Ofelia Grimaldo Puente
Expediente 261/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 261/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ofelia Grimaldo Puente
Actuaciones
- Principal
Razón: En quince de abril de dos mil diecinueve el licenciado José Félix Moreno Bravo, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de abril de dos mil diecinueve Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de dos de abril de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Ofelia Grimaldo Puente, Abelina Escalón González, Iván Ramírez Mendoza y Edgar Gómez Castro, por conducto de su representante Joel Hernández Vázquez, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de dos de abril del año que transcurre, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Joel Hernández Vázquez, mediante el cual desahoga la prevención que le fue formulada mediante proveído de veinte de marzo de dos mil diecinueve. Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima que con los datos que obran en autos es susceptible proveer, desde luego, en términos siguientes: De la lectura de los escritos de demanda y aclaratorio, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama: 1. Del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, Secretaria de Hacienda y Crédito Público y Director del Diario Oficial de la Federación: La expedición, aprobación, refrendo, promulgación y publicación de la Ley de Coordinación Fiscal, en particular el artículo 9°, como norma de carácter heteroaplicativo. 2. Del Congreso del Estado de San Luis Potosí, del Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí y del Director del Periódico del Estado de San Luis Potosí: La expedición, aprobación, promulgación y publicación de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí, en forma particular el artículo 20, como norma de carácter heteroaplicativo. 3. De la Directora de Caja General de la Dirección General de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí: El oficio ***, suscrito por la Directora de Caja General de la Dirección General de Egresos, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, como primer acto de aplicación de las leyes reclamadas. Así, la materia de estudio de dichos actos reclamados, será dilucidar, dentro del marco normativo de derecho administrativo que regula a dicha dependencia, la constitucionalidad y legalidad de dicho oficio, mediante el cual se informó al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje que diversas cuentas bancarias a nombre del Ayuntamiento de Guadalcázar, San Luis Potosí, devienen de participaciones federales y, por ende, se consideran inembargables, asimismo, se deberá analizar si dicho acto constituye una aplicación de las normas generales reclamadas y, de ser el caso, analizar su constitucionalidad al tenor de los conceptos de violación hechos valer por los quejosos. Ante ello, la eventual concesión del amparo peticionado conllevaría que se declare inconstitucional la norma reclamada o que se emita otro oficio en el cual determine que las cuentas de mérito sí son susceptibles de embargo. 4. Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí: El acuerdo dictado el trece de febrero de dos mil diecinueve, en autos del expediente laboral ***, mediante el cual se le dio vista a la parte actora (aquí quejosa) con el oficio precisado en el punto que antecede. De lo cual se sigue que respecto a tal acto reclamado, se está ante un acto de carácter jurisdiccional (no administrativo), emitido en un juicio laboral, ante lo cual el fondo del presente juicio de amparo consistiría en determinar si dicha actuación es o no constitucional, atendiendo a las normas de derecho del trabajo. Y, en caso de que se concediera el amparo solicitado, éste tendría como efecto constreñir al Tribunal responsable a dejar sin efectos dicho auto y emitir otro en su lugar. Ante ello, resulta incuestionable que los actos que se reclaman, si bien obran agregados en un mismo expediente laboral, ello no puede conllevar a soslayar que fueron emitidos en distintas sedes (administrativas y jurisdiccional, respectivamente) por autoridades diversas, por lo que en realidad no guardan una estrecha relación entre sí, puesto que el acto reclamado precisado en el punto 3 tiene una naturaleza eminentemente de derecho administrativo, mientras que el diverso reclamado del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se rige por las reglas del derecho del trabajo, de ahí que es claro que se encuentran desvinculado lo que constituiría la materia de análisis de los diversos actos, al grado de que generarían efectos distintos las resoluciones que eventualmente se emitieran al respecto. Lo que trae como consecuencia que técnicamente dichos actos no puedan ser analizados y resueltos en un solo juicio de amparo. En consecuencia, se ordena, de oficio, separar los autos del juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". El citado artículo establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Lo anterior en relación con la jurisprudencia 76/97, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 118, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, dispone: SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Dando origen a dos demandas de amparo en las que se reclama: 1. En la primer demanda, se reclama: Del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, Secretaria de Hacienda y Crédito Público y Director del Diario Oficial de la Federación: La expedición, aprobación, refrendo, promulgación y publicación de la Ley de Coordinación Fiscal, en particular el artículo 9°, como norma de carácter heteroaplicativo. Del Congreso del Estado de San Luis Potosí, del Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí y del Director del Periódico del Estado de San Luis Potosí: La expedición, aprobación, promulgación y publicación de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí, en forma particular el artículo 20, como norma de carácter heteroaplicativo. De la Directora de Caja General de la Dirección General de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí: El oficio ***, suscrito por la Directora de Caja General de la Dirección General de Egresos, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, como primer acto de aplicación de las leyes reclamadas. 2. Mientras que en la segunda demanda se reclama: Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí: El acuerdo dictado el trece de febrero de dos mil diecinueve, en autos del expediente laboral ***, mediante el cual se le dio vista a la parte actora (aquí quejosa) con el oficio SF/DGE/DCG-061/2019, suscrito por la Directora de Caja General de la Dirección General de Egresos, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Por consiguiente, continúese el trámite ya descrito en relación con la demanda de amparo únicamente por lo que se refiere al acto reclamado de la autoridad precisada en el punto 2 que antecede. Asimismo, expídanse copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa, inclusive hasta el presente auto, y con apoyo en la Jurisprudencia por contradicción P./J. 78/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, página 117, de rubro: SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA; remítanse tales reproducciones, mediante oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, para que por medio del sistema computarizado, registre la demanda identificada en el punto 1 y la turne al Juzgado de Distrito que corresponda por razón de turno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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