Ofelia Martínez Cruz

Expediente 223/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
223/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Ofelia Martínez Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Ricardo Ramírez Cruz, , Jefe de la Oficina de Servicios Directos del Servicio Postal Mexicano en esta ciudad, mediante el cual informa que el oficio********************girado al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, ya fue entregado a su destino; por lo anterior, se tiene por satisfecho lo solicitado a dicha dependencia por auto de dos de octubre de dos mil veintitrés, por ello, se deja sin efectos los apercibimientos decretados a dicha dependencia, máxime que en los presentes autos ya obra el acuse original de recibo de dicho oficio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de tres días, contados a partir del momento al en que quede notificada del presente auto, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, informando en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se les hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia cuyos datos de identificación y rubro, son los siguientes: Décima época Registro: 2007912 Instancia: Pleno Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, noviembre de 2014, tomo I Materia: Común Tesis: P./J. 60/2014 Página: 7 "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. En otro orden de ideas, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Delegado de la autoridad señalada como responsable dentro del presente juicio, mediante el cual en cumplimiento al proveído de dos de octubre del año en curso, informa la data en que fue notificado de la sentencia definitiva dictada en el juicio citado al rubro; al respecto, se tiene por hecha la comunicación para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Erik Calderón Ocampo, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos de los cuales se advierte que a la fecha no obra en su totalidad las constancias de las que se desprenda que las autoridades señaladas como responsables ya fueron notificadas de la sentencia dictada en el presente juicio. En tales condiciones, se requiere al Jefe de Oficina de la Administración Postal en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de este proveído, remita a este órgano jurisdiccional el acuse de recibo del oficio 10646-23, dirigido al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, con número de (pieza postal MA620310080MR), o en su caso, remita copia certificada de la misma. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendental para las partes en el presente juicio. Por otra parte, se requiere a la autoridad señalada como responsable Presidente Municipal del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de este proveído, informe la fecha en que fue notificado de la sentencia dictada en el presente juicio, bajo el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo aquí acordado, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandato judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 223/2023, promovido por OFELIA MARTÍNEZ CRUZ contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, y del Director de Asuntos Jurídicos del mismo Ayuntamiento, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el ******************** de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado en esa fecha a este juzgado federal, OFELIA MARTÍNEZ CRUZ solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra del acto del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, y del Director de Asuntos Jurídicos del mismo Ayuntamiento, consistente en la omisión de acodar la petición que se formuló por escrito con fecha veinticinco de febrero de dos mil veintidós. SEGUNDO. El veinte de febrero de dos mil veintitrés, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 223/2023, requirió a las autoridades responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que dispone que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: La omisión de dar respuesta a la petición formulada por escrito presentada en la oficialía de partes del Ayuntamiento de Yautepec, el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en la que en esencia, solicita se le informe el estado que guarda el proceso de su pensión por jubilación. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente Municipal del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, y del Director de Asuntos Jurídicos del mismo Ayuntamiento, al rendir su respectivo informe justificado negarón la existencia de la omisión que se le atribuye en el presente juicio. No obstante, la parte quejosa acreditó su existencia con la copia del acuse del escrito de petición. Documental a la que se le otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. La certeza de la omisión reclamada a las responsables se advierte en razón de que, al tener el carácter de acto omisivo el que se les imputa, la carga de la prueba para justificar su inexistencia, corresponde a las autoridades responsables, en el sentido de justificar que sí realizaron la acción cuya omisión se les reclama (resolver la referida solicitud y dársela a conocer a la parte quejosa), ello pues en este tipo de actos para ser existentes se requiere únicamente que el quejoso demuestre que exista el deber de dicha autoridad de realizar tal conducta, y que dicha autoridad esté en aptitud legal de atender lo solicitado. CUARTO. Procedencia del juicio. El Presidente Municipal del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, y del Director de Asuntos Jurídicos del mismo Ayuntamiento, manifestaron que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, en relación con el diverso 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, sin embargo, de las constancias que obran en el sumario, se advierte una petición formulada por escrito, recibida en la oficialía de partes de dicho Ayuntamiento a la autoridad a la que no se le ha dado respuesta. De ahí que este órgano de control constitucional está imposibilitado para realizar el análisis respectivo de los motivos de improcedencia, máxime que no son de obvia y de objetiva constatación, por lo que la misma resulta infundada. Bajo ese contexto, al no advertir la actualización de alguna causa de improcedencia diversa a la señalada, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta improcedente decretar el sobreseimiento del juicio como lo pretende la responsable, al no surtirse el supuesto invocado; atento a lo cual, se procede al estudio del concepto de violación manifestado. