado antes descrito, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto es procedente: (.) V.- Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)" Así, el primero de los preceptos transcritos prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando, además de los motivos establecidos en las veintidós fracciones del numeral 61, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la propia Ley de Amparo, señalen esa circunstancia. Ahora bien, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquellos que de una manera inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución definitiva que se pronuncie en éste o bien, haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable al momento de emitirse el fallo que, de ser el caso, le ponga fin. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Cuestión que se robustece, considerando que, en todo procedimiento judicial, por su propia naturaleza, se requiere la realización de diversos actos procesales que, si bien, pueden causar molestia a las partes (como el tiempo que se demore en resolverse la controversia en el órgano jurisdiccional), aquéllas se encuentran obligadas a soportarlas, pues constitucionalmente se establece el acceso a la tutela judicial, como la prerrogativa para que los particulares puedan hacer valer sus derechos y exigir justicia. Así, dichas afectaciones, no constituyen un elemento de irreparabilidad de los actos procesales, pues de ser así, cualquier acto de esa naturaleza, que representara un inconveniente a sus intereses, podría ser reclamado en la vía indirecta del juicio constitucional, cuestión que entorpecería la tramitación del procedimiento correspondiente, impidiendo la prontitud y expedites de la impartición de justicia. En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia I.5o.C. J/29, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro 218725, de rubro y texto: 'EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LA CONSTITUYE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO. La dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, no están contempladas como elementos que determinen la irreparabilidad de los actos procesales, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales. Por lo tanto, no puede considerarse al procedimiento judicial como acto de imposible reparación, a pesar de que el tiempo destinado a atenderlo por la parte afectada y las molestias que a ésta se le ocasionan con dicha tramitación, no sean susceptibles de resarcírsele, pues al ser dicho procedimiento el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares, para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente deben someterse al mismo las partes en conflicto, aunque no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen al juicio, ni de subsanarles las molestias que con éste se les ocasione.' De tal suerte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que ya no encuentran sustento, conforme a la Ley de Amparo vigente, las violaciones procesales de grado predominante o superior, pues ello provenía de la interpretación que la legislación abrogada permitía realizar en torno a la definición de actos de imposible reparación; sin embargo, ello fue limitado expresamente por el legislador en el texto actual del ordenamiento en cita, de ahí que si el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos, el juicio biinstancial resulta improcedente. En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente algún derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Luego, como se dijo, la parte quejosa reclama el auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, en el cual señaló hora y fecha para la celebración de una audiencia; así también, reclama el acuerdo de veintiséis de mayo del año en curso, en el cual se negó decretar la caducidad, ateniendo a lo acordado el cuatro de mayo último. En las anotadas condiciones, se demuestra que la determinación reclamada constituye un acto de naturaleza procesal, toda vez que se emitió dentro de la tramitación del juicio agrario referido, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintidós; por tanto, dicho acto reclamado, dada su propia naturaleza intraprocesal, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la amparista una ejecución que sea de imposible reparación. Se dice lo anterior, porque dichos acuerdos reclamados no inciden en derechos sustantivos de la quejosa, pues no existe una afectación material ni directa de dichas prerrogativas, sino sólo, y a lo más, trasciende en sus posibilidades de defensa en juicio, pues dicho procedimiento seguirá por sus subsecuentes etapas y en su oportunidad, aún puede obtener una sentencia que resulte favorable a sus intereses. Bajo ese contexto, se tiene que para la procedencia del juicio de amparo, la ley de la materia vigente, establece como requisito primordial para que la acción constitucional sea ejercida, que los actos emitidos dentro de un juicio, que motiven el ejercicio de esa vía afecten materialmente a los derechos sustantivos del gobernado. Como se ve el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, en los términos en que fue impugnado por la quejosa, no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del juicio planteado en su contra, pues sólo conlleva a que aquélla, en su carácter de parte demandada en el juicio de origen, deba soportar las cargas procesales necesarias para la defensa de sus prerrogativas, lo que habrá desaparecido en el caso de que obtenga sentencia favorable; por ello, no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y en tales condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga a la determinación impugnada, la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que la promovente obtenga resolución favorable en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales de la quejosa. De tal suerte que, la única consecuencia a que contrae el acto reclamado, es la de seguirse el juicio instado por su contraparte, sin que la circunstancia de la quejosa de sujetarse a los términos del procedimiento se consideren como una afectación a sus derechos sustantivos, sino únicamente de índole adjetiva o procesal. Aplica al caso por los motivos que la contienen y por analogía, la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), registro 2011428, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: 'CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo.' También se cita por analogía al caso, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 108/2005, registro 176992 de la Primera Sala del Máximo Tribunal, que establece: 'IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse a través del amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, respecto del concepto de 'actos de imposible reparación', la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son aquellos que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de las partes, los cuales están protegidos por las garantías individuales, y que no podrían repararse aun cuando el afectado obtuviera una sentencia favorable. De esta forma, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la resolución que confirma la diversa de primera instancia que declara infundada la excepción de improcedencia de la vía, en tanto que tal resolución únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo.' Por tanto, al actualizarse el motivo de improcedencia antes invocado, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo, en relación a lo previsto en la fracción XXIII del artículo 61, concatenado al numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, del propio ordenamiento, según se expuso en párrafos que anteceden. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala en el escrito de cuenta y como su autorizado legal en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, toda vez que sí existe registro de su cédula en el sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se HABILITA, desde ahora, AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE, EN SU CASO, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen, para el adecuado despacho de los asuntos. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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