Ofelia Guadalupe Zavala Vargas

Expediente 1069/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1069/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
11/01/2023

Partes del expediente

  • Ofelia Guadalupe Zavala Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que la promovente recurrió el auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó su demanda de garantías, dentro del término previsto por el artículo 98, de la Ley de Amparo, considerando que ésta fue notificada el veintiocho siguiente, quedando comprendido dicho plazo del treinta de los citados mes y año al nueve de enero de dos mil veintitrés, por tanto, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 21, inciso b), procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, una vez que transcurra el periodo de conservación; toda vez que se desechó la demanda al ser notoriamente improcedente.

  2. Principal

    Téngase recibido el oficio 1874/2022, presentado vía juicio en línea (con firma electrónica) por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto E-338/2022-IV-A, orden 448/2022, con el que se le solicitó notificar a la quejosa ********************, el acuerdo emitido el nueve de diciembre del año en curso; el cual se ordena agregar en autos para que obre como constancia. Finalmente, hágase la anotación que corresponda en, respecto a la diligenciación de la comunicación oficial que nos ocupa.

  3. Principal

    COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. Téngase recibido el oficio 30680/2022 signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, al que acompaña el juicio de amparo 1160/2022 promovido por Ofelia Guadalupe Zavala Vargas, mediante el cual el titular del citado de órgano jurisdiccional declina la competencia -por razón de territorio- para conocer del citado sumario en favor del Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa en turno, con residencia en esta ciudad. En atención a las consideraciones y fundamentos de derecho expresados por el órgano declinante y al Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y además con apoyo en los artículos 41 y 45 de la Ley de Amparo, este juzgado asume el conocimiento del libelo de que se trata. Lo anterior, hágase del conocimiento del titular del juzgado declinante vía interconexión, y con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérasele para que en el plazo de tres días, contado de manera legal habilite la disponibilidad del expediente electrónico deducido del juicio de amparo 1060/2022 para efecto de vincularlo con el sumario en que se actúa. CONVALIDACIÓN DE LAS CONSTANCIAS. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, y 1°, fracción I, 33, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, este juzgador convalida las constancias que obran en el juicio de amparo 1160/2022 promovido por Ofelia Guadalupe Zavala Varga, y que consisten en el libelo constitucional que le dio origen. REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Se ordena formar el expediente correspondiente bajo el número 1069/2022. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De ello se sigue que debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta alguna causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia que por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/62 del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por consiguiente y tomando en cuenta que las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el juzgador, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, quien esto provee estima que en la especie se surte la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo establecido en los ordinales 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, por las razones siguientes: De los dispositivos en cita se obtiene que, para efectos del procedimiento constitucional, tienen el carácter de autoridades aquellas entidades o particulares que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese contexto, las autoridades para efectos del juicio de amparo están dotadas conforme a la ley de facultades de decisión, ejecución y de competencia legal necesaria para realizar actos de naturaleza jurídica que afectan la esfera de los particulares. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de una evolución histórica del concepto de autoridad, al sustentar con posterioridad la tesis 2a. I/2000 del rubro "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.", de la que, en síntesis, debe destacarse que para los efectos del juicio de amparo es autoridad aquella que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: i) Que tenga particularidades de órgano público. ii) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y iii) Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente público que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero siempre partiendo de la premisa fundamental de que no debe tratarse de un particular. En ese sentido, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. En efecto, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, por lo que resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. En ese orden de ideas, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario, laboral, etcétera. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una serie de derechos individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 76/99, precisó como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Las anteriores consideraciones, dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." En el caso, la quejosa reclamó del Director de Recursos Humanos y de la Secretaría de Administración y Finanzas, ambos del Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, en sus respectivos ámbitos de competencia, la orden y ejecución de la retención o descuentos a su salario, como trabajadora activa, que aparecen plasmados en su recibo de nómina derivados de crédito administrado por Dimex, sociedad anónima de capital variable. Sin embargo, dichas dependencias no actúan como autoridades para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, los descuentos impugnados no son combatibles a través del juicio constitucional, sino que se está en presencia de reclamos que guardan relación con la relación laboral existente entre la quejosa como trabajadora activa de la Secretaria de la Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, en su carácter de patrón, particularmente por los descuentos o deducciones que se aplican a su salario. Es por ello, que dichos entes señalados como autoridades responsables sólo actúan en su función de patrón, y así se encuentran en un plano de igualdad con la quejosa sin la posibilidad de actuar con imperio, de manera tal que sus actos, en todo caso, pueden cuestionarse