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa, refiere, en esencia, en el único concepto de violación, que la autoridad responsable transgrede en su perjuicio el contenido del artículo 8º Constitucional, porque ha sido omisa en proveer respecto a la solicitud que presentó el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, y señala en el único concepto de violación que dicho actuar es contrario a lo dispuesto por el artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Atento a lo anterior, esta juzgadora estima que es fundado el concepto de violación. Para evidenciarlo, se precisa que el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho de petición y establece la obligatoriedad de que a toda petición formulada por algún gobernado de manera correcta y respetuosa ante los funcionarios y empleados públicos, debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se dirige, fundado, motivado y congruente, la que además deberá comunicarse al interesado en breve término su respuesta conforme a las disposiciones de la ley aplicable que rige el acto. En ese sentido, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir a cualquier autoridad, formulando una solicitud o instancia escritas que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o de cualquier índole; y ante ese escrito que el gobernado presente, el Estado y sus autoridades, en virtud de la relación jurídica prevista en el referido artículo 8° Constitucional, tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud y darlo a conocer en breve término al peticionario. Así la obligación se limita a emitir una respuesta por escrito, fundada, motivada y congruente, además de hacerla saber al peticionario; lo cual no implica necesariamente que deba resolverse de conformidad con lo pedido por el interesado. La obligación impuesta a la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente a esa petición, el artículo 8° Constitucional también le impone la obligación de hacerlo conocer en breve término a la parte peticionaria, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla. El mencionado derecho ejercido por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de responder, se caracterizan por los siguientes elementos: 1. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. 2. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, congruente con la petición, el cual atienda a todo lo solicitado; notificarse el acuerdo recaído al gobernado; resolver en sentido congruente, esto es, que al proveer no necesariamente debe ser de acuerdo con lo solicitado por la promovente, sino de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso En el caso, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que: La parte quejosa exhibió copia del acuse de recibo del escrito dirigido al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, y a la Directora General de Asuntos Jurídicos, presentado ante la oficialía de partes del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en el que en esencia, solicita se le informe el estado que guarda el proceso de su pensión por jubilación. Petición que se realizó por escrito, de manera pacífica, respetuosa, dirigida y recibida por la Oficina del Ayuntamiento de Yautepec, lo que cumple con las formalidades establecidas en el artículo 8 constitucional. Las autoridades responsables no han dado respuesta a la solicitud formulada, toda vez que al rendir su informe justificado, señalaron que el oficio exhibido por la parte quejosa carece de sello de recibido por las dependencias que representan, por lo que no han tenido conociendo de alguno de dichos oficio. Sin embargo, contrario a lo manifestado por las autoridades responsables, de la documental exhibida por la parte quejosa, se advierte un sello en que se aprecia lo siguiente: De lo que se concluye, la parte quejosa presentó a la oficialía de partes de ayuntamiento de Yautepec, un escrito dirigido al Presidente Municipal y Directora General Jurídica de dicho Ayuntamiento, en cual fue recibido el veinticinco de febrero de dos mil veintidós a las diez horas con treinta y siete minutos, y que al mismo no se ha dado respuesta. Lo que pone de manifiesto que el derecho de petición se ha vulnerado, pues las autoridades tienen el deber responder la petición que se le haga, de manera completa y congruente, para que el gobernado pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla De las constancias que existen en autos no se advierte dato alguno que lleve a establecer que, a la fecha de presentación de la demanda -******************** de febrero de dos mil veintitrés- ni a la en que se emite el presente fallo, la autoridad responsable hubiese dado respuesta. En ese sentido, al no haber dado respuesta a lo solicitado por la parte quejosa, el derecho de petición se quebranta, puesto que la omisión de dar respuesta a la solicitud realizada y darla a conocer al peticionario, incide desfavorablemente y de forma unilateral en la situación jurídica de la parte quejosa, con independencia de lo que se llegue a responder. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo X, Octubre de 1992, página 396, con registro digital 218276, que dice: "PETICÓN, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE PROBAR QUE DICTÓ LA RESOLUCIÓN A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación del artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de probar un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación". De lo que se tiene que es patente la violación en su perjuicio al artículo 8º Constitucional, al no haber dado a conocer la respuesta en breve término a la petición que elevó mediante escrito presentado ante la responsable, como lo exige la norma constitucional. Se reitera, que no basta con que la autoridad haya emitido la respuesta a la solicitud, sino que debe demostrar que se hizo del conocimiento del peticionario, pues como ya se mencionó el "derecho de petición" consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica que cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad tiene derecho a recibir una respuesta. En tales circunstancias, ante la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a la solicitud de audiencia formulada por la parte quejosa se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo para que, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, y el Director de Asuntos Jurídicos del mismo Ayuntamiento, en forma inmediata: Emitan una respuesta completa, congruente, fundada y motivada respecto del escrito presentado por la parte quejosa el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en el que solicita se le informe el estado que guarda el proceso de su solicitud por jubilación. Hecho lo anterior, notifique personalmente la respuesta correspondiente, en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones en el escrito inicial de la demanda de amparo, ubicado en calle ********************, Número ********************, primer ********************, despacho ******************** y/o ********************, colonia Centro, Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************contra la omisión que reclamó del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, y del Director de Asuntos Jurídicos del mismo Ayuntamiento, por las razones vertidas y para los efectos precisados en el último considerando. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Marisela Cruz Gutiérrez. Doy fe.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano