Ofelia Guido Segura

Expediente 15/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
15/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/03/2021

Partes del expediente

  • Ofelia Guido Segura

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por *********, quien se ostenta como apoderado legal de Ofelia Guido Segura. Declaración de firmeza En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito presentado vía electrónica con evidencia criptográfica que certifica la firma de **********, quien se ostenta como apoderado legal de *********, por el que subsana la prevención formulada en auto de diez de febrero pasado. Anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Causa de improcedencia. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 Constitucional no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte inequívocamente que el sobreseimiento será el resultado del fallo, precepto que enseguida se transcribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para cumplir con lo anterior, se habrán de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable que se tenga certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la JurisprudenciaI 13o.A. J/61, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, determina: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los preceptos legales antes transcritos se desprende que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, procede el amparo indirecto ante el juez de distrito, siempre y cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. En el caso se reclama la denegación de justicia por parte de la autoridad señalada como responsable, al omitir decretar el cierre de instrucción, no obstante que en el juicio laboral de origen la última prueba fue desahogada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte; así como por no acordar el escrito que presentó la parte quejosa el treinta de noviembre de dos mil veinte, por el cual solicitó se decretara el cierre de instrucción y se procediera a emitir el laudo correspondiente; esto es, se duele exclusivamente de afectaciones que dice se cometieron dentro de un procedimiento jurisdiccional, pues deriva de un juicio laboral; y aun cuando tal afectación la invoque como una violación al artículo 17 constitucional, no es un acto de ejecución irreparable, sino una omisión de carácter adjetivo, por darse dentro del procedimiento respectivo y si bien uno de los requisitos que caracteriza a los actos de irreparable, es que producen una afectación a derechos sustantivos, como puede ser la violación al citado artículo, lo cierto es que la omisión aquí reclamada no se produce de forma independiente al procedimiento de que deriva, sino justamente dentro del mismo, y el estado de inactividad reclamado puede cesar, esto es, la prosecución del juicio continúa al momento de proveerse lo correspondiente. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 30, tomo II, pagina 1086, rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Ahora, tratándose de ese tipo de actos, existe una excepción a la improcedencia del amparo indirecto, que se presenta cuando el juez de amparo advierte del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Al respecto, debe estarse al contenido de la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, ubicada en publicación semanal del Semanario Judicial de la Federación, el viernes uno de marzo de dos mil diecinueve, con número de registro 2019400; la cual establece que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en marzo de dos mil diecinueve, Libro 64, Tomo II, visible en la página 1643, Decima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2019400, del rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio - por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En el particular, la conducta atribuida a la responsable consistente en omitir decretar el cierre de instrucción, no obstante que la última prueba fue desahogada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte y no acordar la promoción que le fue presentada el treinta de noviembre de dos mil veinte, por la cual se solicitó se decretara el cierre de instrucción y se procediera a emitir el laudo correspondiente, no constituyen una "abierta dilación en el procedimiento", pues debe estarse a lo que dispone el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, que establece el plazo para el dictado de los acuerdos que correspondan a cualquier petición hecha en los juicios laborales, que señala lo siguiente: "Artículo 838.- La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley". El artículo antes transcrito establece que la autoridad de trabajo deberá dictar sus resoluciones "en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito". Por su parte, los artículos 884, fracción V, y 885 de la Ley Federal del Trabajo, vigentes durante la tramitación del juicio de origen, establecían: "Artículo 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: "(.)" "V. Al concluir el desahogo de las pruebas, la Junta concederá a las partes un término de dos días para que presenten sus alegatos por escrito." "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley." De los preceptos transcritos se desprende que al concluir el desahogo de las pruebas, la Junta debe conceder a las partes un término de dos días para que presenten sus alegatos por escrito. Formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se debe dar vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales; que en caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo; desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción. En