ante las autoridades comunes de la materia, en términos de lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Así, la relación jurídica surgida entre la parte trabajadora y la dependencia pública para la que prestó sus servicios no corresponde al ámbito de supra subordinación, sino que se trata de una relación laboral de coordinación. En efecto, no debe perderse de vista que los actos reclamados se hacen consistir en las retenciones o descuentos que se hacen a las percepciones que como trabajadora activa de la Secretaria de la Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa; es decir, según menciona ésta en su escrito de demanda, actualmente labora como servidora pública (maestra de primaria) para dicha dependencia, por lo que no cabe duda que dicha dependencia y el Director de Recursos Humanos, dependiente del Subsecretario de Administración del Gobierno del Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa, no actuaron como autoridad para efectos del juicio de amparo, es decir, de manera unilateral, coercitiva e imperativamente. Sino que ciertamente operaron en su carácter de patrón, puesto que las deducciones o descuentos impugnados, las verificaron, precisamente, atendiendo a la relación laboral existente con la quejosa como trabajadora activa de la Secretaria de la Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por lo que, al encontrarse en un plano de igualdad con ésta, tales reclamos ciertamente no son susceptibles de controvertirse mediante el juicio constitucional y así, en todo caso, pueden cuestionarse ante las autoridades comunes de la materia, en términos de lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. En efecto, al tratarse de una relación laboral esta segunda función del Gobierno del Estado de Sinaloa es que se instituye un órgano jurisdiccional local denominado Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, ante el cual deberán resolverse los conflictos laborales entre el referido organismo y sus trabajadores, así se advierte del referido artículo 113 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Con lo anterior se demuestra que en la mencionada relación laboral, el Gobierno del Estado de Sinaloa no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón, es decir desde un plano de igualdad con la quejosa. Ello es así porque una nota distintiva de las relaciones de coordinación, en la cual las partes actúan en un plano de igualdad, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 10/90 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE." Una vez destacado lo anterior, si como ya se dijo, los actos en reclamo se hicieron consistir en los descuentos o deducciones al salario realizados por el Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado a la nómina de la trabajadora activa adscrita a la Secretaria de la Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, ambos concede en Culiacán, es inconcuso entonces que dichos funcionarios no tienen el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo, en tanto que éstos derivan de su calidad de patrón de la quejosa. Verbigracia, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social actúa en sustitución del patrón no es autoridad para el juicio de amparo, es evidente que los actos que deriven de la relación laboral entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y la quejosa -por analogía- tampoco pueden considerarse como de autoridad. Máxime, que como se dijo el artículo 113 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa vigente prevé que las controversias surgidas entre este órgano y sus trabajadores serán resueltas por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, donde aquel organismo acude en su carácter de parte patronal y no como autoridad. Similar criterio sostuvo el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosegundo Circuito con sede en esta ciudad al resolver el amparo en revisión laboral 129/2021. En las condiciones apuntadas, procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, relacionada con los ordinales 1° y 5°, fracción II, éste último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria para que dé fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados de la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Hugo Quintero Ortega, quien tiene registrada su cédula profesional número 9862265 en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos en términos de la parte final del ordenamiento en cita a Juan Luis Astengo Urtusuastegui, Marisol Millán Navarro, Gabriela López Placencia y Gonzalo Rodríguez Valenzuela, por no contar con ese requisito. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO. Con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 al 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, de así como en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, envíese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito de en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, para que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva notificar la copia electrónica del presente proveído a la quejosa Ofelia Guadalupe Zavala Varga, en el domicilio ubicado en la calle Mariano Escobedo número 361 Oriente, colonia Centro, de Culiacán, Sinaloa, y requerirla para que en el acto de la diligencia o en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa; apercibiéndole que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo; una vez realizado lo anterior, remitan por la misma vía electrónica a este órgano jurisdiccional, a la brevedad posible, las constancias de notificaciones ordenadas en el presente auto, así como los acuerdos en los que hayan determinado devolver las comunicaciones de mérito. En ese sentido, se autoriza al órgano jurisdiccional exhortado a llevar a cabo todas las diligencias necesarias a fin de realizar la actuación que se le encomienda, incluyendo la habilitación de días y horas inhábiles para la realización de la notificación en comento, de conformidad con lo establecido por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo. Sin que resulte necesario que el órgano jurisdiccional a quien se le encomienda la diligencia en cita ACUSE RECIBO, toda vez que al realizarse el envío electrónico de la comunicación oficial de referencia, el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes generará la papeleta de turno y este juzgado tendrá conocimiento de a quién corresponderá conocer del presente exhorto. Lo anterior, encuentra apoyo en el Capítulo Noveno del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente, sin perjuicio de que las partes puedan solicitas copias simples del expediente en que se actúa. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.

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