Ofelia Gomez Sierra

Expediente 405/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
405/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
23/10/2018

Partes del expediente

  • Ofelia Gomez Sierra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Visto el oficio y anexo de cuenta, signado por el JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUETAMO, MICHOACAN, el que se ordena glosar a los autos para que obre únicamente como constancia, toda vez que mediante auto de diez de septiembre pasado, se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, devuélvase a la citada responsable, la documental que acompañó al oficio de cuenta, solicitándole el acuse de recibo correspondiente; en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días se deducirá que lo recibió a su entera satisfacción. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de revisión en contra del proveído que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo promovido por -, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. Atento a lo anterior, y advirtiéndose que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, por analogía y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita, pues se sobreseyó fuera de audiencia. Asimismo, se hace constar que no se formaron cuadernos incidentales. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  3. Principal

    con esta fecha se notifica por lista al quejoso... del acuerdo de diez de septiembre de dos mil dieciocho...del estado procesal que guardan los autos se desprende que transcurre el término de ocho días que prevé el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes tengan conocimiento de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy SE DIFIERE para las ONCE HORAS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Por otra parte, hágase del conocimiento a las partes el día y hora de la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, la presentación de los testigos la cual estará a cargo del oferente de la prueba como se proveyó en proveído de tres de los actuales...

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Favian Solís Vergara, autorizado de la parte quejosa, a través del cual remite copia certificada de los autos de fecha doce de julio del año en curso, dictado dentro del Juicio Oral Mercantil número 40/2017 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán, en el que la parte demandada le ha hecho el pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas dentro de dicho juicio. Ahora del análisis de la demanda de garantías, se aprecia que el acto reclamado es: "IV. ACTO RECLAMADO: De la autoridad que señalo como responsable ORDENADORA, reclamo el conocimiento que como Juez ejecutor, debe tener del cumplimiento o ejecución de la sentencia que debe dar el Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero Michoacán, a interlocutoria de fecha tres de abril del año dos mil dieciocho, que aprobó el pago de la cantidad de $240,553.22 (doscientos cuarenta mil quinientos cincuenta y tres pesos con veintidós centavos), por concepto de suerte principal e intereses moratorios vencidos y no pagados, y honorarios profesionales, dictada dentro del Incidente de liquidación de sentencia conexo al expediente número 40/2017 relativo al Juicio Oral Mercantil que sobre pago de pesos y otras prestaciones promuevo en contra del Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero, Michoacán, ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huetamo, Michoacán De la autoridad que señalo como responsable ejecutora, se reclama LA NEGATIVA U OMISION DE PAGO, que general el incumplimiento de la sentencia definitiva e interlocutoria reclamada, bajo el pretexto de que el Municipio no tiene dinero, para pagar ni bienes susceptibles de embargo, y manifestar que la actual administración municipal no adquirió el adeudo. Dicha sentencia que pronuncio dentro del incidente de liquidación de sentencia conexo al juicio mercantil antes mencionado. Y la negativa de la autoridad responsable se genera después de haber fenecido el término de tres días que le fue concedido para que cumpliera voluntariamente con el fallo, negativa que surge a partir del día diecinueve de abril del año en curso, porque fue requerido el día trece del citado mes y año para que de manera voluntaria cumpliera con la sentencia, por lo que se está presentado la demanda de amparo en tiempo y forma." Actos respecto de los cuales, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: El numeral en comento dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso a nada práctico conduce analizar si un acto, que ya no incide en la vida jurídica del peticionario, es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la aquí quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a los agraviados en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Hechas las consideraciones anteriores debe decirse que si de la demanda de garantías, se desprende que la parte quejosa reclamó en esta vía a al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán y al Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero, Michoacán, el cumplimiento o ejecución de la sentencia a la interlocutoria de tres de abril del presente año y la negativa u omisión de pago, que genera el incumplimiento a la sentencia y si de las constancias aportadas por la parte quejosa, a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se desprende que la parte demandada Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero, Michoacán, ha cubierto a satisfacción de la parte actora, aquí quejosa, el pago de la suma de $240,553.22 (doscientos cuarenta mil quinientos cincuenta y tres pesos con veintidós centavos), motivo por el cual se desiste de la ejecución de la sentencia, y al no existir materia sobre la cual fallar se ordenó el archivo del expediente del cual deriva el acto reclamado como asunto concluido; por lo que resulta incuestionable que HAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, porque virtud a esa causa accesoria, el acto reclamado dejó de tener vida jurídica. De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, hasta las diez horas con diez minutos del veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento, por lo tanto se deja sin efectos la referida audiencia. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.".

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