el caso, como se dijo, no se está en presencia de la referida excepción para efecto de que proceda el juicio de amparo biinstancial, ya que con motivo de las omisiones reclamadas no se han rebasado los límites establecidos por el Máximo Tribunal. En ese sentido es conveniente precisar además que la autoridad responsable Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, tuvo su periodo vacacional del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al cinco de enero de dos mil veintiuno; aunado a que del seis de enero al veintiséis de febrero del año en curso, se decretó la suspensión de plazos y labores en dicha Junta, con motivo de la contingencia decretada en el país por la propagación del virus Sars-Cov2 (Covid-19), de conformidad con las circulares 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021, emitidas por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Entonces, si en el juicio natural la última prueba fue desahogada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, los dos días que se debe conceder a las partes en el juicio natural para que presenten sus alegatos por escrito, transcurrieron el veintitrés y veinticuatro de noviembre siguiente, más los tres días de la vista con la certificación del secretario de que ya no existen pruebas para desahogar, transcurrieron al menos al veintisiete del propio mes y año, fecha a partir de la cual tendría obligación la Junta para decretar el cierre de instrucción; por lo que de esta última fecha al veinte de diciembre del año próximo pasado, únicamente transcurrieron veintitrés días naturales, dada la suspensión de plazos comprendida del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al veintiséis de febrero del año en curso, en los términos precisados. Y si el escrito por el cual la impetrante solicitó se decretara el cierre de instrucción y se procediera a emitir el laudo correspondiente, fue presentado el treinta de noviembre de dos mil veinte, de esa fecha al veinte de diciembre del mismo año, únicamente transcurrieron veinte días naturales, dada la suspensión de plazos apuntada. Consecuentemente, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el artículo 172, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Habilitación días y horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Se instruye al actuario de la adscripción para que previa investigación y cercioramiento, lleve a cabo la notificación a las autoridades responsables a través de los medios electrónicos a su alcance y que facilite la práctica de actuaciones en este asunto. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las restantes partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese personalmente vía electrónica.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; diez de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito presentado vía electrónica con evidencia criptográfica que certifica la firma de **********, quien se ostenta como apoderado legal de *********, por el que subsana la prevención formulada en auto de tres de febrero pasado y al efecto manifiesta que los documentos que anexó al escrito inicial son copia íntegra e inalterada del documento impreso; por lo que de inicio dese trámite a la demanda. Prevención. Ahora bien, una vez que el promoverte acreditó de manera indiciaria el carácter con el que promueve, del estudio integral de la demanda se advierten irregularidades que requieren ser subsanadas, previo a su admisión, por lo que con fundamento en el artículo 112, en relación con los ordinales 108 fracciones IV, V y 114 fracciones I y II de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que en el término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: ÚNICO. En relación a los actos reclamados, deberá precisar de manera clara si lo es la omisión de la responsable de dictar el auto de cierre de instrucción en el juicio natural, que refiere la parte impetrante le solicitó el treinta de noviembre de dos mil veinte; o bien, si ya fue decretado este, deberá precisar la fecha en que fue emitido y cuando le fue notificado, tomando cuenta que por otro lado reclama la omisión de la responsable de emitir el laudo correspondiente; lo anterior a fin de proveer sobre la procedencia del presente juicio, fijar claramente la lítis constitucional y la autoridad responsable esté en condiciones de rendir su informe justificado. Apercibimiento. Con el apercibimiento, fundado en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, para el caso de no dar cabal cumplimiento a la prevención formulada en la vía, forma y términos antes establecidos, que SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Habilitación días y horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Se instruye al actuario de la adscripción para que previa investigación y cercioramiento, lleve a cabo la notificación a las autoridades responsables a través de los medios electrónicos a su alcance y que facilite la práctica de actuaciones en este asunto. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las restantes partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; tres de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por *******, quien se ostenta como apoderado legal de *********, personalidad que pretende acreditar con los anexos que adjunta, contra actos del Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 15/2021 y fórmese expediente. Prevención. Cabe precisar que la presente demanda fue ingresada en línea a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, por ende, debe de cumplir con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por su parte, el artículo 12 del Acuerdo General 1/2013 ya mencionado, dispone que los documentos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, siempre y cuando se presenten manifestando bajo protesta de decir verdad, por vía electrónica, que el documento electrónico respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso; asimismo, el artículo 3°, fracción VI1, del diverso Acuerdo General 12/2020, establece que los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de Firma Electrónica conservarán el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, siempre y cuando al presentarse por vía electrónica se manifieste bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Al respecto, la juzgadora o juzgador que conozca del asunto podrá solicitar, de manera oficiosa o a petición de algunas de las partes legitimadas para tal efecto, el cotejo con el documento original, o su incorporación al expediente hasta el momento procesal oportuno. Bajo esa óptica, de la revisión del escrito de demanda que nos ocupa, se advierte que el promovente incumplió con el requisito precisado en los citados Acuerdos Generales, pues no asentó manifestación alguna bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que el documento anexado vía electrónica a su demanda, con el que pretende acreditar su personalidad, es copia íntegra e inalterada del documento impreso, lo que resulta indispensable, ya que está relacionado con la personalidad que pretende se le reconozca en presente sumario. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 112, en relación con los ordinales 108, fracción I y 114 fracciones II y III, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que, dentro del término, de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído: ÚNICO. Manifieste bajo protesta de decir verdad, si los acuerdos que adjuntó a su demanda que presentó en línea haciendo uso de la FIREL, es copia íntegra e inalterada del documento impreso, a fin de otorgarle el valor probatorio correspondiente y estar en aptitud de proveer lo conducente en torno a la demanda que nos ocupa, ya que con dicho documento se pretende probar su personalidad, para que a su vez este órgano jurisdiccional de trámite a la misma. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad a que sea cumplido el requerimiento que antecede, se provea sobre el contenido de la misma verificándose si cumple con los requisitos de ley. Apercibimiento. En consecuencia, se apercibe al promovente que en caso de no dar cabal cumplimiento a la prevención formulada en la vía, forma y términos establecidos, se procederá de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo; es decir, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Autorizados y domicilio. Se tiene por autorizadas a las personas que indica para oír y recibir notificaciones y con amplias facultades en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, pues cuentan con registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Respecto al domicilio que indica para oír y recibir notificaciones, no ha lugar tenerlo por autorizado, toda vez que solicita la tramitación del juicio en línea, por lo tanto se le realizaran las notificaciones vía electrónica. Consulta del expediente electrónico y notificaciones electrónicas. En virtud de que, se encuentran registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, los nombres de usuario "********", se les autoriza consultar vía internet las actuaciones del presente juicio de amparo, además en virtud de lo manifestado por el promovente en el sentido de que es su deseo la tramitación del presente juicio en línea, se autoriza que las notificaciones se realicen por esa vía, por tanto, instrúyase a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que realice las gestiones necesarias y se habilite la consulta del expediente electrónico y las notificaciones electrónicas. Con la precisión de que las notificaciones se le realizaran al usuario "*****", no así en los demás usuarios; ello con la finalidad de evitar duplicidad de notificaciones y dar certeza jurídica a las partes en el cómputo de plazos y demás aspectos procesales. Correo electrónico y número telefónico. Téngasele por señalando el correo electrónico y números telefónicos que proporciona, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del cual debe precisarse que únicamente tiene como finalidad establecer contacto y comunicación en caso de estimarse necesario, empero no para notificársele, pues esta formalidad procesal debe practicarse de manera electrónica, en términos de lo dispuesto en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno en mención, a través de un usuario, siempre y cuando lo solicite expresamente. Uso de medios electrónicos. Como lo solicita, se le permite a la personas que designa en su escrito de cuenta la consulta y toma de datos de los acuerdos que se dicten en el expediente en que se actúa, a través de cámaras digitales o diversos medios electrónicos; en el entendido que tal eventualidad será durante los horarios de atención de servicios al público, y bajo la vigilancia del funcionario respectivo, con la acotación que deberá ser siempre con la procuración del manejo debido de este cuaderno. En la inteligencia de que, el uso de las constancias que se obtengan, quedará bajo la más estricta responsabilidad de las partes. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federal de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese vía electrónica a la parque quejosa.

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